Por medio de auto conocido por Blu Radio los representantes de la Comisión de Acusación Carlos Cuenca y Wadith Manzur, que abrieron indagación previa contra el presidente Gustavo Petro por las cartas del excanciller Álvaro Leyva, señalan que en las misivas allegadas por el exministro de justicia Wilson Ruíz, el denunciante, encontraron la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público por parte del primer mandatario en un decreto que expidió en el viaje a París que menciona Leyva.A la fecha, ellos ya están investigando la falta disciplinaria por el supuesto consumo de drogas del primer mandatario en condición de funcionario público.En el documento resuelven “declarar la ruptura de la unidad procesal dentro del expediente No. 6934 de acuerdo a la parte motiva de la presente decisión”. Y así mismo, “ordenar la devolución del expediente a la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que proceda a su separación y nuevo reparto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión”.Es preciso señalar que este triunvirato está conformado por los representantes Carlos Cuenca, de Cambio Radical, que además funge como coordinador ponente; la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, y Wadith Manzur, del partido Conservador.Hace dos días, Cuenca y Manzur firmaron la apertura de indagación previa Petro y llamaron a Leyva a rendir testimonio.La representante Velásquez, por su parte, no ha firmado los documentos en ninguna de las dos oportunidades. Cabe recordar que este medio conoció una carta que le allegó Velásquez a Cuenca en la que explicaba que ella estaba esperando al 18 de junio, fecha que habían dado para la entrega de los documentos que el exministro Ruíz debía allegar. Y por esta razón considera que no se ha cumplido el plazo.Sin embargo, son estos documentos, que ya fueron allegados por Ruíz, los que dan pie a la nueva solicitud de Cuenca y Manzur, por la presunta comisión de Petro de delito en falsedad de documento.
El Congreso aprobó una ampliación del cupo de endeudamiento externo por 17.607 millones de dólares, solicitado por el Gobierno, con el fin de hacer frente a los compromisos de la deuda con organismos financieros internacionales."Con la aprobación de la ampliación del cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares, tanto en las plenarias de Senado como en Cámara de Representantes, se le asegura al país y a los colombianos que el Gobierno nacional seguirá honrando sus compromisos internacionales en materia de deuda", manifestó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.El Gobierno presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de ley con mensaje de urgencia para la ampliación del cupo de endeudamiento para pagar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con otras instituciones financieras multilaterales.En diálogo con Mañanas Blu, el representante Wadith Manzur, integrante de las Comisiones Terceras de la Cámara, explicó detalladamente el significado de esta aprobación y cómo impacta al país. Manzur comenzó por contextualizar el tema, explicando que la ampliación del cupo de endeudamiento es una consecuencia del hueco fiscal que resultó ser mucho más grande de lo esperado. Según Manzur, esto se debe a cálculos incorrectos en el recaudo de impuestos y a determinaciones de la Corte Constitucional. En cuanto a la ampliación del cupo de endeudamiento aprobada por el Congreso, Manzur resaltó que no se está endeudando más al país. Explicó que existe un límite de endeudamiento trazado en el marco fiscal de mediano plazo, el cual se viene cumpliendo. Aseguró que esta ampliación del cupo de endeudamiento fue necesaria debido a autorizaciones especiales otorgadas durante la pandemia para buscar créditos con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, Manzur destacó que estos créditos especiales deben ser aprobados por la Comisión de Crédito Público del Congreso, lo que garantiza que el Congreso siga controlando constantemente el endeudamiento del país. También mencionó que estos créditos se tienen que pagar este año, en su gran mayoría, y el próximo año. Por lo tanto, no liberan espacio en el cupo de endeudamiento previamente autorizado por el Gobierno. Manzur también abordó las restricciones para el buen uso de estos recursos, dejando claro que el Gobierno debe volver al Congreso para informar cómo utilizará los fondos. Destacó que el Congreso controla constantemente el endeudamiento del país y que esta ampliación del cupo de endeudamiento no es un cheque en blanco. Manzur aclaró que el Gobierno no estaba presionando al Congreso para aprobar este cupo de endeudamiento, sino que era una necesidad financiera para evitar un mayor desastre económico.Con la aprobación, el proyecto de ley pasa a sanción presidencial. El Ministerio de Hacienda añadió que "continuará con el plan de pagos de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, así como de todas las demás obligaciones del servicio de la deuda pública externa".
