El Juzgado 11 Penal del Circuito confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique en el marco del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada en audiencia de lectura de fallo y cobija también a otras siete personas vinculadas a la investigación.Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y exintegrante del gabinete distrital de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, enfrenta cargos por concierto para delinquir, entre otros delitos. Actualmente se encuentra prófugo y es buscado en más de 90 países mediante circular roja de la Interpol.La medida de aseguramiento había sido solicitada inicialmente por la Fiscalía y decretada el 29 de julio de 2025 por el Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá. En esa oportunidad, el despacho valoró distintos elementos probatorios y concluyó que Manrique y los demás procesados habrían incurrido en conductas como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.Según la investigación, la Fiscalía obtuvo evidencias que indicarían que Manrique gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos correspondientes a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y un fondo de la UNGRD, presuntamente a cambio de que contratos derivados de ese acuerdo fueran cedidos a personas sugeridas por él.Con la decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito, se mantiene vigente la medida de aseguramiento dentro del proceso por el caso de corrupción en la UNGRD, mientras avanzan las actuaciones judiciales y continúan las labores para dar con el paradero del exfuncionario.
Este lunes, 25 de agosto, se conoció que la Interpol publicó una circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique, actualmente investigado por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Esto ocurre días después de que la Fiscalía le solicitara a Interpol tramitar esa circular, pues con esta se busca hacer efectiva la orden de captura que hay contra Manrique. Vinculado al caso de la UNGRD, se le dictó al exfuncionario una medida de aseguramiento en centro carcelario.Y es que cabe recordar que la orden de captura fue emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá, impuesta el pasado 29 de julio.“En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol (…) aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha”, dice el documento de la Dijín. Cabe recordar que la Interpol congrega a los cuerpos de Policía de un total de 196 países.Por otra parte, el comunicado también hace referencia al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González. Según indica, la Fiscalía “espera respuesta de Interpol a la solicitud de notificación roja” en su contra, la cual fue solicitada el 4 de julio.Gobierno pidió a Nicaragua que reconsiderar conceder asilo a Carlos Ramón GonzálezHace días, el Gobierno, a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, pidió a Nicaragua reconsiderar la decisión de concederle asilo político a Carlos Ramón González, quien tiene orden de captura por este caso de corrupción.Con un comunicado público, el Gobierno colombiano aseguró que no compartían la decisión tomada por parte de Nicaragua. Esto, según explicaron, porque González es un “ciudadano requerido por la justicia” en el país por “presunta comisión de delitos de carácter común".
La Fiscalía le solicitó a la Interpol tramitar circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, para hacer efectiva la orden de captura en su contra por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La petición del ente acusador busca hacer efectiva la orden de captura emitida por una juez de control de garantías de Bogotá, tras la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario dictada el pasado 29 de julio.El exfuncionario está vinculado al escándalo de corrupción en la UNGRD y enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.Además, la Fiscalía insistió a la Interpol para que emita la circular por Carlos Ramón González, quien hoy está asilado en Nicaragua pese a la orden de captura en su contra. Dice la Fiscalía que desde el 4 de julio hizo la solicitud y no ha obtenido respuesta.
La jueza 66 de Control de Garantías emitió siete órdenes de captura en medio del escándalo por la apropiación de al menos 13.000 millones de pesos de un contrato de 100.000 millones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).De los implicados, solo dos se presentaron voluntariamente: el contratista Edgar Echeverry Toro y el funcionario de la entidad Óscar Cárdenas Angulo.De otro lado, Edgar Riveros sí está detenido por el soborno de 13.000 millones de pesos en este mismo caso de corrupción, según dijo, en nombre de Carlos Barreto y —de acuerdo con el testimonio de Sneyder Pinilla— de otros poderosos que aún no han sido revelados.Los demás, entre ellos Manrique, no atendieron el llamado de la justicia. Lo grave es que el CTI llegó hasta su casa, pero ya no estaba allí.Ana María Riveros, hija de Edgar Riveros, acusada de transportar el dinero y Sonia Rocío Romero, cuñada de Riveros también estarían prófugas.¿Quién es César Manrique?Manrique es señalado como la cabeza del grupo que direccionó parte de estos millonarios contratos relacionados con unas plantas desalinizadoras y carrotanques por 100.000 millones de pesos.Según la Fiscalía, fue él quien recomendó el nombre de Luis Carlos Barreto (hoy detenido por soborno) para la subdirección que ocupaba en la UNGRD.Y aunque la Fiscalía conocía desde hace casi un año el rol de Manrique —gracias a los testimonios del exdirector Olmedo López— solo hasta esta semana se emitió la orden de captura.¿Se les voló?Todo indica que sí. Cane recordar que también están por fuera del radar Jaime Ramírez Covo, exasesor del Dapre, y Carlos Ramón González, exdirector de la UNGRD.
