En Colombia la seguridad es eje fundamental de las políticas y decisiones gubernamentales que toma quien llegue al poder. Tras casi 4 meses de la posesión de Iván Duque como presidente de la República ya es evidente el cambio en esa línea y la toma de decisiones que involucran a las Fuerzas Armadas.El presidente Duque una vez asumió como comandante en jefe tomó las dos primeras grandes decisiones: nombrar a Guillermo Botero, cabeza tradicional del gremio de los comerciantes, como Ministro de Defensa y, tal como lo propuso en campaña, ordenar el regreso de la “mano firme, corazón grande”, políticas de seguridad de su partido, el Centro Democrático.No cabe duda en que las políticas y decisiones de seguridad han cambiado con el nuevo gobierno. El soldado para el posconflicto se acabó. Otra vez la política y filosofía de mando es de doctrina antigua, de combate y de construcción del enemigo, llámese ELN, disidencias, Clan del Golfo o delincuencia común, pero tiene que haber un enemigo.Con esta mirada, quedó casi sepultado el “soldado multimisión” que, terminando el gobierno anterior, estaba pensado en ingenieros militares construyendo vías, ayudando a campesinos y hasta atendiendo emergencias.El otro cambio, sin duda, está en la voz de mando. Las tropas creían, confiaban y respetaban más al ministro Villegas que al actual jefe de cartera, de quien aseguran le falta carrera y ejemplo de cargo porque no conoce la vida militar, quizá por eso es que el presidente Duque ejerce más que Santos como comandante en jefe ante las falencias de su ministro. Tal vez, como dicen expertos en seguridad, esa es la razón por la que Duque no ha cambiado la cúpula, mientras le enseñan al Ministro Botero el mundo militar.Blu Radio habló con ambos funcionarios para hacer un contraste entre dos gobiernos con visiones distintas sobre la aplicación de la ley y el procesos de paz. El actual jefe de la cartera de defensa, Guillermo Botero, se refirió a los retos con los que recibe a más de medio millones de soldados y policías para asumir el posconflicto.¿Cómo fue su llegada al Ministerio de Defensa y cómo ha asumido la responsabilidad de la empresa más grande del país?GB: "Bastante cómodo. Yo digo que tengo las garras, tengo las ganas y quitémosle la modestia: también soy capaz de manejar este Ministerio. Soy muy trabajador y tengo capacidad de comprensión y espero que cuando me vaya me evalúen muy bien. Nunca tuve el menor interés en llegar a este cargo, ni lo pensé, pero ahora que estoy aquí me he sentido bien, es de mucho trabajo y responsabilidad"."Este es el Ministerio del silencio porque más de la tercera parte de lo que se maneja es confidencial. Es un trabajo bastante sacrificado, hay volteo desde las 5 am y no queda mucho tiempo para nada. También por el volumen de documentación que hay que manejar, que es muy importante. Por eso en este Gobierno todos los ministros apoyamos la reforma político y administrativa para aliviar esa carga de tramitología".¿Cómo fue el recibimiento de las tropas?GB: "Me respetan y aprecian, pero con voz de mando. Aquí se da una orden y se tiene que cumplir. Hay una disciplina que se mantiene. Saben de mi temperamento y mi genio, pero me estiman".¿Habrá cambios en los altos mandos ? Este gobierno cumple 3 meses en el poder y la cúpula se mantiene, cosa que no es muy común.GM: "Tenemos un comandante en jefe que se llama Iván Duque Márquez y la pregunta debe ser para él".¿Cómo encontró el Ministerio?GB: "Con muchas cosas por hacer. Se necesitan inversiones en inteligencia, de equipos, de personal capacitado, investigaciones conjuntas y profesionales. Hay muy poca plata. En el campo del enemigo, es creciente, están creciendo los problemas y los desafíos.Es increíble la capacidad de resurgir de la nada de la delincuencia y el decomiso de armas. En lo que es la seguridad urbana, sin duda, el problema es el microtráfico, un cáncer que se está comiendo las grandes capitales y que hizo que se dispararan todos los indicadores en los últimos meses porque alrededor de la venta de alucinógenos se crearon bandas formalmente constituidas para todo: para robar bicicletas, atracar, robar celulares…En lo rural el problema es distinto: se llama narcotráfico, cultivos ilícitos y minería ilegal".