El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en la red social X, en el que calificó como "ayuda al genocidio" la exportación de carbón colombiano a Israel, ha reavivado la controversia sobre la política exterior y comercial del país en medio del conflicto palestino-israelí. La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), a través de su presidente ejecutivo Carlos Cante, respondió a las acusaciones, defendiendo el cumplimiento legal de los contratos vigentes y alertando sobre las graves consecuencias económicas para Colombia.Exportaciones a Israel: una relación comercial de tres décadasCarlos Cante contextualizó en entrevista con Blu Radio que la relación comercial con Israel no es reciente: “En 1990 Colombia exportaba apenas 600 toneladas de carbón. En los años 2011 y 2012, la cifra superó los 4 millones de toneladas. En 2023, antes del decreto presidencial, exportamos más de 3 millones de toneladas”, explicó.Según Cante, a pesar del decreto expedido por el Gobierno Petro para suspender las exportaciones, las compañías Glencore y Drummond continúan cumpliendo con contratos de largo plazo debidamente registrados ante las autoridades.“El carbón colombiano no se usa para hacer bombas”: Carlos Cante responde a PetroUna de las afirmaciones más polémicas de Petro fue que el carbón colombiano se emplea en la fabricación de armas. “El 60% del carbón que usa Israel en la preparación de bombas genocidas proviene de Glencore y Drummond”, escribió el presidente.Ante esto, Cante fue enfático: “El carbón exportado a Israel es bituminoso y de alto valor calorífico, utilizado en un 95% para generación de energía. Esa energía también abastece a la Franja de Gaza. No tengo explicación sobre las afirmaciones del presidente, pero lo cierto es que no es carbón para fabricar bombas”.Además, el dirigente gremial recalcó que decisiones como esta perjudican más a Colombia que a Israel: “Israel seguirá comprando carbón. El mercado no se detiene. Hoy lo están supliendo desde Australia, que se consolida como el gran beneficiado de esta restricción colombiana”.Impacto económico: pérdidas en regalías, empleo y competitividadSegún Fenalcarbón, las exportaciones de carbón a Israel representaban entre 400 y 500 millones de dólares anuales para Colombia, más de 500 mil millones de pesos en regalías e impuestos y un importante dinamismo económico en las zonas mineras, especialmente La Guajira y el Cesar.“La industria viene en una reducción paulatina de los volúmenes exportados, pero esta caída ha sido agravada por decisiones internas. Las exportaciones han bajado un 42% respecto al año pasado”, dijo Cante.Sobre el empleo, explicó que las empresas han hecho esfuerzos para no despedir trabajadores, reduciendo turnos laborales. Sin embargo, ya se registran señales de desempleo y pérdida de competitividad: “En regiones como La Guajira o el Cesar, que dependen de la minería, esto tendrá efectos muy graves en el mediano plazo”.TLC con Israel: un obstáculo legal para la suspensión totalEl Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel, vigente desde 2020, establece compromisos bilaterales que, según Cante, impiden al Ejecutivo cancelar unilateralmente los contratos. “Un decreto no puede estar por encima de la Constitución ni de un tratado internacional. Hacerlo sería arriesgarse a demandas y sanciones ante organismos como la Organización Mundial del Comercio”, afirmó.Además, explicó que las empresas han seguido los procedimientos establecidos por el propio Gobierno: “Cada contrato se ha validado por entidades estatales. No hay nada oscuro ni ilegal. Lo que no se permite es firmar nuevos contratos. Pero los existentes deben honrarse”.Australia y Asia ganan mercado mientras Colombia se retraeEl mayor impacto geoestratégico de la decisión colombiana, según Fenalcarbón, es la pérdida de participación en mercados clave. “Australia y los países del sudeste asiático se están posicionando como principales proveedores de carbón a Israel. Ese mercado no bajará de 10 millones de toneladas en al menos una década. Colombia lo está cediendo innecesariamente”, alertó Cante.Asimismo, criticó la política de “desmantelamiento temprano” de la industria minera: “A la restricción de exportaciones se suman impuestos como el de conmoción interior y la sobretasa a la renta, que pasamos del 2.2% al 4.5%. En 2026, el Estado tendrá que devolver más de 2 billones de pesos por anticipos mal calculados”.Proyección a futuro: ¿exportación cero a Israel en dos años?Finalmente, Cante estimó que, de mantenerse la tendencia actual, la exportación de carbón colombiano a Israel podría llegar a cero en un plazo de dos años. “Es un cálculo personal, pero la reducción de un millón de toneladas por año nos llevaría a ese escenario. Eso, sin embargo, tendría un altísimo costo para las finanzas regionales y nacionales”, concluyó.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado considera que el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que le ordena a la Nación el pago de 19,1 millones de dólares en favor de Glencore – Prodeco, no tuvo en cuenta importantes pruebas que demostrarían el cuestionado proceder de dicha compañía.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.“Para la Agencia, el Tribunal quebrantó de manera grave varias normas de procedimiento al desconocer pruebas relacionadas con las actuaciones engañosas de Glencore - Prodeco para obtener el Otrosí No. 8 en beneficio propio y en detrimento de la Nación”, consideró la agencia.Asimismo, según la defensa jurídica del Estado, el Tribunal inadmitió documentos que demostraban actuaciones indebidas de Glencore- Prodeco, que, si se hubieran tenido en cuenta, el resultado del laudo habría sido diferente”.Lea también: No es una derrota: Camilo Gómez sobre USD19 millones del Estado a Glencore y Prodeco La entidad menciona que Glencore interpuso una demanda hace tres años contra el Estado argumentando una violación al acuerdo bilateral de protección y promoción de la inversión extranjera, actuación que tuvo en cuenta la Contraloría.“Para el Tribunal Arbitral, la medida adoptada por la Contraloría se realizó con estricto apego a la ley y al debido proceso. Sin embargo, desconoció las pruebas presentadas por Colombia que demostraban maniobras engañosas utilizadas por Glencore - Prodeco para modificar a su favor el sistema de cálculo de regalías”, indicó en un comunicado la agencia.El comunicado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado finaliza diciendo que respeta y reconoce las facultades del tribunal, pero que es necesario que se tenga en cuenta todo el material probatorio, porque el procedimiento aplicado significa una violación al debido proceso.“La decisión del Tribunal de inadmitir ciertas pruebas obtenidas por Colombia que demostraban la ilegalidad en la suscripción del Otrosí No. 8, sin embargo, implicó la violación del derecho al debido proceso de Colombia, como Estado demandado, lo que justifica la anulación del laudo”, finaliza la comunicación.
El laudo arbitral que BLU Radio reveló ayer y que puso fin a un litigio de más de tres años entre la multinacional minera Glencore y el Estado colombiano, terminó siendo favorable para las finanzas de todos los colombianos.Glencore y su filial en Colombia, Prodeco, pedían al Ciadi, centro de arbitraje de inversión del Banco Mundial, que ordenara al país el pago de más de 500 millones de dólares, por daños y perjuicios tras un fallo de la Contraloría que le impuso una multa de 60 mil millones de pesos.Vea también: Día clave para el contrato de la Ruta del Sol tramo II: opinión de Ricardo Ospina Ese pago, que es el que ordena reversar el Tribunal de Arbitraje, cerca de 19 millones de dólares más los intereses, obedeció a que según el ente de control, un cambio que se hizo en el cálculo de las regalías a favor de Glencore, autorizado por el entonces ministro de Minas Hernán Martínez, en relación con la mina de carbón Calenturitas en el Cesar, afectó los intereses de la Nación y no estuvo justificado de manera adecuada.Para el Tribunal, la Contraloría no calculó bien los daños y perjuicios que tasó en su momento en 60 mil millones de pesos y por eso ordenó reversar ese pago.El proceso de defensa del Estado correspondió principalmente al equipo de Luis Guillermo Vélez Cabrera, quien estuvo a cargo de la oficina que ahora encabeza el excomisionado de paz Camilo Gómez Alzate, quien ayer destacó entre otras cosas, que el laudo no accedió a otra pretensión muy delicada que tenía Glencore, como era buscar una orden al Estado colombiano para que a futuro la Contraloría se abstuviera de iniciar nuevos procedimientos en su contra.Conozca más: Instituciones tienen oportunidad de oro de llegar al fondo de caso Odebrecht Este fallo que termina siendo positivo para el país, es el primero que se produce en materia relativa a la inversión extranjera, mientras se esperan fallos muy importantes en otros tribunales internacionales, en casos como Electricaribe, en el que Gas Natural Fenosa pide 1.600 millones de dólares al Estado Colombiano.Escuche esta columna:
En los próximos días un tribunal internacional decidirá si revoca o no una sanción por más de $60.000 millones en contra de la minera Glencore.La sanción fue impuesta por la Contraloría General de la República, quien condenó a Glencore por haber dejado de pagar miles de millones de pesos en regalías y contraprestaciones económicas al estado. Glencore logró evitar los pagos gracias a la modificación del contrato de su filial en Colombia, para la explotación de la mina de carbón Calenturitas.La entidad aseguró que este es un caso de "mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera" y dijo que las empresas condenadas por defraudar al estado.El caso está en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -Ciadi- un organismo vinculado con el Banco Mundial.Glencore también demandó a la Contraloría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde se tramita una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
El saliente contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, hizo un balance de su gestión en entrevista con BLU Radio y aseguró que el tema de Reficar fue el que le costó “más azotes”. “El azote más grande que yo sufrí como contralor fue con el tema de Reficar”, sostuvo.
El expresidente de Glencore, Jorge Carvajales Orozco, es clave para las investigaciones que adelanta la Fiscalía, según trascendió, es quien conoce de primera mano la forma en cómo se manejaron los contratos para el desarrollo de la megaobra. Este martes, también tenía que rendir declaración jurada el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien solicitó aplazamiento por agenda y aún no se conoce para cuando fue programada. En este proceso ya fueron escuchados: el excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga y el exministro de Minas, Hernán Martínez. Así como la expresidenta de Imusa, María Elena Velásquez; el expresidente de Shell, Joaquín Moreno Uribe; la exdirectora de Planeación Nacional, Carolina Rentería; la asesora de la Superservicios, María Paula Jaramillo Restrepo; el ejecutivo de Bioenergy, Bernardo Rodríguez; Juan Nicolás Rubio; la suplente de la junta directiva, Diana Constanza Calixto; el gerente de la Refinería, Orlando Díaz. También hay una lista de ocho personas que tendrán que asistir a la Fiscalía con abogado a responder las preguntas de los investigadores y ayudar a identificar más implicados en los sobre costos para la construcción de la Refinería de Cartagena, según el fiscal general, el mayor descalabro de recursos públicos en la historia del país.
El Gobierno de Colombia le prorrogó hasta 2031 al Consorcio Minero Unido (Prodeco), propiedad de la suiza Glencore, el contrato de concesión del yacimiento de carbón La Jagua, en el norte del país, anunciaron fuentes oficiales. La concesión, que opera sobre un área de 424 hectáreas, incluye una cláusula social que representará 200.000 dólares anuales en ingresos para la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, señaló la Presidencia en un comunicado. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, destacó que el acuerdo entre Prodeco y la Agencia Nacional de Minería (ANM) se logró tras un trabajo "de varios años". Arce indicó que el acuerdo "favorece al país, a la comunidad de La Jagua, al departamento del Cesar y también a la empresa, la cual puede seguir confiando en Colombia como escenario para hacer minería bien hecha". La presidenta de la ANM, Silvana Habib Daza, explicó que para este año la proyección estimada de producción anual de este contrato "es de 3,3 millones de toneladas" y hasta 2031 "de 13,5 millones de toneladas". "Esta prórroga representa buenas noticias para el sector minero, buenas noticias para el país", apuntó la funcionaria, quien consideró que "lo pactado significa oportunidades para muchas familias, y bienestar para esta generación y la que está por venir". La información detalló que en la prórroga se acordó además un incremento en la participación del Estado hasta el 43 % respecto a lo que estipulaba el contrato. Además se impuso una obligación al titular para que garantice los recursos necesarios que permitan el debido cierre y desmantelamiento de la mina, una vez finalice la explotación.
“El contrato EPC inicial, del cual se derivó el contrato EPC actual, fue celebrado por REFICAR con CB&I el día 6 de noviembre de 2007, momento en el que Glencore era el controlante y accionista mayoritario de REFICAR, cuyo gerente era Richard Cohen, designado por Glencore”, señala en el comunicado. Según Ecopetrol, el contrato inicial con CB&I “lo celebró REFICAR bajo la dirección de Glencore, en desarrollo del compromiso que asumió en el Acuerdo Marco de Inversión de fecha 3 de octubre de 2006”. Por estos motivos, la petrolera considera que las investigaciones de las autoridades colombianas abarcan toda la ejecución del proyecto, que incluye la contratación inicial de CB&I.
Así mismo, Glencore señaló que el contrato para remodelación y ampliación de Reficar fue adelantado por Ecopetrol sin su incidencia y se dio luego que esta compañía vendiera a Ecopetrol su participación. Este es el comunicado emitido por Glencore: Glencore ha conocido la investigación que llevan las autoridades colombianas sobre de la ejecución del proyecto de ampliación y mejora de la Refinería de Cartagena de su antigua filial, Reficar. Glencore adquirió a Ecopetrol, una participación del 51% de Reficar en 2006 y, en virtud de una reevaluación estratégica de sus negocios, en respuesta a la crisis financiera global, vendió toda su participación de nuevo a Ecopetrol en julio de 2009. Durante el periodo en el que administró Reficar, Glencore inició el diseño y algunos trabajos mínimos de construcción. El contrato EPC para la construcción de la ampliación de la refinería (que al parecer es el sujeto de la investigación) fue realizado libremente por Ecopetrol sin participación o influencia de Glencore y después de que Glencore vendiera a Ecopetrol su participación en Reficar. Tras la venta de su participación en Reficar, Glencore no jugó ningún otro papel en el proyecto." Escuche en este audio más información sobre: -Por esta noche se suspende la búsqueda en el sistema de alcantarillado de Soacha, del menor Juan Sebastián Fuentes. Las autoridades analizan ropa que pertenecería al menor de edad. -Las autoridades colombianas garantizan la soberanía en aguas territoriales en la zona limítrofe con Nicaragua tras el incidente que se presentó con más de 70 pescadores. -El Consejo de Estado condenó a la Nación por una toma adelantada por las Farc en el año 2002. El alto tribunal señaló que la población civil debe ser excluida del conflicto armado -La próxima semana el Congreso de la República llevará a cabo un debate de control político y una audiencia pública ante las denuncias de muerte de menores de edad en el departamento de La Guajira, María Camila Correa... -Desde el Gobierno nacional hacen un llamado a los alcaldes y gobernadores del país para que desembolsen recursos para afrontar la emergencia del Zika. -El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, aseguró que las regiones cuentan con un presupuesto general por cerca de 720 mil millones de pesos enfocados a salud pública de los cuales se pueden disponer para atender la propagación de la enfermedad. -Iglesia Católica espera instrucciones del Vaticano para preparar la visita del Papa. -El ministro del Interior afirmó que la guerrilla del ELN no está preparada para la Paz, por sus continuos ataques terroristas. -Fuera de peligro se encuentran los tres menores heridos en una balacera en el barrio Rebolo, sur de Barranquilla. María Quintero directora de la IPS universitaria en esta ciudad señaló que también atendieron a un menor de 7 meses que se le cayó de los brazos a su madre en medio del caos generado por los disparos. -Policía pide la recaptura de Alias "Yandel" quien un juez dejo en libertad. El hombre fue señalado de ser el responsable del 60% de los ataque sicariales en Cali. -La cultura llanera en Casanare está de luto, murió una dama, quizá la de más edad en Colombia. Nieves Flórez falleció a los 115 años de vida. -Con presencia de las dos hinchadas se jugará el próximo clásico entre Nacional y Medellín, tras más de un año de prohibición de ingreso de la hinchada visitante, para prevenir desmanes. -Una emergencia se registra en San Lorenzo, zona rural de Bolívar, Cauca, por la intoxicación masiva de estudiantes del colegio de la localidad. -En Armenia el Tribunal Superior del Quindío falló una tutela para que en los próximos seis meses, se logre la reubicación de un grupo indígena que habita en el municipio de Quimbaya. -Tremendo susto pasaron 20 estudiantes que se movilizaban por aguas del rio Caquetá en Putumayo, cuando el motor de la pequeña embarcación fallo y le entró agua a la misma. -200 millones de pesos es la cifra que destinó la gobernación de Norte de Santander para pago de recompensas a quienes denuncien delitos menores en Cúcuta tras incremento de hechos delincuenciales.
Además, las autoridades analizan posibles irregularidades en el Grupo Glencore, que en 2013 fue sancionado por la SuperSociedades con una multa por $500 millones por no registrar situación de control, en la que explicara quiénes son realmente los dueños de la empresa desde su creación (Lea también: Fiscalía suspende operativo en Reficar). Esta multa recayó directamente sobre la sociedad Dalima Holdings, dueña de Glencore, que tenía el 51% de Reficar. La sanción se dio por la extemporaneidad en los registros, lo cual generó multa de $100 millones para cada una de sus subordinadas de la sociedad: -CI Prodeco S.A.-Carbones de la jagua S.A.-Consorcio Minero Unido S.A.-Carbones del Tesoro S.A.-Sociedad Portuaria Nuevo Puerto S.A. Los antecedentes de la forma cómo Damila Holdings fue creada en febrero de 2010, quedándose en su momento con más del 90% del negocio minero en el territorio nacional, a través de sus subordinadas que solo fueron registradas ante la SuperSociedades en 2012, hace que el organismo de vigilancia y control haya decidido poner bajo la lupa a Reficar (Lea también: Buscan acuerdo de capitalización con CBI, vinculada con sobrecostos en Reficar). Por estos motivos, la Supersociedades y la Contraloría investigarían a Glencore, dueña de Prodeco, con minas de carbón en el Cesar, también sea investigada porque fue la que inicialmente contrató a CB&I. Hay que recordar que Glencore ya está en la mira de las autoridades como la Contraloría por el presunto fraccionamiento de títulos que daría lugar al menor pago de regalías. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, también tiene la lupa sobre esta empresa, pues hace unos años le ordenó reubicar ciertas poblaciones en el Cesar, afectadas por el polvillo del carbón.
Más de 100 personas se reunieron en Mar de Plata, Argentina, para despedir a un familiar y lo hicieron con potente caravana de motos, sin embargo, durante el recorrido comenzaron a realizar “maniobras extremas, pruebas de velocidad y circulaban en contramano ocupando ambos carriles”, según las autoridades, por lo que tuvieron que intervenir por el bien del orden público.“Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales”, indicó el intendente municipal del Partido General, Agustin Neme, sobre la situación.Las autoridades policiales, efectivos de Infantería, Caballería, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), personal de Tránsito y la Patrulla Municipal fueron los encargados de realizar el operativo de control en la zona, pero lo que no pensaron era que alguno tenía problema, hasta un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026. El aviso había sido solicitado en una causa por robo agravado. Hubo múltiples sanciones por maniobras temerarias de velocidad y resistencia a la autoridad.Varios motociclistas intentaron escapar del sitio al ver la gran cantidad de autoridades llegar a la zona y algunos hasta abandonaron el punto, todo esto permitió que trasladaran alrededor de 42 motocicletas a los patios o algunas incautadas por esta situación.“El resultado: 42 motos secuestradas, 100 actas de infracción y una moto con pedido de secuestro activo. Gracias a la Policía por el trabajo conjunto y por actuar con firmeza para poner orden. La calle no es una pista ni tierra de nadie. El que pone en riesgo a los demás, se queda sin moto”, añadió.En video quedó tanto la caravana como todo el operativo en donde fueron trasladadas las motocicletas a los patios en varias grúas que llegaron hasta ese punto.
El municipio de Bahía Solano se prepara para recibir una nueva infraestructura aeroportuaria que busca fortalecer la conectividad aérea y las condiciones para el desarrollo turístico de esta localidad importante para el desarrollo del departamento del Chocó.Será la Gobernación del Chocó la que realizará la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Aeropuerto José Celestino Mutis, esto, con una inversión de $31.195 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.El proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros, así como el cerramiento perimetral de seguridad y otras obras requeridas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.La ejecución estuvo a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién–Caribe, mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de la intervención.De acuerdo con la Gobernación, las nuevas obras permitirán fortalecer las condiciones aeroportuarias de Bahía Solano, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento y, además, la infraestructura también busca aportar mejores condiciones para la conectividad de la región.Según los expertos, la inversión representa una intervención relevante para un territorio cuya conexión aérea tiene importancia tanto para la actividad turística como para la movilidad de residentes y visitantes.
