El Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la decisión que negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación y ordenó continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del exauditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano Callejas, así como el fallecimiento de su hijo, Alejandro Pizano, ocurridos en noviembre de 2018.De acuerdo con el expediente, el 8 de noviembre de 2018, hacia las 7:30 de la mañana, Jorge Enrique Pizano fue encontrado inconsciente por su esposa en el baño de la habitación principal de la finca El Ático, en Subachoque (Cundinamarca). Aunque fue trasladado al centro de salud del municipio, ingresó sin signos vitales.Tres días después, el 11 de noviembre de 2018, su hijo Alejandro Pizano falleció en el mismo inmueble luego de ingerir el contenido de una botella de agua saborizada a la que se le había agregado cianuro. La Fiscalía sostuvo que Jorge Enrique Pizano murió por causas naturales, producto de una afección cardíaca asociada a patologías preexistentes, antes de que pudiera concretar un supuesto propósito de quitarse la vida mediante la ingestión de una mezcla de agua con cianuro que, según esa hipótesis, él mismo habría preparado en una botella. Bajo esa misma teoría, el ente acusador concluyó que la muerte de Alejandro Pizano obedeció a la ingesta accidental de ese contenido y atribuyó al padre la creación del riesgo que desencadenó el desenlace fatal.Sin embargo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Funza negó la solicitud de preclusión mediante decisión del 8 de marzo de 2024, determinación que fue apelada por la Fiscalía y ahora confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.En la providencia, el Tribunal concluyó que la Fiscalía presentó “asertos que carecen de la acreditación requerida para disponer la preclusión de la investigación que postula, sin desarrollar a plenitud la función constitucional que le asiste de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”.Asimismo, precisó que la existencia de una enfermedad cardíaca previa no permite establecer de manera concluyente la causa del fallecimiento del exauditor. En ese sentido, señaló que “aunque la autopsia clínica acredita la existencia de una enfermedad cardíaca preexistente, no demuestra que fuera la causa de muerte de Pizano Callejas, luego, la Fiscalía tampoco puede proponerlo como hecho irrefutable funcional a su postulación”. El Tribunal también encontró inconsistencias y vacíos en varios testimonios recopilados durante la investigación. Según el fallo, los declarantes coincidieron en que la finca El Ático no era un lugar de acceso exclusivo, ya que varias personas tenían llaves del inmueble y era frecuente la presencia de trabajadores y terceros.Finalmente, el Tribunal advirtió que la investigación no ha descartado de manera suficiente otras hipótesis sobre las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo. En la decisión concluyó que “aunque existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, suicidio o la muerte natural, ninguna ha sido demostrada conforme el estándar probatorio exigido”.La corporación agregó que tampoco se han explorado plenamente “hipótesis delictivas plausibles”, incluida una eventual relación entre ambos fallecimientos y el caso de los sobornos de Odebrecht, así como con sus posibles beneficiarios o con personas ya judicializadas y condenadas en Colombia o en el exterior.Por ello, el Tribunal determinó que la preclusión únicamente procede cuando existe ausencia de mérito para acusar, presupuesto que, según la decisión, no se configura en este caso debido a que persisten elementos que exigen profundizar la investigación penal sobre los hechos.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción contra José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018, por su responsabilidad disciplinaria al omitir en los informes oficiales una donación en especie proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.De acuerdo con el fallo, Prieto incurrió en una falta gravísima al no reportar ante el Consejo Nacional Electoral la recepción de estudios de opinión y estrategia electoral, valorados en un millón de dólares, aportados por la multinacional.Aunque el informe oficial consignaba que no se habían recibido contribuciones o ayudas en especie, las pruebas demostraron lo contrario.Esta omisión vulneró los principios de transparencia y rendición de cuentas exigidos en la administración de recursos públicos destinados a la financiación estatal de campañas electorales.Como consecuencia, la Procuraduría en segunda instancia, ratificó la sanción de multa por 82 salarios mínimos mensuales legales vigentes al año 2014 e impuso una inhabilidad de 8 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.El proceso, iniciado tras denuncias de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, evidencia que las actuaciones del exgerente no solo constituyeron una falta disciplinaria, sino también una grave afectación a la confianza en los procesos electorales.
