Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, revela nuevos detalles del escándalo en el que se habrían defraudado 500.000 millones de pesos a través del presunto pago de coimas para 355 proyectos del marco de los OCAD Paz durante el tiempo en que Luis Alberto Rodríguez estuvo al frente del Departamento de Planeación Nacional. En esta ocasión, la investigación se centra en María Alejandra Urrutia, economista que hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente Álvaro Uribe y que en septiembre de 2019 fue llevada al DNP por Rodríguez.Urrutia, de acuerdo con los testimonios obtenidos por Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, mas que una simple secretaria era el enlace de la dirección general del DNP con el Congreso. Según estas versiones, era el puente de los congresistas con Rodríguez.Dos alcaldes consultados por este medio aseguraron que Urrutia “ayudaba a patinar los proyectos en el OCAD” con su jefe y Álvaro Ávila.Los parlamentarios, supuestamente, sabían que la funcionaria ayudaba a confeccionar la lista de proyectos y a bajar los que no convenían. Cuando Rodríguez salió del DNP, en julio de 2021, pasó de la nómina a ser contratista de la entidad.Gracias a esta figura, esto le permitió a Urrutia contratar con otras entidades. En total, en 6 meses firmó seis contratos que sumaron 468 millones: dos con la Contraloría (liderada por Felipe Córdoba), uno con el Invías, uno con el Ministerio de Interior (Daniel Palacios) y otro con la Presidencia del Senado (Juan Diego Gómez). En total, casi 500 millones en seis meses después de salir como secretaria privada del DNP, donde María Alejandra Urrutia ganaba menos de 14 millones al mes. Se trata de un salto de ingresos, a todas luces, astronómico.Sin embargo, la cascada de contratos no se detiene ahí. Pues ella y Rodríguez crearon una sociedad. La cercanía es notable.Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, conoció la propuesta que se le hizo a Juan Diego Gómez, presidente del Senado, para un contrato por 37 millones. La empresa se llama Datos y Proyectos Consultores. El documento fue firmado por Urrutia y, ella, junto a Rodríguez, aparecen como consultores de la empresa. En total, la firma ganó tres contratos más con el Estado.En suma, Urrutia tras salir del cargo en el DNP obtuvo 10 contratos en ocho meses. Seis a su nombre y cuatro a nombre de dicha empresa.En medio de esta historia, su tía, Johana Marcela Urrutia, se ganó un contrato (sumando adiciones) en junio de 2020 por 500 millones de pesos con EnTerritorio (entidad cuyas cabezas son elegidos por el DNP). Esto se dio cuando Urrutia y Rodríguez estaban en DNP.María Alejandra Urrutia es cercana a varios de los congresistas implicados en el escándalo de la paz de la bancada conservadora. En una imagen de redes sociales, se puede ver a la exfuncionaria disfrutando en un partido de la Selección Colombia con el representante del Partido Conservador Yamil Arana, investigado por la Corte Suprema por su presunta participación en la trama.
Durante esta semana ha corrido el rumor de que Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, tendría dentro de sus planes renunciar para no inhabilitarse y poder aspirar a la Contraloría. Sin embargo, BLU Radio pudo confirmar que Rodríguez no tiene planeado dejar su actual cargo.Fuentes cercanas a Rodríguez aseguran que no piensa renunciar, que no está en campaña ni, en este momento, quiere ser contralor.Además, afirman que ha recibido ofertas para organismos multilaterales como el BID.Escuche detalles del #dato en Meridiano BLU:
En diálogo con Noticias Caracol, Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, explicó los alcances de las recientes decisiones del Gobierno Nacional de declarar una nueva emergencia económica en Colombia.El presidente Duque anunció una ampliación de la emergencia en el país para afrontar la crisis de coronavirus ocasionada por la pandemia, medida que buscará proteger el empleo. La decisión estará vigente por 30 días.Lea también: Gobierno entregará durante 3 meses subsidio a nóminas de empresas en líos económicosLo que se buscará es subsidiar el equivalente al 40 por ciento de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas que hayan tenido una reducción de un 20 por ciento en su facturación habitual.El director de Planeación explicó que las “empresas que aplican a este subsidio son aquellas que por causa de la pandemia, de la emergencia, su facturación ha disminuido en 20%. Muchos sectores han disminuido sus ventas. Solo deben enviar con su auditor o su contador, una carta certificando que hacen parte de ese grupo de personas. Les daremos, para proteger el empleo, 350.000 pesos por cada empleado que tenga cualquiera de esas empresas. No importa si tiene cinco o mil trabajadores”, dijo.Rodríguez señaló que estas empresas no deben despedir a sus empleados teniendo en cuenta las cifras de desempleo. De igual manera informó que se debe certificar que su facturación ha disminuido, al menos en 20%. La ayuda será hasta del 40% del salario mínimo de esta manera.