Una juez de Bogotá ordenó la captura de César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de otras seis personas por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión judicial no solo cobija a Manrique, sino también a otros exfuncionarios y contratistas que habrían hecho parte del entramado de corrupción. Todos enfrentarán medida de aseguramiento intramural mientras avanza la investigación de la Fiscalía, que los señala de posibles actos irregulares con dineros de un convenio suscrito entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con el ente acusador, los contratos habrían sido direccionados para beneficiar a terceros de forma indebida.El momento en que la juez dictó la orden de captura quedó registrado durante una audiencia pública, en la que se advirtió que existen elementos suficientes para considerar que los procesados podrían obstruir la justicia o reincidir, lo que motivó la medida privativa de la libertad.No enviarán a la cárcel a 6 congresistas salpicados por escándaloLa Corte Suprema de Justicia continúa con las investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). En este proceso, cinco congresistas en ejercicio y un excongresista están siendo investigados por su presunta participación en hechos irregulares. La Sala de Instrucción del alto tribunal tiene en la mira a estos parlamentarios, quienes habrían intervenido en operaciones de crédito público que podrían haber favorecido intereses particulares.Blu Radio reveló que la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que proponía imponer medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, fue rechazada por decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción. Esto significa que, por ahora, los congresistas no serán enviados a prisión, aunque la investigación sigue su curso. Todos ellos hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), entidad clave en la aprobación de los créditos públicos en cuestión.Las investigaciones, que se iniciaron en noviembre del año pasado, buscan esclarecer si estos congresistas emitieron conceptos favorables a las operaciones del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios personales, como contratos gestionados a través de la UNGRD. Las zonas donde se habrían manifestado las irregularidades incluyen municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), donde se habrían ejecutado los proyectos cuestionados.La decisión de investigar a estos parlamentarios se fundamentó en más de 50 documentos y más de 10 testimonios obtenidos por la Corte mediante órdenes de policía judicial. Uno de los hallazgos clave señala que en los últimos 18 días del período legislativo de 2023, la CICP emitió 13 de los 18 conceptos solicitados por el Ministerio de Hacienda, lo que ha levantado sospechas sobre una posible coordinación irregular. Aunque no se dictaron medidas de detención, el proceso judicial continúa.
A 10 años de prisión fue condenado César Manrique, exdirector de la Función Pública en el actual Gobierno, por el juez primero penal del Circuito con Función de Conocimiento, debido a las irregularidades en la compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. Manrique fue hallado culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, pero fue absuelto del delito de peculado por apropiación.El caso se remonta a abril de 2012, cuando el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Gabriel Pinilla Franco, solicitó la compra de 150 motocicletas eléctricas Zero DS para los Batallones de Policía Militar No. 13 y No. 15. Un mes después, el entonces subgerente técnico del Fondo de Vigilancia, Jesús Amado Abril, firmó los estudios previos, reduciendo la compra a 100 motos. La Contraloría de Bogotá detectó irregularidades en el contrato durante una revisión fiscal y remitió los hallazgos a la Fiscalía y la Personería. Incluso la oficina jurídica del Fondo de Vigilancia alertó sobre las anomalías, y la gerente de la entidad, Natalia de la Vega, informó al entonces alcalde Gustavo Petro en noviembre de 2012.El proceso judicial sufrió varios retrasos debido a que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia cuando Manrique adquirió fuero constitucional al asumir un cargo en el Gobierno nacional. Sin embargo, tras su renuncia debido a su presunta vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el expediente regresó a un juzgado penal del circuito en Bogotá, permitiendo que el proceso avanzara.Las motocicletas adquiridas funcionaron por un tiempo, pero la falta de mantenimiento las dejó inoperativas, y finalmente fueron almacenadas en una bodega en Soacha. Con la condena de Manrique, se cierra un proceso judicial que tomó más de una década en resolverse.
