Blu Radio conoció una denuncia radicada electrónicamente ante el director del SENA, José Antonio Lizarazo, que demostraría presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios en la regional Boyacá.Se trata de posibles actuaciones indebidas en la sede Duitama de esa entidad, específicamente en el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de esa ciudad.En la denuncia, ya en manos del Sena, hay un nombre clave, que es el de Iván Mauricio Rojas, actual subdirector de Cedeagro.Es importante entender que Rojas fue seleccionado luego de que se abriera una convocatoria pública en la que pueden participar miles de personas para el cargo de subdirector.Luego, la Dirección General del Sena decide de una terna propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Quien eligió a Rojas Ruiz en ese momento fue el entonces director del Sena Alfonso Prada, hoy Secretario General de la Presidencia de la República.Según la denuncia, luego de ser electo como subdirector, Iván Mauricio Rojas canceló los contratos de varias personas que pertenecían a un proyecto audiovisual de la entidad en los cargos de diseñadores gráficos y guionistas. Ellos dicen que los reunió y les dijo que llegaba a trabajar con gente con la que ya había trabajado antes.Blu Radio llamó a Cedeagro para hablar personalmente con Rojas, quien envió un mensaje diciendo que no iba a responder a las preguntas.En otro de los audios se oye una conversación entre una de las personas salientes, y otro de los funcionarios que llega al nuevo cargo de diseñador.Esta persona dice que él no envió su hoja de vida y asegura que quien maneja la entidad “es un tipo que se llama Jairo Castiblanco”, que es senador.La denuncia radicada ante el Sena dice que “en el año 2018 redujeron la línea a 10 personas y lógicamente el señor subdirector prefirió a sus amigos y a los amigos y familiares del Representante a la cámara Jairo Enrique Castiblanco Parra, que es el que está palanqueando a la mayoría de los trabajadores y contratistas del Cedeagro. Y dejando por fuera a excelentes profesionales con mucha más experiencia y conocimiento que los amigos”.Blu Radio llamó al congresista Jairo Castiblanco, pero no contestó su teléfono. Este medio también se contactó a su oficina de comunicaciones, en donde negaron cualquier influencia del congresista en la entidad.Pero hay otro audio. En este audio aparece un funcionario llamado William Francisco Castiblanco Sierra, del municipio de Samacá, región de la que es oriundo también congresista que tiene su mismo apellido.En la comunicación dice que, aunque no está preparado para el cargo, va a aprender a hacer su trabajo.Blu Radio le preguntó también a la oficina de prensa del congresista, de donde negaron cualquier posible parentesco familiar con esta persona.En la dirección general del Sena ya hay un radicado por estas quejas en las oficinas de control disciplinario y administrativo. El director general, José Antonio Lizarazo, afirmó que se realizará una investigación.La investigación de la Procuraduría:Según la Procuraduría, se pudo establecer, preliminarmente, que José Antonio Lizarazo y Cristal Barrera "pueden estar utilizando sus cargos para favorecer políticamente la campaña del senador Manuel Guillermo Mora".BLU Radio tuvo acceso al documento de la Procuraduría que recoge las evidencias sobre posibles irregularidades en el SENA Norte de Santander y sobre las cuales decidió abrir investigación disciplinaria en contra del actual director de la entidad a nivel nacional, José Antonio Lizarazo.Se trata de un documento de ocho páginas, firmado por el procurador delegado para asuntos anticorrupción, Camilo Orrego, que enumera los elementos que fueron tenidos en cuenta para tomar esta determinación.En los hechos narrados por la Procuraduría, afirman que el entonces director regional del SENA en Norte de Santander, José Antonio Lizarazo, declaró insubsistente al subdirector Eduardo Rivera Sierra, quien fue reemplazado por Dennis Cristal Barrera Cotamo.Según la Procuraduría, "la insubsistencia de Eduardo Rivera y el nombramiento de Cristal Barrera, al parecer, obedecieron a fines políticos, ya que, en ello, supuestamente, se pretendía favorecer a un candidato al Congreso".Ese aspirante, podría con ese nombramiento, "determinar el nombramiento y contratación por prestación de servicios en el SENA Norte de Santander, de seguidores de su causa política".De acuerdo con la Procuraduría hay al menos dos ejemplos de nombramientos por prestación de servicios de personas que fueron seleccionadas por su "pertenencia a una causa política". Se trata de Deisy García y Yuri Marcela Peña, quienes aparte de todo, "realizaron actividades proselitistas a favor del grupo político en el que militaban".En el documento, se admite que se investigan posibles actuaciones irregulares en direcciones y subdirecciones regionales del SENA en: Antioquia, Atlántico, Caldas, Cesar, Córdoba, Caquetá, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca y la dirección general.Las pruebas:La Procuraduría escuchó el pasado 13 de febrero la declaración de Germán Ramírez, quien entregó fotos y chats sobre la presunta participación en política de Deisy García y Yuri Marcela Peña a favor de la campaña política del actual senador de la U Manuel Guillermo Mora Jaramillo.Según Ramírez, la vinculación de esas dos personas en 2018 obedeció a sus afinidades políticas, "explicando que el director regional del SENA, José Antonio Lizarazo, seguidor del congresista Manuel Guillermo Mora, decretó la insubsistencia de Eduardo Rivera y nombró en su lugar a Cristal Barrera para manejar la contratación de la vigencia 2018".De acuerdo con el testigo, se dejó de contratar personal calificado para en su lugar contratar personas seguidoras del senador y hoy candidato Mora Jaramillo.También fue escuchado el testimonio de Eduardo Rivera Sierra, quien dijo que fue declarado insubsistente con una resolución que no tenía motivación alguna.Según la Procuraduría, se pudo establecer, preliminarmente, que José Antonio Lizarazo y Cristal Barrera "pueden estar utilizando sus cargos para favorecer políticamente la campaña del senador Manuel Guillermo Mora".Finalmente, el procurador del caso pidió que el senador Manuel Guillermo Mora también sea investigado por estos hechos.