El próximo director del Departamento Nacional de Planeación y actual viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, aclaró que jamás ha dicho que tenga un título de posgrado en la Universidad de Toulouse como aparece en la hoja de vida publicada en la página web del Ministerio de Hacienda.BLU Radio contactó al nuevo director del DNP que, aunque no ofreció declaraciones, aclaró que nunca dijo que tenía un título de posgrado de la Universidad de Toulouse e invitó a revisar su hoja de vida oficial de Función Pública que firmó al ingresar como viceministro técnico de Hacienda.En la hoja de vida que presentó oficialmente al Estado solamente aparece su título como economista en la Universidad Nacional y su posgrado en la Universidad de Columbia.Lea también: Gloria Alonso renunció al DNP y será reemplazada por Luis Alberto RodríguezRodriguez estudió en Buenos Aires, Londres y Toulouse en cursos e intercambios que no dan títulos, por lo cual no aparecen en la hoja de vida oficial.Aquí podrá consultar la hoja de vida, oficial, de Luis Alberto Rodríguez.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
Un fuerte e intenso aguacero registrado en el centro y suroriente de Bogotá provocó emergencias por cuenta de las inundaciones en las instalaciones del Hospital Universitario de La Samaritana, uno de los centros asistenciales más importantes de la zona. El evento climático generó momentos de tensión e inconvenientes en el área de urgencias y en dos Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).El gerente del centro hospitalario, Jorge López, confirmó en diálogo con Mañanas Blu que la precipitación se presentó sobre la 1:30 p.m. y se extendió durante unos 15 a 20 minutos. Según explicó el funcionario, el gran volumen de agua sobrepasó la capacidad de los sistemas de drenaje del lugar: "Llovió pues casi lo que llueve en un mes y obviamente eh con granizo nos colapsaron algunas canales".Áreas afectadas y medidas de contingenciaEl impacto de las precipitaciones se concentró principalmente en el sótano y en el cuarto piso de la institución. En palabras del gerente, "se alcanzó a filtrar un poco de agua al servicio de urgencias junto con dos unidades de cuidados intensivos que quedan en el cuarto piso".La entrada de agua en el cuarto piso obligó a tomar medidas preventivas sobre la recepción de usuarios en esas áreas específicas.López precisó que "tocó bloquear la recibida de esos dos pacientes mientras se solucionaba el tema de las canales, pero pues no fueron todas las UCI, nosotros tenemos 22, pero sí se afectaron dos contra la canal".Asimismo, el agua filtrada se empozó en el foso de un elevador destinado a labores logísticas, lo que requirió el trabajo continuo del personal del hospital.Al respecto, el directivo señaló: "El ascensor fue el ascensor de carga donde se llenó el pozo... durante 2 horas estuvimos sacando esa agua al ascensor, pero pues los ascensores de pacientes y todos no tuvieron ningún inconveniente".Origen de la falla y labores de mantenimientoAnte las dudas sobre si la contingencia respondió a fallas en la infraestructura, López aclaró que el desencadenante fue la precipitación extrema acompañada de granizo en un periodo muy corto. "Las canales no aguantaron. Colapsar por el granizo y pues obviamente empezaron a rebozarse". Durante la emergencia, el propio personal del hospital apoyó las labores de limpieza para evacuar el agua. Posteriormente, los equipos técnicos asumieron las reparaciones en la techumbre y la limpieza de colectores: "está mantenimiento arreglando las usis, arreglando esas canales que colapsaron... están destapando todas las cajas de paso para poder hacer limpieza rápidamente".Restablecimiento total de los serviciosA pesar de la complejidad inicial del evento, la dirección de la entidad confirmó que la situación fue controlada en el curso de la misma tarde. "A las 4 de la tarde ya estamos otra vez ya con la normalidad de los servicios, pero sí fue un momento crítico".Actualmente, el hospital presta atención de manera habitual en todas sus áreas de urgencias y cuidados intensivos, mientras continúan los trabajos de mantenimiento preventivo.Escuche aquí la entrevista:
Las autoridades de San Vicente de Chucurí, Santander, adelantan la búsqueda de un hombre señalado como presunto responsable de un caso de abuso sexual contra una mujer de 70 años, ocurrido el pasado lunes 5 de octubre en zona urbana del municipio. La Fiscalía ya emitió una orden de captura en su contra.De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la adulta mayor manifestó haber sido víctima del hecho hacia las 5:20 de la mañana, cuando realizaba una caminata por la vía que conduce al Batallón de Infantería No. 40 Luciano D'Elhuyar.La mujer fue trasladada al hospital local, donde permanece bajo atención y valoración médica.Desde que se conoció el caso, la Policía y la Fiscalía iniciaron las labores de investigación para identificar y ubicar al presunto agresor. Entre las actuaciones realizadas están la revisión de cámaras de seguridad, labores de vecindario y actividades de investigación e inteligencia.Además, personal del CTI realizó un allanamiento en un inmueble relacionado con el caso, donde fueron incautadas prendas de vestir y se tomó entrevista a una familiar del señalado.Tras estas diligencias, las autoridades lograron identificar al presunto responsable y, según confirmó el alcalde de San Vicente de Chucurí, Oscar Sanmiguel, ya fue expedida una orden de captura. El hombre continúa siendo buscado por las autoridades.Ante la gravedad del caso y la preocupación generada en la comunidad, la Alcaldía realizó un consejo extraordinario de seguridad con participación de las autoridades y organismos encargados de la investigación.Desde la Personería Municipal también se informó que se ha acompañado a la víctima y a su familia durante las diferentes etapas de atención e investigación, mientras avanzan las actuaciones de las autoridades judiciales.La noche del martes 6 de octubre, habitantes de San Vicente de Chucurí se reunieron en una velatón para expresar su rechazo a cualquier forma de agresión contra las mujeres y manifestar su solidaridad con la adulta mayor.Durante el encuentro, la comunidad elevó oraciones por la recuperación de la mujer y pidió que el caso sea esclarecido y que el responsable sea puesto a disposición de las autoridades judiciales.Mientras continúa la búsqueda del señalado, las autoridades insistieron en que cualquier información que pueda contribuir a su ubicación debe ser entregada directamente a la Policía o a la Fiscalía, evitando difundir datos no confirmados que puedan afectar la investigación o revictimizar a la mujer.
Una pareja de adultos mayores fue asesinada en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca. Los cuerpos de Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado fueron encontrados esta madrugada en la vía que conduce del casco urbano del municipio, hacia el corregimiento de Robles con heridas propinadas con armas de fuego, al parecer, lo que se conoce como tiros de gracia.Esta pareja de esposos había sido reportada como desaparecida desde la tarde de ayer, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su casa ubicada en la finca Cusagui, del corregimiento de Guachinte y los obligaron a irse con ellos.Al no tener razón de su paradero de inmediato todos sus familiares iniciaron la búsqueda, teniendo hoy este lamentable desenlace.Le puede interesar: Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en su casa en Bogotá: una cámara y su exparejaSegún el reporte inicial de las autoridades locales, este crimen, al parecer, estaría relacionado con las invasiones que se han adelantado en los últimos meses en la zona, que incluso tiene a esta comunidad de Guachinte sin servicio de agua potable después de que el acueducto comunitario fuera volado con explosivos en el mes de marzo.Las investigaciones están adelantándose para esclarecer este hecho, mientras tanto, en el territorio, los familiares de las víctimas están a la espera del levantamiento de los cuerpos que debe realizarlo la funeraria, debido a que la presencia de grupos armados en la zona, obstaculiza el acceso de las autoridades.