Según la Fiscalía, los acusados habrían favorecido al concesionario Ruta del Sol II, que incluye a la empresa brasileña Odebrecht, mediante la flexibilización de condiciones técnicas y financieras, ampliación de plazos para evitar sanciones, modificaciones en la forma de pago y eliminación de obras necesarias, entre otras acciones que perjudicaron al Estado.Los exfuncionarios acusados son Andrés Figueredo Serpa, Daniel Tenjo Suárez, Emerson Durán Vargas, Jorge Huertas Luna, Iván Mauricio Fierro Sánchez, Francisco Javier Forero Lozano, Yasmina del Carmen Corrales Peternina, David Leonardo Montaño García y Mauricio Orlando Castro Castaño. Todos enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos.Cronología caso Odebrecht, según hallazgos de la FiscalíaOtrosí 4 (28 de octubre de 2013) Modificó condiciones financieras y plazos de ejecución, evitando multas al contratista.Otrosí 5 y 8 (19 de diciembre de 2013 y 23 de diciembre de 2014) Añadieron la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá sin las autorizaciones necesarias ni actualizaciones en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión.Otrosí 7 (15 de mayo de 2014) Cambió la forma de pago, beneficiando el flujo de caja del concesionario y privando al Estado de rendimientos financieros.Otrosí 9 (4 de diciembre de 2015) Reconoció puentes como estructuras independientes, afectando los rendimientos financieros del Estado.Otrosí 10 (3 de noviembre de 2016) Eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de un tramo entre Puerto Salgar y Caño Alegre, con un descuento menor al que correspondía.Así las cosas, y tras encontrar estas presuntas irregularidades, el ente acusador asegura contar con pruebas contundentes que demuestran la actuación ilegal de estos exservidores en beneficio del concesionario.
La Fiscalía acusó a 5 personas por su supuesta participación en un esquema de sobornos relacionado con Odebrecht, la constructora brasileña involucrada en numerosos casos de corrupción a nivel internacional.Entre los investigados se encuentran el exalcalde de Gamarra (Cesar) Gabriel Alberto Giraldo Escudero, su hermano Jaime Helí Giraldo Escudero, así como los representantes legales de la empresa Midas S.A.S, Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, junto con la propietaria de la misma compañía, Lina María Bermúdez Aljuri.La acusación surge en el marco de contratos ficticios presuntamente celebrados para facilitar el flujo de dinero destinado por Odebrecht para pagar sobornos a intermediarios y funcionarios que gestionaron la adición del tramo Ocaña-Gamarra al proyecto 'Ruta del Sol II'. Según el ente investigador, los contratos aparentaban servicios que no fueron cumplidos y se usaron para encubrir los pagos ilícitos.“Los elementos de prueba indican que el entonces mandatario municipal habría conseguido que la empresa Midas S.A.S., en la cual trabajaban varios exfuncionarios de la Alcaldía de Gamarra, suscribiera un primer contrato por 2.292 millones de pesos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol), del que hacía parte Odebrecht, para el transporte y suministro de agregados pétreos”, informó la Fiscalía.La Fiscalía estableció que la mencionada sociedad carecía de licencia minera, músculo financiero, experiencia, logística y capacidad para cumplir el objeto previsto. Aun así, fue contratada el 24 de noviembre de 2015, y recibió un anticipo de algo más 1.260 millones de pesos. Cabe mencionar que las actividades definidas no se cumplieron en los dos contratos.Posteriormente, el 11 de enero de 2016, Midas S.A.S firmó un contrato con el Consorcio Navelena, que también estaba integrado por Odebrecht, con el mismo propósito del contrato celebrado con Consol. En esta oportunidad, le fueron desembolsados 1.639 millones de pesos.Los cargos presentados incluyen delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Se acusa a los hermanos Giraldo Escudero de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, a Bermúdez Aljuri de enriquecimiento ilícito de particulares, y a Ruiz Tello y Abuabara Vega de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, enriquecimiento ilícito propio y falsedad en documento privado.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. dijo este jueves que "lamenta" la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que revocó la rescisión del contrato de ampliación de la terminal con Odebrecht, una obra de más de 900 millones de dólares, por un alegado incumplimiento, y anunció la posibilidad apelar ante la Corte Suprema de Justicia.En la Resolución 007-2024, de fecha 8 de enero de 2024 y a la que tuvo acceso este jueves EFE, la corte administrativa decidió "revocar la Resolución 065.AL.21 del 28 de septiembre de 2021 proferida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.", en la que rescindía el contrato e inhabilitaba a la constructora por tres años en el país.Frente a esa decisión administrativa, Tocumen dijo en un comunicado que "se reserva plenamente el ejercicio de todos los recursos legales permitidos por Ley, incluyendo la posibilidad de interponer acción de Plena Jurisdicción ante la Corte Suprema de Justicia".En septiembre de 2021, Tocumen rescindió