Siguen las reacciones por el nombramiento de Iván Velásquez Gómez como ministro de Defensa para el gobierno entrante de Gustavo Petro. El general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, destacó sus conocimientos, pero le vaticinó unos retos muy importantes que debe afrontar con “cabeza fría”.“La verdad se me hace muy interesante el nombramiento, porque es una persona que conoce muy a fondo la problemática. (…) En su posición como ministro de Defensa tiene que estudiar muy a fondo los operativos, la filosofía, la doctrina de la institución, de la fuerza pública; y con la claridad que tiene del conflicto pienso que será una balanza importante de cara al futuro del país”, dijo el general Gilibert en diálogo con Meridiano Blu.Le puede interesar:Según el exdirector de la Policía, uno de los temas más importantes que tendrá que estudiar el nuevo ministro es el de sacar dicha institución de la cartera de defensa.“El doctor Velásquez va a estudiar muy a fondo el tema de la salida de la Policía del control del ministro de Defensa. (…) Es muy importante esa situación. (…) El proyecto es un proyecto más que puede presentar el presidente, pero hay que hacer un análisis muy profundo porque son muchos los cambios”, señaló.Finalmente, el general Gilibert insistió en que le gustó el polémico nombramiento, porque Iván Velásquez es una persona con los suficientes conocimientos del país.“A mí me gusta. El nombramiento es muy importante porque en él tenemos una persona que conoce la situación del país, el ambiente paramilitar que se vivió, el conflicto armado, los intereses de cada uno de los sectores, sabe del problema del narcotráfico. Vamos a tener un ministro bastante interesante y va a tener muchos problemas que va a tener que analizar con cabeza fría y con compromiso con el país”, agregó.
El oficial lamentó que en este caso se esté generalizando, pues, dijo, “ya no se está hablando de las personas, sino de la Policía como institución”. “Algunos de sus componentes tienen problemas, pero no es la Policía. Son una denuncias contra miembros de la institución, pero eso no quiere decir que la institución esté comprometida en esas situaciones”, explicó. (Vea también: Denuncias a policías deben ser individuales: Colegio de Generales de la Policía). En ese sentido, el general dijo que no cree que haya una división interna en la Policía y que ese tipo de afirmaciones no son más que especulaciones. “Es muy difícil que haya divisiones porque la misma jerarquización de las institución no la permite”, explicó.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por más de ocho años a la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de El Playón, Santander, Dania Katherine Sandoval Cote, tras determinar que durante su gestión se suministró agua no apta para el consumo humano a la comunidad.Según el Ministerio Público, la exfuncionaria, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023, omitió sus responsabilidades de supervisar, controlar y monitorear el proceso de potabilización y distribución del recurso hídrico que llegaba diariamente a la población.El fallo de primera instancia, emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, estableció que durante varios meses de 2022 y comienzos de 2023 el agua entregada a los habitantes presentaba altos niveles de riesgo sanitario, de acuerdo con el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA.La entidad señaló que esta situación puso en grave riesgo la salud de los habitantes del municipio, debido a que el suministro del recurso hídrico fue catalogado como inviable sanitariamente o de alto riesgo para el consumo humano.Por estos hechos, la Procuraduría impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años y cinco meses contra Sandoval Cote, al considerar que incurrió en una falta gravísima cometida con culpa gravísima.Además, el órgano de control concluyó que la entonces funcionaria desconoció principios fundamentales de la administración pública, especialmente el deber de garantizar condiciones adecuadas en la prestación de un servicio esencial como el acceso al agua potable.La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y aún puede ser apelada.
La Fiscalía General de la Nación y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenaron a José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo. Los condenados, quienes actuaban como cabecillas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, fueron hallados responsables de 29 delitos cometidos entre 1999 y 2005, entre ellos homicidios selectivos, torturas, secuestros y desplazamientos forzados.Las víctimas de estas personas serían ciudadanos que no seguían o se oponían a las directrices de estos exintegrantes del grupo paramilitar, así como personas señaladas de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales con presencia en el departamento del Tolima.Entre los casos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis, Tolima, el 8 de abril de 2002. Hombres armados los interceptaron, amarraron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En ese punto, el niño fue separado de su tía y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca, a la fecha, su paradero. Entre tanto, la mujer fue asesinada y desmembrada.Otro hecho está relacionado con el homicidio y desaparición de ciudadanos del municipio de Rovira, quienes fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC. También fueron intimidados y obligados a abandonar sus tierras, en compañía de sus familias.Los cuatro condenados recibieron penas de entre 20 y 40 años de cárcel, además de multas entre los 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La expulsión del país hace un mes al parecer no fue suficiente para un extranjero famoso por megafiestas con mujeres y alto ruido en el sector de El Poblado, sur de Medellín.El ciudadano de nacionalidad rusa y estadounidense, identificado como George Wolfe, pretendía retornar a la capital antioqueña por el suroccidente del país, pese a la medida legal impuesta por parte de Migración Colombia con una vigencia de 10 años.Wolfe fue requerido por agentes de Migración Colombia cuando pretendía tomar un vuelo hacia Medellín en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Se presume que para evadir los controles de las autoridades nacionales, el extranjero habría ingresado de manera irregular desde Ecuador por el paso fronterizo de Rumichaca.En su momento Paola Salazar, directora de la regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia, indicó sobre el expediente del expulsado que protagonizó reiterados episodios de alteración a la convivencia en un apartamento de su propiedad en el sur de Medellín.Sobre el lugar, llegaron denuncias de la comunidad acerca del ingreso permanente de personas presuntamente relacionadas con actividades de prostitución y comportamientos agresivos"Durante años, los habitantes del sector manifestaron reiteradas quejas por comportamientos como realización de fiestas y ruidos que excedieron las capacidades de la propiedad residencial, generando desorden y afectaciones a la convivencia", sostuvo la funcionaria.Tras su detección en la terminal aérea de Cali, George Wolfe, salió nuevamente de Colombia en vuelo hacia Panamá. Por su parte, Migración Colombia indicó que continuará fortaleciendo sus controles para evitar que sancionados con medidas como expulsiones del país intenten infringirlas.
