Siguen las reacciones por el nombramiento de Iván Velásquez Gómez como ministro de Defensa para el gobierno entrante de Gustavo Petro. El general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, destacó sus conocimientos, pero le vaticinó unos retos muy importantes que debe afrontar con “cabeza fría”.“La verdad se me hace muy interesante el nombramiento, porque es una persona que conoce muy a fondo la problemática. (…) En su posición como ministro de Defensa tiene que estudiar muy a fondo los operativos, la filosofía, la doctrina de la institución, de la fuerza pública; y con la claridad que tiene del conflicto pienso que será una balanza importante de cara al futuro del país”, dijo el general Gilibert en diálogo con Meridiano Blu.Le puede interesar:Según el exdirector de la Policía, uno de los temas más importantes que tendrá que estudiar el nuevo ministro es el de sacar dicha institución de la cartera de defensa.“El doctor Velásquez va a estudiar muy a fondo el tema de la salida de la Policía del control del ministro de Defensa. (…) Es muy importante esa situación. (…) El proyecto es un proyecto más que puede presentar el presidente, pero hay que hacer un análisis muy profundo porque son muchos los cambios”, señaló.Finalmente, el general Gilibert insistió en que le gustó el polémico nombramiento, porque Iván Velásquez es una persona con los suficientes conocimientos del país.“A mí me gusta. El nombramiento es muy importante porque en él tenemos una persona que conoce la situación del país, el ambiente paramilitar que se vivió, el conflicto armado, los intereses de cada uno de los sectores, sabe del problema del narcotráfico. Vamos a tener un ministro bastante interesante y va a tener muchos problemas que va a tener que analizar con cabeza fría y con compromiso con el país”, agregó.
El oficial lamentó que en este caso se esté generalizando, pues, dijo, “ya no se está hablando de las personas, sino de la Policía como institución”. “Algunos de sus componentes tienen problemas, pero no es la Policía. Son una denuncias contra miembros de la institución, pero eso no quiere decir que la institución esté comprometida en esas situaciones”, explicó. (Vea también: Denuncias a policías deben ser individuales: Colegio de Generales de la Policía). En ese sentido, el general dijo que no cree que haya una división interna en la Policía y que ese tipo de afirmaciones no son más que especulaciones. “Es muy difícil que haya divisiones porque la misma jerarquización de las institución no la permite”, explicó.
El excomandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’, aceptó su responsabilidad por 167 hechos delictivos, entre ellos, 109 homicidios en persona protegida, cometidos entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, en Antioquia. La actuación hace parte de una investigación adelantada por una fiscal especializada por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese periodo.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer la actuación criminal de Tuberquia cuando era comandante del Bloque Noroccidental de las AUC, organización señalada de cometer hechos de violencia contra población campesina, comerciantes, finqueros y líderes sociales en esa región del departamento. En diligencia de formulación de cargos, el exparamilitar aceptó su responsabilidad como determinador de los crímenes perpetrados entre 1996 y 2005.Entre los hechos reconocidos figuran los homicidios del exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes, William de Jesús Rivera Brand; del concejal de San Jerónimo, Jaime Arturo Ramírez Arboleda; y del líder comunitario José Milagros Mena Gil. Asimismo, aceptó el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual cometida contra la madre y la hermana del menor, así como el desplazamiento forzado de esa familia en una zona rural del municipio de Ebéjico.La Fiscalía informó que el procesado se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida, 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos forzados, 9 torturas en persona protegida, 5 secuestros simples agravados, 4 casos de acceso carnal violento en persona protegida, 2 lesiones en persona protegida y 11 hurtos calificados y agravados. Además, aceptó cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y utilización ilegal de uniformes e insignias.La actuación hace parte de una estrategia orientada a la terminación anticipada de procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000 contra integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Con la aceptación de responsabilidad, el proceso continuará ante un juez especializado, quien será el encargado de emitir la sentencia correspondiente.
