El Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la decisión que negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación y ordenó continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del exauditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano Callejas, así como el fallecimiento de su hijo, Alejandro Pizano, ocurridos en noviembre de 2018.De acuerdo con el expediente, el 8 de noviembre de 2018, hacia las 7:30 de la mañana, Jorge Enrique Pizano fue encontrado inconsciente por su esposa en el baño de la habitación principal de la finca El Ático, en Subachoque (Cundinamarca). Aunque fue trasladado al centro de salud del municipio, ingresó sin signos vitales.Tres días después, el 11 de noviembre de 2018, su hijo Alejandro Pizano falleció en el mismo inmueble luego de ingerir el contenido de una botella de agua saborizada a la que se le había agregado cianuro. La Fiscalía sostuvo que Jorge Enrique Pizano murió por causas naturales, producto de una afección cardíaca asociada a patologías preexistentes, antes de que pudiera concretar un supuesto propósito de quitarse la vida mediante la ingestión de una mezcla de agua con cianuro que, según esa hipótesis, él mismo habría preparado en una botella. Bajo esa misma teoría, el ente acusador concluyó que la muerte de Alejandro Pizano obedeció a la ingesta accidental de ese contenido y atribuyó al padre la creación del riesgo que desencadenó el desenlace fatal.Sin embargo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Funza negó la solicitud de preclusión mediante decisión del 8 de marzo de 2024, determinación que fue apelada por la Fiscalía y ahora confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.En la providencia, el Tribunal concluyó que la Fiscalía presentó “asertos que carecen de la acreditación requerida para disponer la preclusión de la investigación que postula, sin desarrollar a plenitud la función constitucional que le asiste de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”.Asimismo, precisó que la existencia de una enfermedad cardíaca previa no permite establecer de manera concluyente la causa del fallecimiento del exauditor. En ese sentido, señaló que “aunque la autopsia clínica acredita la existencia de una enfermedad cardíaca preexistente, no demuestra que fuera la causa de muerte de Pizano Callejas, luego, la Fiscalía tampoco puede proponerlo como hecho irrefutable funcional a su postulación”. El Tribunal también encontró inconsistencias y vacíos en varios testimonios recopilados durante la investigación. Según el fallo, los declarantes coincidieron en que la finca El Ático no era un lugar de acceso exclusivo, ya que varias personas tenían llaves del inmueble y era frecuente la presencia de trabajadores y terceros.Finalmente, el Tribunal advirtió que la investigación no ha descartado de manera suficiente otras hipótesis sobre las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo. En la decisión concluyó que “aunque existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, suicidio o la muerte natural, ninguna ha sido demostrada conforme el estándar probatorio exigido”.La corporación agregó que tampoco se han explorado plenamente “hipótesis delictivas plausibles”, incluida una eventual relación entre ambos fallecimientos y el caso de los sobornos de Odebrecht, así como con sus posibles beneficiarios o con personas ya judicializadas y condenadas en Colombia o en el exterior.Por ello, el Tribunal determinó que la preclusión únicamente procede cuando existe ausencia de mérito para acusar, presupuesto que, según la decisión, no se configura en este caso debido a que persisten elementos que exigen profundizar la investigación penal sobre los hechos.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción contra José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018, por su responsabilidad disciplinaria al omitir en los informes oficiales una donación en especie proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.De acuerdo con el fallo, Prieto incurrió en una falta gravísima al no reportar ante el Consejo Nacional Electoral la recepción de estudios de opinión y estrategia electoral, valorados en un millón de dólares, aportados por la multinacional.Aunque el informe oficial consignaba que no se habían recibido contribuciones o ayudas en especie, las pruebas demostraron lo contrario.Esta omisión vulneró los principios de transparencia y rendición de cuentas exigidos en la administración de recursos públicos destinados a la financiación estatal de campañas electorales.Como consecuencia, la Procuraduría en segunda instancia, ratificó la sanción de multa por 82 salarios mínimos mensuales legales vigentes al año 2014 e impuso una inhabilidad de 8 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.El proceso, iniciado tras denuncias de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, evidencia que las actuaciones del exgerente no solo constituyeron una falta disciplinaria, sino también una grave afectación a la confianza en los procesos electorales.
