Funza, quien fue el más afectado, tuvo su Alcaldía municipal inundada durante la tarde, un gran sector de Mosquera y un barrio en el municipio de Madrid. El capitán de los Bomberos de Cundinamarca, Iván Valenzuela, aseguró que las motobombas han frenado las inundaciones y en las próximas horas se tendrá el control completo de la situación.
En el departamento de Arauca se vive una compleja situación de orden público que ha afectado a la sociedad civil. En esa zona del país se registran disputas entre el ELN y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'. En este contexto, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que en los últimos dos meses han recibido al menos seis denuncias por homicidios de líderes sociales en ese departamento."En los últimos dos meses recibimos seis alegaciones de homicidios de líderes; más de 23 veredas y tres resguardos indígenas están confinados y se presentaron dos desplazamientos masivos. Llamamos a las autoridades a tomar acciones para prevenir estos hechos y proteger a la población", señala la ONU.Por otro lado, la oficina rechazó tres casos de homicidio que se han registrado recientemente en Arauca."Condenamos homicidios de dos líderes, Gustavo Lozada Zambrano y Jairo Rodríguez Rueda, y de un integrante de JAC José Domingo Romero. Nos solidarizamos con sus familias y con las comunidades. Urgimos que se investigue, juzgue y sancione a los responsables", agregan desde la ONU.En el mismo sentido, le hicieron un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades en esa zona del país."Instamos a grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, en particular, reiteramos su obligación de respeto al principio de distinción y a las personas civiles que integran las organizaciones comunitarias", finaliza la ONU.
México entra en una nueva etapa con la Presidencia de Claudia Sheinbaum, quien propuso este lunes una serie de reformas para definir las reglas generales para la próxima elección que se viene en ese país, la de jueces por voto popular. Al respecto habló en Mañanas Blu con Néstor Morales, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación de Jueces y Magistrados en México.La jueza Fuentes expresó su preocupación por lo que supone esta reforma, pues explicó que no solo afecta a los jueces de justicia común penal y familiar, sino también a los de la Suprema Corte y a los encargados de llevar el juicio de amparo, un mecanismo de control constitucional.Esta reforma implica “un golpe a la división de poderes”, ya que, subrayó, el partido en el poder controla tanto el ejecutivo como el legislativo y, ahora, próximamente también el Judicial.“Muy mal. Realmente estamos viviendo un proceso muy difícil como jueces, pero también como país. En primera, porque los jueces que están en esta reforma no únicamente son los jueces que llevan la justicia común, familiar, penal, sino que también el golpe fue hacia los jueces constitucionales, la Suprema Corte, los que llevamos el juicio de amparo, que en este país es ese mecanismo de control constitucional y que califica los actos de las autoridades que violan derechos humanos”, recalcó.Además, la jueza explicó el proceso de elección, que se realizará en dos fases en los años 2025 y 2027. En el 2025 se concursará la mitad de los 1.600 jueces, mientras que en el 2027 se concursará el resto. Los jueces seleccionados serán sometidos a una votación directa por parte de los ciudadanos, quienes deberán elegir entre una larga lista de nombres.“(…) Estamos consternados con lo que está pasando en nuestro país, no únicamente en el aspecto laboral, porque de la noche a la mañana todos los jueces nos vamos a la calle, sino que el impacto que tiene esta reforma en lo que es la división de poderes. Tenemos un partido único que controla el ejecutivo y el poder legislativo, es decir, el Congreso y el presidente y, hoy muy probablemente o seguramente tendremos un poder que controla el poder judicial. Esto es una tiranía”, subrayó.Destacó que, si bien es importante una mayor participación ciudadana en la elección de jueces, también es necesario mantener ciertos criterios de selección y especialización, especialmente en temas sensibles como el derecho al aborto o los derechos de la comunidad LGBTI. La falta de estos criterios en la reforma actual puede tener consecuencias negativas para la protección de los derechos humanos, según dijo.En comparación con países como Estados Unidos, Japón y Suiza, donde se realizan elecciones locales de jueces, la jueza Fuentes Velázquez señaló que el modelo podría ser adecuado en México siempre y cuando existan medidas de selección adecuadas y un proceso progresivo. De lo contrario, se corre el riesgo de que los tribunales estén influenciados por grupos delictivos.
El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, se declaró a favor de la libre comercialización del aguardiente en Colombia, en medio del debate sobre los monopolios rentísticos, que, en pocas palabras, prohíben la venta de licores producidos en unos departamentos en otras regiones del país.El gobernador dijo en Mañanas Blu que “no es lógico que, en Bogotá, por ejemplo, se pueda conseguir whisky, sake o tequila de cualquier parte del mundo y no se pueda consumir Aguardiente Amarillo de Caldas"."No podemos obligar a la población a tomar el aguardiente que el Estado disponga. Los ciudadanos deberían tener la capacidad de elegir libremente", dijo el gobernador.La controversia gira en torno al artículo 28 de la ley 1816 de 2016, que otorga a los gobernadores el monopolio sobre la producción y comercialización de aguardientes en sus respectivos departamentos.“Estamos abogando por una comercialización libre de los productos de las licoreras, específicamente del aguardiente y específicamente del Aguardiente Amarillo. Nosotros en Caldas nunca hemos tenido, nunca hemos utilizado salvaguardas, esa prohibición a la llegada de licores de otros departamentos y nos va bien. Ahora el 90 % de nuestros licores son vendidos fuera del departamento de Caldas”, dijo.Mientras algunos gobernadores defienden esta normativa por su contribución a las finanzas locales, Gutiérrez aboga por una mayor apertura en el mercado. Para él, la regulación actual limita el acceso a un producto que es parte de la identidad cultural colombiana.Divergencias en las posturas de los gobernadoresEl debate entre los gobernadores se ha intensificado, con voces disonantes que reflejan las diferentes realidades económicas de cada región. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, argumentó que la eliminación del monopolio podría perjudicar a su departamento.Según Toro, el Aguardiente del Valle ha visto un crecimiento en su producción y ventas, gracias a las políticas de salvaguarda que han protegido a su industria."Si se elimina el monopolio, podría generarse una pérdida de casi 2000 empleos entre directos e indirectos en nuestra región", advirtió Toro, tras resaltar la importancia de la industria local en el sostenimiento de la economía departamental. Su postura se apoya en la necesidad de preservar las rentas generadas por la venta de licores, que son esenciales para financiar diversos programas sociales. La Corte Constitucional decide sobre el aguardienteLa Corte Constitucional se encuentra en una encrucijada, enfrentando el dilema de equilibrar el derecho de los consumidores a elegir su bebida preferida con el derecho de los departamentos a mantener su monopolio y los ingresos que este genera. Durante la audiencia, se destacó que el monopolio no solo afecta la libre competencia, sino que también tiene implicaciones en la salud pública y en la educación, dado que muchas de las rentas generadas se destinan a estos sectores. Este sentimiento de libertad y autonomía está en el corazón del debate sobre el monopolio de licores, lo que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se regula esta industria en el país.A medida que las audiencias continúan, queda claro que el desenlace de este conflicto no solo afectará a los gobernadores y a las industrias de licores, sino también a los consumidores colombianos, quienes buscan acceso a una variedad más amplia de productos.
Aunque el Gobierno nacional ha llegado recientemente a acuerdos con Thomas Greg and Sons, la empresa encargada ahora de la impresión y personalización de los pasaportes, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, en cabeza de Andrés Idárraga, pidió al registrador suspender una audiencia que se realizaría este martes 8 de octubre, para adjudicar un contrato por más de 41.000 millones para la solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales.Según Andrés Idárraga identificaron algo similar a lo que ocurría con la licitación de pasaportes según el Gobierno y es la falta de pluralidad en los oferentes y las condiciones para beneficiar a uno solo, dice la secretaria de transparencia que uno de estos beneficiados sería Thomas Greg, la empresa que ha cuestionado el presidente Gustavo Petro por según el tener el control de los datos de los colombianos. En la denuncia también mencionan a Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S y Prosegur de Colombia S.A. entre otros.Entre los argumentos de la secretaria para afirmar esto se encuentra que los tiempos para la ejecución del contrato benefician solo a los oferentes que ya hayan desempeñado tareas relacionadas con el proceso electoral como parametrización del software, pruebas y aislamientos previos al escrutinio, y es que se da un plazo de solo dos meses previos a las elecciones, lo que según la secretaria no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades para un contratista que no haya ejecutado antes un contrato igual o similar en la entidad.Dice además que identificaron que la experiencia específica requerida podría cerrar las condiciones de acceso, ya que, al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría.
El Tribunal Superior de Bogotá decidió absolver al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko Gómez’, del delito de homicidio agravado por el asesinato del concejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el 22 de febrero de 1997. Esta decisión revocó una sentencia de 40 años de prisión emitida en 2017 por el juzgado noveno penal de Bogotá.La absolución se produjo debido a que no se pudo comprobar que Gómez hubiera sido el autor intelectual del asesinato. En lugar de la condena original, el Tribunal estableció una pena de 146 meses (12 años y un mes) de prisión, modificando así la sentencia anterior.El crimen por el cual fue absuelto involucró a dos hombres que, según la Fiscalía, pertenecían a la organización criminal de Marquitos Figueroa, quienes fueron responsables del asesinato del concejal López Peralta. No obstante, la justicia no encontró suficientes pruebas que vincularan directamente a ‘Kiko Gómez’ como quien ordenó el asesinato.Además, el Tribunal decidió que las acciones penales contra Gómez por el homicidio de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías han prescrito, lo que significa que no será juzgado por esos crímenes.Por su parte, Diana López Zuleta, hija del concejal asesinado, expresó su indignación ante la decisión judicial y anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. “Advertí sobre las irregularidades. La absolución de Kiko Gómez es corrupta y descarada. Apelaré ante la Corte Suprema”, afirmó.Cabe destacar que Gómez Cerchar sigue cumpliendo una condena de 55 años por otros crímenes, entre ellos el asesinato de la exalcaldesa Yandra Brito, su esposo y su conductor en 2012.