¿Qué propuso usted para combatir ambas realidades?GB: "En lo urbano, son 100 días de la campaña militar y policial “el que la hace la paga” con 582 acciones para atacar los focos de delincuencia.En lo rural la cosa es muy compleja, estamos nadando en cultivos de coca. Según la ONU, tenemos 208 mil hectáreas y creemos que pueden ser más. Hay que acabar con eso".¿Y cómo? ¿Insiste en el uso del glifosato como lo ha dicho públicamente?GB: "El famoso Glifosato no es un producto prohibido en Colombia, se puede usar, lo venden en cualquier establecimiento de productos agrícolas".¿Y los pronunciamientos internacionales, las decisiones de la Corte y las recomendaciones del Ministerio de Salud?GB: "Eso es otra cosa. El Glifosato se puede y se tiene que usar. Eso sí, cumpliendo los 6 condicionamientos de la Corte y usando, por ejemplo, drones, que hagan una cosa precisa en los cultivos que son. Es que hay que disminuir ya las áreas de siembra urgente, son las responsables de las situaciones de orden público que todo el país conoce en el Golfo de Urabá, Catatumbo y Nariño.Sabemos también que de eso sobreviven 76 mil personas que han firmado el programa de sustitución voluntaria, pero es que en 2013 vivían 50 mil y ya, cuando llegamos al gobierno, descubrimos que son hasta 200 mil familias. Es absurdo, nosotros no vamos a seguir tolerando eso".¿Usar glifosato es una decisión tomada? Eso ya es un cambio radical a la política de su ministerio con relación al gobierno anteriorGB: "Es que para eso llegamos, a devolver el rumbo al país. Los virajes son lentos, cortos, pero tienen que ser efectivos. Es que si no la coca se va a comer el país. Es una cadena de laboratorios de los carteles mexicanos y de todos los grupos armados que oficialmente hay en Colombia: disidentes, ELN, Clan del Golfo y Puntilleros".¿Y qué implicaciones tendrá esto con el proceso de paz?GB: "Ninguna. Además, en el proceso hay mucha deserción, mucha, mucha. La estadística dice que puede estar la mitad de quienes iniciaron en las zonas, la otra se ha ido. El lema es combatir cada cosa ilegal, cada delincuente, cada amenaza para la seguridad nacional, llámese como se llame".¿Y el ELN?GB: "Mientras no haya una mesa formal con acuerdos, los seguiremos combatiendo".¿Qué más contempla su plan de trabajo en el Ministerio? GB: "Todo parte del recurso. Aquí hay que pensar siempre en la chequera. Necesitamos reaprovisionamiento porque la plata se va en nómina, pensiones o auxilio de retiro y en gastos de funcionamiento".Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para esos recursos porque necesitamos ampliación de la Fuerza Pública por pedido de autoridades locales, sobre todo para la seguridad ciudadana. Hoy somos 175 mil hombres y nosotros queremos llegar a 200 mil, es decir, 25 mil más". ¿Más hombres en plena época de posconflicto?GB: "No creemos eso. Se tiene que seguir garantizando la seguridad nacional que no solo tenía a las Farc como enemiga".Por su parte, el exministro Luis Carlos Villegas, que también llegó a esa cartera proveniente de gremios del sector privado, hizo defensa de lo alcanzado en los 8 años de Santos presidente en materia de seguridad y el avance durante la negociación de paz con las Farc. Ministro, o bueno, exministro, ¿cómo le ha ido estos tres meses ya sin ser jefe de las Fuerzas Militares?LCV: "Como tantas veces lo hablamos, feliz, en mi casa, en Pereira. Estrené una hamaca, duermo hasta tarde, respiro tranquilo".¿Cómo ve el panorama actual de seguridad nacional en el país?LCV: "Muy similar a los que dejamos, en términos generales, pero con amenazas crecientes que están carreteando para volar muy alto, desafortunadamente. Me preocupada la oleada de secuestros y el narcotráfico".Arranquemos por el balance, ¿cómo dejó el Ministerio de Defensa?LCV: "Fueron tres años de gobierno en el que quedó la satisfacción de haber hecho todo lo propuesto: fuimos aceptados por la OTAN y llegamos a la OCDE, lo que le permitiría a este gobierno darle un viraje a las Fuerzas Militares por contar con respaldo y participación internacional, un privilegio único para Colombia en América Latina". Por su parte, la Policía aumentó su pie de fuerza con 25 mil uniformados más desplegados a zonas de paz, y entregamos el país con la tasa más baja de homicidios de los últimos 50 años: 24 por cada 100 mil habitantes".En erradicación manual de cultivos se cumplieron todas las metas y entendiendo el problema del narcotráfico dejamos una donación de Estados Unidos al nuevo gobierno por 391 mil millones de pesos para acabar con los cultivos.En mi paso por el Ministerio, dejamos también el nuevo Código de Policía, realizamos 10.800 operativos en los sitios de explotación de mineral y quedó listo el trabajo con la que la JEP arrancó con 2.500 miembros de la Fuerza Pública bajo su lupa". ¿Y los cultivos ilícitos?LCV: "Ese es un sin sabor. Yo hubiera querido dejar cifras menores de cultivos ilícitos, eso me dejó un poco frustrado, pero hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, respetando los derechos de salud y los parámetros internacionales de uso de Glifosato".