Según la Fiscalía, los acusados habrían favorecido al concesionario Ruta del Sol II, que incluye a la empresa brasileña Odebrecht, mediante la flexibilización de condiciones técnicas y financieras, ampliación de plazos para evitar sanciones, modificaciones en la forma de pago y eliminación de obras necesarias, entre otras acciones que perjudicaron al Estado.Los exfuncionarios acusados son Andrés Figueredo Serpa, Daniel Tenjo Suárez, Emerson Durán Vargas, Jorge Huertas Luna, Iván Mauricio Fierro Sánchez, Francisco Javier Forero Lozano, Yasmina del Carmen Corrales Peternina, David Leonardo Montaño García y Mauricio Orlando Castro Castaño. Todos enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos.Cronología caso Odebrecht, según hallazgos de la FiscalíaOtrosí 4 (28 de octubre de 2013) Modificó condiciones financieras y plazos de ejecución, evitando multas al contratista.Otrosí 5 y 8 (19 de diciembre de 2013 y 23 de diciembre de 2014) Añadieron la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá sin las autorizaciones necesarias ni actualizaciones en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión.Otrosí 7 (15 de mayo de 2014) Cambió la forma de pago, beneficiando el flujo de caja del concesionario y privando al Estado de rendimientos financieros.Otrosí 9 (4 de diciembre de 2015) Reconoció puentes como estructuras independientes, afectando los rendimientos financieros del Estado.Otrosí 10 (3 de noviembre de 2016) Eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de un tramo entre Puerto Salgar y Caño Alegre, con un descuento menor al que correspondía.Así las cosas, y tras encontrar estas presuntas irregularidades, el ente acusador asegura contar con pruebas contundentes que demuestran la actuación ilegal de estos exservidores en beneficio del concesionario.
La Fiscalía acusó a 5 personas por su supuesta participación en un esquema de sobornos relacionado con Odebrecht, la constructora brasileña involucrada en numerosos casos de corrupción a nivel internacional.Entre los investigados se encuentran el exalcalde de Gamarra (Cesar) Gabriel Alberto Giraldo Escudero, su hermano Jaime Helí Giraldo Escudero, así como los representantes legales de la empresa Midas S.A.S, Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, junto con la propietaria de la misma compañía, Lina María Bermúdez Aljuri.La acusación surge en el marco de contratos ficticios presuntamente celebrados para facilitar el flujo de dinero destinado por Odebrecht para pagar sobornos a intermediarios y funcionarios que gestionaron la adición del tramo Ocaña-Gamarra al proyecto 'Ruta del Sol II'. Según el ente investigador, los contratos aparentaban servicios que no fueron cumplidos y se usaron para encubrir los pagos ilícitos.“Los elementos de prueba indican que el entonces mandatario municipal habría conseguido que la empresa Midas S.A.S., en la cual trabajaban varios exfuncionarios de la Alcaldía de Gamarra, suscribiera un primer contrato por 2.292 millones de pesos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol), del que hacía parte Odebrecht, para el transporte y suministro de agregados pétreos”, informó la Fiscalía.La Fiscalía estableció que la mencionada sociedad carecía de licencia minera, músculo financiero, experiencia, logística y capacidad para cumplir el objeto previsto. Aun así, fue contratada el 24 de noviembre de 2015, y recibió un anticipo de algo más 1.260 millones de pesos. Cabe mencionar que las actividades definidas no se cumplieron en los dos contratos.Posteriormente, el 11 de enero de 2016, Midas S.A.S firmó un contrato con el Consorcio Navelena, que también estaba integrado por Odebrecht, con el mismo propósito del contrato celebrado con Consol. En esta oportunidad, le fueron desembolsados 1.639 millones de pesos.Los cargos presentados incluyen delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Se acusa a los hermanos Giraldo Escudero de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, a Bermúdez Aljuri de enriquecimiento ilícito de particulares, y a Ruiz Tello y Abuabara Vega de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, enriquecimiento ilícito propio y falsedad en documento privado.