El país sigue consternado por cuenta del asesinato de Érika Aponte a manos de su expareja, Christian Camilo Rincón, el pasado domingo 14 de mayo, fecha en la que se celebraba el Día de la Madre en Colombia.El crimen tuvo lugar en Bogotá, pasadas las 5:00 de la tarde, cuando Cristián Camilo Rincón llegó al local comercial donde trabajaba Aponte. Luego de sostener una discusión, Rincón sacó un arma y le disparó a la mujer en, al menos, dos ocasiones y luego él trató de quitarse la vida con la misma; tras ser llevado a la Clínica Santa Fe las autoridades reportaron que murió horas después. Érika Aponte, de 26 años, desempeñaba el cargo de subadministradora en una reconocida pizzería del centro comercial Unicentro.Nuevos detalles del caso Érika AponteConforme pasan las horas, se van conociendo detalles de la relación que tenía la joven con el hombre. La Personería de Bogotá reveló que tres días ante de ser asesinada, la mujer se había comunicado a través del servicio telefónico denominado una “llamada de vida” de la Secretaría Distrital de Integración Social para poner conocimiento la situación de violencia que enfrentaba.Según la entidad, de acuerdo con el informe del sistema, se otorgaron medidas de protección provisionales, se solicitó acompañamiento y protección al comando de Policía de Soacha, lugar en el que la víctima reportó la residencia y se trasladaron las medidas para que la comisaria de dicho municipio definiera el asunto. La llamada la hizo el pasado jueves, 11 de mayo; sin embargo, nada impidió que el hombre acabara con su vida tres días después."El Ministerio Público Distrital estableció que el pasado jueves, 11 de mayo, la víctima se comunicó a través del servicio telefónico denominado una 'llamada de vida' de la Secretaría Distrital de Integración Social para poner conocimiento la situación de violencia que enfrentaba. De acuerdo con el informe del Sistema se otorgaron medidas de protección provisionales, se solicitó acompañamiento y protección al Comando de Policía de Soacha, lugar en el que la víctima reportó la residencia y se trasladaron las medidas para que la Comisaria de dicho municipio definiera el asunto de conformidad con la ley 2126 de 2021", dice el comunicado de la Personería.El violento hecho provocó momento de zozobra entre quienes estaban en el centro comercial en el momento del crimen, pues las puertas de los locales comerciales fueron cerradas y las personas empezaron a correr para refugiarse. La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló el Día Internacional de la Mujer que desde 2021 hasta esa fecha atendió a un total de 9.027 víctimas de violencia de género en el país, lo que equivale a un promedio de cinco mujeres por día.¿Quién era Érika Aponte Lugo?
Lo que sería un error en la base de datos de la Registraduría Nacional habría llevado a que, por segunda vez, dieran por muerto a don Ángel María Solano Martínez, quien, a pesar de sus quebrantos de salud, está vivo a sus 82 años.La denuncia fue realizada por su hija Didier Solano, quien dice que ha vivido un viacrucis para que este error sea corregido, pues requiere que le entreguen de nuevo una cédula a su padre para que le den continuidad en un tratamiento de salud que le están realizando. Una historia que para ella se repite, luego de que en noviembre de 2020 la notificaron de que su padre estaba muerto, en lo que fue un aparente caso de suplantación por parte de un paciente que ingresó sin signos vitales al Hospital de Barranquilla.“No puedo creer como esto pasa y se afecta de tal manera a alguien que requiere su servicio de salud. Ahora me dicen que debo realizar de nuevo el procedimiento de registro y eso es tiempo importante para las condiciones de él”, comenta Didier.A su turno, el registrador especial de Barranquilla, Johan Ariza, indicó que esta situación se pudo dar porque hubo una nueva notificación al sistema que vinculó la muerte de esta persona o porque el Hospital de Barranquilla realizó alguna actualización errónea de los datos.“Procedemos a hacerle el estudio de las huellas. Es un proceso que se llama estudio de la plena identidad que corresponde a tomarle la huella de cada uno de sus dedos. Se anexa una fotografía y nosotros procedemos con el apoyo de la dirección central. Ya nosotros estamos en esa diligencia. Es algo inmediato”, indica el funcionario.Lo complejo del caso es que, al aparecer muerto, su salud se verá comprometida ya que ninguna entidad le suministrará ni atención ni medicamentos, hasta tanto no se corrija este proceso en la Registraduría.Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí:
Hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía se dirigió Camilo Dávila para interponer una denuncia contra José Rafael Abello Silva, conocido como 'Mono Abello', por presuntamente haberlo agredió el pasado miércoles 27 de octubre.La víctima asegura que el hecho ocurrió mientras realizaba trabajos de topografía en predios de propiedad de la empresa que representa: Inversiones Tayrona Gaira Ltda., ubicados en el sector de Inka Inka de Santa Marta.“Estaba haciendo trabajos en los predios, cuando de repente fuimos sorprendidos por el señor Abello con un arma y amenazándonos. Me agredió en la cara y me gritó que la próxima vez me iba a convertir en cadáver”, aseguró Dávila.En medio de la entrevista con BLU Radio el denunciante aseguró que “José Rafael Abello Silva, conocido como 'el Mono Abello' en su época cuando era el "Pablo Escobar de la Costa" se apropió de 5 predios en el sector de Inka Inka que era de nuestra propiedad”“Nunca hemos querido reclamar, pero ya no vamos a guardar silencio, porque sin hacer nada mira todo lo que estoy sufriendo cuando ni siquiera estábamos en esos predios que con violencia se apropió”, puntualizó.Camilo Dávila resaltó que va a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia.“vamos a reclamar lo que nos pertenece y que por miedo nunca lo hemos hecho, no sabemos si ahora quiere más predios de los que ya nos quitó. Si me sucede algo a mí o alguien de mi familia responsabilizo al señor Abello”, precisó.Luego de dar a conocer los hechos, las Fiscalía ordenó asignar protección a Dávila por parte de la Policía Nacional.Hasta el momento José Abello no ha dado conocer su versión frente a los hechos de los que se le señala.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:El futuro del Clan del Golfo sin ‘Otoniel’
Al borde de la muerte está un niño de tres años luego que, según denuncian sus familiares, le realizaran un mal procedimiento odontológico en un reconocido consultorio del barrio Cabecera de Bucaramanga.El niño fue remitido por la EPS al consultorio, luego de que presentara un dolor de muela incontrolable, según la denuncia de los familiares.El menor ingresó al consultorio a la 1:40 de la tarde del pasado lunes, 8 de marzo. El procedimiento, que tardaba cerca de media hora, se prolongó hasta las 3:00 de la tarde, lo que llamó la atención de los padres.“Mi nuera se acerca por la ventana y se da cuenta de que al niño lo están reanimando, está morado, entonces ella les dice: '¿qué pasa, qué le está pasando al niño? ¿Por qué lo están reanimando?', dijo Luz Amparo Gutiérrez, abuela del menor.Sin embargo, la preocupación aumentaba con el paso de los minutos.“Ellos entraron a ver el niño, y en ese momento él entró en un paro cardiorrespiratorio, le dio un ataque", puntualizó la señora. "A las 6:30 de la tarde ingresó una doctora, que es la directora del consultorio, cuando ella llegó ahí sí se tomaron las medidas y llamaron una ambulancia”, agregó Gutiérrez. BLU Radio ha buscado una respuesta por parte del consultorio odontológico, pero ha sido imposible obtenerla.Según consta en la historia clínica, el menor presentó un paro cardiorrespiratorio y fue necesario su intubación al momento de ser trasladado a urgencias. Entre tanto, la Secretaría de Salud de Santander confirmó que se adelanta una investigación “las presuntas fallas durante la realización del procedimiento”.
El juzgado cuarenta de pequeñas causas y competencia múltiple, determinó que el periodista Herbin Hoyos Medina deberá retractarse de afirmaciones hechas en un espacio periodístico a través de YouTube, llamado ‘Las voces del secuestro’, en el canal Reporter Chanel, el pasado 15 de agosto de 2020, en un capítulo titulado, “Condenan a Pablo Romero a Fernanda Balda”.En dicho espacio, se realizó una entrevista a una víctima del conflicto por hechos relacionados con el caso de secuestro en la JEP, cuya representación legal está en manos de la Comisión Colombiana de Juristas, y donde Hoyos hizo afirmaciones “relacionadas con que las organizaciones de las líneas de las FARC le han tomado la firma, les han hecho firmar poderes a los familiares de los secuestrados de los mismos guerrilleros que ellos reclutaron siendo niños”, y sugiriendo que la JEP puso abogados que son “de línea de las Farc”.De acuerdo con los hechos relatados, Herbin Hoyos habría incurrido en falsedades, por lo que se pidió respetar el buen nombre, y la retractación pública tras una tutela interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas.Así las cosas, se resolvió conceder el reclamo del abogado Gustavo Gallón Giraldo en representación de la CCJ, y ordenar que, Herbin Hoyos Medina, rectifique las declaraciones entregadas en su medio de comunicación, pues según el Juzgado, carecen de toda certeza y veracidad, al afirmar que los representantes judiciales de las víctimas en la JEP, tienen filiación con las Farc.Asimismo, que no hay evidencia alguna que los apoderados de la señora Rosana Rojas Saavedra en la JEP, hayan ejercido coacción o presión a las víctimas que representa en la recolección de los poderes judiciales, además de que no hay prueba para que se pueda establecer un conflicto de intereses en la representación judicial de los apoderados de la víctima, por lo que, además, se remitió la diligencia a la Corte Constitucional para una eventual revisión.
