El Juzgado 11 Penal del Circuito confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique en el marco del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada en audiencia de lectura de fallo y cobija también a otras siete personas vinculadas a la investigación.Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y exintegrante del gabinete distrital de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, enfrenta cargos por concierto para delinquir, entre otros delitos. Actualmente se encuentra prófugo y es buscado en más de 90 países mediante circular roja de la Interpol.La medida de aseguramiento había sido solicitada inicialmente por la Fiscalía y decretada el 29 de julio de 2025 por el Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá. En esa oportunidad, el despacho valoró distintos elementos probatorios y concluyó que Manrique y los demás procesados habrían incurrido en conductas como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.Según la investigación, la Fiscalía obtuvo evidencias que indicarían que Manrique gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos correspondientes a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y un fondo de la UNGRD, presuntamente a cambio de que contratos derivados de ese acuerdo fueran cedidos a personas sugeridas por él.Con la decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito, se mantiene vigente la medida de aseguramiento dentro del proceso por el caso de corrupción en la UNGRD, mientras avanzan las actuaciones judiciales y continúan las labores para dar con el paradero del exfuncionario.
Este lunes, 25 de agosto, se conoció que la Interpol publicó una circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique, actualmente investigado por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Esto ocurre días después de que la Fiscalía le solicitara a Interpol tramitar esa circular, pues con esta se busca hacer efectiva la orden de captura que hay contra Manrique. Vinculado al caso de la UNGRD, se le dictó al exfuncionario una medida de aseguramiento en centro carcelario.Y es que cabe recordar que la orden de captura fue emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá, impuesta el pasado 29 de julio.“En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol (…) aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha”, dice el documento de la Dijín. Cabe recordar que la Interpol congrega a los cuerpos de Policía de un total de 196 países.Por otra parte, el comunicado también hace referencia al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González. Según indica, la Fiscalía “espera respuesta de Interpol a la solicitud de notificación roja” en su contra, la cual fue solicitada el 4 de julio.Gobierno pidió a Nicaragua que reconsiderar conceder asilo a Carlos Ramón GonzálezHace días, el Gobierno, a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, pidió a Nicaragua reconsiderar la decisión de concederle asilo político a Carlos Ramón González, quien tiene orden de captura por este caso de corrupción.Con un comunicado público, el Gobierno colombiano aseguró que no compartían la decisión tomada por parte de Nicaragua. Esto, según explicaron, porque González es un “ciudadano requerido por la justicia” en el país por “presunta comisión de delitos de carácter común".
La Fiscalía le solicitó a la Interpol tramitar circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, para hacer efectiva la orden de captura en su contra por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La petición del ente acusador busca hacer efectiva la orden de captura emitida por una juez de control de garantías de Bogotá, tras la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario dictada el pasado 29 de julio.El exfuncionario está vinculado al escándalo de corrupción en la UNGRD y enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.Además, la Fiscalía insistió a la Interpol para que emita la circular por Carlos Ramón González, quien hoy está asilado en Nicaragua pese a la orden de captura en su contra. Dice la Fiscalía que desde el 4 de julio hizo la solicitud y no ha obtenido respuesta.
La jueza 66 de Control de Garantías emitió siete órdenes de captura en medio del escándalo por la apropiación de al menos 13.000 millones de pesos de un contrato de 100.000 millones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).De los implicados, solo dos se presentaron voluntariamente: el contratista Edgar Echeverry Toro y el funcionario de la entidad Óscar Cárdenas Angulo.De otro lado, Edgar Riveros sí está detenido por el soborno de 13.000 millones de pesos en este mismo caso de corrupción, según dijo, en nombre de Carlos Barreto y —de acuerdo con el testimonio de Sneyder Pinilla— de otros poderosos que aún no han sido revelados.Los demás, entre ellos Manrique, no atendieron el llamado de la justicia. Lo grave es que el CTI llegó hasta su casa, pero ya no estaba allí.Ana María Riveros, hija de Edgar Riveros, acusada de transportar el dinero y Sonia Rocío Romero, cuñada de Riveros también estarían prófugas.¿Quién es César Manrique?Manrique es señalado como la cabeza del grupo que direccionó parte de estos millonarios contratos relacionados con unas plantas desalinizadoras y carrotanques por 100.000 millones de pesos.Según la Fiscalía, fue él quien recomendó el nombre de Luis Carlos Barreto (hoy detenido por soborno) para la subdirección que ocupaba en la UNGRD.Y aunque la Fiscalía conocía desde hace casi un año el rol de Manrique —gracias a los testimonios del exdirector Olmedo López— solo hasta esta semana se emitió la orden de captura.¿Se les voló?Todo indica que sí. Cane recordar que también están por fuera del radar Jaime Ramírez Covo, exasesor del Dapre, y Carlos Ramón González, exdirector de la UNGRD.