¿Y los grupos armados organizados?LCV: "Son 5: las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, los Puntilleros y los Pelusos. En las disidencias, que tanto preocupan, dejamos un conteo de que tenía 1.500 hombres o poco más, y sí, es un reto peligroso en regiones. Lo importante de estos años de trabajo es que dejamos el país sin ninguna amenaza de poner en peligro el funcionamiento del Estado colombiano, son amenazas bastante regionales. Por ejemplo, las disidencias no tienen mando y control unificado.En el caso del ELN fue una lástima que, terminando el gobierno Santos, no entendieran el momento político. Es una lástima porque lo que hoy está pasando parte de ahí. La lucha armada no va más en las democracias y menos en la colombiana, pero en estos meses está creciendo".Usted salió del Ministerio asegurando que lideró las fuerzas de la paz, ¿hoy son las fuerzas de la paz?LCV: "Sin el apoyo de las Fuerzas Militares hubiera sido muy compleja la paz con las Farc y siempre van a seguir siéndolo, pero será decisión de este gobierno si mantiene esa línea de mando o la modifican".Sobre Luis Carlos VillegasEs uno de los hombres más influyentes en Colombia. Nació en Pereira en 1957, abogado y economista con máster en administración pública.Ha ocupado importantes cargos públicos y privados: consejero económico de la embajada colombiana en París, gobernador de Risaralda (1985), senador, secretario general de la Federación Nacional de Cafeteros, cuando Juan Camilo Restrepo era gerente; presidente de la Corporación Financiera de Occidente (1992), viceministro de relaciones exteriores (1987) y presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI (1996).Estando en la ANDI fue negociador del proceso de paz del gobierno Santos con las Farc (2012-2013), luego pasó a ser embajador de Colombia ante el gobierno de Estados Unidos (2013-2015), año en el que en mayo fue nombrado Ministro de Defensa y en el que estuvo por 3 años hasta la salida de Juan Manuel Santos de la Casa de Nariño.Sobre Guillermo Botero NietoEs abogado de la Universidad de los Andes con experiencia entre el derecho y las actividades empresariales ligadas al comercio exterior, la operación logística y los gremios. Su nombramiento fue de los más polémicos en el gabinete del presidente Iván Duque. Nació en Bogotá el 9 de abril de 1948, tiene 70 años y su nombramiento sorprendió porque su perfil no incluía ninguna experiencia en ese sector. En su trayectoria empresarial se destaca la exportación de flores desde 1979 y la presidencia, durante 10 años, de una compañía dedicada al almacenamiento, manejo y custodia de mercancías dentro de procesos logísticos.Desde noviembre de 2003 ocupó la presidencia de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, entidad en la que estuvo vinculado como miembro de la Junta Directiva en diferentes oportunidades desde 1985.
El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se pronunció por primera vez ante la masacre ocurrida en El Tarra donde 9 personas murieron y 2 resultaron heridas. “Esas cifras son el balance que tenemos. Entre los muertos hay 7 exmiembros de las Farc, dos de ellos certificados por el alto comisionados y dos civiles. Las muertes se produjeron por una disputa de rutas de narcotráfico, tanto doméstico en Colombia como relacionadas con rutas en Venezuela para el tráfico de cocaína”, aseguró.Vea aquí: Ofrecen $100 millones de pesos por autores de masacre en El TarraEl ministro además habló de las hipótesis de quienes cometieron los crímenes.“Las dos hipótesis más probables son que la masacre fue cometida por disidencias de las Farc en su control de territorio, o en contra de disidencias que significa fue a manos de ELN. Sin embargo, pudo ser en medio de la antigua confrontación entre ELN y ‘Los Pelusos’”, aseguró el jefe de cartera.
Ante la polémica de si hay agencias internacionales de inteligencia secreta detrás de las grabaciones a conversaciones del expresidente Álvaro Uribe, en el caso por el cual fue citado por la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó cómo funciona su cooperación en Colombia.“Del caso puntual no me quiero referir. Lo único que tengo para decir es que las agencias internacionales cuando cooperan con las fuerzas colombianas, solo lo hacen para combatir el crimen organizado y son procesos con presencia de la Fiscalía General de la Nación”, aseguró Villegas.Vea aquí: Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía abrió investigación contra ‘Popeye’El Ministro además confirmó que hay cooperaciones de agencias de muchos rincones del mundo, pero insistió en que para casos puntuales.La polémica llevó todas las miradas hacia la Agencia Británica MI6 que es la que según el expresidente está cooperando en las labores de investigación de su caso.
El ELN rechazó los señalamientos del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre la relación de esa guerrilla con el narcotráfico. Insisten en que desde hace 30 años ellos no tienen ningún vínculo con las drogas.En un video oficial del Ejército de Liberación Nacional, varios dirigentes de esta guerrilla hablan sobre lo que han clasificado “como rumores y señalamientos del gobierno” contra ellos relacionándolos con el narcotráfico.El primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, aseguró que “el ELN desde hace más de 30 años ha reafirmado su política de deslinde categórico con el narcotráfico y existe además una severa disciplina por si algún miembro del ELN en este u otro sentido viola las normas establecidas”.Lea también: Fiscalía imputará cargos a cúpula del ELN por masacre en Argelia. Después de las palabras de Rodríguez, el jefe de la Delegación de Diálogos de paz del ELN, Pablo Beltrán agregó que no es cierto que ellos sean los responsables de un laboratorio de cocaína en el Catatumbo como lo ha señalado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas desde mayo de este año.Así mismo, desmintió los anuncios de la DEA en abril sobre el suministro de cocaína por parte del ELN a Jesús Santrich.Finalmente reiteraron que, en varias cartas enviadas a la vicefiscal, María Paulina Riveros, preguntando sobre los señalamientos, la Fiscalía ha respondido que no hay cargos de narcotráfico contra ellos y que actualmente ningún país los requiere por este delito.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le salió al paso a la posibilidad de que las disidencias de las Farc tengan un plan para reorganizarse y refundar a la antigua guerrilla. El jefe de cartera reconoció que “los grupos ilegales siempre tienen intención de consolidarse”, pero aseguró que hoy las disidencias de las Farc no son una amenaza para la seguridad nacional. Sobre el número de hombres, realmente cuántos disidentes de las Farc hay en Colombia, el ministro Villegas aseguró que “por información de inteligencia consideramos que esta estructura llega a 1200 hombres”. En la lista de quienes serían los hombres detrás del plan de refundación de las Farc están alias ‘Gentil Duarte’, ‘Rodrigo Cadete’, ‘Jhon 40’, ‘Guacho’ y ‘Cabuyo’, hombres que quisieran asumir el mando, pero que no tiene aún un acuerdo de liderazgo para las disidencias. Finalmente, insistió en que se mantiene, además, la operatividad para impedir que disidentes consoliden el plan de rearmar las extingas Farc.
Ante la racha violenta contra líderes sociales en Colombia, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas les salió el paso a las críticas que cuestionan las reacciones de la Fuerza Pública.“La Corte Constitucional resolvió una tutela en la que claramente dice que la protección de líderes es responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección, yo espero que desde allá haya respuestas”, dijo Villegas.Conozca más: Asesinatos de líderes sociales unen al país en un clamor de justicia El funcionario además aseguró que nada justifica un asesinato y, sobre la polémica generada por las afirmaciones de que las muertes no obedecen al ejercicio como líder, Villegas recalcó que “la opinión pública tiene derecho a saber las líneas de investigación que en muchos casos son ajenas a su actividad; esto aclarando que nada justifica una muerte violenta”.
En una comunicación, la cúpula de las Fuerzas Armadas colombianas le hizo un “llamado respetuoso” a la senadora Paloma Valencia para que se logre aprobar la reglamentación de la JEP en el Legislativo."Le hacemos un llamado respetuoso para culminar en esta legislatura el trámite del proyecto de ley que reglamenta el procedimiento ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) donde como ya se ha dicho, cabe resaltar, que ya ha sido incorporada Ia inmensa mayoría de sus propuestas, sin perjuicio de que en próximas legislaturas se realicen modificaciones para hacer este procedimiento aún más garantista para los miembros de la Fuerza Pública”, dice la misiva.Vea también: Congelar comparecencia de miembros de Fuerza Pública en la JEP es ilegal: MinInterior La comunicación fue suscrita por el segundo comandante del Ejército Nacional, mayor general Luis Fernando Navarro Jiménez; el comandante de la Armada Nacional, almirante Ernesto Durán González; el comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Bueno Vargas; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.MM., general Juan bautista Yepes Bedoya; el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto; y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. “En este momento necesitamos con urgencia cortar con el fundamento jurídico de los procedimientos que han de observarse en la línea procesal de las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la paz. Precisamente porque son indispensables para blindar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública”, dice la misiva.Conozca más: Gobierno advierte repercusiones internacionales con propuesta de instancia para FF.MM. en la JEP
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la meta de erradicación de coca por año será de 70.000 hectáreas a lo largo del próximo lustro, según los objetivos planteados en el “Documento blanco”. “Hubo una ‘zona gris’ entre 2013 y 2015 cuando se dispararon los cultivos de 50.000 a 100.000 hectáreas, crecimiento del 100% que se vio derivado de la suspensión de la fumigación aérea, de los atentados contra los aviones, que no se hizo el reemplazo de la erradicación manual, etcétera. Fueron años donde se hicieron muy bajas cifras de interdicción, por ejemplo”, sostuvo el jefe de la cartera de Defensa. Villegas explicó las líneas generales del denominado “Documento blanco” que plasma los objetivos de la lucha antidrogas durante la próxima media década en el país. Vea aquí: Cultivos ilícitos en Colombia aumentaron a 180 mil hectáreas, reconoció Gobierno“Asumimos que había 30.00 hectáreas más para poder hacer los cronogramas, los presupuestos, la asignación de recursos, de soldados, de policías, de erradicadores civiles, cuál va a ser la tecnología que se va a usar cómo vamos a entrar al Catatumbo, cómo vamos a entrar al Putumayo. Cosas que ya todas se están haciendo y que agosto dejará el gobierno saliente financiadas para que el gobierno nuevo encuentre ya unas líneas caminando”Dentro de lo planteado, está un despliegue militar en las zonas de cultivos ilícitos y aspersión con drones, entre otras novedades.Villegas advirtió frente a los riesgos de la tasa de resiembra, que alcanza el 20%, así como la aparición de cultivos nuevos que se necesitará monitorear.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, resaltó que los esfuerzos de la ilegalidad para dividir a Ecuador y Colombia no deben dar frutos.Vea también: Mocoa estará reconstruida en un 70 por ciento en agosto: Luis Carlos Villegas“Tenemos esa dolorosa experiencia que nos ha hecho buenos para poder luchar contra ese delincuente. Quienes hacen todas estas fechorías tienen dentro de su misión hacer que peleemos, Ecuador y Colombia, que no haya cooperación, para que el narcotráfico haga de las suyas, la minería ilegal haga de las suyas, el secuestro extorsivo haga de las suyas. No vamos a permitir eso”, dijo VillegasEl ministro les pidió a las Fuerzas Militares que se mantengan fuertes y unidas a las de Ecuador para lograr golpes contra el crimen.El pronunciamiento se da mientras se conoce que las familias de los periodistas ecuatorianos asesinados por las disidencias de Farc al mando de alias ‘Guacho’ llegarán a Colombia el próximo martes para mantener reuniones con organizaciones civiles.
El pasado jueves, el procurador Fernando Carrillo, denunció la aparición de casas de pique en Tumaco, un hecho que revivió los recuerdos de este tipo de prácticas que se llevaron a cabo en Buenaventura y que consisten en desaparecer los cuerpos de los asesinados.En BLU Radio, el ministro de Defensa dijo que, hasta el momento, no hay evidencia de esta versión: “Hasta este momento no la tengo. Si la tuviera todos los esfuerzos se hacen y hay toda la voluntad de investigar”.En ese sentido, el ministro dijo en Tumaco hay 11.000 hombres de la fuerza pública, la cifra más grande en la historia de ese sector.Vea aquí: No hay grupos armados ilegales en Ciudad Bolívar: MinDefensaEl procurador Carrillo, anunció que entregará a las autoridades "denuncias documentadas" de las existencias de estas casas.En un mensaje enviado a BLU Radio, durante la entrevista, el jefe del Ministerio Público señaló que el informe obedece a un trabajo de campo hecho por el organismo.“Era un secreto a voces en Tumaco. Hay mucho miedo a la denuncia, los barrios están identificados, así como las desapariciones”, puntualizó.Escuche aquí la entrevista completa:
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