El presidente Juan Manuel Santos anunció este miércoles un paquete de medidas, entre ellas una ley de protección al denunciante, para combatir la corrupción de la que dijo "ha sido siempre hermana gemela de la violencia". "Ahora que hemos terminado el conflicto con las Farc, debemos librar entre todos esta otra batalla difícil y compleja, pero igualmente necesaria: la batalla contra la corrupción", dijo el jefe de Estado al intervenir en el foro "Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia". Santos explicó que entre las medidas para luchar contra ese flagelo está el fortalecimiento del grupo anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin), de la Policía, así como más herramientas para las Superintendencias, entidades encargadas de supervisar diferentes áreas de la economía. También se crearán jueces especiales para delitos contra la administración pública, se buscará la bancarización total del sistema de contratación con el Estado, concertación para fijar normas claras sobre el cabildeo y la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto. Santos recordó que la corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos al progreso del país y destacó que según estudios "los países con altos niveles de violencia tienden a padecer mayores problemas de corrupción". Aseguró que el desplazamiento forzado es una de las formas más degradadas de la corrupción y que "docenas de masacres, asesinatos selectivos y violaciones a miles de mujeres han sido el precio de esa muestra de perfidia humana". Otro ejemplo de la interacción entre la violencia y corrupción, dijo el mandatario, se evidencia en la lucha por el control de zonas mineras o con cultivos de coca. "Algunos funcionarios, desde su nivel de responsabilidad, han facilitado, por acción u omisión, actividades de explotación ilícita minera o de narcotráfico en sus territorios, fortaleciendo por esa vía a mafias del crimen", apostilló Santos. Por último se refirió al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que pagó sobornos en Colombia y en 20 países más, y reiteró que el interés del Gobierno es que se conozca la verdad. "Reitero una vez más que todo nuestro interés, nuestro único interés, es que la verdad salga a la luz y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas y funcionarios que hayan participado en estos sobornos", dijo. Por el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia está detenido el exsenador Otto Bula, quien admitió haber recibido 4,6 millones de dólares por intermediar en la consecución de contratos para esa firma en el país. También está entre rejas el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien reconoció haber recibido 6,5 millones de dólares en sobornos. El tercer detenido es el contratista Andrés Cardona, por su presunta participación en la celebración irregular y ejecución de un contrato entre la compañía brasileña y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital colombiana para obras en el río Bogotá. La Fiscalía también citó a interrogatorio a los gerentes de las campañas presidenciales de Santos en 2010 y 2014, y del opositor Óscar Iván Zuluaga, su rival en la última contienda, como parte de las investigaciones por el ingreso de dinero de Odebrecht.
Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó radicalmente el destino judicial del exrepresentante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca Chaux. En un fallo de segunda instancia, el alto tribunal determinó que la Fiscalía General de la Nación no logró recopilar las pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia del político. Bajo este argumento constitucional, la corporación ordenó su absolución definitiva y archivó el expediente que lo vinculaba con el delito de corrupción de sufragante, conocido comúnmente como compra de votos.Con esta nueva resolución se cae por completo el fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte. En esa primera etapa del proceso, el excongresista, quien consolidó su fortín político en el sur del país desde el año 2010, había recibido una dura condena de 92 meses y un día de prisión (equivalente a más de siete años de cárcel).Además, la justicia le había impuesto en su momento una millonaria multa superior a los 588 salarios mínimos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena.La investigación penal se centraba en las presuntas irregularidades cometidas durante su campaña en el municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía. La hipótesis acusatoria señalaba a Cuenca Chaux como el supuesto determinador de un esquema de corrupción electoral enfocado en la comunidad indígena de la "Y", de la etnia Piapoco.Según los cargos originales, la campaña habría distribuido dádivas materiales que incluían dinero en efectivo, bultos de cemento y láminas de zinc, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes a cambio de su respaldo en las urnas.Sin embargo, al revisar la apelación interpuesta por la defensa, la Sala de Casación Penal halló profundas grietas en los testimonios que sostenían el caso. El detonante clave de la absolución fue el desplome del denunciante principal, Miller Garrido Pacheco, quien terminó confesando bajo juramento que la acusación original fue un montaje inducido, presionado y financiado por la oposición local, puntualmente por el exgobernador de Guainía, Iván Vargas Silva.En el documento citado en la sentencia, Garrido manifestó de forma explícita: "me retracto y desisto de la demanda que interpuse en contra del señor Carlos Cuenca Chaux por compra de votos en las elecciones del periodo pasado y dejando constancia de que he sido presionado, he recibido prevenda alguna por parte de la persona afectada en el cual el señor Iván Vargas Silva sí me presionó y me sobornó con prevendas para que yo injuriara al señor Carlos Cuenca dañando su imagen y su buen nombre".Los investigadores del caso también descubrieron que Garrido armó el grupo de testigos con sus propios familiares directos e intentó pagar a otros pobladores para que mintieran sobre reuniones políticas a las que jamás asistieron.A la par con la desacreditación de los testigos, el tribunal encontró que los supuestos comprobantes de la entrega de tejas y cemento eran completamente inválidos. Los dueños de las ferreterías locales negaron cualquier pacto comercial con el político y explicaron que el documento usado como "prueba reina" era solo una cotización sin valor legal, la cual pertenecía a unos talonarios que habían sido robados previamente de sus locales.Finalmente, la corporación judicial desestimó el material audiovisual aportado por los denunciantes, coincidiendo con análisis técnicos previos que ya había realizado el Consejo de Estado. Las grabaciones contenían cortes de edición sospechosos y un libreto de preguntas altamente sugestivas que aunaban la falta de espontaneidad en las declaraciones.Al contrastar estas anomalías con los testimonios de asistentes a esas reuniones, que confirmaron que solo se debatieron propuestas de electrificación y presupuestos a las comunidades indígenas, la Corte Suprema de Justicia ratificó que mantener la condena era insostenible, devolviéndole la libertad jurídica plena al exparlamentario.
La Cancillería realizó en Cali el encuentro “Diplomacia cultural: Encuentro de Café y Cacao colombiano”, un espacio en el que presentó los avances de la estrategia “La Ruta del Café y Cacao”, que busca promover estos productos en mercados internacionales y fortalecer las oportunidades comerciales para asociaciones de productores.Según la entidad, entre 2025 y 2026 la iniciativa ha desarrollado ocho eventos en Asia, América y Europa con la participación de 76 asociaciones y cooperativas. La Cancillería aseguró que estas actividades han permitido representar a más de 5.000 productores, generar más de 1.300 contactos comerciales y concretar exportaciones superiores a 100 toneladas. También informó sobre la apertura de mercados en China y un preacuerdo comercial con Rumanía, además de acciones de promoción en países como España, Estados Unidos, Alemania, Italia, Chile, Países Bajos, Bélgica y Canadá.Durante el evento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la estrategia busca reducir la intermediación, fortalecer la asociatividad y facilitar el acceso de los productores a mercados de mayor valor agregado. Además, reiteró que el café puede convertirse en una alternativa económica para comunidades vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.La instalación contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como representantes del cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional. En dos paneles se discutió el papel del café y el cacao en la internacionalización de la economía rural y su aporte a procesos de desarrollo en distintas regiones del país.
Ante la proyección de ingreso de más de 310.000 vehículos por el corredor de la Autopista Sur durante el puente festivo, la Alcaldía de Soacha activó un plan especial de movilidad. La estrategia busca mitigar la congestión vial en este acceso clave a Bogotá, considerando que desde la capital se estima la salida de más de un millón de automotores.El contraflujo y los controles operativos especiales se concentrarán en las jornadas de éxodo y retorno para garantizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento de los viajeros.Las autoridades locales advirtieron que la movilidad en el municipio se encuentra impactada por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio, las cuales generan reducciones de carril en la Autopista Sur. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación.Horarios del pico y placa regional en Soacha (lunes festivo)La medida de restricción vehicular se aplicará durante la operación retorno del lunes festivo 29 de junio de 2026 en los siguientes horarios:Placas PARES (0, 2, 4, 6, 8): Ingreso autorizado de 12:00 m. a 4:00 p.m.Placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9): Ingreso autorizado de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.Fuera de horario: antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m. no aplica la restricción de placas.Reversible en vía Indumil y medidas operativasPara aumentar la capacidad vial del corredor, la Secretaría de Movilidad de Soacha confirmó que se habilitará un reversible por la vía Indumil entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. del lunes festivo. Esta alternativa agilizará el desvío y tránsito de los vehículos que buscan conectar con el sur de Bogotá.El dispositivo en vía contará con un contingente de más de 200 personas, integrado por:Agentes de tránsito y vigías de la Secretaría de Movilidad de Soacha.Unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional.Agentes de tránsito de la Gobernación de Cundinamarca.Uso del carril de TransMilenio y contingenciasLa Alcaldía de Soacha, en coordinación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, acordó la adopción de contingencias operativas. Entre ellas, se contempla el uso controlado del carril exclusivo de TransMilenio si se presentan escenarios de alta congestión o represamiento crítico sobre la Autopista Sur.Asimismo, durante el Plan Éxodo se instalará un Punto Seguro en el corredor vial para realizar campañas pedagógicas y de sensibilización técnica con conductores y motociclistas.
La Procuraduría abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas con el manejo de la conversación de paz con el Clan del Golfo.La indagación llega luego de la revelación de Noticias Caracol sobre los ofrecimientos que habría hecho el Gobierno, a través de Danilo Rueda, a delegados del grupo ilegal a cambio de que estos siguieran en el proyecto de la Paz Total.El informe incluyó documentos, grabaciones y testimonios que darían cuenta de reuniones sostenidas entre representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.Danilo Rueda, según la investigación, es el principal encargado de los acercamientos con el Clan del Golfo. Según los audios revelados, habría ofrecido gestos del Gobierno para facilitar un eventual proceso de negociación, entre ellos la suspensión de bombardeos, el retiro de algunos oficiales de la Fuerza Pública y la posibilidad de intervenir ante el Ministerio de Defensa si continuaban operaciones militares.En diálogo con BLU Radio, Danilo Rueda rechazó que hubiera pactado concesiones ilegales con el Clan del Golfo y sostuvo que las conversaciones reveladas correspondían únicamente a una fase exploratoria, previa al inicio de una negociación formal. Aseguró además que nunca hubo una orden del presidente Gustavo Petro para suspender operaciones militares contra esa organización.Sobre la frase "juguemos a los congelados", que aparece en los audios, Rueda lo calificó como una metáfora con la que buscaba explicar que para poder dialogar era necesario generar un espacio de confianza y reducir temporalmente las tensiones, pero no significaba que el Estado fuera a detener su acción contra el Clan del Golfo ni que existiera un acuerdo para paralizar a las Fuerzas Militares.En cuanto al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, este fue mencionado por Rueda como la persona con la que se coordinarían decisiones relacionadas con operaciones militares. Aunque Velásquez no aparece participando directamente en las reuniones reveladas y ha negado haber autorizado compromisos con el grupo armado, la Procuraduría decidió incluirlo en la indagación para establecer si tuvo algún conocimiento, participación o responsabilidad en los hechos descritos.Por su parte, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el exsubdirector Ricardo Rey Rosanía fueron vinculados porque habrían participado en una reunión con un intermediario relacionado con el Clan del Golfo para discutir asuntos vinculados a un eventual proceso de sometimiento.En este caso, la Procuraduría busca determinar si estas reuniones se desarrollaron dentro del marco legal de sus funciones o si pudieron constituir actuaciones disciplinariamente relevantes.Pruebas ordenadas por la ProcuraduríaPara avanzar con la investigación, el Ministerio Público ordenó una serie de pruebas que permitan recopilar nuevas pruebas y testimonios.Por ello, solicitó documentación al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las reuniones, acercamientos y actuaciones relacionadas con el Clan del Golfo durante el periodo mencionado.A estas entidades, también les requirió informes oficiales que permitan establecer si existieron instrucciones, autorizaciones o decisiones relacionadas con la suspensión de operaciones militares, bombardeos, movimientos de oficiales o cualquier otro compromiso mencionado en el reportaje.Así mismo, la Procuraduría abrió el espacio para que el general (r ) Henry Sanabria, director de la Policía entre 2022 y 2023, rinda bajo declaración juramentada su testimonio sobre todo lo denunciado.