Un juez de Bogotá declaró culpable a César Manrique, exdirector de la Función Pública del actual Gobierno, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un caso de corrupción relacionado con la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro. Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación.Este lunes se confirmó la condena de10 años de prisión contra Manrique, quien en 2012 gerenciaba el Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad distrital encargada de la compra de las motos. El caso sufrió varias demoras en su última instancia, ya que llegó a la Corte Suprema de Justicia cuando Manrique adquirió fuero constitucional como funcionario del actual Gobierno nacional.Sin embargo, tras su salida del cargo debido a su presunta vinculación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el expediente regresó a un juzgado penal del circuito de Bogotá, permitiendo que el proceso avanzara.Caso de motocicletas eléctricas para la PolicíaLos hechos se remontan a abril de 2012, cuando el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Gabriel Pinilla Franco, solicitó la compra de 150 motocicletas eléctricas Zero DS para los Batallones de Policía Militar No. 13 y No. 15. Un mes después, el entonces subgerente técnico del Fondo de Vigilancia, Jesús Amado Abril, firmó los estudios previos, reduciendo la adquisición a 100 motos.La Contraloría de Bogotá detectó posibles irregularidades en el contrato durante una revisión fiscal y remitió los hallazgos a la Fiscalía y la Personería. La propia oficina jurídica del Fondo de Vigilancia advirtió anomalías y la gerente de la entidad, Natalia de la Vega, informó al entonces alcalde Gustavo Petro el 16 de noviembre de 2012.Las motos adquiridas funcionaron por un tiempo, pero la falta de mantenimiento las llevó a quedar inoperativas y terminar almacenadas en una bodega en Soacha. Ahora, con el fallo en contra de Manrique, se cierra un capítulo judicial que tomó más de una década en resolverse.Las autoridades optaron por el procedimiento de individualización de la pena antes de dictar la sentencia definitiva. En los próximos días, se conocerá la condena que deberá cumplir César Manrique. La pena mínima sería de 64 meses de prisión, lo que equivale a 5 años y 4 meses.
El director de Función Pública, César Manrique, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro argumentando motivos de salud. El mandatario ya aceptó la renuncia de Manrique.Durante la audiencia de imputación a los principales responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía vinculó a Manrique, a la “organización criminal” que, dicen las fiscales del caso, se quedó con dineros del erario.Específicamente, Manrique fue señalado de haber direccionado contratos con dinero de un convenio entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones de pesos.Esta decisión de hacerse a un lado se da en este contexto y es que el funcionario habría argumentado en su carta de renuncia amenazas que comprometen su salud.Tras ser revelado su nombre en medio de este escándalo que ya salpica a varios funcionarios del Gobierno, su equipo de abogados expresó que estarían atentos a acudir a la Fiscalía para que sea el director de la Función Pública quien entregue su versión sobre los hechos, pues sostiene que es inocente. Blu Radio conoció que el director de la Función Pública le ha expresado a su equipo jurídico que “no hay posibilidad” de que busque una negociación con la Fiscalía ni principio de oportunidad ni preacuerdo, diferente a la postura de Sneyder Pinilla y Olmedo López. Asimismo, dijo que estos exfuncionarios han “engañando” a la Fiscalía.
La Fiscalía expuso en un organigrama que Cesar Manríque, director Función Pública, se habría beneficiado de dinero de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones. Según el ente acusador, la promesa de Olmedo López a Manríque es que este último podría direccionar los contratos sus personas más allegadas.En un comunido firmado por su abogado Alejando Trespalacios, Manrique sostiene que toda la información que han revelado López y Pinilla en el búnker es falsa y que está engañando al mismo ente acusador.“La Fiscalía General de la Nación está siendo engañada por los señores López y Pinilla, cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y, una vez verificado el engaño, se les debe negar cualquier beneficio por colaboración, debiendo ser investigados, además, por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo”, dice el comunicado.Asimismo, Manrique señaló que está dispuesto a acudir a la Fiscalía para rendir su testimonio y aclarar las revelaciones que han hechos las dos fiscales del caso en las últimas dos audiencias.“El doctor César Augusto Manrique Soacha no ha intervenido, directa ni indirectamente, en ningún proceso contractual dentro de la entidad a la que pertenecían los señores López y Pinilla, ni tenía ningún interés particular en ninguna de sus operaciones contractuales”, añadió su defensa.