el contrato con Odebrecht alegando incumplimiento, puesto que para el día 27 de ese mes había aún "640 elementos pendientes de Ajustes y Complementos, además de otras actividades no ejecutadas" correspondientes a una Adenda del contrato original que daba plazo para ello hasta el 30 de septiembre de 2021.La corte administrativa resolvió que "no cabe duda" de que la constructora cumplió con el cronograma de entrega de la obra "al 29 de febrero de 2020", fecha en la que ya "había sido entregada sustancialmente" la Terminal 2, la cual estaba "en pleno uso y operación" para septiembre de 2021, cuando Tocumen rescinde el contrato de manera unilateral con el alegado incumplimiento."Para el 28 de septiembre de 2021, fecha de la Resolución Administrativa (rescisión) del Contrato 38/12, esta obra (ampliación de Tocumen), ya alcanzaba un avance de más del 99 %", dijo el juez, y señala que los "ajustes y complementos" pendientes corresponde a una etapa "postcontractual", dice la resolución administrativa."Ni la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, ni el contrato suscrito con la empresa contratista, establecen de modo alguno que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentra impedido de resolver administrativamente un contrato, frente a incumplimientos contractuales. La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de obra", respondió Tocumen, entre otros, este jueves.En su resolución, el Tribunal Administrativo recomienda a Tocumen "iniciar con audiencia del contratista el procedimiento de liquidación del contrato", y advierte que la empresa "debe ser multada de conformidad con lo acordado en la Adenda 6 al Contrato 38/12".La nueva Terminal 2 (T2) de Tocumen se comenzó a construir en 2013 y debía estar lista a finales de 2017, pero su entrega se fue postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado.Es un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones anuales, según la información oficial.Odebrecht fue investigada en Panamá por el pago de sobornos. La empresa y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado.La constructora brasileña protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Panamá, con expresidentes, exministros y familiares de estos involucrados. En total, 25 personas imputadas enfrentarán un juicio cuyo inicio está previsto en julio próximo. Le puede interesar:
La exministra de transporte Cecilia Álvarez debe ir a juicio por presuntas irregularidades en el contrato vial de la Ruta del Sol IILa Fiscalía radicó el escrito de acusación contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, porque según las pruebas reveladas por la investigación, Álvarez, como máxima autoridad del sector transporte habría permitido que la ANI modificara el contrato de concesión original, desnaturalizando su objeto inicial y desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por medio licitación pública.Para este caso fue un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien radicó el escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez como presunta responsable de “viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial”, dice la Fiscalía.Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes. Para la Fiscalía, Cecilia Álvarez al parecer habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.En juicio, la exministra de Transporte debe responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La fecha de la audiencia de acusación se conocerá próximamente, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la fije.Le puede interesar:
Este martes, 19 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos contra 11 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Esto porque, según el ente investigador, habrían favorecido el contrato de un concesionario que pertenecía a Odebrecht.Las irregularidades estarían relacionadas con el aparente favorecimiento al concesionario Ruta del Sol II, y habrían sido cometidas entre los años 2014 y 2016. Según la Fiscalía, los 11 funcionarios habrían proyectado, elaborado, firmado o gestionado, estudios de conveniencia, actas de comité y tramitado la suscripción de los otrosíes 8 y 10 del contrato de concesión 01 de 2010 que permitió la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.Estos fueron los presuntos casos de corrupciónAsimismo, el otrosí 8 fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por lo que se accedió un giro de 10.330 millones de pesos para la construcción de una vía de acceso al municipio de Puerto Boyacá, la cual no estaba contemplada en el contrato original. Esta adición habría favorecido al concesionario con el aumento del presupuesto.El otrosí 10 fue firmado el 3 de noviembre de 2016, este eliminó la construcción de la segunda calzada del tramo I entre Puerto Salgar-Caño Alegre y no permitió la rehabilitación de la vía existente.No realizar esa obra ni las complementarias como pasos peatonales, andenes y bahías de parqueo, entre otras, obligaba a descontarle al concesionario 65.395 millones pesos. No obstante, le fue fueron deducidos únicamente 19.976 millones de pesos. Esto generó una millonaria afectación al erario, según la investigación de la Fiscalía.Estos son los funcionarios de la ANI imputados por la FiscalíaÉdgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos, área jurídica gestión Contractual 2Juan Carlos Hernández Cerón, experto.Luis Fernando Castaño Suárez, gestor.Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - gestión contractual.Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera.Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos.Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos.Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración.Fernando Iregui Mejía, vicepresidente jurídico.María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos.Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.Los once funcionarios se declararon inocentes y deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos ante la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar
Durante la audiencia de acusación ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, el exfiscal de apoyo en el caso Odebrecht, Daniel Hernández hizo varios cuestionamientos alrededor del proceso que adelanta la Fiscalía en su contra, porque habría tenido irregularidades en ese proceso como tal.Hernández pidió durante la diligencia judicial que el fiscal que le está adelantando su proceso identifique en qué aparte de la resolución se le ordena exclusivamente a él registrar las órdenes de captura contra tres directivos de Odebrecht. También solicitó al fiscal aclarar cuál clase de violencia moral ejecutó; y pidió explicaciones sobre la conexidad entre los delitos que se le imputa por prevaricato por omisión y amenaza a testigos.Hay que recordar que el aún fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá es investigado porque presuntamente en 2017 habría omitido registrar las órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht Mauricio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki.También es señalado de presuntamente haber intimidado al exsenador Otto Bula, testigo del caso, para que no rindiera su declaración. Durante la audiencia que realizó este jueves, 7 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Fiscalía en el proceso que avanza contra el exfiscal Daniel Hernández porque sus actos pudieron haber causado algún daño a la entidad. La audiencia se suspendió hasta nueva fecha.Le puede interesar
Un grupo de exfuncionarios y un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, además de un interventor, fueron imputados por presunta corrupción este miércoles, 30 de agosto, por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues, según el ente, estas personas tuvieron presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, que incluyen al multinacional brasileña Odebrecht.A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que “se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht.”Según el ente investigador, las pruebas dan cuenta que actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013. Estudios que contrató los dueños para: el tramo Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.Asimismo, según la Fiscalía, con estas actuaciones los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Sol II; es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía.El ente aseguró que fueron destinados, en favor del concesionario contratista del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. Estos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).Está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario, dice la Fiscalía, razón por la cual estas personas deben responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Cargos que ninguno de ellos aceptó.Estos son los exfuncionarios de la ANI imputados por la FiscalíaCamilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.David Leonardo Montaño García, experto GGC2.Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.Este es el comunicado de la FiscalíaLe puede interesar
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 226 meses de cárcel contra el exsargento Guillermo Alberto Unigarro Miño por el homicidio del teniente Vianey Mario Gamboa Murcia. Al anular una absolución previa, el alto tribunal determinó que el uniformado fue quien disparó contra su superior durante un procedimiento policial en el sur de la capital.Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2011, en el barrio Ciudad Montes de Bogotá, durante un operativo oficial de la Policía. El teniente Gamboa lideró una misión estratégica para evitar un robo millonario, basándose en información de una fuente humana que advirtió sobre el plan de una peligrosa banda delincuencial.Para pasar inadvertido, el oficial decidió conducir un taxi y se hizo pasar por un civil, una táctica que usaba con frecuencia por su destreza al volante. En el asiento trasero se ubicó el sargento Guillermo Alberto Unigarro, quien supuestamente debía apoyar las labores de seguridad y el registro audiovisual de las capturas previstas.Al llegar al sitio del operativo, varios delincuentes salieron de una vivienda disparando armas de largo alcance y pistolas contra los uniformados. En medio del fuego cruzado, el teniente Gamboa recibió un impacto mortal en la cabeza mientras aún permanecía sentado frente