Autoridades en Medellín han capturado este año a más de 50 personas por atacar a funcionarios públicos. La Alcaldía reconoció que la orden es que se proceda con todo el peso de la ley ante estas situaciones.Recientemente se han conocido casos de agentes de tránsito que han sido agredidos por ciudadanos en Medellín, situación que ha provocado el rechazo contundente de la Alcaldía y le pidió a la población civil, “total respeto a nuestras autoridades y a nuestros funcionarios públicos”.Las autoridades en la capital de Antioquia indicaron que no van a permitir que ni agentes de tránsito, ni policías, ni funcionarios públicos sean golpeados en procedimientos u otros tipos de situaciones en donde quede en duda la institucionalidad, por lo que se ha pedido que se procedan con todo el peso de la ley ante cualquier caso de agresión.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, insistió que no solamente se han pedido capturas, sino que también se realizan operativos en las zonas donde los funcionarios públicos son agredidos por personas del común o delincuentes."Ya lo que va corrido del año van más de 50 capturados por agresiones a servidores públicos. La invitación es a que la autoridad se respete, a que la ley se cumpla. Ahí está la autoridad, es para velar por los intereses de todos los ciudadanos", dijo Villa.Por su parte, Villa mencionó que se debe tener en claro que los funcionarios públicos deben cumplir con sus labores con apego a la ley, sin que esto exima a que posibles actuaciones irregulares sean objeto de agresiones en diferentes circunstancias.Uno de los últimos casos ocurrió en inmediaciones de la Terminal del Norte en donde dos agentes de tránsito fueron atropellados por un hombre que intentó evadir un control de las autoridades en esta zona del Norte de la capital de Antioquia.
La Personería de Medellín pidió a la administración distrital fortalecer el plan de acción frente a las lluvias. Desde el Ministerio Público resaltaron la necesidad del monitoreo y limpieza de ríos y quebradas, así como mantener actualizados mapas de riesgosPese a que en el corto y mediano plazo pronósticos del Ideam indican para Medellín y Antioquia un intenso fenómeno de El Niño con temperaturas superiores al promedio histórico, el cambio climático y las variaciones que pueden registrarse con eventos de precipitación siguen generando preocupación en autoridades de la capital antioqueña.Así lo evidenció la Personería de Medellín quien solicitó a la administración de la ciudad fortalecer acciones preventivas para evitar tragedias.La agencia del Ministerio Público emitió una alerta preventiva ante las consecuencias evidenciadas en los últimos meses derivadas de las lluvias como inundaciones, crecientes súbitas y caída de árboles.En ese sentido, solicitaron a autoridades ambientales intensificar la limpieza de quebradas y sumideros, mantener actualizados mapas de riesgo y reforzar la estrategias de prevención y pedagogía comunitaria frente a la gestión de emergencias."Emitió una alerta institucional. Hemos identificado que en el año 2025 y en el primer trimestre del 2026 se presentaron precipitaciones de lluvia muy intensas, desbordamientos de quebradas, generando consecuencias a bienes y, sobre todo, a ciudadanos", dijo Manuel Alejandro Carvajal, personero delegado.La entidad también reiteró la corresponsabilidad que los ciudadanos tienen en las acciones frente a la prevención de emergencias originadas por lluvias.Por eso, solicitaron evitar arrojar residuos a quebradas y espacios públicos, atender oportunamente las alertas y orientaciones de las autoridades, pero también reportar oportunamente cualquier situación que en esta materia pueda ponerlos en peligro.