El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro declaró como testigo en el juicio contra César Augusto Manrique, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, quien habría incurrido en irregularidades en la compra de 100 motos eléctricas para la Policía en agosto de 2012, y que costó más de $4.300 millones. El exmandatario de la capital colombiana, aseguró que no puede meter las manos al fuego sobre ese contrato. “No, no meto las manos al fuego, el pecado no está en lo eléctrico, el tema está en investigar la forma en cómo se hizo el contrato (…) La forma cómo el fondo contrató esas motos es materia de investigación y me parece bien que se investigue”, afirmó.Vea también: Dura pelea entre Uribe y Petro en Twitter por comentario sobre las Convivir El exalcalde señaló que no tuvo nada que ver en el proceso de contratación. “En general, las condiciones tecnológicas de cualquier equipo de la Policía, lo solicita la Policía en una junta directiva, que era la del Fondo de Seguridad donde yo no estaba presente”, destacó. “No es delito comprar motos eléctricas. La electrificación del transporte es una necesidad imperiosa para mitigar el cambio climático, los procedimientos de la licitación deben ser los de la ley”, agregó. Por estos hechos, Manrique es procesado por los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos pues, según la ley, el contrato debió pasar por licitación y no ser adjudicado a dedo.
María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela en tres ocasiones durante las últimas 48 horas, pero ninguno de los desplazamientos pudo concretarse. Así lo confirmó este martes su equipo de comunicaciones, que detalló que la líder opositora buscó diferentes alternativas para llegar al país y que, con estos nuevos intentos, ya son siete las veces que ha procurado regresar desde que salió de territorio venezolano en diciembre de 2025.El primer intento ocurrió el lunes, 21 de septiembre, cuando Machado tenía previsto viajar por vía marítima desde un puerto de Panamá hacia Venezuela. Sin embargo, minutos antes de la salida, la embarcación presentó, según la información entregada por su equipo, un “problema técnico” o una “falla mecánica”, por lo que el viaje no pudo realizarse. La dirigente tenía previsto utilizar nuevamente una ruta marítima para ingresar al territorio venezolano.La segunda tentativa se produjo durante la mañana de este martes, 22 de septiembre, también desde Panamá. En esta ocasión, Machado buscó abordar un vuelo con destino a Aruba, una de las islas del Caribe desde donde posteriormente pretendía continuar el recorrido por vía marítima hasta Venezuela. Sin embargo, no pudo abordar la aeronave y hasta el momento no se ha informado públicamente la razón de este impedimento.Horas después, durante la tarde de este martes, la líder opositora realizó un tercer intento, esta vez con un vuelo hacia Curazao. Al igual que ocurrió con el desplazamiento previsto hacia Aruba, tampoco logró abordar el avión. De acuerdo con el reporte del periodista santiago Martínez en Recap Blu, las dos alternativas aéreas tenían como objetivo llevarla hasta una de estas islas para posteriormente continuar el trayecto hacia Venezuela en una embarcación.El equipo de comunicaciones de Machado precisó que estos tres intentos se suman a otros cuatro realizados durante los últimos meses, para un total de siete intentos de regresar al país desde su salida. La confirmación adquiere relevancia porque durante los meses anteriores habían circulado versiones sobre posibles intentos de retorno que no habían sido confirmadas directamente por la dirigente ni por su equipo cercano.La última vez en VenezuelaMachado salió de Venezuela el 9 de diciembre de 2025 y desde entonces ha desarrollado actividades políticas y diplomáticas fuera del país. En distintas intervenciones públicas ha manifestado su intención de regresar y, según lo señalado por su equipo, ha buscado que ese retorno se produzca de manera pública y no mediante una nueva salida clandestina.Por ahora, su equipo de comunicaciones no entregó detalles sobre una nueva fecha o mecanismo para concretar el regreso.