al timón del taxi.Las investigaciones determinaron que el sargento Guillermo Alberto Unigarro aprovechó el ruido de las ráfagas externas para accionar su arma de dotación contra su superior. El disparo se realizó a corta distancia y por la espalda, lo que impidió que el teniente tuviera cualquier oportunidad de reaccionar o defenderse.Aunque la defensa alegó durante el proceso que un criminal externo fue el autor del disparo, las pruebas desvirtuaron esa versión. Los peritos establecieron que el recorrido de la bala coincidió exactamente con la posición de Unigarro en la parte trasera del auto y no con la trayectoria de alguien disparando desde la calle.La evidencia biológica también fue fundamental, ya que los rastros de sangre y otros tejidos se concentraron en la puerta y el vidrio del conductor. Este hallazgo confirmó que la bala se dio dentro del vehículo, lo que descartó la posibilidad de que un tirador externo fuera el responsable del crimen.Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia resolvió casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y, en su lugar, confirmó el fallo condenatorio de primera instancia que declaró a Guillermo Alberto Unigarro Miño como autor responsable del delito de homicidio y quién tendrá que cumplir con la pena de 226 meses de prisión.
Una de las imágenes que ha generado esperanza en medio del terremoto de 7.4 que afectó a una parte del país, se vivió en Cali. Allí, las labores de rescate terminaron con una imagen conmovedora: la recuperación de una mujer con su bebé en medio de los escombros.En video quedó grabado el momento en el que los rescatistas logran ubicarlos. Luego, con mucho cuidado, comenzaron a sacar al bebé de pocos meses de nacido. De inmediato, los que estaban presentes celebraron ese hecho que generó esperanza en medio del temblor más fuerte que ha vivido Colombia en la última década.El pequeño, cubierto de polvo, permaneció con vida en medio de estas primeras horas que son claves para rescatar la mayor cantidad de personas con vida bajo los escombros.Después llegó el turno de la madre, quien con su cuerpo cuidó y protegió del impacto a su hijo para que no le pasara nada. Sin duda una imagen que genera esperanza y fe en medio de los momentos de angustia por el terremoto que sacudió a Colombia.Aumentan los muertos y heridosAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, epicentro del terremoto, que se produjo a las 7:34 hora local concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados."Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió Shakira en su cuenta de X, donde envió "fuerza y amor" a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades "para poder ayudar tan pronto como sea posible".Maluma, por su parte, expresó su "dolor" por lo ocurrido y envió "un abrazo al alma" de las familias de las víctimas, al tiempo que aseguró que está dispuesto a ayudar: "Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".También de la música urbana, J Balvin envió "mucha fuerza" a los afectados por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias y comunidades que atraviesan momentos de angustia. También Blessd, Ryan Castro, Kris R y más artistas se sumaron en voz del género urbano.Karol G y Feid pusieron sus redes a disposición para donaciones y ayudar a buscar personas desaparecidas."Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia", escribió Juanes, quien además informó de que ya hizo una donación y animó a quienes puedan hacerlo a sumarse a la ayuda."Cada aporte cuenta", señaló también el artista caribeño Carlos Vives.Los mensajes de los artistas se sumaron a las muestras de solidaridad de líderes internacionales mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención en las zonas más afectadas por el terremoto, que deja más de un centenar de fallecidos y graves daños materiales en varios departamentos del país.El fútbol también se solidarizó con el pueblo colombiano. El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.El club español se sumó de esta forma a las muestras de apoyo recibidas por Colombia tras el seísmo, con un mensaje de condolencias dirigido especialmente a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos.El Atlético de Madrid ha expresado este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y envía su "fuerza y apoyo al pueblo colombiano" tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano", escribe el club en su cuenta de X.El Betis "muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia", un país del que son dos de los jugadores de su actual plantilla, el delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa.El club sevillano, a través de redes sociales oficiales, ha expresado estas condolencias por un suceso que ha recibido con pesar, en particular estos dos futbolistas colombianos, ya que el terremoto ha tenido una magnitud 7,4 y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de un centenar de personas.Al igual que clubes nacionales como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, entre otros, además de federaciones como la selección de Argentina que se sumó a la ola de apoyos por el territorio colombiano en esta difícil situación.
