“El Gobierno sigue insistiendo en que está cumpliendo y que las medidas no son necesarias. Si usted mira el territorio, el problema no se ha solucionado de fondo. Son solo pañitos de agua tibia”, dijo. Agregó que siguen muriendo dos o tres niños por problemas de desnutrición y lamentó que en la línea de atención, instalada por el Gobierno para prestar ayuda, no se hable el wayuunaiki, idioma que hablan miembros de la comunidad. Rojas dijo que ese problema, el de la barrera del idioma, es de todas las instituciones, desde las alcaldías hasta los hospitales. “Cuando uno habla con un funcionario, él le entiende a medias y cuando el funcionario habla pasa lo mismo”, expresó.
“Ese documento Conpes que anunció el Gobierno finalmente va a servir para que llegue más plata y se la roben los políticos. Pienso que las acciones por donde debe empezar el Gobierno es erradicar la corrupción”, expresó. Agregó que lamentablemente las ayudas se quedan en eso, en ayudas, porque no se soluciona la problemática de fondo. En ese sentido, Rojas dijo que la solución de fondo se debe concertar con las comunidades de base y no con los representantes y con los políticos. (Vea también: La desnutrición está exterminando nuestra niñez: líder wayúu). “En el tema del agua deben construirse pozos permanentes. En el suministro de alimentos no podemos seguir viviendo en el sistema asistencialista, que nos ha llevado a la mendicidad. Se debe pensar en una propuesta auto sostenible para recuperar la economía tradicional”, puntualizó. Finalmente, dijo que decir que los casos de desnutrición se dan por una cuestión cultural es una afirmación infame del Estado para señalar a la comunidad de la muerte de los menores.
“La situación en realidad en La Guajira no ha cambiado, como lo hemos venido reportando desde hace más de 4 años. La problemática de la desnutrición está exterminando nuestra niñez”, dijo. Agregó que la falta de suministro de alimento y agua ha complicado, en los últimos años, la situación. Rojas reveló que los niños sobreviven con un vaso de chicha diariamente y de lo que pueda conseguir sus padres a través de empleos temporales. “Sin embargo, la situación es compleja. No hay trabajo, no hay una fuente para suministrar alimentos. En las zonas de las salinas, que tradicionalmente era una zona para buscar empleo, ahora solo hay extranjeros”, expresó. Además, reveló que, tal como lo denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ya son más de 5.000 los menores de edad que han muerto en los últimos años. “Este año iniciamos muy mal. Ya reportamos dos muertes, pero tenemos conocimiento que este año ya deben ser unos cinco los niños muertos en el territorio”, expresó. Agregó que la situación se agravó por la sequía del río Ranchería y por el uso del mismo que ha hecho la empresa El Cerrejón. Finalmente, condenó la ausencia total del Estado y manifestó que los políticos quieran convertir a la comunidad al “sistema asistencialista” para controlar los votos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Chinos’, señalados de participar en 15 hechos delictivos ocurridos entre noviembre de 2025 y julio de 2026 en el departamento del Cauca. Entre los casos que les atribuye el ente acusador se encuentra el asalto al alcalde de Santa Rosa y a las personas que lo acompañaban en un corredor vial hacia Popayán.De acuerdo con la investigación, ‘Los Chinos’ tendrían como patrón delictivo el hurto de vehículos para posteriormente ocultarlos en garajes, retirarles los equipos de rastreo y contactar a sus propietarios para exigirles dinero a cambio de devolverlos. La Fiscalía señaló que los procesados estarían vinculados a ocho hurtos consumados y siete tentativas.Según la hipótesis investigativa, en los hurtos habrían utilizado armas de fuego para intimidar a las víctimas y apoderarse de vehículos, objetos de valor y dinero que algunas personas acababan de retirar de entidades bancarias.Uno de los hechos que hace parte de la investigación ocurrió el 17 de abril en el sector de Pisoje Bajo, sobre un corredor vial hacia Popayán. Según la Fiscalía, varios integrantes de ‘Los Chinos’, vestidos con prendas de camuflado y armados, habrían interceptado la camioneta en la que se movilizaban el alcalde de Santa Rosa y otras personas.Los ocupantes del vehículo habrían sido obligados a descender bajo amenazas. Los presuntos integrantes del grupo delincuencial se habrían apoderado de la camioneta, celulares, computadores y armas de dotación pertenecientes al esquema de seguridad.La Fiscalía estableció además que, después del hurto, los ocupantes del vehículo habrían sido conducidos hasta una zona montañosa y aislada, donde permanecieron cerca de tres horas. Este hecho es uno de los 15 casos que fueron asociados dentro de la investigación contra los seis señalados integrantes de la estructura.Otro de los episodios investigados ocurrió el 9 de noviembre de 2025, cuando una motocicleta fue hurtada mientras permanecía estacionada cerca de un hotel en Popayán. De acuerdo con la investigación, al día siguiente el propietario recibió llamadas telefónicas en las que le exigían dinero para recuperar el vehículo.
