Claudia Herrera, directora de la Fundación Esposas de Veteranos y vocera de las familias de los 17 colombianos detenidos por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, aseguró en Mañanas Blu que el Gobierno colombiano ya designó a un abogado para coordinar el apoyo jurídico en Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que las familias desconocen por qué los militares en retiro fueron extraditados desde Puerto Príncipe hacia Florida, donde responderán por el magnicidio cometido en julio de 2021.
Reuniones con el Gobierno y abogado designado
Según Herrera, la comunicación con las autoridades colombianas se mantiene desde agosto, con reuniones en la Cancillería, el Ministerio de Defensa y otras instituciones. Afirmó que tras las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó brindar asistencia judicial a los detenidos, el proceso "tomó otro rumbo".
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La vocera indicó que se reunió con el ministro de Justicia, Iván Cancino, con el ministro de Defensa, general Jorge Mora, con la cónsul de Colombia en Miami, quien asume funciones al día siguiente de la entrevista, y con el abogado designado para apoyar a los connacionales.
Precisó que la función del abogado será reunirse con los abogados de cada detenido para empezar los trámites de apoyo. No reveló su nombre completo porque, dijo, no ha sido autorizada para hacerlo: "No te puedo dar el nombre porque no he sido autorizada para entregarlo". Tampoco pudo confirmar si el Estado colombiano asumirá el pago de sus honorarios. Sobre ese punto respondió que solo sabe que es la persona designada por el presidente "para que se ponga al frente y empiece su tarea de investigación, apoyo".
La reunión con los defensores ya está pactada, pero aún no se ha realizado. Según Herrera, se informará "paso a paso" lo que se haga, respetando las leyes estadounidenses y el debido proceso.
Cada detenido tiene un abogado de oficio
La vocera explicó que desde el segundo día de su llegada a Estados Unidos cada uno de los 17 detenidos cuenta con un abogado de oficio, que ya está en contacto con las familias. Aclaró que se trata de un derecho de cualquier detenido en ese país y que los costos los asume el sistema estadounidense: "Es pago por el gobierno americano". Recordó, además, que en Haití tampoco pudieron costear defensa privada.
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Herrera también precisó que los detenidos no son militares activos, sino miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro.
"Es un caso individual"
La vocera insistió en que el proceso debe examinarse de forma separada para cada detenido, en línea con lo dicho por el presidente: "Acá no se puede juzgar un grupo, sino individual, porque todas las situaciones son completamente diferentes".
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Sin claridad sobre la extradición a Estados Unidos
Consultada sobre por qué el caso se adelanta en Estados Unidos si el magnicidio ocurrió en Haití, Herrera afirmó que ni las familias ni el Gobierno colombiano esperaban el traslado: "fue sorpresa". Explicó que, por no existir tratado de extradición entre Colombia y Haití, nunca se contempló esa posibilidad en ese país.
Cuando el periodista le preguntó si hasta ahora no es claro el motivo de la extradición a Estados Unidos, la vocera respondió: "Pues la verdad ahí sí no te puedo responder algo que no sé". Agregó que sabe que la situación "no va a ser para bien para todos y cada uno de ellos".
Años de reclamos sin respuesta en Haití
Herrera relató que las familias llevaban años solicitando apoyo diplomático sin respuesta. Según dijo, los detenidos permanecían abandonados, "sin traductores, sin abogados", y los familiares hacían lo posible con sus propios medios. Señaló que el 26 de agosto dejó personalmente una solicitud en la embajada de Haití en Bogotá y que aún espera respuesta: "Haití nunca nos respondió ninguna de las cartas que nosotros pasamos a la embajada".
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Pese a la incertidumbre, calificó el traslado como "entre comillas un alivio", porque espera que los detenidos cuenten con "un debido proceso", respeto, derecho a la defensa, a un traductor y a presentar sus pruebas y testimonios.
Contexto del caso
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en julio de 2021. Los 17 colombianos, hoy bajo custodia en Estados Unidos, son señalados en el proceso por ese magnicidio.