Un joven murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en medio de un hecho de intolerancia que, según la información preliminar de las autoridades, se originó por una gorra que la víctima le había prestado al presunto agresor. El hecho ocurrió en el barrio Gran Colombiano de la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá.Uniformados de la Policía fueron alertados sobre una persona gravemente herida en plena vía pública del sector. Con el apoyo de vecinos de la zona, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras recibir el reporte, varias patrullas iniciaron la búsqueda del responsable y lograron ubicar e interceptar a un joven de 18 años, quien también presentaba heridas y fue llevado inicialmente a un centro médico para su valoración antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.“Gracias a la rápida reacción de nuestras patrullas se logró la captura en flagrancia del presunto responsable de este homicidio. De acuerdo con la información preliminar, los hechos se habrían originado en medio de una discusión por la devolución de una gorra, situación que escaló hasta convertirse en una agresión con arma cortopunzante”, señaló el mayor Andrés Carrillo, comandante de la Estación de Policía de Bosa.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de homicidio, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió este crimen.
Autoridades capturaron a un motociclista señalado de agredir a un agente de tránsito durante un procedimiento de control en Medellín. El funcionario estuvo en grave riesgo cuando, en medio de la agresión, cayó cerca de un camión que transitaba por el sector.Los hechos ocurrieron cuando el agente detectó una motocicleta que circulaba con la placa alterada, lo que impedía su correcta identificación. Esta situación habría generado la reacción agresiva del hombre contra el funcionario encargado del procedimiento.En medio de la violenta agresión, registrada en plena Autopista Sur, el agente de tránsito fue arrojado en varias oportunidades al piso. En una de las ocasiones, cayó cerca de un camión que transitaba por el lugar, exponiendo su vida ante el riesgo de ser arrollado.“Deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de violencia contra servidor público. Además solicitaremos a la fiscalía determinar si su conducta podría constituir una tentativa de homicidio por el riesgo que puso a nuestro agente en el lugar”, dijo el secretario de Movilidad de la ciudad, Pablo Ruiz, detalló los delitos a los que se enfrentará este motociclista.Una vez capturado, al agresor del agente de tránsito, las autoridades de movilidad de la ciudad le impusieron los respectivos comparendos e inmovilizaron la motocicleta con la que, según el secretario, este hombre prestaba servicio informal de transporte.Durante el último año, de acuerdo con el reporte del funcionario, 10 personas han sido capturadas por hechos similares. Además, 5 de esos agresores han sido condenados.
El Congreso de la República pone la lupa a la gestión de Daniel Quintero al frente de la Superintendencia de Salud. El Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina radicó una proposición para citar a debate de control político al controvertido exalcalde de Medellín por el deterioro en el sistema de salud.Con el fin de que responda ante el Legislativo por las advertencias formuladas por la Contraloría General sobre el manejo del Sistema de Salud durante los últimos cuatro años, el representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina radicó una proposición para citar a debate de control político al superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle.La iniciativa se sustenta en los recientes informes del organismo de control, que cuestionan la eficacia de las intervenciones realizadas a varias EPS y alertan sobre el deterioro financiero, el aumento de las quejas de los usuarios y las fallas en la vigilancia.“Uno de los mayores desastres que nos ha dejado el gobierno de Gustavo Petro ha sido el deterioro del sistema de salud. Así como desde el Concejo de Medellín hice control político a Daniel Quintero por la corrupción y los malos manejos, hoy desde la Cámara de Representantes seguiré ejerciendo este control desde el Congreso”, aseguró.El cuestionario presentado por el congresista solicita explicaciones sobre las intervenciones a ocho EPS, entre ellas Nueva EPS, Savia Salud, Famisanar y Coosalud, el incremento de sus pasivos durante la administración de la Superintendencia, las más de 2 millones de peticiones, quejas y reclamos registradas en 2025, el incumplimiento de indicadores financieros, la falta de entrega de medicamentos, el aumento de tutelas y las acciones adoptadas frente a las advertencias de la Contraloría.“Por eso, la citación de este debate a Daniel Quintero, para que responda por las malas decisiones y los malos manejos en el sistema de salud en Colombia. Daniel Quintero tendrá que responder ante el Congreso”, agregóAdemás, pide esclarecer los criterios utilizados para intervenir unas EPS y no otras, así como las sanciones impuestas y los mecanismos implementados para garantizar la atención a millones de afiliados.