Savia Salud asegura que ha pagado $140.000 millones al Hospital Alma Máter, en medio de la crisis financiera por las deudas de todas las EPS que ascienden a los $455.000 millones. Siguen las dificultades en la entidad.En medio de la crisis financiera que atraviesa el Hospital Alma Máter de Antioquia, Savia Salud aseguró que durante 2026 ha realizado pagos cercanos a los $140.000 millones a esta institución, con un cumplimiento del 96 % frente a los valores facturados y radicados por el centro asistencial.La EPS señaló que estos recursos hacen parte de los esfuerzos de su nueva administración, encabezada por Mauricio Martínez, para priorizar el flujo corriente de pagos y mantener la continuidad de los servicios, pese a las obligaciones acumuladas que, según indicó, recibió de anteriores administraciones e intervenciones, incluso tras la prolongada intervención de la Superintendencia de Salud en el Gobierno de Gustavo Petro.“Hemos pagado cerca del 96%. De los $143.000 millones que nos han facturado, hemos pagado $140.000 millones. Savia sigue comprometido. Esas son las directrices de nuestro alcalde distrital, del gobernador de Antioquia y de las directivas de Comfama. Todos estos esfuerzos, a pesar de la situación tan difícil que tenemos en Savia Salud”, dijo.Sin embargo, el panorama que describe el Hospital Alma Máter es distinto. La institución advierte que acumula deudas por $455.000 millones, respaldadas por una cartera de $332.000 millones, de la cual más del 50 % sería de difícil recaudo. Además, asegura que las EPS, principalmente Savia Salud y Nueva EPS, realizan pagos parciales que no permiten cubrir sus necesidades.Según el hospital, de los $28.000 millones que esperaba recibir durante este mes, solo han ingresado $5.000 millones. La situación ha provocado retrasos en el pago de salarios y prestaciones sociales, así como la renuncia de más de 552 profesionales.A esto se suma el cierre de 110 camas de hospitalización, 11 de cuidados intensivos y cinco quirófanos, además de restricciones en diferentes servicios especializados.El centro asistencial también alertó que esta semana enfrenta dificultades para garantizar insumos, medicamentos y alimentación para los pacientes. Por eso, pidió a Savia Salud, Nueva EPS y demás entidades responsables priorizar los pagos y avanzar en mecanismos de compra de cartera con la ADRES para evitar una mayor afectación de la atención.