Una juez de Bogotá ordenó la captura de César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de otras seis personas por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión judicial no solo cobija a Manrique, sino también a otros exfuncionarios y contratistas que habrían hecho parte del entramado de corrupción. Todos enfrentarán medida de aseguramiento intramural mientras avanza la investigación de la Fiscalía, que los señala de posibles actos irregulares con dineros de un convenio suscrito entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con el ente acusador, los contratos habrían sido direccionados para beneficiar a terceros de forma indebida.El momento en que la juez dictó la orden de captura quedó registrado durante una audiencia pública, en la que se advirtió que existen elementos suficientes para considerar que los procesados podrían obstruir la justicia o reincidir, lo que motivó la medida privativa de la libertad.No enviarán a la cárcel a 6 congresistas salpicados por escándaloLa Corte Suprema de Justicia continúa con las investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). En este proceso, cinco congresistas en ejercicio y un excongresista están siendo investigados por su presunta participación en hechos irregulares. La Sala de Instrucción del alto tribunal tiene en la mira a estos parlamentarios, quienes habrían intervenido en operaciones de crédito público que podrían haber favorecido intereses particulares.Blu Radio reveló que la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que proponía imponer medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, fue rechazada por decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción. Esto significa que, por ahora, los congresistas no serán enviados a prisión, aunque la investigación sigue su curso. Todos ellos hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), entidad clave en la aprobación de los créditos públicos en cuestión.Las investigaciones, que se iniciaron en noviembre del año pasado, buscan esclarecer si estos congresistas emitieron conceptos favorables a las operaciones del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios personales, como contratos gestionados a través de la UNGRD. Las zonas donde se habrían manifestado las irregularidades incluyen municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), donde se habrían ejecutado los proyectos cuestionados.La decisión de investigar a estos parlamentarios se fundamentó en más de 50 documentos y más de 10 testimonios obtenidos por la Corte mediante órdenes de policía judicial. Uno de los hallazgos clave señala que en los últimos 18 días del período legislativo de 2023, la CICP emitió 13 de los 18 conceptos solicitados por el Ministerio de Hacienda, lo que ha levantado sospechas sobre una posible coordinación irregular. Aunque no se dictaron medidas de detención, el proceso judicial continúa.
A 10 años de prisión fue condenado César Manrique, exdirector de la Función Pública en el actual Gobierno, por el juez primero penal del Circuito con Función de Conocimiento, debido a las irregularidades en la compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. Manrique fue hallado culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, pero fue absuelto del delito de peculado por apropiación.El caso se remonta a abril de 2012, cuando el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Gabriel Pinilla Franco, solicitó la compra de 150 motocicletas eléctricas Zero DS para los Batallones de Policía Militar No. 13 y No. 15. Un mes después, el entonces subgerente técnico del Fondo de Vigilancia, Jesús Amado Abril, firmó los estudios previos, reduciendo la compra a 100 motos. La Contraloría de Bogotá detectó irregularidades en el contrato durante una revisión fiscal y remitió los hallazgos a la Fiscalía y la Personería. Incluso la oficina jurídica del Fondo de Vigilancia alertó sobre las anomalías, y la gerente de la entidad, Natalia de la Vega, informó al entonces alcalde Gustavo Petro en noviembre de 2012.El proceso judicial sufrió varios retrasos debido a que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia cuando Manrique adquirió fuero constitucional al asumir un cargo en el Gobierno nacional. Sin embargo, tras su renuncia debido a su presunta vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el expediente regresó a un juzgado penal del circuito en Bogotá, permitiendo que el proceso avanzara.Las motocicletas adquiridas funcionaron por un tiempo, pero la falta de mantenimiento las dejó inoperativas, y finalmente fueron almacenadas en una bodega en Soacha. Con la condena de Manrique, se cierra un proceso judicial que tomó más de una década en resolverse.
