Por su presunta omisión al deber que tenía de garantizar el alistamiento y puesta en marcha del transporte escolar para los menores de edad, la Procuraduría General de la Nación decidió formular pliego de cargos contra el alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, Leonardo Fabio Hernández Cataño.El ente control informó que con la medida busca esclarecer si el alcalde municipal “presuntamente desatendió su deber legal al no ejercer las acciones pertinentes y oportunas para que los niños, niñas y adolescentes de la región se movilizaran de manera segura en los centros educativos, en especial a los habitantes de las áreas rurales apartadas”.“Asimismo, la Procuraduría Provincial de Valledupar busca confirmar si el servidor público vulneró los principios que rigen la función pública de la transparencia, la eficacia y la eficiencia”, manifestó el ente.Cabe resaltar que, de manera provisional, el Ministerio Público calificó la conducta del mandatario como una “falta grave, a título de dolo”.
Bajo la lupa de la Procuraduría General de La Nación se encuentran la exalcaldesa de la Jagua de Ibirico, César —entre 2016 y 2019— Yarceli Leonor Rangel Restrepo, y el ex alcalde de El Paso, Cesar, Hidalfo Rafael de La Cruz Ortiz, bajo el mismo periodo, por presuntas irregularidades en proyectos para la construcción de pavimento con inversión de los recursos del Sistema General de Regalías por $7.175 millones de pesos.A través de sus cuentas oficiales, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación para conocer el grado de responsabilidad que tendrían los dos exmandatarios en la consecución de los proyectos, cuyas cuentas aún no quedan claras para la Procuraduría General de La Nación. "La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la exalcaldesa de la Jagua de Ibirico, Cesar, Yarceli Leonor Rangel Restrepo (2016-2019) y al exalcalde de El Paso, Cesar, Hidalfo Rafael de la Cruz Ortiz (2016-2019) por presuntas irregularidades en proyectos para la construcción de pavimento con inversión de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por $7.175 mil millones", precisó la entidad en Twitter.En lo que respecta a la vía construida en La Jagua de Ibirico, Cesar, el proyecto se inició para el 2019, en el que a través de un post publicado por Facebook para la época, la Alcaldía Municipal precisó que "con la construcción de Pavimento en concreto rígido, estamos transformando las calles del barrio Luis Carlos Galán. La obra avanza en un 40% de ejecución física y su fuente de financiación es del Sistema General de Regalías".Escuche el podcast Sin Tabú:
El pasado 3 de abril, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) publicó la resolución 1655 del 21 de diciembre de 2015 con la que se autorizó a la canadiense a explotar estos combustibles en los municipios de Chiriguaná y La Jagua, a través de la fractura de rocas. Esta resolución contrasta con la reiterada negativa del Gobierno y autoridades ambientales en que el ‘fracking’ está prohibido en Colombia y que su práctica no es una opción en la actualidad. Así lo insiste, Fernando Iregui, director de la ANLA, quien fue categórico en negar que en Colombia no se ha autorizado en ningún momento el uso de la tecnología llamada ‘fracking’ o fracturamiento hidráulico”. No existe”. Sin embargo, Carlos Andrés Santiago, líder ambiental en el Cesar, aseguró que la ANLA le ha mentido al país y que “estamos ante un escenario de irreversibles daños ambientales”, ya que la resolución autorizó la perforación y operación de 57 pozos cuyo fracturamiento hidráulico de cada uno requiere de unos 2400 metros cúbicos de agua, cantidad equivalente a lo que consumiría en la región Caribe. En ese mismo sentido, el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez advirtió que la práctica de esta técnica ha sido prohibida en cerca de 300 condados de Estados Unidos y en algunas zonas de Canadá, ya que “es una técnica muy precisa en la cual se hace una perforación vertical a ciertas profundidades y se mete a presión una gran cantidad de agua”. Respecto a la resolución 1655 en específico, Iregui explicó que los permisos “podría dar a entender que es fracturamiento hidráulico, pero lo que se hace es para permitir la permeabilidad para que libere el gas, diferente a la tecnología ‘fracking’, que en Colombia no se ha usado”, que se da a mayores profundidades (3 mil metros), y que los químicos, arenas y líquidos adicionales que serán usados por Drummond son diferentes a los del ‘fracking’. Drummond “ni siquiera ha iniciado el ejercicio para sacar gas, que piensa utilizar en la generación de electricidad para su planta de la mina”, dijo y añadió que “en Colombia hace muchos años están inyectando agua a los pozos o para almacenarlas o para agilizar y licuar fluidos como el gas, pero no es la tecnología de fracturamiento de roca o mantos de grandes profundidades que se hace con el fracking”. “Doy completa tranquilidad de que en este momento no se ha autorizado exploración en ninguna parte”, puntualizó. Aunque la ANLA descarta que esta licencia pueda ser relacionada con el 'fracking', las coincidencias en el método que encuentran los expertos ambientalistas, ¿podría ser el principio de esta metodología en el país?