El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, se refirió a los cambios que tendría el proyecto de reforma tributaria del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, luego de las modificaciones anunciadas frente a algunos de los impuestos que se contemplaban inicialmente. Según explicó, la decisión de retirar el incremento del IVA a nuevos productos también tendría consecuencias sobre el mecanismo de devolución de ese impuesto.En entrevista con Mañanas BLU, Forero señaló que, tras las preocupaciones expresadas por diferentes partidos políticos, entre ellos el Centro Democrático, el Gobierno habría desistido de cobrar el IVA a nuevos productos de la canasta básica. Por esa razón, consideró que ya no sería necesario implementar la compensación que se había contemplado para los consumidores."Lo que entendemos es que, después de que varios partidos, empezando por el Centro Democrático, planteáramos nuestras preocupaciones por el cobro del IVA a productos de la canasta básica, el Gobierno decidió no insistir en esa medida. Tengo entendido que ya no les van a cobrar ese IVA a las personas por ese tipo de productos. Por lo tanto, en principio, ya no tendría sentido implementar esa devolución", explicó el congresista.¿Qué pasará con la devolución del IVA en la reforma tributaria?El senador aclaró que su planteamiento se refiere exclusivamente a la devolución adicional que se había previsto para los nuevos productos que pasarían a tener una tarifa del 19 % a partir de 2028. En ese sentido, diferenció esa compensación del mecanismo de devolución parcial del IVA que ya existe en Colombia."Lo que yo estaba diciendo, particularmente, es que ese monto adicional que se estaba planteando para compensar o devolverles el IVA a las personas por esos nuevos productos que iban a quedar gravados desde 2028 ya no tendría sentido", afirmó Forero.El congresista recordó que la devolución parcial del IVA viene desde el Gobierno del expresidente Iván Duque y consideró que ese mecanismo podría mantenerse. Sin embargo, insistió en que la compensación adicional contemplada por el nuevo cobro no tendría razón de ser si finalmente esos productos no quedan gravados con el incremento."Lo que venía devolviéndose antes seguramente el Gobierno lo seguirá manteniendo, pero no lo que estaba previsto para los nuevos productos, porque ya no se les va a cobrar ese IVA", precisó.Andrés Forero cuestionó otros impuestos de la reforma tributariaDurante la entrevista, el senador del Centro Democrático también manifestó su preocupación por otras medidas incluidas en la discusión de la reforma tributaria, entre ellas el incremento del impuesto al carbono. Según advirtió, un aumento de esa naturaleza podría trasladarse a los precios de los combustibles y los tiquetes aéreos, además de afectar a sectores industriales como el ladrillero.Forero señaló que los congresistas Juan Espinal y Sandra Bernal habían advertido sobre la posibilidad de que el impuesto al carbono llegara a triplicarse frente a lo contemplado inicialmente. A juicio del legislador, se trata de una medida que podría generar efectos negativos sobre diferentes actividades económicas.Asimismo, cuestionó que el Gobierno no mantuviera la reducción del impuesto de renta para las empresas, que estaba planteada para pasar del 35 % al 31 %. También expresó preocupación por posibles cambios en los parafiscales, al considerar que podrían afectar la formalización laboral y el crecimiento económico.Forero propuso aumentar los recortes al gasto del GobiernoFrente a las alternativas para alcanzar el ajuste fiscal, el senador sostuvo que el Gobierno tiene margen para profundizar los recortes al gasto burocrático y eliminar gastos innecesarios, antes de trasladar nuevas cargas tributarias a los colombianos.De acuerdo con sus cálculos y los análisis realizados junto con expertos, el recorte inicialmente planteado, de 12,2 billones de pesos, podría ampliarse hasta 20,4 billones para 2027. Esto representaría 8,2 billones de pesos adicionales en ahorros para las finanzas públicas.El congresista también planteó explorar mecanismos de generación de activos como alternativa de financiación, con el propósito de avanzar en el ajuste fiscal sin afectar de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos.Por otra parte, se refirió a la propuesta del presidente Abelardo De La Espriella de reducir un punto porcentual del IVA y advirtió que esa decisión tendría un costo fiscal cercano a los 7,5 billones de pesos. Por ello, pidió al Gobierno explicar de dónde saldrían los recursos para compensar ese menor recaudo.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció la captura de 26 integrantes del Clan del Golfo en Sucre, Bolívar y Atlantico. El mandatario explicó que estas capturas se dieron tras un operativo de la Armada.“Uno de esos es alias ‘Kikilo’ o ‘Kitico’, señalado coordinador logístico de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, encargado de articular el abastecimiento, movilizar material de guerra y apoyar el componente armado en los Montes de María”, señaló el presidente.Un total de 15 personas pertenecían directamente a una subestructura del Clan del Golfo, mientras que otras 11 hacían parte de las redes de narcotráfico y transporte de armas y municiones.“Les estamos desmantelando las estructuras desde adentro! No vamos a permitir que estas organizaciones sigan en los territorios extorsionando a colombianos inocentes y financiando el terror. ¡Los vamos a perseguir hasta acabar con el último de ustedes!”, agregó el mandatario.