Un juez de Bogotá declaró culpable a César Manrique, exdirector de la Función Pública del actual Gobierno, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un caso de corrupción relacionado con la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro. Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación.Este lunes se confirmó la condena de10 años de prisión contra Manrique, quien en 2012 gerenciaba el Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad distrital encargada de la compra de las motos. El caso sufrió varias demoras en su última instancia, ya que llegó a la Corte Suprema de Justicia cuando Manrique adquirió fuero constitucional como funcionario del actual Gobierno nacional.Sin embargo, tras su salida del cargo debido a su presunta vinculación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el expediente regresó a un juzgado penal del circuito de Bogotá, permitiendo que el proceso avanzara.Caso de motocicletas eléctricas para la PolicíaLos hechos se remontan a abril de 2012, cuando el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Gabriel Pinilla Franco, solicitó la compra de 150 motocicletas eléctricas Zero DS para los Batallones de Policía Militar No. 13 y No. 15. Un mes después, el entonces subgerente técnico del Fondo de Vigilancia, Jesús Amado Abril, firmó los estudios previos, reduciendo la adquisición a 100 motos.La Contraloría de Bogotá detectó posibles irregularidades en el contrato durante una revisión fiscal y remitió los hallazgos a la Fiscalía y la Personería. La propia oficina jurídica del Fondo de Vigilancia advirtió anomalías y la gerente de la entidad, Natalia de la Vega, informó al entonces alcalde Gustavo Petro el 16 de noviembre de 2012.Las motos adquiridas funcionaron por un tiempo, pero la falta de mantenimiento las llevó a quedar inoperativas y terminar almacenadas en una bodega en Soacha. Ahora, con el fallo en contra de Manrique, se cierra un capítulo judicial que tomó más de una década en resolverse.Las autoridades optaron por el procedimiento de individualización de la pena antes de dictar la sentencia definitiva. En los próximos días, se conocerá la condena que deberá cumplir César Manrique. La pena mínima sería de 64 meses de prisión, lo que equivale a 5 años y 4 meses.
El director de Función Pública, César Manrique, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro argumentando motivos de salud. El mandatario ya aceptó la renuncia de Manrique.Durante la audiencia de imputación a los principales responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía vinculó a Manrique, a la “organización criminal” que, dicen las fiscales del caso, se quedó con dineros del erario.Específicamente, Manrique fue señalado de haber direccionado contratos con dinero de un convenio entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones de pesos.Esta decisión de hacerse a un lado se da en este contexto y es que el funcionario habría argumentado en su carta de renuncia amenazas que comprometen su salud.Tras ser revelado su nombre en medio de este escándalo que ya salpica a varios funcionarios del Gobierno, su equipo de abogados expresó que estarían atentos a acudir a la Fiscalía para que sea el director de la Función Pública quien entregue su versión sobre los hechos, pues sostiene que es inocente. Blu Radio conoció que el director de la Función Pública le ha expresado a su equipo jurídico que “no hay posibilidad” de que busque una negociación con la Fiscalía ni principio de oportunidad ni preacuerdo, diferente a la postura de Sneyder Pinilla y Olmedo López. Asimismo, dijo que estos exfuncionarios han “engañando” a la Fiscalía.
La Fiscalía expuso en un organigrama que Cesar Manríque, director Función Pública, se habría beneficiado de dinero de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones. Según el ente acusador, la promesa de Olmedo López a Manríque es que este último podría direccionar los contratos sus personas más allegadas.En un comunido firmado por su abogado Alejando Trespalacios, Manrique sostiene que toda la información que han revelado López y Pinilla en el búnker es falsa y que está engañando al mismo ente acusador.“La Fiscalía General de la Nación está siendo engañada por los señores López y Pinilla, cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y, una vez verificado el engaño, se les debe negar cualquier beneficio por colaboración, debiendo ser investigados, además, por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo”, dice el comunicado.Asimismo, Manrique señaló que está dispuesto a acudir a la Fiscalía para rendir su testimonio y aclarar las revelaciones que han hechos las dos fiscales del caso en las últimas dos audiencias.“El doctor César Augusto Manrique Soacha no ha intervenido, directa ni indirectamente, en ningún proceso contractual dentro de la entidad a la que pertenecían los señores López y Pinilla, ni tenía ningún interés particular en ninguna de sus operaciones contractuales”, añadió su defensa.
