Caso UNGRD: emiten orden de captura contra César Manrique, exdirector de Función Pública
La decisión judicial no solo cobija a Manrique, sino también a otros exfuncionarios y contratistas que habrían hecho parte del entramado de corrupción.
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Una juez de Bogotá ordenó la captura de César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de otras seis personas por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión judicial no solo cobija a Manrique, sino también a otros exfuncionarios y contratistas que habrían hecho parte del entramado de corrupción. Todos enfrentarán medida de aseguramiento intramural mientras avanza la investigación de la Fiscalía, que los señala de posibles actos irregulares con dineros de un convenio suscrito entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con el ente acusador, los contratos habrían sido direccionados para beneficiar a terceros de forma indebida.
El momento en que la juez dictó la orden de captura quedó registrado durante una audiencia pública, en la que se advirtió que existen elementos suficientes para considerar que los procesados podrían obstruir la justicia o reincidir, lo que motivó la medida privativa de la libertad.
La Corte Suprema de Justicia continúa con las investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). En este proceso, cinco congresistas en ejercicio y un excongresista están siendo investigados por su presunta participación en hechos irregulares. La Sala de Instrucción del alto tribunal tiene en la mira a estos parlamentarios, quienes habrían intervenido en operaciones de crédito público que podrían haber favorecido intereses particulares.
Blu Radio reveló que la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que proponía imponer medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, fue rechazada por decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción. Esto significa que, por ahora, los congresistas no serán enviados a prisión, aunque la investigación sigue su curso. Todos ellos hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), entidad clave en la aprobación de los créditos públicos en cuestión.
Las investigaciones, que se iniciaron en noviembre del año pasado, buscan esclarecer si estos congresistas emitieron conceptos favorables a las operaciones del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios personales, como contratos gestionados a través de la UNGRD. Las zonas donde se habrían manifestado las irregularidades incluyen municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), donde se habrían ejecutado los proyectos cuestionados.
La decisión de investigar a estos parlamentarios se fundamentó en más de 50 documentos y más de 10 testimonios obtenidos por la Corte mediante órdenes de policía judicial. Uno de los hallazgos clave señala que en los últimos 18 días del período legislativo de 2023, la CICP emitió 13 de los 18 conceptos solicitados por el Ministerio de Hacienda, lo que ha levantado sospechas sobre una posible coordinación irregular. Aunque no se dictaron medidas de detención, el proceso judicial continúa.