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. dijo este jueves que "lamenta" la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que revocó la rescisión del contrato de ampliación de la terminal con Odebrecht, una obra de más de 900 millones de dólares, por un alegado incumplimiento, y anunció la posibilidad apelar ante la Corte Suprema de Justicia.En la Resolución 007-2024, de fecha 8 de enero de 2024 y a la que tuvo acceso este jueves EFE, la corte administrativa decidió "revocar la Resolución 065.AL.21 del 28 de septiembre de 2021 proferida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.", en la que rescindía el contrato e inhabilitaba a la constructora por tres años en el país.Frente a esa decisión administrativa, Tocumen dijo en un comunicado que "se reserva plenamente el ejercicio de todos los recursos legales permitidos por Ley, incluyendo la posibilidad de interponer acción de Plena Jurisdicción ante la Corte Suprema de Justicia".En septiembre de 2021, Tocumen rescindió el contrato con Odebrecht alegando incumplimiento, puesto que para el día 27 de ese mes había aún "640 elementos pendientes de Ajustes y Complementos, además de otras actividades no ejecutadas" correspondientes a una Adenda del contrato original que daba plazo para ello hasta el 30 de septiembre de 2021.La corte administrativa resolvió que "no cabe duda" de que la constructora cumplió con el cronograma de entrega de la obra "al 29 de febrero de 2020", fecha en la que ya "había sido entregada sustancialmente" la Terminal 2, la cual estaba "en pleno uso y operación" para septiembre de 2021, cuando Tocumen rescinde el contrato de manera unilateral con el alegado incumplimiento."Para el 28 de septiembre de 2021, fecha de la Resolución Administrativa (rescisión) del Contrato 38/12, esta obra (ampliación de Tocumen), ya alcanzaba un avance de más del 99 %", dijo el juez, y señala que los "ajustes y complementos" pendientes corresponde a una etapa "postcontractual", dice la resolución administrativa."Ni la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, ni el contrato suscrito con la empresa contratista, establecen de modo alguno que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentra impedido de resolver administrativamente un contrato, frente a incumplimientos contractuales. La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de obra", respondió Tocumen, entre otros, este jueves.En su resolución, el Tribunal Administrativo recomienda a Tocumen "iniciar con audiencia del contratista el procedimiento de liquidación del contrato", y advierte que la empresa "debe ser multada de conformidad con lo acordado en la Adenda 6 al Contrato 38/12".La nueva Terminal 2 (T2) de Tocumen se comenzó a construir en 2013 y debía estar lista a finales de 2017, pero su entrega se fue postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado.Es un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones anuales, según la información oficial.Odebrecht fue investigada en Panamá por el pago de sobornos. La empresa y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado.La constructora brasileña protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Panamá, con expresidentes, exministros y familiares de estos involucrados. En total, 25 personas imputadas enfrentarán un juicio cuyo inicio está previsto en julio próximo. Le puede interesar:
La exministra de transporte Cecilia Álvarez debe ir a juicio por presuntas irregularidades en el contrato vial de la Ruta del Sol IILa Fiscalía radicó el escrito de acusación contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, porque según las pruebas reveladas por la investigación, Álvarez, como máxima autoridad del sector transporte habría permitido que la ANI modificara el contrato de concesión original, desnaturalizando su objeto inicial y desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por medio licitación pública.Para este caso fue un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien radicó el escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez como presunta responsable de “viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial”, dice la Fiscalía.Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes. Para la Fiscalía, Cecilia Álvarez al parecer habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.En juicio, la exministra de Transporte debe responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La fecha de la audiencia de acusación se conocerá próximamente, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la fije.Le puede interesar:
Este martes, 19 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos contra 11 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Esto porque, según el ente investigador, habrían favorecido el contrato de un concesionario que pertenecía a Odebrecht.Las irregularidades estarían relacionadas con el aparente favorecimiento al concesionario Ruta del Sol II, y habrían sido cometidas entre los años 2014 y 2016. Según la Fiscalía, los 11 funcionarios habrían proyectado, elaborado, firmado o gestionado, estudios de conveniencia, actas de comité y tramitado la suscripción de los otrosíes 8 y 10 del contrato de concesión 01 de 2010 que permitió la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.Estos fueron los presuntos casos de corrupciónAsimismo, el otrosí 8 fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por lo que se accedió un giro de 10.330 millones de pesos para la construcción de una vía de acceso al municipio de Puerto Boyacá, la cual no estaba contemplada en el contrato original. Esta adición habría favorecido al concesionario con el aumento del presupuesto.El otrosí 10 fue firmado el 3 de noviembre de 2016, este eliminó la construcción de la segunda calzada del tramo I entre Puerto Salgar-Caño Alegre y no permitió la rehabilitación de la vía existente.No realizar esa obra ni las complementarias como pasos peatonales, andenes y bahías de parqueo, entre otras, obligaba a descontarle al concesionario 65.395 millones pesos. No obstante, le fue fueron deducidos únicamente 19.976 millones de pesos. Esto generó una millonaria afectación al erario, según la investigación de la Fiscalía.Estos son los funcionarios de la ANI imputados por la FiscalíaÉdgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos, área jurídica gestión Contractual 2Juan Carlos Hernández Cerón, experto.Luis Fernando Castaño Suárez, gestor.Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - gestión contractual.Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera.Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos.Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos.Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración.Fernando Iregui Mejía, vicepresidente jurídico.María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos.Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.Los once funcionarios se declararon inocentes y deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos ante la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar
Durante la audiencia de acusación ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, el exfiscal de apoyo en el caso Odebrecht, Daniel Hernández hizo varios cuestionamientos alrededor del proceso que adelanta la Fiscalía en su contra, porque habría tenido irregularidades en ese proceso como tal.Hernández pidió durante la diligencia judicial que el fiscal que le está adelantando su proceso identifique en qué aparte de la resolución se le ordena exclusivamente a él registrar las órdenes de captura contra tres directivos de Odebrecht. También solicitó al fiscal aclarar cuál clase de violencia moral ejecutó; y pidió explicaciones sobre la conexidad entre los delitos que se le imputa por prevaricato por omisión y amenaza a testigos.Hay que recordar que el aún fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá es investigado porque presuntamente en 2017 habría omitido registrar las órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht Mauricio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki.También es señalado de presuntamente haber intimidado al exsenador Otto Bula, testigo del caso, para que no rindiera su declaración. Durante la audiencia que realizó este jueves, 7 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Fiscalía en el proceso que avanza contra el exfiscal Daniel Hernández porque sus actos pudieron haber causado algún daño a la entidad. La audiencia se suspendió hasta nueva fecha.Le puede interesar
Un grupo de exfuncionarios y un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, además de un interventor, fueron imputados por presunta corrupción este miércoles, 30 de agosto, por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues, según el ente, estas personas tuvieron presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, que incluyen al multinacional brasileña Odebrecht.A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que “se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht.”Según el ente investigador, las pruebas dan cuenta que actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013. Estudios que contrató los dueños para: el tramo Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.Asimismo, según la Fiscalía, con estas actuaciones los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Sol II; es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía.El ente aseguró que fueron destinados, en favor del concesionario contratista del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. Estos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).Está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario, dice la Fiscalía, razón por la cual estas personas deben responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Cargos que ninguno de ellos aceptó.Estos son los exfuncionarios de la ANI imputados por la FiscalíaCamilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.David Leonardo Montaño García, experto GGC2.Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.Este es el comunicado de la FiscalíaLe puede interesar
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