Ascienden las afectaciones por terremoto en Antioquia: Cerca de 700 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 hospitales resultaron afectadas por el terremoto registrado en el país en la mañana de este lunes, 10 de agosto. Hasta el momento se ha reportado un hombre muerto y 12 personas heridasLas autoridades en Antioquia entregaron un nuevo reporte tras el terremoto de 7.4 con epicentro en Chocó y que dejó algunas afectaciones de consideración en el departamento donde los organismos de socorro se mantienen alertas.El último consolidado departamental deja cifras como 697 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 centros hospitalarios afectados, principalmente por fisuras y agrietamientos.Por su parte, sobre vidas humanas el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia indicó que tienen datos de 12 lesionados leves y una persona fallecida en el municipio de Támesis.La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes, se refirió a las afectaciones en la infraestructura que a esta hora son evaluadas para poder tomar las medidas correspondientes y evitar riesgos para menores de edad y adultos: "697 viviendas afectadas por el sismo, 122 instituciones educativas, y alrededor de 19 centros hospitalarios que presentan afectaciones. También hay afectaciones en iglesias y en otras sedes administrativas", señaló.Hay que mencionar que los más de 20 expertos enviados por la Alcaldía de Medellín se están dirigiendo a esta hora al departamento de Risaralda en donde las labores se centrarán en la ciudad de Pereira.Finalmente, hay que mencionar que en la capital de Antioquia hay dos puntos de recolección de alimentos y elementos de aseo que serán enviados a las ciudades más afectadas por el fuerte terremoto que sacudió al país.
Desde Santander fue desplegado hacia Cali el USAR COL-28, un grupo especializado en búsqueda y rescate urbano, para apoyar las labores de atención de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió este lunes 10 de agosto a varias zonas del occidente del país.La Defensa Civil Santander participa en el despliegue del equipo USAR COL-28, especializado en búsqueda y rescate urbano, que fue enviado hacia Cali para apoyar las labores de atención de la emergencia. El grupo cuenta con capacidades para intervenir en escenarios donde puedan existir personas atrapadas o afectaciones en estructuras tras el movimiento telúrico.Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que el departamento activó sus capacidades de respuesta y mantiene comunicación permanente con las autoridades nacionales.“En coordinación con la Defensa Civil Santander, hoy sale un grupo USAR 28 especializado para la ciudad de Cali, con capacidades de respuesta para búsqueda y rescate”, señaló Sánchez.El funcionario agregó que desde Santander permanecerán atentos a la evolución de la emergencia y en comunicación permanente con la Sala de Crisis Nacional en Bogotá, con el propósito de coordinar las acciones que sean necesarias.El equipo enviado desde Santander se suma a los organismos de socorro que trabajan en las zonas afectadas por el movimiento telúrico, mientras avanzan las labores de evaluación de daños y atención a las personas que puedan resultar afectadas.