La Policía Nacional de Colombia reportó un balance positivo en las carreteras del país, pues hasta el momento se han movilizado más de 3 millones de vehículos en pasos peaje y se espera que durante la jornada transite cerca de un millón adicional. Solo en Bogotá han circulado más de 513.000 automotores, mientras que en Cundinamarca la cifra asciende a 855.000 vehículos.En materia de control, la Dirección de Tránsito y Transporte practicó 2.906 pruebas de embriaguez, de las cuales únicamente 9 resultaron positivas, lo que refleja un mayor nivel de responsabilidad entre los conductores.Asimismo, las autoridades impusieron 5.198 comparendos por distintas infracciones a las normas de tránsito, reiterando el llamado a respetar la señalización, portar la documentación al día y adoptar medidas de autocuidado.El teniente coronel Andrés Vaca Camacho destacó que el trabajo articulado entre las autoridades y el comportamiento responsable de los ciudadanos permitió mantener un balance positivo en las vías del país.“Gracias al trabajo articulado entre nuestras autoridades y el comportamiento responsable de la mayoría de los actores viales, hemos logrado un positivo balance de movilidad durante este puente festivo. Continuaremos desarrollando la estrategia ‘No más excusas en la vía’, enfocada en salvar vidas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”, aseguró.En el marco del Plan Retorno, también fue habilitado el contraflujo entre Melgar y Boquerón para facilitar el regreso hacia Bogotá, mientras la movilidad avanza con normalidad en el resto del corredor vial.
La guerra comercial entre Colombia y Ecuador ha generado estragos en Antioquia siendo el año con mayor caída de exportaciones en la última década. La contracción de los productos que iban del departamento al vecino país superó el 60%La relación comercial entre Antioquia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos de la última década luego de que el vecino país decidiera de imponer aranceles de hasta el 100 % a productos colombianos y aunque el margen ya se redujo al 75 % desde el 1 de junio, las exportaciones se han visto gravemente afectadas.El panorama en Antioquia resultó es crítico, ya que las exportaciones se contrajeron 60,2 % en comparación con el primer trimestre de 2025, convirtiéndose en la variación más negativa de la serie analizada desde 2015. La energía representó el 35,4 % de la canasta exportadora total, y al excluir energía e hidrocarburos, la reducción del comercio antioqueño fue de 17 %.En términos monetarios, las exportaciones pasaron de 56 millones de dólares a 46 millones de dólares. Entre los principales productos exportados, solo dos segmentos mostraron crecimiento: las preparaciones a base de cereales y productos de pastelería, que crecieron 15,8 %, y el sector automotor, que registró un aumento de 500 %.María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, se refirió a las cifras que han causado preocupación en el comercio del departamento que espera tener un leve repunte en los próximos meses: "Si excluimos hidrocarburos para el país, encontramos que la canasta exportadora se redujo en un menos 22.7%. Ahora bien, analicemos Antioquia, nuestro departamento. Disminuimos la canasta exportadora en un 60.2%. Si excluimos energía e hidrocarburos, encontramos que esa disminución fue del -17%", dijo.Según los informes, una variación negativa de esa magnitud no se observaba desde el periodo 2015-2016, cuando Ecuador atravesaba una fuerte desaceleración económica y una reducción de su demanda interna.Por último, mencionan los expertos el impacto en el tejido empresarial, pues mientras en el primer trimestre de 2025 exportaron hacia Ecuador 377 empresas antioqueñas, en el mismo periodo de 2026 la cifra cayó a 298 compañías, es decir, 79 menos, lo que representa una reducción cercana al 21 %.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por más de ocho años a la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de El Playón, Santander, Dania Katherine Sandoval Cote, tras determinar que durante su gestión se suministró agua no apta para el consumo humano a la comunidad.Según el Ministerio Público, la exfuncionaria, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023, omitió sus responsabilidades de supervisar, controlar y monitorear el proceso de potabilización y distribución del recurso hídrico que llegaba diariamente a la población.El fallo de primera instancia, emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, estableció que durante varios meses de 2022 y comienzos de 2023 el agua entregada a los habitantes presentaba altos niveles de riesgo sanitario, de acuerdo con el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA.La entidad señaló que esta situación puso en grave riesgo la salud de los habitantes del municipio, debido a que el suministro del recurso hídrico fue catalogado como inviable sanitariamente o de alto riesgo para el consumo humano.Por estos hechos, la Procuraduría impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años y cinco meses contra Sandoval Cote, al considerar que incurrió en una falta gravísima cometida con culpa gravísima.Además, el órgano de control concluyó que la entonces funcionaria desconoció principios fundamentales de la administración pública, especialmente el deber de garantizar condiciones adecuadas en la prestación de un servicio esencial como el acceso al agua potable.La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y aún puede ser apelada.