La declaratoria de situación de desastre nacional por riesgo inminente y la destinación de cerca de 4 billones de pesos para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño han generado un intenso debate en el país. Mientras diversos sectores cuestionan la oportunidad de la medida y el destino de los recursos, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, defendió la decisión del Gobierno al asegurar que los recursos estarán enfocados en proteger a la población más vulnerable antes de que se presenten las mayores afectaciones climáticas.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Pava explicó que la declaratoria de desastre no responde a una emergencia ya materializada, sino a un riesgo inminente sustentado en los pronósticos internacionales sobre la evolución del fenómeno de El Niño.“No podemos esperar hasta que ya estén los impactos para plantear una estrategia de desastres y unas acciones de recuperación que siempre terminan siendo insuficientes y tardías”, afirmó el funcionario.Según el director de la UNGRD, por primera vez en Colombia se adopta una declaratoria de desastre antes de que ocurran los impactos, aprovechando las herramientas que contempla la Ley 1523 para actuar de manera preventiva.Recursos para proteger a la población más vulnerableUno de los principales interrogantes planteados durante la entrevista fue el destino específico de los cerca de 4 billones de pesos que administrará la entidad. Pava fue enfático en señalar que los recursos no serán utilizados para cubrir deudas del sector eléctrico, ni para atender obligaciones relacionadas con subsidios tarifarios o la opción tarifaria.“Esa plata va para atender a la población más pobre, porque la Ley 1523 y constitucionalmente debemos proteger a los más desfavorecidos”, sostuvo. Explicó que una de las prioridades será fortalecer alternativas que permitan reducir el impacto de posibles interrupciones en el suministro de energía y agua, especialmente en las comunidades más expuestas a los efectos de la sequía.Paneles solares, una de las principales apuestasUno de los temas que más controversia generó durante la entrevista fue la intención del Gobierno de impulsar una compra masiva de paneles solares como parte de la estrategia de mitigación.Ante los cuestionamientos sobre la premura del proceso y la cercanía del cambio de gobierno, Pava aseguró que la actual administración no alcanzará a ejecutar las compras.“Nosotros queremos dejar todo esto organizado. El próximo gobierno tendrá la facultad ya de contratar con quienes correspondan”, explicó.El funcionario indicó que la UNGRD abrirá una convocatoria pública para conformar un banco de proveedores con disponibilidad de equipos, garantizando transparencia y veeduría ciudadana durante el proceso.Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a intereses particulares detrás de la adquisición: “No existe ningún interés más allá de que las comunidades que lo requieran puedan tener acceso a eso”, afirmó.Preparativos frente al fenómeno de El NiñoDurante la conversación, Pava insistió en que el Gobierno viene adelantando acciones preventivas desde hace varios meses, luego de conocerse los primeros reportes internacionales sobre el desarrollo del fenómeno climático.Según explicó, se han realizado mesas de trabajo con los sectores de agricultura, salud, energía y agua para preparar respuestas anticipadas frente a posibles incendios forestales, desabastecimiento hídrico y afectaciones en la producción de alimentos.El director recordó además que la entidad fortaleció su capacidad operativa mediante la adquisición de helicópteros especializados para combatir incendios forestales y la reorganización de carrotanques destinados al suministro de agua en distintas regiones del país.Debate sobre las prioridadesDurante la entrevista también surgieron cuestionamientos sobre si esos recursos podrían destinarse a cubrir las millonarias deudas que mantiene el Estado con el sector eléctrico, una medida que, según algunos analistas, contribuiría a evitar un eventual riesgo de apagón.Sin embargo, Pava reiteró que esas decisiones corresponden a otras entidades del Gobierno y que la misión de la UNGRD está definida por la legislación vigente.“Yo puedo responder frente a las decisiones que se hicieron de recomendar una declaratoria por riesgo inminente y de las medidas que se van a adoptar. Las decisiones sobre tarifas corresponden a otras autoridades”, puntualizó.Cambio climático exige anticipaciónEl director concluyó señalando que el país enfrenta fenómenos climáticos cada vez más extremos y frecuentes, por lo que insistió en que la gestión del riesgo debe pasar de reaccionar ante las emergencias a prepararse antes de que ocurran.En ese sentido, defendió que los recursos extraordinarios buscan reducir el impacto social del fenómeno de El Niño sobre las comunidades más vulnerables, especialmente en materia de acceso al agua, seguridad alimentaria y suministro de energía.
