La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción contra José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018, por su responsabilidad disciplinaria al omitir en los informes oficiales una donación en especie proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.De acuerdo con el fallo, Prieto incurrió en una falta gravísima al no reportar ante el Consejo Nacional Electoral la recepción de estudios de opinión y estrategia electoral, valorados en un millón de dólares, aportados por la multinacional.Aunque el informe oficial consignaba que no se habían recibido contribuciones o ayudas en especie, las pruebas demostraron lo contrario.Esta omisión vulneró los principios de transparencia y rendición de cuentas exigidos en la administración de recursos públicos destinados a la financiación estatal de campañas electorales.Como consecuencia, la Procuraduría en segunda instancia, ratificó la sanción de multa por 82 salarios mínimos mensuales legales vigentes al año 2014 e impuso una inhabilidad de 8 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.El proceso, iniciado tras denuncias de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, evidencia que las actuaciones del exgerente no solo constituyeron una falta disciplinaria, sino también una grave afectación a la confianza en los procesos electorales.
Según la Fiscalía, los acusados habrían favorecido al concesionario Ruta del Sol II, que incluye a la empresa brasileña Odebrecht, mediante la flexibilización de condiciones técnicas y financieras, ampliación de plazos para evitar sanciones, modificaciones en la forma de pago y eliminación de obras necesarias, entre otras acciones que perjudicaron al Estado.Los exfuncionarios acusados son Andrés Figueredo Serpa, Daniel Tenjo Suárez, Emerson Durán Vargas, Jorge Huertas Luna, Iván Mauricio Fierro Sánchez, Francisco Javier Forero Lozano, Yasmina del Carmen Corrales Peternina, David Leonardo Montaño García y Mauricio Orlando Castro Castaño. Todos enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos.Cronología caso Odebrecht, según hallazgos de la FiscalíaOtrosí 4 (28 de octubre de 2013) Modificó condiciones financieras y plazos de ejecución, evitando multas al contratista.Otrosí 5 y 8 (19 de diciembre de 2013 y 23 de diciembre de 2014) Añadieron la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá sin las autorizaciones necesarias ni actualizaciones en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión.Otrosí 7 (15 de mayo de 2014) Cambió la forma de pago, beneficiando el flujo de caja del concesionario y privando al Estado de rendimientos financieros.Otrosí 9 (4 de diciembre de 2015) Reconoció puentes como estructuras independientes, afectando los rendimientos financieros del Estado.Otrosí 10 (3 de noviembre de 2016) Eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de un tramo entre Puerto Salgar y Caño Alegre, con un descuento menor al que correspondía.Así las cosas, y tras encontrar estas presuntas irregularidades, el ente acusador asegura contar con pruebas contundentes que demuestran la actuación ilegal de estos exservidores en beneficio del concesionario.
