El coronel Juan Carlos Rodríguez Acosta, comandante de la Policía en Nariño, denunció un ataque de campesinos a la cuadrilla de erradicación manual de la Policía en el municipio de Tablón de Gómez, en el norte del departamento. Según el oficial, los hechos ocurrieron en la mañana de este martes cuando el escuadrón de erradicación de la Policía realizaba sus labores. “Llegaron alrededor de unas 50 a 60 personas portando armas contundentes, armas blancas, palos. No se encontraban conformes con el trabajo de erradicación que se estaba realizando. Esta situación generó una agresión por parte de los campesinos”, manifestó el coronel Rodríguez. Cabe recordar que esa es una de las zonas con más tradición cocalera en el departamento.
El director de Acipet, Juan Carlos Rodríguez, aseguró que la decisión del director de la ANLA, Fernando Iregui, afecta la confianza inversionista en el país y puede generar implicaciones jurídicas. (Lea también: ANLA revoca licencia para exploración petrolera en La Macarena) “Este tipo de decisiones generan una inestabilidad jurídica en el país en materia de contratación y en materia de licenciamientos; obviamente desde el punto de vista de la inversión extranjera directa es un impacto muy fuerte porque genera que haya una desconfianza en el país sobre la toma de las decisiones”, dijo Rodríguez. Según Acipet, los expertos en la materia habían tomado todos los riesgos y medidas existentes que podría generar este tipo de licencia y “efectivamente la ANLA había aprobado esta decisión, entonces preocupa revertir ese tipo de decisiones porque no sabemos realmente cuáles fueron los aspectos jurídicos y los aspectos técnicos que realmente se tomaron para revertir esa decisión”.
En el tercer día de la audiencia que se adelanta en Valledupar, tres generales del Ejército Nacional y otros 22 militares comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Durante la diligencia, el mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete reconoció que las presiones e incentivos que impuso cuando comandó el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Juan José Rondón contribuyeron a la comisión de 28 ejecuciones extrajudiciales."Reconozco que contribuí a generar condiciones que facilitaron la comisión de delitos, mediante exigencias y presiones dirigidas a mis subalternos para obtener resultados operacionales representados en muertes en combate. En una distorsión inaceptable del deber institucional, permití que la muerte fuera tratada como un indicador de éxito", afirmó Navarrete.Le puede interesar: JEP resolvió la situación jurídica de 39 exmilitares vinculados a falsos positivos en AntioquiaEl mayor general en retiro aceptó su responsabilidad en la configuración del aparato criminal dentro del Grupo Juan José Rondón, que permitió la comisión de estos crímenes. Entre las prácticas que reconoció estuvo la promoción de estímulos, felicitaciones y permisos asociados a los resultados operacionales, es decir, al número de presuntos integrantes de grupos armados reportados como muertos en combate.Los tres generales del Ejército y los otros 22 militares reconocen su responsabilidad después de haber sido imputados por la JEP, en marzo de 2025, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Entre las víctimas había 31 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas."Si supieran la vergüenza que siento al pararme aquí, ante los ojos del mundo, a reconocer que no solo fallé, sino que facilité la ocurrencia de tanta crueldad (...) Fui yo quien falló en contener esa maquinaria de muerte. Ese dolor que causé me acompañará por el resto de mi vida", concluyó Navarrete.
La Fiscalía General de la Nación citó a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, para rendir declaración en calidad de denunciante dentro de la investigación por las presuntas amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido tras las declaraciones públicas que entregó sobre el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno nacional.La diligencia judicial fue programada para este viernes a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.Las denuncias fueron radicadas por la exfuncionaria a través de su abogado, Manuel Villanueva, quien explicó que el propósito es que el ente investigador esclarezca el origen de las amenazas y determine la responsabilidad de las personas que, según sostiene la defensa, han intentado intimidarla después de las declaraciones concedidas a Blu Radio sobre presuntas irregularidades ocurridas al interior del Gobierno.En la denuncia, Rodríguez también afirmó que cuando ejercía como directora del Fondo Adaptación fue víctima de amenazas de muerte y extorsiones por parte de personas que, según indicó, podría identificar y que presuntamente pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes buscaban influir en decisiones relacionadas con el manejo de recursos de esa entidad.Asimismo, manifestó que mantuvo diferencias con el presidente Gustavo Petro cuando se negó a tramitar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía con los requisitos para el cargo. Según la denuncia, a partir de ese momento comenzaron las amenazas e intimidaciones dirigidas contra ella y su familia.Rodríguez también señaló que la noche del 13 de enero de 2026, un día antes de su salida del Dapre, el presidente Gustavo Petro habría realizado señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño y que, además, la habría intimidado al hacer referencia a su pasado como integrante del M-19.Otro de los apartados del documento hace referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad del presidente. La exdirectora aseguró que algunos