Claudia Herrera, directora de la Fundación Esposas de Veteranos y vocera de las familias de los 17 colombianos detenidos por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, aseguró en Mañanas Blu que el Gobierno colombiano ya designó a un abogado para coordinar el apoyo jurídico en Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que las familias desconocen por qué los militares en retiro fueron extraditados desde Puerto Príncipe hacia Florida, donde responderán por el magnicidio cometido en julio de 2021.Reuniones con el Gobierno y abogado designadoSegún Herrera, la comunicación con las autoridades colombianas se mantiene desde agosto, con reuniones en la Cancillería, el Ministerio de Defensa y otras instituciones. Afirmó que tras las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó brindar asistencia judicial a los detenidos, el proceso "tomó otro rumbo".La vocera indicó que se reunió con el ministro de Justicia, Iván Cancino, con el ministro de Defensa, general Jorge Mora, con la cónsul de Colombia en Miami, quien asume funciones al día siguiente de la entrevista, y con el abogado designado para apoyar a los connacionales.Precisó que la función del abogado será reunirse con los abogados de cada detenido para empezar los trámites de apoyo. No reveló su nombre completo porque, dijo, no ha sido autorizada para hacerlo: "No te puedo dar el nombre porque no he sido autorizada para entregarlo". Tampoco pudo confirmar si el Estado colombiano asumirá el pago de sus honorarios. Sobre ese punto respondió que solo sabe que es la persona designada por el presidente "para que se ponga al frente y empiece su tarea de investigación, apoyo".La reunión con los defensores ya está pactada, pero aún no se ha realizado. Según Herrera, se informará "paso a paso" lo que se haga, respetando las leyes estadounidenses y el debido proceso.Cada detenido tiene un abogado de oficioLa vocera explicó que desde el segundo día de su llegada a Estados Unidos cada uno de los 17 detenidos cuenta con un abogado de oficio, que ya está en contacto con las familias. Aclaró que se trata de un derecho de cualquier detenido en ese país y que los costos los asume el sistema estadounidense: "Es pago por el gobierno americano". Recordó, además, que en Haití tampoco pudieron costear defensa privada.Herrera también precisó que los detenidos no son militares activos, sino miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro."Es un caso individual"La vocera insistió en que el proceso debe examinarse de forma separada para cada detenido, en línea con lo dicho por el presidente: "Acá no se puede juzgar un grupo, sino individual, porque todas las situaciones son completamente diferentes".Sin claridad sobre la extradición a Estados UnidosConsultada sobre por qué el caso se adelanta en Estados Unidos si el magnicidio ocurrió en Haití, Herrera afirmó que ni las familias ni el Gobierno colombiano esperaban el traslado: "fue sorpresa". Explicó que, por no existir tratado de extradición entre Colombia y Haití, nunca se contempló esa posibilidad en ese país.Cuando el periodista le preguntó si hasta ahora no es claro el motivo de la extradición a Estados Unidos, la vocera respondió: "Pues la verdad ahí sí no te puedo responder algo que no sé". Agregó que sabe que la situación "no va a ser para bien para todos y cada uno de ellos".Años de reclamos sin respuesta en HaitíHerrera relató que las familias llevaban años solicitando apoyo diplomático sin respuesta. Según dijo, los detenidos permanecían abandonados, "sin traductores, sin abogados", y los familiares hacían lo posible con sus propios medios. Señaló que el 26 de agosto dejó personalmente una solicitud en la embajada de Haití en Bogotá y que aún espera respuesta: "Haití nunca nos respondió ninguna de las cartas que nosotros pasamos a la embajada".Pese a la incertidumbre, calificó el traslado como "entre comillas un alivio", porque espera que los detenidos cuenten con "un debido proceso", respeto, derecho a la defensa, a un traductor y a presentar sus pruebas y testimonios.Contexto del casoEl presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en julio de 2021. Los 17 colombianos, hoy bajo custodia en Estados Unidos, son señalados en el proceso por ese magnicidio.
La Contraloría General de la República anunció un plan especial de vigilancia sobre los recursos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según las estimaciones del Gobierno Nacional, la atención humanitaria, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas requieren recursos cercanos a los 30 billones de pesos.La medida, adoptada mediante la Resolución Reglamentaria Orgánica 0075 de 2026, estará vigente durante los próximos cuatro años y cobijará a 16 departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander.El seguimiento incluirá los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de los presupuestos de las entidades territoriales, así como aportes, contribuciones y donaciones nacionales o internacionales y recursos de crédito público. La Contraloría aseguró que hará seguimiento a la trazabilidad de los recursos, desde su origen y destinación hasta los contratos, la supervisión, los beneficiarios, la entrega de ayudas y el avance físico y financiero de las obras y proyectos.El contralor general, Jorge Laverde Vargas, explicó que el objetivo es identificar posibles riesgos antes de que se presenten pérdidas de recursos públicos. “Con esta decisión ponemos en marcha la 4.ª generación del control fiscal, aprender de los daños conocidos y detectar los riesgos y actuar antes de que el dinero se pierda. Usaremos análisis de datos para reconocer patrones de riesgo con alertas tempranas y revisión humana”, afirmó Laverde. La Contraloría también ejercerá competencia sobre la gestión fiscal de los departamentos y municipios involucrados y anunció que la ciudadanía podrá participar en la vigilancia mediante los canales institucionales de denuncia y los mecanismos de control fiscal participativo. La entidad aseguró que informará de manera periódica sobre los avances y resultados de este proceso de fiscalización.