El Gobierno nacional anunció un aumento en el bloqueo de líneas telefónicas y dispositivos móviles utilizados para cometer extorsiones y otros delitos desde las cárceles del país. La ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguraron que, entre septiembre y octubre de 2026, se registraron incrementos de hasta el 97 % en el bloqueo de líneas telefónicas, como resultado del trabajo conjunto con los operadores de telecomunicaciones y las autoridades penitenciarias.De acuerdo con las cifras entregadas por los ministerios, Tigo aumentó en un 97,08 % el bloqueo de líneas, al pasar de 240 a 473; Claro registró un incremento del 34,65 %, pasando de 303 a 400 líneas bloqueadas; mientras que WOM pasó de 50 a 93, lo que representa un aumento del 86 %.En cuanto al bloqueo de equipos mediante su código de identificación IMEI, Tigo reportó un incremento del 18,96 %, Claro del 51,09 % y WOM del 43,88 %. Las autoridades señalaron que estos resultados buscan reducir la capacidad de las estructuras criminales para operar desde los establecimientos penitenciarios.La ministra Alexandra Falla explicó que, como parte de las nuevas medidas, se impartieron instrucciones a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio TIC para estructurar un protocolo que contará con la participación de la Agencia Nacional del Espectro, que es la entidad encargada de vigilar y controlar el espectro radioeléctrico en el país.El proyecto contempla la creación de un grupo de atención prioritaria para agilizar las verificaciones técnicas en las cárceles, reducir los tiempos de respuesta y acelerar los trámites administrativos frente a las denuncias por comunicaciones no autorizadas. También se solicitaron ajustes técnicos a los operadores para reducir la potencia de las señales al interior de los centros penitenciarios.Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se fortalecerán los controles junto con el Inpec y las demás autoridades para impedir el ingreso y uso de celulares no autorizados en las cárceles.El Gobierno también anunció que continuará impulsando medidas legislativas para combatir este fenómeno y explorar nuevas tecnologías que permitan mejorar el bloqueo de señales.Los ministros insistieron en que el objetivo es recuperar el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que las personas privadas de la libertad continúen coordinando extorsiones, secuestros y otras actividades criminales desde los centros de reclusión.
Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido con los alias de ‘Chapolo’ o ‘Chapullo’, se presentó voluntariamente ante el Ejército Nacional en zona rural de Íquira, Huila, junto con otros cuatro integrantes de la organización armada ilegal. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera su captura. El ministro de Defensa (r), Jorge Mora, confirmó que el cabecilla habría tenido responsabilidad en el atentado que cobró la vida de dos policías en Ataco, en agosto pasado.Jhan Carlos Rodríguez era cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc. Llevaba aproximadamente 14 años dentro de esta organización armada ilegal y ejercía funciones de dirección y coordinación de actividades criminales en los departamentos del Tolima y Huila.Hay que decir que cinco personas se presentaron junto a él ante las unidades militares para acogerse a los procedimientos establecidos por las autoridades. Entre ellas, se encontraba el máximo responsable de la Estructura Ismael Ruiz, su compañera sentimental y tres presuntos integrantes de su anillo de seguridad.La noticia tiene especial relevancia para el Tolima, teniendo en cuenta que alias ‘Chapolo’ era señalado de orientar las acciones criminales de esta estructura en zonas rurales de Planadas, Ataco y Rioblanco, donde las comunidades han denunciado amenazas, extorsiones y presiones de los grupos armados ilegales.Un cabecilla por el que ofrecían 300 millones de pesosLa gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, había advertido desde febrero sobre la peligrosidad de este hombre y la amenaza que representaba para la población civil. Por información que permitiera ubicarlo y capturarlo, el Gobierno departamental ofrecía una recompensa de hasta 300 millones de pesos.Tras conocerse su sometimiento, la mandataria celebró el resultado y destacó lo que representa para las comunidades afectadas por la violencia en el sur del departamento.