Crece la polémica en torno a J Balvin, luego de que Valentina Ferrer anunciara su separación del cantante colombiano. La noticia tomó fuerza después de que el artista le dedicara un sentido mensaje en redes sociales por el cumpleaños de la reconocida modelo argentina, a quien agradeció por “hacerlo papá”.Tras esa publicación, el paisa volvió a pronunciarse durante su más reciente concierto con un mensaje que algunos de sus seguidores relacionaron con el momento personal que estaría atravesando por la separación. En medio de su presentación, el cantante aseguró que “todos pasan por momentos difíciles” y habló sobre los procesos de duelo y las dificultades de la vida.“Aunque a veces nos tropezamos y dejamos de ver dónde va el camino. Así que cada uno de ustedes que esté pasando por un mal momento, recuerde que somos humanos, que estamos en esto. A ustedes, que los considero mi familia también, gracias por estar hoy conmigo. A veces los duelos no serían lo mismo si no estuviéramos cantando y diciendo que los amo”, fueron las palabras de Balvin durante el concierto.No obstante, es importante señalar que J Balvin suele compartir este tipo de mensajes durante sus presentaciones, en los que habla sobre la sensibilidad, las dificultades personales y la importancia de acompañarse en momentos complejos.Aun así, debido al contexto que actualmente rodea su relación con Valentina Ferrer, las palabras del artista fueron interpretadas por algunos fanáticos como una posible referencia al proceso personal que estaría viviendo tras la separación.“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, fueron las palabras de Valentina sobre la separación y, hasta ahora, no ha vuelto a mencionar nada sobre el tema ni si ha tenido algún tipo de comunicación con él.
El presidente Abelardo De La Espriella le envió una directiva a los ministros de Minas, Ambiente, Agricultura, Vivienda y Salud, así como a la Unidad para la Gestión del Riesgo, con el fin de que se articulen para construir una hoja de ruta que permitan atender posibles afectaciones por el fenómeno de El Niño.De La Espriella advierte que, según la información disponible, puede haber “posibles impactos negativos sobre el desabastecimiento de agua, la seguridad energética, la salud pública, la producción agropecuaria, los precios de los alimentos y la las condiciones de vida de la población en general”.Es por eso que el mandatario advierte que la respuesta debe darse de manera anticipada y coordinada y pidió que el documento que se elabore tenga en cuenta los posibles impactos de El Niño, los principales riesgos y territorios que podrían verse afectados, las medidas que deben implementarse, las brechas existentes en capacidad institucional y las acciones y decisiones adicionales que se deben implementar para prevenir y mitigar efectos.“La hoja de ruta de acción nacional deberá ser presentada conjuntamente por los ministros en el próximo Consejo de Ministros, de manera que se cuenta con un instrumento que permita adoptar las decisiones correspondientes y definir los mecanismos de seguimiento y evaluación. Así se contará con una agenda de decisiones priorizada, verificable y con responsables definidos, que permita pasar de la identificación temprana de los riesgos a la acción coordinada del Estado”, dice la directiva firmada por el presidente.
Un juez de Mocoa decidió mantener suspendido el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. La decisión fue tomada tras resolver de manera conjunta varias acciones de tutela relacionadas con el proyecto de erradicación de cultivos de uso ilícito impulsado por la Policía Nacional.El proceso comenzó con una tutela presentada en Puerto Asís por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios. En ese caso, el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó el pasado 11 de septiembre la suspensión provisional de las actividades de aspersión mientras se recopilaba y revisaba información sobre el proyecto.Posteriormente, varias tutelas fueron acumuladas en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa. Entre las preocupaciones planteadas estuvieron los posibles efectos de la aspersión sobre la salud, el agua, el ambiente, la biodiversidad y las comunidades de los territorios donde se desarrollaría el piloto.En su decisión, el juez encontró que todavía estaban pendientes varios requisitos y procedimientos ambientales, técnicos y de participación. También señaló que no existía suficiente información verificable sobre aspectos como los territorios concretamente afectados y el cumplimiento de los mecanismos de participación y consulta.Por esa razón, el despacho ordenó a las entidades responsables abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar materialmente la aspersión aérea autorizada mientras no se demuestre el cumplimiento integral de los requisitos establecidos. La medida es temporal y preventiva: el fallo no decide de manera definitiva sobre la legalidad o conveniencia de la política de erradicación.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