El cierre del año 2026 traerá consigo una cifra que podría impactar el bolsillo de los colombianos: el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador permite medir la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar y sirve como referencia para ajustar diferentes cobros durante el siguiente año.El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de calcular y publicar mensualmente este indicador. Para hacerlo, registra los cambios de precios en 12 divisiones de gasto y realiza mediciones en 38 ciudades del país.La cifra de cierre de año tiene especial importancia porque se utiliza como referencia para establecer ajustes en distintos bienes y servicios vinculados a la inflación.¿Cuándo se conocerá el último IPC de 2026?De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el resultado del IPC de diciembre de 2026 se conocerá el viernes 8 de enero de 2027, a las 6:00 p. m.La entidad publica este indicador a mes vencido, generalmente durante el quinto día hábil del mes siguiente. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha.El dato permitirá conocer cómo cerró la inflación en Colombia durante 2026 y servirá como referencia para calcular los incrementos de algunos servicios y obligaciones económicas en 2027.¿Qué servicios y cobros subirán con el IPC en 2027?Entre los rubros que tienen ajustes relacionados con la variación anual del IPC se encuentran:Arriendos de vivienda: el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato.Pensiones superiores al salario mínimo: se ajustan con base en la variación del IPC.Servicios públicos domiciliarios: sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Matrículas y pensiones de colegios: algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador.Peajes: pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC.Medicina prepagada: sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación.Multas de tránsito: algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos.Servicios de notarías: sus tarifas también pueden tener modificaciones para el nuevo año.Los incrementos no necesariamente se aplican de la misma manera ni en la misma fecha para todos los rubros. Cada servicio tiene condiciones y mecanismos de actualización específicos. Por eso, el resultado que publique el DANE será una referencia para calcular los ajustes que correspondan durante 2027.
Un rechazo a la propuesta de Fenalco de solicitar al Gobierno Nacional la eliminación de los aranceles a las prendas de vestir importadas de Asia expresó la Asociación Cámara Colombiana de las Confecciones de Santander (ACCA-TEX), al advertir que esta medida podría profundizar las dificultades que enfrenta la industria nacional y poner en riesgo los empleos del sector.Franky Guevara, director del gremio en Santander, cuestionó que se promuevan beneficios para los productos extranjeros mientras los empresarios colombianos deben asumir altos costos tributarios, laborales y operativos para mantener sus negocios y producir en el país.“Es que es sencillo de entender. La industria colombiana paga demasiados impuestos, tiene una carga tributaria enorme, la más alta de Latinoamérica”, señaló Guevara, quien considera que eliminar los aranceles aumentaría la desventaja de los fabricantes nacionales frente a los productos asiáticos.El representante del sector explicó que países como China cuentan con condiciones de producción más favorables, entre ellas menores costos de mano de obra y subsidios estatales para aspectos como los arriendos, los servicios energéticos y las exportaciones.Según Guevara, estas ventajas hacen difícil que los confeccionistas colombianos puedan competir en igualdad de condiciones. “La ropa de Asia tiene una mano de obra un 90 % más barata que la colombiana. ¿Cómo competir con ellos?”, cuestionó.El dirigente también puso en duda a quién representa Fenalco con este tipo de solicitudes y consideró que la eliminación de los aranceles terminaría favoreciendo a las empresas importadoras y a las multinacionales, en detrimento de quienes producen en Colombia.“Quisiéramos saber y preguntarle a Fenalco a quién representa, porque a la industria nacional no”, manifestó.En el comunicado, ACCA-TEX aclaró que no está en contra de las importaciones ni de la competencia comercial, pero insistió en que deben existir condiciones equitativas para los productores nacionales. Además, advirtió que eliminar los aranceles a las prendas terminadas importadas podría afectar la capacidad productiva del país y el empleo que genera esta industria.Finalmente, la asociación hizo un llamado a proteger a las empresas que fabrican en Colombia y recordó que la política comercial debe buscar un equilibrio entre el comercio y la producción nacional.“Colombia no puede convertirse en un país que solamente sabe comprar lo que otros saben producir”, concluyó el gremio en su pronunciamiento.