El Partido Conservador presentó una controvertida propuesta de contrarreforma laboral que busca cambiar la dinámica de la jornada laboral en Colombia. Bajo esta iniciativa, los trabajadores tendrían la opción de laborar durante cuatro días a la semana, descansando los tres restantes.Sin embargo, la particularidad de esta propuesta radica en que, durante esos cuatro días de trabajo, se permitiría una jornada de hasta 12 horas diarias, siempre y cuando exista un acuerdo voluntario entre el empleado y el empleador.“Jornada ordinaria de trabajo en cuatro (4) días a la semana. Puede repartirse la jornada máxima legal u ordinaria semanal ampliando la jornada diaria hasta un máximo de doce (12) horas al día, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de que dicha jornada sólo se desarrolle en cuatro días a la semana y al empleado le queden tres (3) días de descanso. Esta ampliación no constituye tiempo suplementario o de horas extras”, dice uno de los apartes de la propuestaMayor flexibilidad laboralSegún el senador Wadith Manzur del Partido Conservador, quien explicó los detalles de esta propuesta en una entrevista en el programa Mañanas Blu, la intención es brindar mayor flexibilidad en los horarios laborales y modernizar el mercado de trabajo colombiano."Lo que propone nuestra reforma es una jornada máxima laboral de 47 horas, como está hoy, que podría cumplirse en cuatro días solo si el empleador y el empleado aceptan. Esto tiene que ser de común acuerdo. Es ponerle ejemplos muy puntuales que hoy se presentan en el país. Ah, pero esto es diferente a trabajar cuatro días a la semana. Es meter en una bolsa más pequeña el mismo tiempo de trabajo a la semana. Así es. En pocas palabras, que, si el empleador y el empleado lo acuerdan, podrían hacerlo en cuatro días trabajando promedio once horas y algo a la semana, casi doce horas, pero solamente si el empleador y el empleado así lo acuerdan, dijo.Horas extendidas y acuerdo voluntarioEl senador Manzur enfatizó que esta propuesta busca adaptarse a situaciones laborales que ya ocurren en la práctica, como empleados que trabajan largas jornadas durante varios días seguidos. La idea es regular y legalizar estas situaciones, otorgando a los trabajadores y empleadores la posibilidad de acordar horarios más flexibles."Hoy tenemos muchos ejemplos de eso que no se han podido, digamos, materializar legalmente. Usted tiene, por ejemplo, petroleras que mandan a sus campos a sus empleados por trece días y descansan catorce. Usted tiene otro tipo de contratos verbales, acuerdos verbales que se hacen que de alguna manera se hacen por debajo de la mesa para poder cumplir con la jornada laboral", indicó.Horas El legislador también destacó que esta reforma permitiría a pequeños negocios, como restaurantes, tener una mayor flexibilidad en la programación de sus empleados. Anteriormente, las restricciones legales dificultaban la gestión de horarios y la contratación de personal adicional durante los días más concurridos."Si usted tenía un restaurante, por ejemplo, le puede decir a su empleado, yo le voy a pagar el mínimo y usted solamente le trabaja día completo, jueves, viernes, sábado y domingo, que es algo que no tenía la reforma Petro. Si usted tenía un prácticamente lo quebraban porque esa persona que trabajaba sábados y domingos por las tardes y por las noches tenía que pagarle horas extras y yo creo que esta es una reforma que busca flexibilizar digamos y modernizar el trabajo del día de hoy."Los cuestionamientosSin embargo, surgieron interrogantes sobre las posibles implicaciones de trabajar jornadas tan extensas durante cuatro días consecutivos. El senador Manzur respondió a estas inquietudes, enfatizando que la clave es el acuerdo voluntario entre las partes. El senador Manzur también resaltó que esta reforma tiene como objetivo principal adecuar el código laboral colombiano a la realidad actual del empleo y generar una mayor flexibilidad para empleadores y trabajadores. Se busca modernizar las leyes laborales para adaptarse a la era actual, donde el teletrabajo y otras modalidades han ganado relevancia."Hoy se hace. Miren, miren, no nos digamos mentiras. Hay empresas que dicen, los que quieren la Semana Santa completa tienen que compensar la semana anterior, trabajando hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la noche, y lo hacen la gente para cogerse la semana completa. Hoy lo vivimos, pero lo hacen por debajo de la mesa”, explicó.El senador reconoció que esta reforma generará un debate intenso en el Congreso y en la sociedad colombiana en general. Sin embargo, insiste en que la clave es que cualquier cambio en la jornada laboral se realice de manera voluntaria y consensuada entre las partes involucradas."No estamos obligando a nadie. Nadie está obligado, pero hay gente que sí es capaz y hay gente que le gustaría más poder descansar tres días de seguido o un día a la semana para hacer cualquier otro tipo de actividad, puntualizó.En cuanto a los posibles efectos en la nómina y los recargos nocturnos, el senador Manzur señaló que la propuesta busca regularizar prácticas laborales que ya existen, como los turnos largos de vigilantes y porteros, pero con la ventaja de hacerlo de manera legal y transparente."Lo que estamos aquí es reglamentando para que este tipo de cosas se hagan sobre la mesa y que se puedan dar el descanso necesario y no encarece la nómina, porque es lo mismo que vienen haciendo hoy en día. Lo que estamos haciendo es flexibilizar la norma para que de alguna manera podamos trabajar sobre la mesa y no sigamos haciendo acuerdos oscuros”, puntualizó.
Tras un consejo de seguridad en Ituango, Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que el Ejército ingresará en las próximas horas al corregimiento El Aro, mientras que la Policía gestionará un escuadrón móvil de carabineros para reforzar la seguridad ante la zozobra que viven las comunidades de varias veredas que se han desplazado en las últimas horas hacia el casco urbano.Mientras tanto, el ente departamental indicó que la prioridad es atender a las 103 familias que han llegado desplazadas desde las veredas Filadelfia, El Torrente, La Rica y San Luis, en total 226 personas. Sobre el origen del temor de los habitantes se refirió el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez."A raíz de unos enfrentamientos que se vienen presentando a partir, aproximadamente, del 15 de agosto, son enfrentamientos entre disidencias Farc, Clan del Golfo, por el control territorial", apuntó.Rendón confirmó que también fue designado un fiscal especializado para acompañar a las víctimas y avanzar en las investigaciones por las amenazas de los criminales contra la población civil.A la par, reiteró la recompensa que tiene activa el ente departamental de 100 millones de pesos por alias 'Diomer', del frente 18 de las disidencias de las Farc, y alias 'Pollo', del Clan del Golfo, señalados responsables del desplazamiento y cabecillas que están incluidos en el denominado Plan Cazador propuesto al presidente Abelardo De la Espriella.Recordemos que desde las 10 de la mañana de este mismo lunes se venía desarrollando el Consejo de Seguridad con presencia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Gobernación, la Alcaldía de Ituango, Fuerza Pública, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General y Defensoría del Pueblo ante la grave crisis humanitaria por el gran número de desplazados, que no se descarta siga aumentando en las próximas horas.
En 2025, Omar Courtz hizo un concierto histórico en Bogotá en el Movistar Arena y sorprendió a miles de personas que, por primera vez, escuchaban su nombre en Colombia, pese que en ese momento en Puerto Rico y artistas como Bad Bunny reconocían su talento ante todo el mundo.El éxito de 'Primera Musa', su primer álbum, lo llevó por primera vez a varios países, pero la exposición que obtuvo de Bad Bunny en el tour de 'Debí Tirar Más Fotos' le sumó fans que conectaron en 'Por si mañana no estoy', el proyecto que le dio salto mundial para anunciar una nueva gira y que tendrá una parada el 13 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá."Con un sonido que combina la esencia del reggaetón de los años 2000 con influencias del R&B y una propuesta cada vez más personal y cinematográfica, Omar Courtz se ha convertido en uno de los nombres más relevantes de la escena latina actual. Su ascenso ha estado acompañado de colaboraciones junto a artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA, Young Miko, Bad Gyal, Justin Quiles y Lenny Tavárez, consolidando un repertorio que conecta especialmente con las nuevas generaciones", expresaron desde la organización sobre este anuncio.Precios y boletas de Omar Courtz en BogotáAún no se han confirmado los precios de las boletas de Omar, pero la preventa arrancará el miércoles, 26 de agosto, y la venta general irá hasta el viernes 28. Todo esto se podrá hacer a través de TuBoleta, tiquetera oficial de este evento."Debido a la expectativa que genera el regreso de Omar Courtz a Colombia, la venta de entradas se realizará en distintas etapas que permitirán a sus seguidores acceder de manera anticipada a la boletería. La Preventa iniciará el miércoles 26 de agosto, mientras que la venta general estará disponible a partir del viernes 28 de agosto, momento en el que todos los asistentes podrán asegurar su lugar para una de las noches más esperadas del año en la música urbana", explicaron.
