Impuestos saludables

El debate sobre los llamados impuestos saludables volvió al centro de la discusión política en Colombia. El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció junto con la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, un proyecto de ley que busca eliminar los gravámenes establecidos sobre las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados, implementados a partir de la reforma tributaria de 2022.Briceño aclaró que la iniciativa no pretende eliminar los sellos negros u octágonos que aparecen en los empaques para advertir a los consumidores sobre los niveles de azúcar, sodio u otros componentes. La propuesta, explicó, busca retirar exclusivamente el componente tributario.“Nuestro proyecto de ley no busca quitar las etiquetas, es decir, la información de que la gente sepa si eso es alto en sodio, si eso tiene unos niveles de azúcar y demás, sino que lo que busca es atacar el impuesto a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados”, aseguró el congresista.Briceño cuestiona el efecto de los impuestos sobre la saludEl principal argumento del representante es que todavía no existe, según su interpretación de la evidencia disponible, una demostración concluyente de que estos impuestos hayan producido una mejora en los indicadores de salud de los colombianos.Briceño sostiene que una medida que incrementa el precio de determinados productos debe demostrar que efectivamente modifica los hábitos de consumo y genera el resultado sanitario que justificó su creación.“Hoy no hay un estudio que diga que ponerle impuestos a la bebida azucarada y a los ultraprocesados mejora la salud de los colombianos”, afirmó durante la entrevista.El congresista también cuestionó que se pretenda esperar varios años para evaluar los efectos sanitarios de una política que ya está generando un recaudo tributario. En su opinión, no debería cobrarse el impuesto durante una década mientras se espera determinar si cumplió o no con sus objetivos.En ese sentido, puso como ejemplo el caso de México, país que suele ser citado en la discusión internacional sobre impuestos a las bebidas azucaradas. Según Briceño, aunque allí se ha registrado una reducción en la compra de determinados productos, también habría ocurrido un desplazamiento hacia otras alternativas.El argumento fiscal: un impuesto que va a la bolsa generalOtro de los puntos centrales de la propuesta es el destino de los recursos recaudados. Durante la entrevista se señaló que el impuesto generó 2,8 billones de pesos en 2024, mientras que en lo corrido del año mencionado en la conversación el recaudo alcanzaba 1,9 billones de pesos, según cifras atribuidas al Ministerio de Hacienda.Para Briceño, el hecho de que estos recursos ingresen a la bolsa general del Estado constituye una razón adicional para cuestionar que sean presentados como una herramienta directamente destinada a mejorar la salud.“Si esto es una fuente de recaudo, pues díganle sobre la mesa, vamos a recaudar plata gravando estos elementos, pero no le mientan a la gente diciendo vamos a mejorar la salud con este recaudo”, sostuvo.El representante también calificó el impuesto como regresivo y afirmó que la carga tendría un mayor impacto sobre los hogares de menores ingresos y sobre los pequeños comerciantes.Según su planteamiento, los tenderos de estratos 1, 2 y 3 también sentirían el efecto debido al aumento de precios de productos que forman parte de su inventario habitual.La respuesta de los epidemiólogosLa posición de Briceño contrasta con la defendida por Yessica Giraldo, epidemióloga y doctora en epidemiología y bioestadística, integrante de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Epidemiología.Giraldo sostuvo que sí existe evidencia científica sobre los efectos de los impuestos saludables y pidió diferenciar entre los resultados que pueden medirse en el corto plazo y aquellos que requieren más años de seguimiento.“La evidencia actual sí es clara y es robusta, y que los impuestos saludables definitivamente tienen un impacto en la salud a nivel masivo, es decir, a nivel colectivo, a nivel de la salud pública”, afirmó.La epidemióloga explicó que los estudios no deben limitarse exclusivamente a medir, después de dos años, si disminuyó la incidencia de enfermedades. Antes de llegar a esos desenlaces, existen indicadores relacionados con el consumo y los cambios de comportamiento.México y Reino Unido, dos referencias en la discusiónGiraldo señaló que la evidencia internacional constituye un elemento fundamental para analizar políticas que en Colombia llevan relativamente poco tiempo de implementación.Como referencia, mencionó el caso de México, donde los impuestos sobre productos asociados al consumo de azúcares llevan varios años. De acuerdo con la especialista, investigaciones publicadas en revistas científicas han encontrado reducciones en las compras de determinados productos.“Está el caso, como bien se ha mencionado, de México, y está publicado ese caso en The British Medical sobre cómo la reducción promedio de compras de estos ultraprocesados ricos en azúcares y grasas disminuyó hasta en un 12% al cuarto año de la medición”, explicó.También citó un estudio publicado en PLOS Medicine sobre Reino Unido, donde, según señaló, se observó una reducción del 8% en la prevalencia de obesidad en niñas después de la implementación de políticas relacionadas con estos productos.La especialista insistió en que la evaluación de los impuestos saludables debe hacerse teniendo en cuenta diferentes niveles de evidencia y escalas de tiempo. Por eso, considera prematuro exigir a Colombia resultados definitivos sobre indicadores de salud apenas dos años después de la implementación.

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