En medio de la polémica generada por la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el presidente de la República sobre presuntas irregularidades en contratos que superan los 119.000 millones de pesos en Barrancabermeja, el alcalde de este municipio, Jonathan Vásquez, salió en su defensa durante una entrevista radial. El mandatario local rechazó los señalamientos del jefe de Estado relativos a la adjudicación de procesos a través del fondo mixto Foncolombia y al contratista Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido en la región como "el bachiller".Defensa ante la denuncia y acusaciones de persecución políticaEl diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Jonathan Vásquez calificó la acción judicial del jefe de Estado como una represalia motivada por discrepancias políticas. “Lo primero es que es increíble que denuncien a un alcalde por hacer las obras, ¿no?”, aseveró el mandatario local al responder sobre los cuestionamientos a la contratación de su administración. Según Vásquez, la motivación central de la denuncia radica en que su esposa ha realizado una marcada oposición desde el Congreso de la República y en que él no ha accedido a “rendirle pleitesía como le han rendido otros alcaldes”.Asimismo, el mandatario cuestionó la postura del Gobierno Nacional frente a anteriores administraciones de la ciudad. Vásquez recriminó que el presidente no haya denunciado al exalcalde Alfonso Eljach, a quien atribuye haber dejado obras inconclusas de gran envergadura como el malecón de Barrancabermeja. En su concepto, existe una justicia selectiva donde “lamentablemente aquí lo que veo es que el presidente está utilizando la justicia para perseguir a las personas que no estamos de acuerdo o que nos atrevemos a cuestionar algunas de sus decisiones”.Manejo de recursos de regalías y el rol de FoncolombiaRespecto a la controversia por el traslado y ejecución de recursos provenientes de las regalías mediante la entidad Foncolombia, el alcalde sostuvo que dicha actuación se encuentra amparada bajo la Ley 2056 de 2020. Vázquez explicó que se recurrió a esta figura externa para evitar recargar administrativamente a la alcaldía, la cual arrastraba sanciones e indicadores de gestión por debajo de los 60 puntos heredados del gobierno previo. “Yo todo lo contrario, por ser transparente, delego y entrego esa contratación porque a mí lo que me interesa es que las obras se hagan y se están haciendo en Barrancabermeja”, argumentó el funcionario.Frente a las sospechas de favoritismo hacia el contratista Jorge Humberto Argüello Beltrán en licitaciones con un único oferente, el alcalde negó tener injerencia o control sobre las decisiones internas del fondo. Vázquez enfatizó que Fon Colombia es una entidad autónoma y que los pagos contratados están condicionados estrictamente al avance físico de los trabajos. En ese sentido, desestimó los señalamientos sobre desvío de fondos para campañas electorales al afirmar que “estos contratos no tuvieron anticipo... eso que dice el presidente que se adjudicaron contratos para sacar la plata para campañas políticas es literalmente imposible” y calificó tales versiones como “totalmente salido de los cabellos”.Investigaciones de la Personería y cuestionamientos sobre contratistasLa gestión contractual también afronta indagaciones a nivel local, incluyendo actuaciones de la Personería de Barrancabermeja sobre cuatro proyectos de inversión que suman más de 107.000 millones de pesos, así como el papel desempeñado por la secretaria privada Ingrid Juliet Armesto Salgado al firmar contratos como alcaldesa encargada durante una suspensión del titular. Al respecto, Vásquez manifestó que se trata de una persecución promovida por sectores políticos locales y reiteró su disposición a que los organismos de control revisen los procesos.Sobre su relación con Argüello Beltrán, el mandatario admitió saber quién es por ser un empresario de amplia trayectoria en la región con contratos en diversas entidades y en Ecopetrol, pero negó haber sostenido reuniones privadas con él. Ante preguntas sobre imágenes que los ubican en un mismo evento público, el alcalde puntualizó que coincidir en espacios masivos como el concierto de Carlos Vives no demuestra ninguna irregularidad.Escuche aquí la entrevista: