Un juez de Medellín declaró en desacato al agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, así como al gerente regional de Salud de Antioquia, Ricardo Adolfo Echeverría Charicha, y al gerente Regional Noroccidente, Carlos Andrés Vasco Álvarez, al establecer que incumplieron una sentencia de tutela que ordenaba garantizar la entrega de medicamentos a un paciente con glaucoma.La decisión fue adoptada por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que concluyó que los directivos no acataron la orden del pasado 3 de julio para suministrar a un hombre, identificado como Eduardo Torres Pérez, los medicamentos prescritos para tratar su enfermedad ocular y garantizar la continuidad de su tratamiento.Según el expediente, el paciente promovió un incidente de desacato al denunciar que, pese al fallo de tutela, la Nueva EPS no había entregado los medicamentos ordenados. El despacho judicial abrió formalmente el incidente el 15 de julio y notificó a los tres funcionarios para que explicaran el presunto incumplimiento. Sin embargo, el juzgado señaló que ninguno presentó respuesta dentro del trámite.Al analizar el caso, el juez determinó que el incumplimiento fue total, ya que los medicamentos ordenados, Dorzolamina, Timolol, Brimonidina y Latanoprost para un tratamiento de doce meses, nunca fueron suministrados al paciente, pese a que la tutela había fijado un plazo de tres días hábiles para cumplir la orden.En el fallo, el juez sostiene que los tres directivos incurrieron en conductas “evasivas y negligentes”, al no demostrar ninguna circunstancia que justificara el incumplimiento de la orden judicial. Además, concluyó que omitieron el deber de garantizar el derecho fundamental a la salud.Como consecuencia, el juez impuso a Jorge Iván Ospina Gómez, Ricardo Adolfo Echeverría Charicha y Carlos Andrés Vasco Álvarez una multa individual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, la cual deberá ser pagada y consignada a favor del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la decisión.
El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, confirmó en segunda instancia las sanciones impuestas contra el agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, y el gerente regional Centro Occidente (encargado), Luis Carlos Velandia Cortés, por incumplir una acción de tutela que ordenaba garantizar la atención integral en salud de un menor de edad diagnosticado con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita.La decisión ratifica el fallo emitido el pasado 23 de junio por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguadas, que declaró a ambos funcionarios responsables de desacato y les impuso una sanción consistente en tres días de arresto y una multa equivalente a 434 Unidades de Valor Básico (UVB), tras establecer que no acataron la orden judicial pese a los múltiples requerimientos realizados. El caso se remonta a febrero de 2023, cuando un juez concedió una tutela en favor del menor y ordenó a la EPS garantizar un tratamiento integral, incluyendo consultas con especialistas, procedimientos, terapias, medicamentos y exámenes médicos, tanto dentro como fuera del Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con las necesidades derivadas de su condición clínica.Sin embargo, en abril de este año, la madre del niño presentó un incidente de desacato al denunciar que la entidad seguía sin autorizar ni materializar varios de los servicios médicos prescritos, entre ellos controles por infectología, neurocirugía, neurología pediátrica, psicología, fonoaudiología y una tomografía de cráneo.Durante el trámite, el despacho judicial requirió en varias oportunidades tanto al agente interventor como al gerente regional para que acreditaran el cumplimiento de la tutela o explicaran las razones del incumplimiento. No obstante, según el expediente, los funcionarios guardaron silencio y no demostraron haber adelantado gestiones para garantizar la atención del menor.Al revisar el caso en grado de consulta, el Juzgado Civil del Circuito concluyó que existió un incumplimiento injustificado de la orden judicial y que los responsables actuaron con negligencia al no asegurar los servicios de salud requeridos, afectando los derechos fundamentales del niño a la salud, la vida y la dignidad.En su decisión, la juez María Magdalena Gómez Zuluaga advirtió que la sanción no exime a los funcionarios de cumplir inmediatamente el fallo de tutela y señaló que, de persistir el desacato, podrán imponerse nuevas medidas sancionatorias hasta que se garantice la atención ordenada por la justicia.
El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado al próximo Gobierno para que priorice la capitalización de la entidad y descarte cualquier posibilidad de liquidarla, al considerar que una EPS con más de 11,4 millones de afiliados debe fortalecerse financieramente y no desaparecer.Ospina sostuvo que la capitalización debe realizarse con recursos del Gobierno Nacional y con aportes de las cajas de compensación, lo que, según explicó, permitiría fortalecer el portafolio de inversiones de la EPS, mejorar los procesos de pago a los prestadores de servicios de salud y avanzar en la estabilidad financiera de la entidad.El interventor afirmó que Nueva EPS “no debe formar parte de la línea de la liquidación” y aseguró que, si no fue liquidada durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, tampoco debería serlo por la próxima administración. En ese sentido, pidió que el nuevo Gobierno garantice recursos para asegurar la continuidad de la atención de millones de usuarios.Durante su pronunciamiento también respondió a los cuestionamientos sobre el incremento de la deuda de la EPS. Aseguró que no es “lógico ni apropiado” atribuir ese crecimiento a la intervención y calificó esas afirmaciones como “negligentes” y “mentirosas”.Finalmente, señaló que uno de los retos de la entidad será revisar los contratos con los prestadores de servicios por los altos costos que algunos representan, verificar el cumplimiento de los contratos por capitación y contar con mayor liquidez para mejorar el pago a proveedores y la entrega de medicamentos a los afiliados, un proceso que, según dijo, ha venido mostrando avances.
Un juzgado de Bogotá impuso una seria sanción contra el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, por el desacato a una orden de tutela. El caso se originó por un recurso presentada por una mujer a quien se le ordenó desde diciembre de 2025 el suministro de un stent redireccionador de flujo, dispositivo médico necesario para su tratamiento.Aunque inicialmente se impartió una medida provisional para garantizar el insumo, la paciente denunció que la EPS no cumplió, por lo que tuvo que asumir directamente el costo del dispositivo que le costó casi 63 millones de pesos. Sobre esto, el juzgado ordenó reintegrar ese dinero que ella sacó de su bolsillo para costear el dispositivo.“En ese sentido, los constantes cambios en la dirección o intervención de la entidad no pueden trasladar al accionante la carga de soportar dilaciones o incumplimientos, ni generar traumatismos en la efectividad de los derechos fundamentales amparados”, se lee en el fallo.Por esa razón, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá declaró en desacato a la Nueva EPS y sancionó a su agente interventor, Jorge Iván Ospina, con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, por el incumplimiento reiterado del fallo de tutela que ordenaba garantizar el tratamiento de la paciente y el reintegro de los recursos asumidos por esta.
A 20 días de haber asumido como agente intervenir de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina ya enfrenta su primera investigación disciplinaria: la Procuraduría abrió el proceso contra él y contra Luz María Múnera, quien se desempeñaba como superintendente de Salud Ad Hoc por presuntamente extralimitarse en sus funciones.Según el Ministerio Público, el 10 de abril Múnera expidió una resolución con la que ordenaba iniciar una nueva intervención a la Nueva EPS y nombrar a Jorge Iván Ospina como interventor pero, al parecer, no tenía las competencias para hacerlo.En el caso de Jorge Iván Ospina, la Procuraduría examina si cumplía con los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo al momento de su designación.El caso surge de la denuncia presentada el 14 de abril por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, alertando que la decisión de intervenir la EPS más grande del país no habría seguido los requisitos legales establecidos, lo que pone en duda la validez de la medida adoptada por el Gobierno.En concreto, señaló la delegada que fueron cuatro los incumplimientos principales: primero, la intervención se habría ordenado sin cumplir el procedimiento legal ni contar con estudios técnicos previos; segundo, no existiría el soporte técnico completo que justificara la decisión; tercero, se habría tergiversado la recomendación de un comité técnico, que en realidad habría sugerido no intervenir; y cuarto, el nombramiento del interventor no cumpliría con los requisitos exigidos por la ley.Con la apertura de esta investigación, el Ministerio Público inicia una etapa probatoria orientada a verificar los hechos, recopilar documentos y establecer si hubo o no responsabilidad disciplinaria.
La reciente suspensión en la recepción de nuevos pacientes remitidos por la Nueva EPS en el Instituto Nacional de Cancerología encendió las alarmas en el sistema de salud colombiano. El gerente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, aseguró que la situación deberá resolverse antes del próximo 4 o 5 de mayo, en medio de una crisis marcada por deudas millonarias, ausencia de contrato y tensiones institucionales.En entrevista con el periodista Néstor Morales, Ospina reconoció la gravedad del escenario, pero fue enfático en que la solución está en marcha. “Resolverlo y tener una mirada asertiva en relación a lo que plantea el Instituto Cancerológico”, afirmó, al referirse a la urgencia de restablecer la atención para los pacientes.Deuda millonaria y falta de contrato: el origen de la crisisUno de los principales factores que desencadenaron la suspensión es la inexistencia de un contrato vigente entre la Nueva EPS y el Instituto Nacional de Cancerología desde hace al menos cuatro meses. A esto se suma una deuda que supera los 130 mil millones de pesos, correspondiente a servicios de alta complejidad ya prestados.“El Instituto nos señala que no tienen contrato con la Nueva EPS y por tanto es una irresponsabilidad prestar servicios con una entidad con la que no tiene contrato”, explicó Ospina. Asimismo, reconoció que existen “cuentas por pagar realmente importantes que reconocemos en mayoreé”, lo que obliga a una conciliación inmediata.El interventor detalló que parte de estas obligaciones serán cubiertas en el corto plazo: “Aquellas cuentas por pagar que ya tenemos listas, como habíamos planificado, las pagaremos la próxima semana” .Pacientes oncológicos: prioridad en medio de la incertidumbreLa preocupación central gira en torno a los pacientes con cáncer, quienes dependen de tratamientos continuos y oportunos. Ospina criticó la forma en que se hizo pública la suspensión, señalando el impacto emocional que genera en los usuarios.En ese sentido, envió un mensaje de tranquilidad a quienes ya están en tratamiento: no habrá interrupciones en su atención. “Los pacientes que están en tratamiento no serán interrumpidos… tampoco se interrumpirán las urgencias oncológicas”, aseguró .Sin embargo, la incertidumbre persiste para los nuevos pacientes que requieren diagnóstico o inicio de tratamiento, un punto crítico que el funcionario espera resolver en reuniones inmediatas con las directivas del instituto.Plan de choque y capitalización estatalAnte la magnitud de la deuda, la Nueva EPS adelanta un plan de pago que incluye recursos disponibles en el corto plazo y una eventual capitalización por parte del Estado. Aunque Ospina no precisó la cifra exacta del primer desembolso, confirmó que existe un acuerdo previo que será honrado.Más allá del caso puntual, el gerente interventor dejó entrever fallas estructurales en la gestión del sistema. Según explicó, la falta de previsión y la dilación en la firma de contratos reflejan problemas administrativos de fondo.“A veces quienes asumen la responsabilidad… no evalúan con responsabilidad lo que significa la dignidad de las personas y tener una red oportuna”, afirmó.Asimismo, reconoció que parte de la deuda es histórica, con cuentas que superan los 300 días de antigüedad, lo que dificulta su resolución inmediata y obliga a procesos adicionales dentro del marco de la intervención.
El exalcalde de Cali y médico Jorge Iván Ospina asumió recientemente como gerente interventor de la Nueva EPS, entidad que atiende a más de 11 millones de colombianos y que actualmente atraviesa una profunda crisis financiera y de prestación de servicios. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el funcionario aseguró que su gestión estará enfocada en “dignificar” la atención en salud, mediante un plan de choque que permita resolver los principales problemas de acceso a medicamentos, citas médicas y pagos a la red hospitalaria.Durante el diálogo, Ospina también cuestionó el actual modelo de financiación del sistema de salud colombiano y señaló que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el valor que el Estado gira por cada afiliado para cubrir su atención— no es suficiente en las condiciones actuales del país.“No creo que alcance; creo que tiene que ser diferenciada”, afirmó el interventor al referirse al valor de la UPC, al explicar que factores como el envejecimiento poblacional y la carga de enfermedades crónicas incrementan los costos del sistema.¿Qué hará Jorge Iván Ospina en la Nueva EPS?Ospina explicó que una de sus primeras acciones al frente de la entidad será implementar un plan de choque orientado a mejorar la oportunidad en la atención y el acceso a servicios médicos. Según detalló, la estrategia contempla acelerar la entrega de medicamentos, reducir la negación de servicios y mejorar los pagos a clínicas y hospitales para garantizar la continuidad de la atención.“El verbo rector de esta intervención es dignificar. Vamos a adelantar un plan de choque orientado a apurar la entrega de medicamentos, mejorar la interconsulta con especialistas y reducir a cero la negación de servicios”, explicó.El interventor señaló que la crisis del sistema no obedece únicamente a problemas administrativos, sino también a factores estructurales como la falta de oferta suficiente de servicios y la desarticulación entre prevención y atención médica.“Existe una desintegración de todo el sistema. Cuando existe una desintegración, la oportunidad del servicio de salud se limita”, indicó.Crisis financiera y saneamiento contableOtro de los retos inmediatos para la nueva administración será aclarar la situación financiera de la entidad, pues actualmente no existen estados contables certificados desde 2023. Ante esta situación, Ospina aseguró que uno de los ejes de su gestión será adelantar un saneamiento contable que permita posteriormente capitalizar la empresa.“Sanear contablemente para capitalizar”, resumió el funcionario al describir el objetivo financiero de la intervención.La propuesta contempla fortalecer la participación del Estado y avanzar hacia una EPS con mayor presencia pública, lo que, según explicó, podría generar economías de escala en la compra de medicamentos e insumos. “Tener una EPS muy grande del sector público no es una mala idea porque puede abaratar costos y reordenar la red de servicios”, sostuvo.No obstante, el interventor evitó precisar el monto de recursos que requeriría el proceso de capitalización, al señalar que primero se debe conocer con claridad la situación financiera real de la entidad.Deudas con hospitales y crisis regionalLa situación financiera de la Nueva EPS ha generado tensiones con hospitales y clínicas del país, algunos de los cuales han suspendido servicios para afiliados de la entidad debido a las deudas acumuladas. En ciudades como Medellín, la crisis se ha intensificado con el cierre de atención en algunos centros médicos. Frente a esto, Ospina anunció que sostendrá reuniones con prestadores de servicios para renegociar deudas y evitar un mayor deterioro en la atención.“La cosa es un incendio, pero los incendios se resuelven con la tranquilidad suficiente y la conversación apropiada con los diversos actores”, señaló. El funcionario también hizo un llamado a clínicas y hospitales para que no suspendan la atención a los pacientes mientras se avanza en la renegociación de pagos.Debate sobre el modelo de saludMás allá de la situación puntual de la Nueva EPS, Ospina planteó que el sistema de salud colombiano enfrenta problemas estructurales. Recordó que en las últimas dos décadas se han liquidado cerca de 100 EPS, lo que, a su juicio, evidencia fallas en el diseño institucional del modelo. Además, criticó los incentivos actuales del sistema, que —según afirmó— favorecen la atención de enfermedades en lugar de priorizar la prevención.“El modelo de salud colombiano tiene un montón de incentivos perversos. El más perverso es que a las instituciones les sirve que la gente esté enferma porque así facturan más”, aseguró. En este contexto, insistió en la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la prevención y permitan reducir los costos del sistema mediante compras internacionales de medicamentos y tecnologías médicas.UPC diferenciada, una propuesta para el futuroFinalmente, el interventor reiteró que el financiamiento actual del sistema debe revisarse, especialmente en lo relacionado con la UPC. Según explicó, las características demográficas y epidemiológicas de la población hacen necesario ajustar el valor de la unidad de pago. El envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la falta de estrategias preventivas están elevando los costos de la atención médica.Por ello, concluyó que una UPC diferenciada, que tenga en cuenta las particularidades de cada población y territorio, podría ser clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.
El exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina aseguró que existió una “conspiración” internacional que impidió su llegada como embajador de Colombia en Palestina, pese a que ya había sido designado oficialmente. De hecho, el Gobierno ya había emitido un decreto con su nuevo cargo.En entrevista con Recap Blu, el ahora agente interventor de la Nueva EPS afirmó que tanto el Gobierno de Israel como sectores de la derecha internacional habrían actuado para bloquear su nombramiento, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países."Israel colocó todas las barreras posibles para que yo me pudiese desplazar a Cisjordania, e Israel conspiró con sus organismos", afirmó.El exalcalde sostuvo que su nombramiento representaba un gesto político clave del Gobierno colombiano en favor del reconocimiento del Estado palestino, postura que ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, consideró que su llegada a Palestina habría sido “el reconocimiento más visible” de esa política exterior, lo que habría generado resistencias en escenarios internacionales."Sigo siendo un convencido que el Estado palestino debe tener una oportunidad, que Colombia es valiente, progresista y visionaria al señalar la importancia de tener una embajada y por tanto reconocer el Estado palestino", agregó.Crisis Nueva EPSOspina asumió recientemente uno de los mayores retos del sistema de salud colombiano: liderar la intervención de la Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados. Desde ese rol, planteó en Recap Blu como eje central de su gestión la “dignificación” del servicio, reconociendo fallas estructurales en la entrega de medicamentos, acceso a especialistas y autorizaciones médicas.Para enfrentar la crisis, el exalcalde propuso medidas como la renegociación de deudas, la búsqueda de recursos frescos del Estado, la compra de insumos a gran escala y el fortalecimiento de la atención primaria en salud. También defendió la necesidad de reformar el sistema, señalando que en las últimas dos décadas se han liquidado cerca de 100 EPS, lo que evidenciaría problemas estructurales en el modelo actual.Finalmente, frente a cuestionamientos por investigaciones en su contra relacionadas con su gestión en la Alcaldía de Cali, Ospina defendió su derecho a la presunción de inocencia y criticó lo que calificó como una tendencia a convertir las indagaciones en “sanciones mediáticas”, reiterando que continuará al frente de la intervención con el objetivo de recuperar la confianza en la Nueva EPS.
Luego de una semana desde que venciera la intervención a la Nueva EPS, entidad que ya completaba dos años bajo la administración del Gobierno nacional, comienzan a conocerse definiciones sobre su futuro inmediato. Fuentes consultadas por Blu Radio confirmaron el nombramiento del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como nuevo agente interventor.La posibilidad surge en medio de un prolongado silencio del Gobierno frente al rumbo de la entidad. Sin embargo, en las últimas horas se habría reactivado la opción de prorrogar la intervención, una medida que podría extenderse por un año más debido a la compleja situación financiera y administrativa que enfrenta la EPS.Pese a las versiones que apuntan a su llegada como interventor, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la Presidencia sobre este nombramiento. Las decisiones se han tomado en medio de reuniones del mandatario con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que inicialmente se habría contemplado la posibilidad de levantar la intervención.No obstante, ese escenario pierde fuerza ante las condiciones actuales de la Nueva EPS, que permanece en el centro del debate público por los cuestionamientos a sus estados financieros y los procesos de revisión adelantados por la Contraloría y la Policía Judicial.Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto mediante el cual se designaba a Ospina como embajador de Colombia en Palestina, lo que ahora abre interrogantes sobre su eventual cambio de rol dentro del Gobierno.
El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, volvió a generar polémica tras su reaparición en redes sociales, esta vez por una denuncia del concejal bogotano Daniel Briceño, quien lo cuestionó por recibir $145 millones en viáticos y menaje de traslado sin haber asumido el cargo de embajador de Colombia en Palestina.“¿Por qué recibió usted $145.003.576 en viáticos y menaje de ida, cuando en realidad se encuentra haciendo política en Cali y no ha viajado a ejercer su cargo de embajador en Palestina?”, escribió Briceño en la red social X. El concejal acompañó su denuncia con documentos que, según dijo, corresponden a la asignación de los recursos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.Ante la controversia, Ospina respondió que el dinero no ha sido utilizado y que permanece en una cuenta a la espera de su traslado a Medio Oriente: “Son recursos determinados por ley para que quien va de misión a una embajada se traslade con su familia y sus enseres. Son fondos de destinación específica, ubicados en una cuenta y que solo pueden ser usados para dicha tarea. Devolveremos los recursos a la Cancillería porque no me pude trasladar”, explicó el exmandatario, asegurando que no ha podido viajar debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia, lo que le ha impedido ingresar a Cisjordania, territorio palestino ocupado.“Yo no me he ido porque Israel y Colombia rompieron relaciones. Israel no me ha posibilitado ingresar a Cisjordania, y por tanto, no hemos podido montar la embajada”, afirmó. El exalcalde también confirmó que, desde su designación en mayo, no ha recibido salario por el ejercicio de dicho cargo. Añadió que, ante la actual crisis diplomática, su nombramiento como embajador podría caducar en los próximos meses.
Sigue la revisión de procesos por parte del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ordenó cambios en el funcionamiento del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que analiza los casos de personas que requieren medidas de protección.A través de una circular con firma del 7 de agosto, Lara informó que asumirá personalmente la presidencia del comité y que no delegará esta función. Por esta razón, las sesiones que sean convocadas deberán contar con su presencia y dirección.La orden también afecta las reuniones que ya habían sido convocadas y las que están pendientes. Todas deberán ser programadas de manera que el ministro pueda participar y dirigirlas. La Secretaría Técnica o quien convoque al CERREM deberá abstenerse de realizar una sesión si Lara no está presente.Además, Rodrigo Lara dio instrucciones a la Dirección General y a la Subdirección de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Antes de cada reunión, deberán enviar a su despacho las convocatorias, agendas, documentos técnicos e informes de evaluación de riesgo que serán revisados por el comité.La circular está dirigida precisamente a los directivos de la UNP y a la Secretaría Técnica del CERREM y señala que estas medidas buscan garantizar la función de la presidencia del comité, la transparencia en las recomendaciones de protección y el cumplimiento de las reglas de la función pública.
La crisis del sistema de salud será uno de los principales retos que recibirá el gobierno de Abelardo De La Espriella. Jorge Toro, director de la UNIPS, advirtió que alrededor de 600.000 pacientes en Colombia no estarían recibiendo los tratamientos que necesitan y pidió tomar decisiones inmediatas para evitar que la situación continúe.Para Toro, el problema más urgente está en la falta de recursos que ha llevado a la red prestadora a cerrar servicios y limitar la atención. Por eso, consideró que el primer paso del nuevo Gobierno debe ser garantizar una red abierta para que los pacientes puedan acceder oportunamente a los servicios médicos.¿Qué necesita el sistema de salud para salir de la crisis?El director de la UNIPS planteó que el plan de choque anunciado por la ministra de Salud, Ana María Vesga, debe concentrarse inicialmente en una inyección de recursos mediante un ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “La medida de choque de muy corto tiempo no puede ser otra que garantizar los recursos que le faltan al sistema”, afirmó.Toro también señaló que las cuentas del sector deben ser aclaradas, pues existen diferentes cifras sobre las deudas acumuladas. Mencionó un reporte de la Contraloría que ubicaba la cartera en $32 billones y otro estudio posterior que la elevaba a $45 billones.Sin embargo, pidió que el proceso de revisión no frene los pagos actuales. “Mientras aclaramos las cuentas, hay giro, debe haber giro”, sostuvo.¿Qué pasará con las EPS intervenidas?Uno de los puntos más críticos está relacionado con las EPS intervenidas por el Estado. Toro cuestionó el manejo que han tenido estas entidades y aseguró que los usuarios han terminado afectados en el acceso a medicamentos y servicios.“Eso resultó el remedio más malo que la enfermedad”, afirmó al referirse a las intervenciones.A su juicio, el Gobierno debe revisar la gestión de las entidades intervenidas y poner al frente de ellas equipos con capacidad técnica, conocimiento del sector y capacidad operativa.Finalmente, Toro consideró que el sistema necesita una reingeniería del modelo de aseguramiento, aunque señaló que primero debe estabilizarse financieramente para garantizar la atención de los pacientes.Bloque de preguntas y respuestas¿Cuántos pacientes no reciben actualmente su tratamiento?Jorge Toro aseguró que cerca de 600.000 pacientes en Colombia no estarían recibiendo los tratamientos que necesitan.¿Qué necesita el sistema de salud para estabilizarse?El director de la UNIPS plantea una inyección de recursos, un ajuste de la UPC, saneamiento de las cuentas y continuidad de los pagos a los prestadores.¿Qué propone para las EPS intervenidas?Toro considera necesario mejorar su gestión con equipos técnicos y operativos que permitan recuperar el acceso de los usuarios a medicamentos y servicios.
El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde tiene una amplia tradición entre los apostadores.El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 9 de agosto de 2026 es el 1817 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.Número ganador: 1817Dos últimas cifras: 17Tres últimas cifras: 817La quinta: 2A qué hora juega Paisita DíaEl sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el resultado se conoce después de las 2:00 p. m.Cómo se juega el chanceEl Paisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar la última cifra.¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?Para reclamar un premio, el ganador debe presentar una serie de documentos que pueden variar según el valor obtenido. Sin embargo, existen requisitos básicos para todos los casos.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.• Documento de identidad original.• Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio:• Si el premio es menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.• Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).• Si el premio es mayor a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia no superior a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realizará mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.
La madre de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, reaccionó al reciente traslado de su hija al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo la condena impuesta por los hechos ocurridos en 2019.Martha Cecilia Rojas se pronunció a través de sus redes sociales y compartió un mensaje en el que elevó una oración por la libertad de la empresaria, al tiempo que manifestó su preocupación por las condiciones en las que deberá continuar privada de la libertad.“Señor, dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas, no es posible tanta maldad. Toca corazones como el del presidente, que tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad”, escribió la madre de la influenciadora.En su publicación, Rojas también hizo referencia al tiempo que, según indicó, lleva su hija privada de la libertad. Aseguró que ya son 19 meses tras las rejas y defendió la trayectoria de Barrera Rojas como empresaria y madre.“Ya lleva 19 meses que la tienen privada de su libertad, ella es una mujer empresaria, madre, que no merece tanta maldad. Ella no ha matado, no ha puesto bombas, no es terrorista”, manifestó.La madre de Epa Colombia también cuestionó la severidad de la condena y recordó que los hechos por los que su hija fue procesada se remontan a las manifestaciones de 2019, cuando protagonizó actos de vandalismo contra infraestructura de TransMilenio.“Ella que hace 6 años rompió unos vidrios que los ha triplicado pagando con plata y cárcel”, expresó Rojas, quien de esta manera volvió a insistir en que la empresaria ya ha asumido las consecuencias por los daños ocasionados.Preocupación por su traslado a IbaguéEl pronunciamiento de Martha Cecilia Rojas se conoció después de que se confirmara que Barrera Rojas fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, hasta el centro penitenciario de Ibagué.La empresaria había permanecido anteriormente en el centro penitenciario femenino El Buen Pastor y posteriormente fue trasladada a la sede policial. Sin embargo, las autoridades penitenciarias determinaron su traslado al establecimiento ubicado en la capital del Tolima, en medio de reportes e investigaciones relacionados con presuntas irregularidades y posibles incumplimientos de los reglamentos durante su permanencia en la sede policial.La decisión generó preocupación entre sus familiares, especialmente por la distancia de Ibagué frente al entorno que tenía en Bogotá.“Ahora está en un sitio de cárcel que no se sabe quién sigue con esa maldad, solo sé que hay una justicia divina”, escribió la madre de la empresaria al finalizar su mensaje.Por su parte, Epa Colombia también se pronunció tras el cambio de centro de reclusión. En una publicación difundida en sus redes sociales aseguró que atravesaba un momento especialmente difícil y manifestó su confianza en Dios para afrontar la situación.La empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio de transporte público y daño en bien ajeno. Su defensa ha solicitado alternativas para el cumplimiento de la pena, incluida la detención domiciliaria, pero la condena fue ratificada y los beneficios solicitados no fueron concedidos.
El cáncer de próstata que padece el expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 83 años, es "muy doloroso" y "muy debilitante", reveló su hijo Hunter Biden en una entrevista con la cadena británica BBC."Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia", declaró visiblemente emocionado Hunter, quien añadió que "es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo".El año pasado, tras dejar la Casa Blanca, el político demócrata anunció que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea.A pesar de estar sometido a tratamiento, el exjefe de Estado ha mantenido cierta actividad pública y participó el pasado junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.En la entrevista, Hunter Biden explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso" y "muy debilitante"."Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más", añadió.Durante su mandato, entre 2021 y 2025, Biden fue objeto de constantes cuestionamientos por su avanzada edad y su capacidad para desempeñar el cargo.Finalmente, se vio obligado a renunciar a su campaña de reelección y ceder el testigo a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump, actual presidente.Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría.En la entrevista, el hijo de Joe Biden se mostró "agradecido" por el indulto, aunque reconoció que no fue "algo bueno" para el legado de su padre.