uniformados le manifestaron que su fallecimiento no habría correspondido a un suicidio, sino a un homicidio, versiones que, según indicó, aumentaron su temor tras las revelaciones realizadas públicamente.El abogado Manuel Villanueva recordó que su representada también había presentado denuncias contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por presuntas irregularidades y presiones indebidas relacionadas con actuaciones en el Ejecutivo y la Aerocivil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de un niño indígena de un año en Colombia al considerar que sus derechos a la vida, la salud y la integridad personal están en riesgo por las dificultades para acceder al tratamiento que requiere para una enfermedad huérfana e incurable.La decisión fue adoptada mediante la Resolución 56 de 2026, después de analizar el caso de un menor diagnosticado con Epidermólisis Bullosa Distrófica Recesiva, una enfermedad genética que exige atención médica permanente, medicamentos, insumos especializados y controles frecuentes, debido a que causa una extrema fragilidad en la piel y en todas las mucosas.De acuerdo con la CIDH, aunque el niño cuenta con una tutela a su favor que ordena garantizar su tratamiento, no existe evidencia de que los medicamentos, insumos y atenciones médicas se estén suministrando de manera regular y continua, lo que podría agravar su estado de salud.Durante el trámite, el Estado colombiano informó que la Nueva EPS, el Hospital Pediátrico La Misericordia, HOMI, y Cafam están atendiendo el caso. También aseguró que la mayoría de los medicamentos e insumos ya fueron entregados y que los pendientes obedecen al desabastecimiento de algunos productos, la renovación de órdenes médicas y ajustes en la formulación de ciertos insumos.Ante esta situación, la Comisión le pidió al Estado garantizar de manera oportuna y continua todos los tratamientos, citas médicas e insumos prescritos, asegurar el transporte del menor a sus controles cuando sea necesario y adoptar un enfoque diferencial por su condición de niño indígena. Además, solicitó que las medidas sean concertadas con sus padres, teniendo en cuenta la edad del menor y el idioma de su madre.
Los organismos de socorro y las autoridades lograron controlar varios incendios forestales registrados recientemente los municipios de Barrancabermeja, Rionegro y Floridablanca, en medio de la intensa ola de calor que afecta al departamento de Santander.Las emergencias fueron atendidas por los cuerpos de bomberos y los organismos de gestión del riesgo, evitando que las llamas se propagaran hacia otras zonas de vegetación y representaran un mayor riesgo para las comunidades.El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, indicó que, durante la actual temporada de menos lluvias, se han presentado varios incendios forestales, por lo que insistió en reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos eventos.Le puede interesar: Incendios forestales en España suma más de 280 kilómetrosEl funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para no realizar fogatas durante los tradicionales paseos de olla, abstenerse de efectuar quemas controladas, no arrojar colillas de cigarrillo y evitar dejar residuos de vidrio en zonas boscosas o con cobertura vegetal, ya que estos elementos pueden convertirse en el origen de incendios.Sánchez también pidió hacer un uso responsable del recurso hídrico, teniendo en cuenta que, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en las próximas semanas se prevé una reducción de las precipitaciones en Santander.Las autoridades reiteraron que la prevención es fundamental durante esta temporada e invitaron a la comunidad a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los organismos de emergencia para facilitar una respuesta oportuna.
La seguridad del abastecimiento de gas en Colombia durante 2027 dependerá, en buena medida, de que los proyectos de importación previstos para finales de este año entren en funcionamiento. Así lo advirtió la directora del Gestor del Mercado de Gas Natural, María Claudia Álzate, quien aseguró que, de presentarse retrasos, el país podría enfrentar un déficit superior al 10 % de la demanda durante el momento más crítico del fenómeno de El Niño."Si esos proyectos entran a operar, podríamos tener faltantes cercanos al 2 % de la demanda. Pero si no se materializan, en el pico previsto para marzo del próximo año el déficit podría superar el 10 % de la demanda", afirmó la directora del Gestor del Mercado de Gas Natural.La funcionaria se refirió específicamente a los proyectos Puerto Compás, en Coveñas, la Regasificadora del Pacífico y Puerto Bahía, en Cartagena, los únicos tres de los 14 proyectos de importación registrados ante el Gestor del Mercado que podrían estar operativos en el corto plazo. Agregó que existen otras iniciativas relacionadas con el suministro de gas, pero aclaró que la entidad no tiene información sobre su avance porque aún no han sido registradas oficialmente.Álzate explicó que el mayor riesgo de desabastecimiento se concentraría en marzo de 2027, cuando se prevé el punto más crítico del fenómeno de El Niño. En ese escenario, las plantas térmicas demandarán mayores volúmenes de gas natural para generar electricidad y compensar la menor producción de energía hidroeléctrica, afectada por la disminución de los niveles de los embalses.Finalmente, destacó una medida adoptada por el Gobierno hace cerca de dos meses para reducir parcialmente ese riesgo. Según explicó, la decisión permite que el gas de la terminal de regasificación de la Costa que no sea utilizado para la generación térmica pueda destinarse a otros sectores del país.