La Fiscalía acusó a 5 personas por su supuesta participación en un esquema de sobornos relacionado con Odebrecht, la constructora brasileña involucrada en numerosos casos de corrupción a nivel internacional.Entre los investigados se encuentran el exalcalde de Gamarra (Cesar) Gabriel Alberto Giraldo Escudero, su hermano Jaime Helí Giraldo Escudero, así como los representantes legales de la empresa Midas S.A.S, Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, junto con la propietaria de la misma compañía, Lina María Bermúdez Aljuri.La acusación surge en el marco de contratos ficticios presuntamente celebrados para facilitar el flujo de dinero destinado por Odebrecht para pagar sobornos a intermediarios y funcionarios que gestionaron la adición del tramo Ocaña-Gamarra al proyecto 'Ruta del Sol II'. Según el ente investigador, los contratos aparentaban servicios que no fueron cumplidos y se usaron para encubrir los pagos ilícitos.“Los elementos de prueba indican que el entonces mandatario municipal habría conseguido que la empresa Midas S.A.S., en la cual trabajaban varios exfuncionarios de la Alcaldía de Gamarra, suscribiera un primer contrato por 2.292 millones de pesos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol), del que hacía parte Odebrecht, para el transporte y suministro de agregados pétreos”, informó la Fiscalía.La Fiscalía estableció que la mencionada sociedad carecía de licencia minera, músculo financiero, experiencia, logística y capacidad para cumplir el objeto previsto. Aun así, fue contratada el 24 de noviembre de 2015, y recibió un anticipo de algo más 1.260 millones de pesos. Cabe mencionar que las actividades definidas no se cumplieron en los dos contratos.Posteriormente, el 11 de enero de 2016, Midas S.A.S firmó un contrato con el Consorcio Navelena, que también estaba integrado por Odebrecht, con el mismo propósito del contrato celebrado con Consol. En esta oportunidad, le fueron desembolsados 1.639 millones de pesos.Los cargos presentados incluyen delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Se acusa a los hermanos Giraldo Escudero de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, a Bermúdez Aljuri de enriquecimiento ilícito de particulares, y a Ruiz Tello y Abuabara Vega de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, enriquecimiento ilícito propio y falsedad en documento privado.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. dijo este jueves que "lamenta" la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que revocó la rescisión del contrato de ampliación de la terminal con Odebrecht, una obra de más de 900 millones de dólares, por un alegado incumplimiento, y anunció la posibilidad apelar ante la Corte Suprema de Justicia.En la Resolución 007-2024, de fecha 8 de enero de 2024 y a la que tuvo acceso este jueves EFE, la corte administrativa decidió "revocar la Resolución 065.AL.21 del 28 de septiembre de 2021 proferida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.", en la que rescindía el contrato e inhabilitaba a la constructora por tres años en el país.Frente a esa decisión administrativa, Tocumen dijo en un comunicado que "se reserva plenamente el ejercicio de todos los recursos legales permitidos por Ley, incluyendo la posibilidad de interponer acción de Plena Jurisdicción ante la Corte Suprema de Justicia".En septiembre de 2021, Tocumen rescindió el contrato con Odebrecht alegando incumplimiento, puesto que para el día 27 de ese mes había aún "640 elementos pendientes de Ajustes y Complementos, además de otras actividades no ejecutadas" correspondientes a una Adenda del contrato original que daba plazo para ello hasta el 30 de septiembre de 2021.La corte administrativa resolvió que "no cabe duda" de que la constructora cumplió con el cronograma de entrega de la obra "al 29 de febrero de 2020", fecha en la que ya "había sido entregada sustancialmente" la Terminal 2, la cual estaba "en pleno uso y operación" para septiembre de 2021, cuando Tocumen rescinde el contrato de manera unilateral con el alegado incumplimiento."Para el 28 de septiembre de 2021, fecha de la Resolución Administrativa (rescisión) del Contrato 38/12, esta obra (ampliación de Tocumen), ya alcanzaba un avance de más del 99 %", dijo el juez, y señala que los "ajustes y complementos" pendientes corresponde a una etapa "postcontractual", dice la resolución administrativa."Ni la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, ni el contrato suscrito con la empresa contratista, establecen de modo alguno que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentra impedido de resolver administrativamente un contrato, frente a incumplimientos contractuales. La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de obra", respondió Tocumen, entre otros, este jueves.En su resolución, el Tribunal Administrativo recomienda a Tocumen "iniciar con audiencia del contratista el procedimiento de liquidación del contrato", y advierte que la empresa "debe ser multada de conformidad con lo acordado en la Adenda 6 al Contrato 38/12".La nueva Terminal 2 (T2) de Tocumen se comenzó a construir en 2013 y debía estar lista a finales de 2017, pero su entrega se fue postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado.Es un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones anuales, según la información oficial.Odebrecht fue investigada en Panamá por el pago de sobornos. La empresa y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado.La constructora brasileña protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Panamá, con expresidentes, exministros y familiares de estos involucrados. En total, 25 personas imputadas enfrentarán un juicio cuyo inicio está previsto en julio próximo. Le puede interesar:
La exministra de transporte Cecilia Álvarez debe ir a juicio por presuntas irregularidades en el contrato vial de la Ruta del Sol IILa Fiscalía radicó el escrito de acusación contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, porque según las pruebas reveladas por la investigación, Álvarez, como máxima autoridad del sector transporte habría permitido que la ANI modificara el contrato de concesión original, desnaturalizando su objeto inicial y desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por medio licitación pública.Para este caso fue un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien radicó el escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez como presunta responsable de “viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial”, dice la Fiscalía.Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes. Para la Fiscalía, Cecilia Álvarez al parecer habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.En juicio, la exministra de Transporte debe responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La fecha de la audiencia de acusación se conocerá próximamente, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la fije.Le puede interesar:
Este martes, 19 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos contra 11 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Esto porque, según el ente investigador, habrían favorecido el contrato de un concesionario que pertenecía a Odebrecht.Las irregularidades estarían relacionadas con el aparente favorecimiento al concesionario Ruta del Sol II, y habrían sido cometidas entre los años 2014 y 2016. Según la Fiscalía, los 11 funcionarios habrían proyectado, elaborado, firmado o gestionado, estudios de conveniencia, actas de comité y tramitado la suscripción de los otrosíes 8 y 10 del contrato de concesión 01 de 2010 que permitió la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.Estos fueron los presuntos casos de corrupciónAsimismo, el otrosí 8 fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por lo que se accedió un giro de 10.330 millones de pesos para la construcción de una vía de acceso al municipio de Puerto Boyacá, la cual no estaba contemplada en el contrato original. Esta adición habría favorecido al concesionario con el aumento del presupuesto.El otrosí 10 fue firmado el 3 de noviembre de 2016, este eliminó la construcción de la segunda calzada del tramo I entre Puerto Salgar-Caño Alegre y no permitió la rehabilitación de la vía existente.No realizar esa obra ni las complementarias como pasos peatonales, andenes y bahías de parqueo, entre otras, obligaba a descontarle al concesionario 65.395 millones pesos. No obstante, le fue fueron deducidos únicamente 19.976 millones de pesos. Esto generó una millonaria afectación al erario, según la investigación de la Fiscalía.Estos son los funcionarios de la ANI imputados por la FiscalíaÉdgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos, área jurídica gestión Contractual 2Juan Carlos Hernández Cerón, experto.Luis Fernando Castaño Suárez, gestor.Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - gestión contractual.Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera.Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos.Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos.Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración.Fernando Iregui Mejía, vicepresidente jurídico.María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos.Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.Los once funcionarios se declararon inocentes y deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos ante la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar
Durante la audiencia de acusación ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, el exfiscal de apoyo en el caso Odebrecht, Daniel Hernández hizo varios cuestionamientos alrededor del proceso que adelanta la Fiscalía en su contra, porque habría tenido irregularidades en ese proceso como tal.Hernández pidió durante la diligencia judicial que el fiscal que le está adelantando su proceso identifique en qué aparte de la resolución se le ordena exclusivamente a él registrar las órdenes de captura contra tres directivos de Odebrecht. También solicitó al fiscal aclarar cuál clase de violencia moral ejecutó; y pidió explicaciones sobre la conexidad entre los delitos que se le imputa por prevaricato por omisión y amenaza a testigos.Hay que recordar que el aún fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá es investigado porque presuntamente en 2017 habría omitido registrar las órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht Mauricio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki.También es señalado de presuntamente haber intimidado al exsenador Otto Bula, testigo del caso, para que no rindiera su declaración. Durante la audiencia que realizó este jueves, 7 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Fiscalía en el proceso que avanza contra el exfiscal Daniel Hernández porque sus actos pudieron haber causado algún daño a la entidad. La audiencia se suspendió hasta nueva fecha.Le puede interesar
Un grupo de exfuncionarios y un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, además de un interventor, fueron imputados por presunta corrupción este miércoles, 30 de agosto, por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues, según el ente, estas personas tuvieron presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, que incluyen al multinacional brasileña Odebrecht.A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que “se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht.”Según el ente investigador, las pruebas dan cuenta que actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013. Estudios que contrató los dueños para: el tramo Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.Asimismo, según la Fiscalía, con estas actuaciones los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Sol II; es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía.El ente aseguró que fueron destinados, en favor del concesionario contratista del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. Estos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).Está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario, dice la Fiscalía, razón por la cual estas personas deben responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Cargos que ninguno de ellos aceptó.Estos son los exfuncionarios de la ANI imputados por la FiscalíaCamilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.David Leonardo Montaño García, experto GGC2.Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.Este es el comunicado de la FiscalíaLe puede interesar
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
A seis meses de terminar el periodo fiscal general de la Nación, el Fiscal General Francisco Barbosa dio a conocer en las últimas horas avances importantes en torno al impacto de la corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia.Una de las revelaciones clave es el monto de los sobornos que habría pagado Odebrecht a altos funcionarios del Estado, congresistas, contratistas y particulares, con el fin de quedarse con el contrato para construir la Ruta del Sol Tramo 2, con una longitud de 528 kilómetros y un valor de 2 billones de pesos, además del pago de “coimas” para facilitar el trámite de modificaciones y adiciones al contrato original.Leyendo en detalle los anuncios de la Fiscalía, coincide con una de las principales quejas del presidente Gustavo Petro, en el sentido de que los daños causados por Odebrecht a Colombia suman más de 514 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado 19 mil millones, es decir: hoy Odebrecht tiene una deuda con el Estado colombiano de 494 mil millones de pesos, según la Fiscalía, “producto de actividades ilegales”.La Fiscalía revela detalles del famoso “departamento de operaciones estructuradas” de Odebrecht, utilizado para el pago de sobornos, explica los tres pasos que utilizaban: primero, conseguir los megacontratos, segundo, modificar el objeto del contrato y tercero, cancelar dádivas.En los anuncios de las últimas horas, la Fiscalía por primera vez se mete de frente con los exdirectivos de Odebrecht, comenzando por quien fuera su presidente durante más de seis años, el señor Marcelo Odebrecht, quien hacía visitas a la Casa de Nariño en 2009, cuando su empresa era vista como una reputada multinacional, sumando a los jefes de esa compañía en Colombia: Eleuberto Martorelli, Luiz Bueno, Eder Paolo Ferracuti, entre otros, que tendrán que responder ante la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.En esta misma decisión, se anuncia la imputación en total de 24 personas, entre directivos de Odebrecht, contratistas, lobistas y políticos locales.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLa Fiscalía entregó un balance de lo que hasta ahora se ha logrado en materia penal en el caso Odebrecht: 11 condenas, 93 solicitudes de imputación, 20 imputaciones realizadas, 17 escritos de acusación presentados y 4 principios de oportunidad avanzados.Por otro lado, la Fiscalía anunció una nueva imputación contra 33 exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura, entre ellos el expresidente Luis Fernando Andrade, 11 gerentes y 8 vicepresidentes de la entidad durante la época de los hechos.En el reporte del jueves, la Fiscalía confirma que las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga recibieron aportes de Odebrecht: 3.540 millones para Santos y 3.045 para Zuluaga.En la misma rueda de prensa, el fiscal Gabriel Jaimes explicó que hoy no se adelantan investigaciones por el caso Odebrecht contra directivos del Grupo Aval o de Corficolombiana, porque las que en su momento se abrieron, fueron archivadas por falta de pruebas que los vincularan con los hechos de corrupción. En este caso José Elías Melo fue condenado como expresidente de Corficolombiana.Le puede interesar:
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