El uso de redes sociales para reclutar a niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados genera preocupación en la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Tras el informe publicado por Human Rights Watch, que advierte que el reclutamiento forzado de menores se cuadruplicó en los últimos años y que desde 2021 al menos 1.500 niños han sido vinculados por la fuerza a estos grupos, el delegado para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, alertó sobre el alcance que está teniendo esta práctica.“Con las redes puede estar tocando cualquier puerta, puede estar tocando cualquier barrio, puede estar tocando cualquier dimensión de la sociedad colombiana. No estamos hablando ya de un ámbito circunscrito, geográfico, concreto, estamos hablando de un fenómeno de dimensiones enormes”, señaló Monseñor.Según el informe de Human Rights Watch, plataformas como Facebook y TikTok son utilizadas por los grupos armados para difundir contenidos que idealizan la vida dentro de estas estructuras e invitan a los menores a vincularse. La Iglesia advierte que estas nuevas formas de captación se suman a las condiciones de vulnerabilidad que ya enfrentan muchos niños y jóvenes en el país.El delegado para las relaciones Iglesia-Estado señaló además que los grupos armados y las organizaciones criminales están aprovechando las aspiraciones de los jóvenes para atraerlos con promesas de beneficios y oportunidades. Por eso, insistió en que la respuesta no puede limitarse a la intervención de la fuerza pública.“El Estado requiere enfocar esta problemática de infancia, juventud y niñez de una manera muy clara, también buscando cuáles son las raíces profundas y de qué manera llegar, con mensajes y también con oportunidades que sean capaces de darle luces y transformaciones a lo que los jóvenes están esperando. Hay una juventud que está esperando respuestas, y esa juventud está ansiosa de encontrar oportunidades.Y ojalá no sean los grupos ilegales las que le estén cubriendo ese espacio, las que estén respondiendo a esas necesidades”, afirmó Monseñor.La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, coincidió en que la protección de los menores requiere medidas adicionales y llamó la atención sobre la deserción escolar como uno de los factores de riesgo. “El despliegue de la fuerza pública, la protección de la población es importante, pero es insuficiente, porque estos menores de edad necesitan también un acompañamiento”, afirmó.Marín advirtió que la cobertura educativa, en lugar de aumentar, se ha reducido en los últimos años. Según explicó, en 2018 el 92 % de los menores en edad escolar asistía al colegio, mientras que actualmente la cifra se ubica en 88 %. Para la defensora, garantizar la permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo es una de las medidas necesarias para reducir su vulnerabilidad frente al reclutamiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
Existe un eclipse lunar que llama la atención de millones de personas, tanto así que en redes sociales se popularizó bajo el término de ‘Luna de Sangre’ por el color rojo que adquiere la luna cuando la Tierra se interpone entre ella y el sol, generando una sombra que le termina dando este tinte.Pronto habrá uno de estos y, afortunadamente, se podrá ver en Colombia el jueves, 27 de agosto, a las 8:23 de la noche. Pese que la NASA aclaró que no será un eclipse total, sino que el 96,3 % del disco lunar llegará a entrar en la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra, aún así, el fenómeno tendrá su esplendor al máximo.“La luna también puede parecer de un color rojizo, debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna. Los atardeceres obtienen su color rojo y anaranjado debido a la forma en la que la luz del sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores”, explicó la NASA en un comunicado.¿Cuándo y dónde ver la Luna de Sangre en Colombia?La Luna alcanzará el esplendor de su color rojo sobre las 10:00 de la noche y en su punto máximo hasta las 11:00, en ese momento y a esa hora se podrá ver en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga hasta pasadas la medianoche del viernes, 28 de agosto. Todo estaría terminando un poco más de las 2:00 de la mañana.¿Se necesitan gafas especiales para ver este eclipse?No. Este tipo de fenómenos se pueden ver sin problema y sin necesidad de un equipo especial, a diferencia de cuando suceden los solares, incluso, expertos recomiendan usar binoculares o un telescopio para verlo mucho mejor y en un campo abierto para visibilizar todo.