Un video grabado en El Rodadero, uno de los principales sectores turísticos de Santa Marta, provocó indignación entre ciudadanos y defensores de animales. Las imágenes muestran el momento en que el cuerpo de un burro que había muerto tras ser atropellado es levantado por varios operarios y depositado en la parte trasera de un camión recolector de basura.El accidente ocurrió sobre la carrera 4. De acuerdo con los reportes conocidos, el animal transitaba por la vía cuando fue impactado inicialmente por un taxi y, posteriormente, por una motocicleta. La gravedad de las lesiones provocó su muerte en el lugar.Horas después llegaron trabajadores de la empresa de aseo Atesa para retirar el cuerpo. Fue ese procedimiento el que quedó registrado en video y terminó trasladando la discusión del accidente hacia la forma como fue manejado el cadáver del animal.La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre los protocolos que deben aplicarse en Santa Marta para el levantamiento, transporte y disposición final de animales que mueren en espacios públicos.El caso también reabre la discusión sobre la presencia de animales de gran tamaño sin control en las vías de la ciudad, especialmente en sectores con alta circulación vehicular, por el riesgo que representa tanto para los animales como para conductores y motociclistas.Hasta la mañana de este lunes no se conocía un pronunciamiento oficial de Atesa o de la Alcaldía de Santa Marta que explicara el procedimiento utilizado en este caso o precisara cuál es el protocolo establecido para este tipo de situaciones.Mientras se esperan esas respuestas, las imágenes continúan generando rechazo y pedidos para que las autoridades revisen lo ocurrido y establezcan medidas que eviten que una situación similar se repita.
Cuatro hombres fueron asesinados en dos ataques armados registrados en Santa Rosa, sur de Bolívar. Los hechos violentos aumentan la preocupación por la situación de orden público en esta población del sur del departamento, donde las autoridades no descartan la participación de estructuras armadas ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.El caso más reciente ocurrió en inmediaciones del sector conocido como Zona Rosa, en el casco urbano del municipio, donde funcionan varios establecimientos nocturnos. En este ataque armado murieron tres hombres, identificados como los hermanos Jaúger y Yilder Pabuena, y Omar Andrés Carpio Vargas, oriundo de Coveñas, Sucre.Las tres víctimas no serían residentes de Santa Rosa del Sur. Sus muertes generaron consternación entre familiares y conocidos, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.Horas antes de este caso, se registró otro homicidio en zona rural. La víctima fue identificada como Iván Bambuena, quien murió por impactos de arma de fuego en el sector de Mina Paraíso. El hombre sería residente de Santa Rosa del Sur. Hasta el momento se desconocen los móviles de este crimen.La Defensoría del Pueblo advirtió que Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo más reciente informe de seguimiento fue emitido en agosto de este año. "Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección", dice el documento de la Defensoría. A estos hechos se suma la desaparición de Carlos Mejía Ramírez, un joven oriundo de San Gil, Santander, de quien no se tiene información desde hace varios días. Según los reportes conocidos, fue visto por última vez en inmediaciones de la vereda El Jardín, cerca del municipio de San Pablo, Bolívar.Las autoridades locales reportaron el caso y se espera que avancen las labores para establecer su paradero. La situación de violencia en Santa Rosa del Sur genera mayor preocupación porque coincide con el ataque con drones contra la base militar del municipio, que dejó tres uniformados muertos y varios militares heridos.La comunidad pide acciones urgentes para recuperar la seguridad y evitar que continúen los hechos violentos que están enlutando a las familias del sur de Bolívar.El municipio de Santa Rosa del Sur está ubicado en una zona estratégica de la región del Magdalena Medio, donde existe disputa territorial y presencia de estructuras armadas ilegales. La coincidencia de homicidios, desapariciones y ataques contra la Fuerza Pública incrementa la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en esta región.