Miles de colombianos siguen buscando fórmulas para salir del sobreendeudamiento sin tener que adquirir nuevos créditos. En medio de ese panorama apareció una plataforma colombiana promete negociar descuentos de hasta el 70 % sobre las deudas de sus usuarios y crear acuerdos de pago ajustados a la realidad financiera de cada persona.FinUp llega en un momento en el que muchas familias todavía enfrentan dificultades para ponerse al día con tarjetas de crédito, préstamos de consumo y otras obligaciones financieras. La compañía plantea una alternativa enfocada en negociar directamente con bancos y entidades financieras para reducir el valor de las obligaciones pendientes.Según cifras citadas por la empresa, actualmente existen cerca de 19,7 millones de colombianos en mora, mientras que la cartera vencida supera los 63,5 billones de pesos.Así funciona la plataforma que negocia deudas en ColombiaEl modelo de FinUp no funciona como un préstamo ni como una refinanciación tradicional. La empresa explicó que primero analiza la situación financiera del usuario y luego negocia directamente con las entidades acreedoras para reducir el valor de la deuda.El proceso comienza cuando la persona entrega información básica sobre sus obligaciones, ingresos mensuales y capacidad de pago.Posteriormente, el equipo estudia cada deuda y diseña un plan personalizado según el flujo de caja real del cliente.De acuerdo con Sebastián Peña, fundador y CEO de FinUp, la diferencia frente a otros mecanismos financieros es que el usuario no adquiere una obligación nueva, sino que busca resolver la existente con mejores condiciones.Descuentos de hasta el 70 % llaman la atención de endeudadosUno de los puntos que más interés ha despertado es la posibilidad de obtener descuentos importantes sobre el saldo pendiente.La compañía aseguró que las rebajas pueden llegar hasta el 70 %, aunque esto depende del tipo de deuda, la antigüedad de la mora y las condiciones del acreedor.Además del acompañamiento financiero, la plataforma también ofrece educación sobre hábitos de pago y manejo del dinero para evitar nuevos ciclos de endeudamiento.Actualmente, la empresa asegura haber gestionado más de 50.000 millones de pesos en cartera desde el inicio de sus operaciones.FinUp busca expandirse fuera de ColombiaTras consolidar operaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, la fintech ahora busca crecer en otros países de América Latina.La empresa considera que varios mercados de la región enfrentan problemas similares de sobreendeudamiento y baja oferta de soluciones formales para negociar obligaciones financieras.Mientras tanto, expertos siguen recomendando que antes de aceptar acuerdos de pago o negociaciones de deuda, los usuarios revisen cuidadosamente las condiciones, los costos adicionales y la viabilidad real de cumplir con los compromisos pactados.Para muchos colombianos, este tipo de alternativas aparece como una posibilidad de reorganizar sus finanzas sin recurrir nuevamente al crédito tradicional.
En los últimos meses se ha registrado un incremento notable de colombianos que deciden regresar voluntariamente al país debido a los estrictos controles migratorios en Estados Unidos. El endurecimiento de las políticas busca eliminar los vacíos legales que permitían la permanencia irregular en el territorio norteamericano.La abogada experta en inmigración, Sandra Clavijo, explicó en En Blu Jeans que el panorama actual no implica un cierre de fronteras, sino un cambio estructural. "Realmente lo que se está acabando en Estados Unidos es el fin a las zonas grises", afirmó la especialista, quien enfatizó que cualquier proceso debe programarse con rigurosidad desde el principio para evitar sanciones legales.Las modificaciones del gobierno estadounidense no establecen un límite numérico en los visados educativos, sino ajustes técnicos en los tiempos de permanencia. Anteriormente, las personas extendían su estatus extendiendo sus cursos de idiomas de manera indefinida."Teníamos personas que demoraban ocho años aprendiendo inglés y no pasaban del primer y segundo nivel", señaló Clavijo. Con las nuevas directrices, las autoridades imponen límites estrictos: un máximo de dos años para el aprendizaje de inglés y cuatro años para carreras profesionales, obligando a los estudiantes a trazar un plan académico claro y limitado.De cara a los próximos eventos deportivos, la posesión de entradas no asegura el ingreso al país ni la aprobación de un visado. La experta aclaró que el denominado 'FIFA Pass' funciona únicamente como una herramienta logística para facilitar el adelantamiento de la entrevista consular.Los solicitantes deben comparecer ante la embajada y demostrar de forma sólida sus lazos con Colombia. Según la abogada, muchos rechazos ocurren porque los aspirantes ofrecen "respuestas vagas que no le dan al oficial la seguridad de que la persona va a regresar a su país de origen".