El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro declaró como testigo en el juicio contra César Augusto Manrique, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, quien habría incurrido en irregularidades en la compra de 100 motos eléctricas para la Policía en agosto de 2012, y que costó más de $4.300 millones. El exmandatario de la capital colombiana, aseguró que no puede meter las manos al fuego sobre ese contrato. “No, no meto las manos al fuego, el pecado no está en lo eléctrico, el tema está en investigar la forma en cómo se hizo el contrato (…) La forma cómo el fondo contrató esas motos es materia de investigación y me parece bien que se investigue”, afirmó.Vea también: Dura pelea entre Uribe y Petro en Twitter por comentario sobre las Convivir El exalcalde señaló que no tuvo nada que ver en el proceso de contratación. “En general, las condiciones tecnológicas de cualquier equipo de la Policía, lo solicita la Policía en una junta directiva, que era la del Fondo de Seguridad donde yo no estaba presente”, destacó. “No es delito comprar motos eléctricas. La electrificación del transporte es una necesidad imperiosa para mitigar el cambio climático, los procedimientos de la licitación deben ser los de la ley”, agregó. Por estos hechos, Manrique es procesado por los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos pues, según la ley, el contrato debió pasar por licitación y no ser adjudicado a dedo.
Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un vibrante partido por el Grupo G del Mundial 2026. Los oceánicos sorprendieron en dos ocasiones con la efectividad de Elijah Just, mientras que los persas encontraron el empate a través de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi.La apertura del marcador llegó temprano. Apenas a los siete minutos la figura neozelandesa, Chris Wood habilitó con precisión a su compañero Elijah Just, quien definió con calidad para poner el 0-1 a favor de los All Whites.Pese al golpe, el conjunto dirigido por Amir Ghalenoei mantuvo la calma y encontró recompensa a los 32 minutos tras una acción dentro del área, el defensa Ramin Rezaeian aprovechó un balón suelto y venció al guardameta neozelandés para decretar el 1-1 con el que se fueron al descanso.En el segundo tiempo Irán mantuvo la intensidad del primer tiempo pero fue Nueva Zelanda quien de nuevo se puso en ventaja al minuto 54 gracias a Elijah Just, quien firmó su doblete.Sin embargo, Irán volvió a demostrar capacidad de reacción por intermedio de Mohammad Mohebi que conectó un cabezazo certero que terminó dentro del arco tras impactar en el poste izquierdo y desatar la celebración iraní en las tribunas.Con el marcador igualado, el equipo iraní siguió asumiendo el control del partido. En el tramo definitivo, los persas buscaron con insistencia el gol de la victoria, pero no pudieron superar las línea defensiva de Nueva Zelanda.Al final el empate 2-2 terminó reflejando el desarrollo de un partido marcado por la intensidad de ambas selecciones, en el que Nueva Zelanda sorprendió al sacarle el empate a Irán en un partido en el que no partían como los favoritos.En la próxima jornada del Grupo G, Irán se medirá ante Bélgica el domingo 21 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), mientras que Nueva Zelanda enfrentará a Egipto ese mismo día, desde las 8:00 p.m.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes una demanda contra la plataforma TikTok en Estados Unidos por violar una ley estatal que prohíbe a las redes sociales que niños de 14 años o menos tengan cuentas y por considerar que sus contenidos son "adictivos".Uthmeier denunció que el "éxito de TikTok" recae en su habilidad de hacer que los niños y adolescentes sean "adictos a la plataforma" en una conferencia de prensa sobre la demanda, presentada en el Decimonoveno Circuito Judicial de Florida."TikTok engaña a sabiendas a los padres y permite que los niños estén expuestos a contenido dañino e inapropiado en violación directa de la ley de Florida. Tenemos tolerancia cero con las empresas que priorizan las ganancias sobre la seguridad de los niños. TikTok debería esperar rendir cuentas", declaró.La acusación de Florida a TikTokLa querella acusa a TikTok de violar la ley HB-3, aprobada con apoyo bipartidista en 2024 para bloquear el acceso a las redes sociales a los niños de 14 años o menos, y que los adolescentes de 15 y 16 años accedan solo con una autorización de los padres de familia o tutores legales.El recurso también alega que TikTok está violando la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida al engañar a los padres sobre la seguridad y la idoneidad del contenido al que accederán sus hijos.El Gobierno de Florida argumenta que TikTok se anuncia en la tienda de aplicaciones como apropiado para niños de 13 años o más, pero sostiene que es "descaradamente falso" que los contenidos para adultos, incluyendo los de sexo, drogas, o suicidio, sean "leves" e "infrecuentes", como indica la empresa.El hecho trasciende en medio de una ola demandas en Estados Unidos contra las tecnologías por el supuesto poder adictivo de las redes sociales, en particular para menores de edad.PrecedentesUn juicio histórico en Los Ángeles encontró en marzo que Meta y Google son adictivas para adolescentes, al resolver una demanda a favor de una mujer que asegura haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube desde que comenzó a usarlas con menos de 10 años.Florida también presentó el 1 de junio una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, al acusar a su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.