“Hoy el Tolima recibe una gran noticia que devuelve esperanza a muchas comunidades del sur del departamento y del país entero. Gracias presidente Abelardo De La Espriella por su compromiso con la seguridad del Tolima y Colombia. La seguridad exige decisiones, determinación y acciones contundentes contra quienes amenazan la tranquilidad de los ciudadanos", escribió la mandataria.Por otro lado, el presidente confirmó el sometimiento y el ministro de Defensa reveló su presunta responsabilidad en ataque contra policías.La caída de alias 'Chapolo' se conoce después de los anuncios y advertencias que se habían realizado desde el Gobierno y las autoridades territoriales frente a las acciones violentas de esta estructura en el sur del país. Uno de los aspectos más delicados de este caso tiene que ver con los señalamientos sobre su presunta participación en hechos de sangre contra la Fuerza Pública.El ministro de Defensa (r), Jorge Mora, confirmó que alias ‘Chapolo’ habría sido uno de los responsables del atentado perpetrado en agosto pasado en el municipio de Ataco, Tolima, en el que fueron asesinados dos integrantes de la Policía Nacional.Este señalamiento aumenta la relevancia judicial de su sometimiento, teniendo en cuenta que se trata de un cabecilla al que las autoridades atribuyen no solamente acciones de intimidación y extorsión contra la población civil, sino también ataques terroristas contra la Fuerza Pública.Cabe recordar que, durante la jornada de empalme territorial realizada en julio, antes de la posesión presidencial, el mandatario Abelardo De La Espriella estuvo en el Tolima junto a la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas y la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera.En ese escenario se habían enviado advertencias directas a alias ‘Chapolo’ y a otros integrantes de las disidencias por los hechos violentos registrados en esta región.El arsenal y los elementos entregados por la estructura criminalEl relato de la Quinta División del Ejército Nacional da cuenta de la dimensión del sometimiento y de los elementos de guerra y material logístico que quedaron en poder de las autoridades.Durante la presentación voluntaria, los cinco integrantes entregaron un importante arsenal que estaba en poder de la organización armada ilegal.El material relacionado en el reporte militar comprende, tres fusiles AR-15 calibre 5,56 milímetros, un fusil Galil AR calibre 5,56 milímetros, tres pistolas Glock 17 calibre 9 milímetros, una pistola Pietro Beretta, una pistola Jericho, una pistola calibre 7,65 milímetros, una mira telescópica Bushnell y una mira de precisión ACOG, chalecos multipropósito, más de 1.000 municiones y cartuchos de diferentes calibres, proveedores para las armas, una granada, equipos de comunicación, y un dron.Pero entre los elementos entregados hay uno que reviste especial importancia para las investigaciones, 39 recibos de pagos extorsivos atribuidos a la Estructura Ismael Ruiz, que podrían aportar información sobre las actividades de financiación ilegal, los cobros y las personas o sectores económicos sometidos a las exigencias de esta organización.Extorsiones, reclutamiento, amenazas y control de la minería ilegalDe acuerdo con el comunicado de la Quinta División, alias ‘Chapolo’ era uno de los responsables de orientar y coordinar el accionar criminal de esta estructura, a la que se le atribuyen amenazas contra la gobernadora del Tolima, ataques terroristas contra unidades militares mediante drones acondicionados con artefactos explosivos improvisados, homicidios selectivos, extorsiones sistemáticas y retenciones ilegales.Las autoridades también le atribuyen el direccionamiento de actividades relacionadas con el reclutamiento de personas y el control de la explotación ilícita de yacimientos mineros en territorios del Tolima y Huila.Estas actividades, según el Ejército, habrían sido utilizadas como mecanismos de financiación criminal, intimidación y control territorial, afectando directamente la seguridad, la tranquilidad y los derechos fundamentales de las comunidades.El prontuario judicial del cabecilla también incluye órdenes de captura expedidas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y extorsión.¿Qué sigue en el proceso?Una vez se produjo la presentación voluntaria, el caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), entidad encargada de brindar acompañamiento y atención dentro del procedimiento correspondiente.La salida de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’ de la estructura criminal representa un golpe de especial importancia para las disidencias que delinquen entre el Tolima y Huila. Sin embargo, el desafío para las autoridades ahora será establecer el alcance de las investigaciones, esclarecer los hechos violentos que se le atribuyen y garantizar que las comunidades de Planadas, Ataco y Rioblanco puedan recuperar la tranquilidad.