Un nuevo sismo se registró en la noche de este jueves, 24 de septiembre, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:37 de la noche y tuvo una magnitud de 4,1.El epicentro fue localizado en inmediaciones de Chaparral, Tolima, específicamente a 17 kilómetros de Roncesvalles. El reporte del SGC señala que el evento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.Según la información publicada por la entidad, el evento tuvo como coordenadas una latitud de 3,86 y longitud de -75,63. En el mapa del boletín se observa que el epicentro se encuentra en una zona del centro-occidente del país, relativamente cercana a municipios como Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales.Por el momento, el boletín del Servicio Geológico Colombiano corresponde a un reporte actualizado del evento sísmico y advierte que la información proporcionada está sujeta a cambios. La magnitud, localización y profundidad pueden ser ajustadas posteriormente a medida que avance el procesamiento de los datos registrados por la red sísmica.El sismo se registró en horas de la noche y se suma a la actividad sísmica que se ha presentado en las últimas semanas en este municipio.Hasta el momento no se han reportado afectaciones o lesionados en el área de Chaparral, Tolima.
A través de sus redes sociales, la Alcaldía de La Pintada mostró un video en donde se deja en evidencia el grave deterioro que sufre la actual sede administrativa del municipio del Suroeste antioqueño, situación por la que elevaron un llamado al Gobierno nacional.Según detallaron desde La Pintada, la sede no tiene las condiciones adecuadas para poder atender a la comunidad y, como muestra de ello, fue la inundación que sufrieron en los últimos días producto de las fuertes lluvias que azotaron la subregión.El alcalde de La Pintada, Herman Correa, hizo un llamado al Gobierno nacional para que haga un acompañamiento y puedan habilitar una nueva sede administrativa en esta zona del Suroeste antioqueño."Triste escenario que vivimos en tiempos de lluvia. Hago un llamado a todas las personas o que representan el estado colombiano para que nos ayuden a darle solución a esta situación", aseguró el mandatario.Desde la Alcaldía de La Pintada explicaron que la nueva sede lleva abandonada 10 años, por lo que se hizo la solicitud de apoyo y así poder habilitar el Centro Administrativo Municipal, CAM.Por ahora, las autoridades locales deberán esperar la respuesta del Gobierno nacional, con el atenuante que seguirán enfrentándose a las inclemencias del clima, así como a las precarias condiciones en las que se trabajan actualmente.
A pesar de ahorros en los consumos de agua por cuenta del racionamiento nocturno que regresó para el nororiente de Medellín desde el pasado 22 de septiembre, el panorama no pinta bien de cara a las próximas semanas.El fenómeno de El Niño sigue golpeando al embalse de Piedras Blancas y sus afluentes, generando preocupación sobre una posible extensión o endurecimiento de los cortes de agua.Según EPM, para el 21 de septiembre el nivel de la fuente hídrica estaba en un 76.8% de su capacidad útil y tres días después, el más reciente reporte, indica que este nivel se ha reducido hasta el 71.28%, equivalente a 310 mil metros cúbicos de agua.Humberto Iglesias, gerente encargado de EPM, manifestó que los ahorros siguen siendo cortos teniendo en cuenta el panorama actual y los pronósticos sobre el recrudecimiento del fenómeno de El Niño."El niño va a continuar, sin lugar a dudas. Esto apenas está arrancando y todavía no estamos en la etapa más crítica. Tenemos que prepararnos desde ahora para los meses más exigentes que se vienen, que seguramente van a ser diciembre, enero y febrero. Y miren lo que estamos viviendo hoy", manifestó Iglesias.Al tiempo que desde EPM insisten en la necesidad de implementar medidas en cada vivienda para llegar a la meta diaria de ahorro de agua de 92 litros en el nororiente y 70 litros en el resto de la ciudad, las evaluaciones son constantes sobre el comportamiento de otros embalses como La Fe y Riogrande II que abastecen a otras zonas de Medellín y el Valle de Aburrá.Se espera que el próximo lunes 28 de septiembre, tras una semana de interrupciones en el servicio de acueducto, la compañía de servicios públicos indique si la medida debe mantenerse.