Una investigación desarrollada por la Universidad de Antioquia (UdeA) puso bajo la lupa las estadísticas laborales en Colombia tras identificar una diferencia significativa entre las cifras de empleo formal divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros oficiales de aportes a la seguridad social.El estudio, elaborado por el economista Edwin Esteban Torres Gómez y el Grupo de Investigaciones de Macroeconomía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA, concluyó que los datos de formalidad laboral reflejan dos realidades distintas dependiendo de la fuente consultada.Mientras el Dane sostiene que durante el último año se registró la creación de aproximadamente 814.000 empleos formales, el análisis basado en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) muestra un comportamiento opuesto. Según esta información administrativa, en lugar de generarse nuevos puestos de trabajo, el país habría experimentado una reducción superior a los 170.000 empleos formales durante el mismo periodo.La investigación titulada “¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del DANE versus los registros de pago de seguridad social” buscó comparar la información obtenida a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), principal herramienta utilizada por el Dane para medir el mercado laboral, con los registros de cotización a salud y pensión administrados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).Los investigadores señalaron que las cifras oficiales muestran una reducción progresiva del desempleo y una caída de la informalidad laboral. Sin embargo, los datos provenientes de la PILA reflejan una desaceleración constante en el número de afiliados al sistema de seguridad social, así como una variación anual negativa del 1,35 % con corte a febrero de 2026.La inquietud de los académicos surgió al observar una aparente desconexión entre el comportamiento de la economía colombiana y la evolución del empleo formal. Según explicó Torres, los indicadores económicos mostraban un crecimiento moderado de la actividad productiva, mientras los reportes laborales reflejaban una expansión considerable de la ocupación formal.Esa divergencia llevó a contrastar ambas bases de datos. Los resultados evidenciaron diferencias persistentes desde 2022 y particularmente marcadas a partir de junio de 2024. De acuerdo con el estudio, mientras el Dane reportaba tasas de crecimiento cercanas al 4,6 % en el empleo formal, los registros administrativos reflejaban aumentos de apenas 0,9 %.Incluso al utilizar metodologías comparables, enfocadas en trabajadores que realizan aportes a salud y pensión, la brecha continuó siendo amplia. Para febrero de 2026, por ejemplo, el Dane informó un crecimiento anual del empleo formal de 8,2 %, mientras que los registros administrativos mostraban una disminución de 1,3 %.La discusión sobre la calidad de las estadísticas laborales no es exclusiva de Colombia. Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado en distintos informes que las diferencias entre encuestas de hogares y registros administrativos son un desafío recurrente en múltiples países, especialmente en economías donde la informalidad tiene una participación elevada.En varios mercados laborales de América Latina también se han registrado discrepancias entre las mediciones tradicionales y los sistemas de afiliación a la seguridad social, situación que ha impulsado revisiones metodológicas y ajustes en la interpretación de los indicadores.El investigador de la UdeA afirmó que las diferencias encontradas no pueden atribuirse únicamente al margen de error estadístico y advirtió que los datos laborales son fundamentales para la formulación de políticas públicas, la evaluación de programas gubernamentales y el seguimiento de variables económicas como la pobreza, los ingresos y la productividad.El debate ahora se centra en determinar las causas de esta diferencia estadística y en establecer si los mecanismos de medición actuales reflejan con precisión la evolución real del empleo formal en Colombia.
Por años, una de las principales discusiones entre los usuarios de celulares ha sido la calidad de las cámaras. Con el paso del tiempo, son millones las personas que se decantan por la fotografía, el video e incluso por el nivel de zoom que ofrecen estos dispositivos.Sin duda, para muchos una de las mejores opciones termina siendo el iPhone de Apple o la serie S de Samsung, donde la calidad en fotos y video es una prioridad. Asimismo, el zoom de estos equipos hace parte fundamental de lo que buscan sus usuarios.Pero ahora, teléfonos de otras marcas han presentado alternativas que hacen temblar a los iPhone, no solo por su calidad, sino también por el potente zoom que incorporan, a tal punto que las complejas fotografías en eventos como conciertos comienzan a ser cosa del pasado.Xiaomi lanzó celulares pensados para conciertosEventos como el Festival Cordillera se acercan y, ante ello, el celular se convierte en un dispositivo indispensable, ya sea para tomarse fotos con amigos, pareja o familiares, pero también para fotografiar y grabar la presentación de su artista favorito, por lo que el zoom es un factor cada vez más importante.Ante eso, la marca china Xiaomi lanzó la serie 17T con sus dispositivos Xiaomi 17T y 17T Pro, una línea de gama alta que apuesta por la fotografía móvil a larga distancia.Si bien su diseño es atractivo y cuenta con materiales de alta calidad, el sistema 'Telefoto Máster' con óptica Leica es tal vez lo que más destaca. La unión entre ambas compañías desde 2022 ha traído consigo importantes novedades en el ámbito fotográfico.Con ello, la serie 17T llega con un telefoto Leica de 5x, así como un telemacro de 30 centímetros que permite aumentos de 10x en grado óptico y 20x de ultrazoom potenciado por inteligencia artificial. Según la compañía, grabar al artista favorito en un concierto ya no será un problema, pues además cuenta con un modo Escenario, diseñado justamente para estos momentos.Otro celular perfecto para ir a conciertosOtro de los buques insignia de la marca china, que llegó como competidor del iPhone 17 Pro Max y del S26 Ultra de Samsung, es el Xiaomi 17 Ultra, que también fue desarrollado junto a Leica y destaca por su capacidad de zoom.Con 50 MP de cámara principal, otros 50 MP de gran angular y un teleobjetivo de 200 MP con certificación Leica, este dispositivo ha dado de qué hablar por la nitidez de sus fotografías, videos y un zoom que para muchos se lleva la corona en este apartado.La cámara de este teléfono no se queda atrás, lo que le permite ofrecer un zoom óptico real continuo de 75 mm hasta los 100 mm. Además, el diseño de la cámara permite generar un efecto bokeh natural y no digital, como ocurre en otras marcas.Finalmente, su zoom digital permite alcanzar los 120x en fotografía y 30x en video, convirtiéndose en una gran alternativa para asistir a conciertos.Otra opción destacada para grabar conciertosEl OPPO Find X9 Ultra es otra apuesta para este tipo de eventos. Su sistema de cámaras Hasselblad incorpora un sensor de 200 MP y un teleobjetivo periscópico nativo de 10x óptico, equivalente a 230 mm.Además, cuenta con un zoom de calidad óptica de hasta 20x y un tope digital impulsado por inteligencia artificial de hasta 120x, convirtiéndose también en una alternativa llamativa para eventos en los que el escenario suele estar a gran distancia.
El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció por medio de un video en sus redes sociales que el viceministro de Salud, Jaime Urrego, nombrado director encargado del hospital San Juan de Dios, durante 14 meses, recibió pagos adicionales por más de 200 millones de pesos.Asimismo, aseguró que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría creado una nueva entidad estatal para el hospital, en donde nombró a 39 personas con altos salarios y dio contratos millonarios, pese a que el centro de salud actualmente no está operando ni atendiendo pacientes. “A partir de enero del año 2025, esta entidad ya tiene planta de personal. De hecho, le dieron un regalito a 1 de los consentidos del presidente y del ministro, al viceministro Jaime Urrego, quien durante 14 meses fungió como director encargado del hospital San Juan de Dios”, aseguró el congresista del Centro Democrático en su video.En su denuncia, el representante a la Cámara señaló que entre el año 2025 y enero del 2026, justo antes de que entrara en vigor la ley de garantías, el ministro de Salud nombró a 39 personas con un salario mensual, en medio de la crisis del sector."Lo más escandaloso es que entre el año 25 y, sobre todo, enero del año 26, antes de que entrara en vigencia la ley de garantías, nos encontramos con que nombraron hasta 39 personas, con un costo mensual en medio de la crisis que está viviendo el sector de 343 millones de pesos. Alguien dirá, no, es que ellos son los que están a cargo del reforzamiento estructural de la torre central, por ejemplo, pero no es así, porque la entidad además firmó un contrato de más de 200 mil millones de pesos con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, que es la que realmente hoy está a cargo de estas obras”, agregó el representante. Según la denuncia, los recursos públicos se estarían destinando a sueldos, alquiler de equipos como computadoras y transporte para funcionarios que no tienen funciones claras ni definidas en el centro de salud.“Realmente sentimos que aquí el gobierno está aprovechando el pretexto del San Juan de Dios para beneficiar a cuotas políticas. Esto es impresentable en medio de la peor crisis de salud que ha vivido el sector en los últimos años”, concluyó el representante Forero.