La Alcaldía de Bogotá proyecta ahorrar al menos 40.000 millones de pesos anuales mediante una reforma administrativa que contempla fusionar y suprimir varias entidades distritales, trasladar sus funciones a diferentes secretarías y reducir cargos directivos y asesores.Así lo explicó en entrevista con Blu Radio Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, quien aseguró que la iniciativa es resultado de una revisión de la estructura administrativa del Distrito que se ha adelantado durante varios meses por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán.Silva aclaró que el documento conocido recientemente es todavía un borrador de proyecto de acuerdo y que no representa decisiones definitivas. La administración espera radicar la propuesta ante el Concejo de Bogotá en febrero, para que sea discutida por los cabildantes.“Este es un documento de trabajo, es un borrador de proyecto de acuerdo que aún no es definitivo y que consolida gran parte de los hallazgos que hemos encontrado hasta la fecha en las posibilidades que tenemos de modernización del Distrito”, explicó Silva Moyano.Según el secretario general, la última gran reforma administrativa de la ciudad se realizó en 2006. Desde entonces se han creado nueve entidades y no se había adelantado una revisión integral de la estructura institucional para identificar funciones similares y oportunidades de optimización.“Existe una oportunidad de ahorrarle al menos 40.000 millones de pesos al Distrito cada año en funcionamiento a través de la fusión de algunas entidades”, señaló.La propuesta contempla que varias entidades dejen de funcionar de manera independiente y que sus responsabilidades sean asumidas por secretarías u otros organismos distritales.Entre los cambios planteados está trasladar las funciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) a la Secretaría de Integración Social. “La misionalidad del Idipron se parece con lo que hace Integración Social en el tema de habitabilidad de calle, entonces podemos fortalecer a la Secretaría de Integración y hacer más con menos, hacer más programas sociales con menos gasto administrativo”, afirmó Silva.También se contempla integrar el Instituto para la Economía Social (IPES) a la Secretaría de Desarrollo Económico, mientras que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) sería fusionada con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).Otros cambios incluidos en el borrador son el traslado del Departamento Administrativo del Servicio Civil a la Secretaría General, del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) a la Secretaría de Hacienda y del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) a la Secretaría de Educación.Reducción en cargos administrativos y liquidación de entidadesUno de los puntos que explicó el secretario Miguel Silva tiene que ver con los cambios en la planta de personal del Distrito, pues la propuesta contempla inicialmente la reducción de 53 cargos de libre nombramiento y remoción, correspondientes a empleos directivos y asesores.“Son 53 cargos, puede ser menos, puede ser más, depende de la conversación con el Concejo de la ciudad”, precisó. Sin embargo, aseguró que los trabajadores vinculados mediante carrera administrativa conservarán sus derechos y que se respetarán los acuerdos sindicales.“Todos los servidores de carrera administrativa se mantienen, eso no tiene discusión, garantizamos sus derechos y lo que estamos buscando es una estructura administrativa mucho más simplificada que le sirva a la ciudad”, sostuvo.El secretario general agregó que la administración también viene adelantando otras medidas de austeridad. Según sus cifras, actualmente hay 700.000 millones de pesos menos en contratos de prestación de servicios frente al mismo periodo del año anterior.La reforma también contempla revisar el futuro de dos organismos distritales: la Agencia Analítica de Datos (Ágata) y la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT).En el caso de Ágata, la Alcaldía estudia alternativas como su venta o liquidación. Según explicó Silva Moyano, la intención es fortalecer a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que busca ampliar su papel en el sector tecnológico.El funcionario recordó que la empresa viene adelantando una transformación para ampliar su campo de acción más allá de las telecomunicaciones. "Lo que corresponde es fortalecer a ETB. (...) Esto lo estamos hablando con los socios, es una compañía que ha venido trabajando en materia de transición y de transformación digital", explicó.No obstante, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro de Ágata y que las alternativas continúan en evaluación.Frente a la EGAT, entidad que presta apoyo administrativo y técnico al sector salud, Silva Moyano explicó que su eventual liquidación responde a un proceso que ya venía adelantándose progresivamente.Otro de los componentes de la reforma es la creación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bogotá, una figura que tendría participación pública y privada y estaría vinculada a la Secretaría de Cultura.De acuerdo con Silva, este mecanismo permitiría agilizar la contratación y ejecución de recursos destinados a programas como la red de bibliotecas públicas y los festivales al parque.“Este es un instrumento que se ha venido estudiando por parte de la Secretaría de Cultura, que permite sobre todo vehículos mucho más ágiles en materia de contratación para el programa de bibliotecas públicas, por ejemplo, darle sostenibilidad a diferentes iniciativas como los festivales al parque”, explicó.El funcionario agregó que el modelo permitiría movilizar recursos de manera más eficiente y facilitar la ejecución de proyectos culturales.La alcaldía espera presentar el proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá en febrero. A partir de ese momento, la iniciativa deberá surtir el debate correspondiente y podrá recibir modificaciones durante su discusión.Silva Moyano señaló que, si la propuesta avanza, la administración espera desarrollar el proceso de transición durante 2027, de manera que los cambios puedan reflejarse en el presupuesto de 2028, que corresponderá al primer año del siguiente gobierno distrital.
El papa León IXV pidió este martes a los jóvenes que no caigan "ante los nuevos ídolos que reclaman su adoración", ni al éxito a cualquier precio o la obsesión por la apariencia, en la vigilia que celebró ante el monumento de los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, ante cerca un millón de personas."Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer", les advirtió el papa en su discurso tras una ceremonia de música y oración.A los jóvenes que siguieron su discurso grabando con sus teléfonos móviles, les puso delante una realidad que les afecta cotidianamente como que "a veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales"."La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias", lamentó el papa.Por eso, a la marea de jóvenes que durante horas aguardaron su llegada les dijo: "También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".León XIV, como ha hecho varias veces en su etapa argentina, volvió a citar al papa Francisco y recordó la palabras que recorrieron el mundo durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, cuando habló de una Iglesia de "Todos, todos, todos".El papa reivindicó una Iglesia de puertas abiertas, capaz de acoger tanto a quienes han crecido cerca de Jesús como a quienes comienzan ahora a buscarlo, a quienes llevan tiempo sin rezar y a quienes se han alejado de la institución o han sufrido heridas por parte de quienes debían acompañarlos."A cada uno quisiera decirle: ¡hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa. No tienes que fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta para acercarte", afirmó entre el entusiasmo de los chicos.Y añadió: "Y a ti, que crees que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo, quisiera decirte: ¡bienvenido! Sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de Él".El papa, que había escuchado los testimonios de algunos jóvenes y sus interrogantes sobre la fe y adicciones, también insistió en que "las comunidades cristianas mantengan siempre abiertas sus puertas, que sepan recibir a quienes llegan con preguntas, auxiliar a quienes sufren y acompañar con paciencia a quienes buscan a Dios".Animó además a los chicos y chicas "a abrir las puertas a quienes carecen de hogar, visitar a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar, y prestar atención a los sufrimientos menos visibles: los de quienes necesitan consejo, consuelo o simplemente sentirse amados"."Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando", exhortó.Con este acto el papa terminó una jornada que comenzó con una misa multitudinaria en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires.
La Superintendencia de Salud impuso medidas cautelares a la EPS Sanitas ante los graves problemas en la entrega de medicamentos en Bogotá que han generado tiempos de espera por encima de las seis horas todo esto en medio de condiciones no aptas para este servicio.“La medida establece respuesta inmediata para los casos clasificados como riesgo vital y priorizados, así como para los usuarios con protección reforzada, entre ellos niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y trasplantados, así como personas con enfermedades huérfanas”, detalló la superintendencia a través de un comunicado.Y es que en los últimos tres días se han conocido denuncias de los afiliados a la EPS sobre los altos tiempos de espera incluso para reclamar un turno y la no disponibilidad de los medicamentos o insumos, todo esto luego del cambio de Cruz Verde a Colsubsidio como dispensario farmacéutico.Por eso, es que la EPS también debe entregar a la entidad de control un informe con los detalles de cómo se dio ese plan y cuál ha sido la repuesta a las quejas.“La EPS Sanitas deberá presentar los avances del plan de acción para atender los reclamos por la falta de entrega de medicamentos y remitir a la Supersalud un informe detallado sobre la gestión realizada en cada caso. Este deberá incluir el estado del reclamo, la fecha de entrega efectiva, los soportes y las actuaciones adelantadas para verificar el cumplimiento de la medida cautelar”, detalló la Supersalud.Más temprano, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá también había pedido respuestas urgentes a la EPS Sanitas y al gestor farmacéutico Colsubsidio para solucionar las demoras en la entrega de medicamentos a los usuarios.Durante las jornadas de inspección, vigilancia y control se identificaron dificultades operativas en dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio que prestan servicios a los afiliados de Sanitas.Por ejemplo, en uno de los puntos, la situación fue calificada como crítica. Según los hallazgos, los usuarios deben esperar hasta seis horas para reclamar sus medicamentos: cuatro horas en las escaleras, antes de ingresar al establecimiento, y otras dos horas dentro de la sala de espera.
