La reciente decisión del Consejo de Estado que ordena al presidente Gustavo Petro respetar las restricciones legales sobre participación en política ha reavivado el debate sobre el papel de los organismos de control en medio de la actual coyuntura electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el abogado Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, lanzó una dura crítica contra la Procuraduría General de la Nación y exigió una actuación más contundente frente a los casos de intervención política por parte de servidores públicos.La polémica surge luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado fallara a favor de una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, en la que se solicitaba que el presidente de la República acatara lo establecido en la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías Electorales, que impone límites a la participación de funcionarios públicos en campañas y procesos electorales.Según Vélez, la decisión judicial constituye una ratificación de que el mandatario ha sobrepasado los límites establecidos por la normatividad vigente: “El Consejo de Estado ha sido muy enfático en darle la razón al demandante y pedirle al presidente que cumpla con la disposición legal”, afirmó el abogado durante la entrevista.Consejo de Estado advierte sobre participación en políticaLa acción de cumplimiento fue impulsada por la Fundación para el Estado de Derecho, organización que ha venido cuestionando la participación del presidente Petro en debates electorales y pronunciamientos públicos relacionados con candidatos y sectores políticos.De acuerdo con Vélez, la alta corte encontró que las actuaciones del jefe de Estado no pueden ser interpretadas simplemente como opiniones personales o análisis políticos.El abogado explicó que el Consejo de Estado identificó expresiones y actuaciones que constituyen intervenciones directas e indirectas en favor de sectores afines al Gobierno y, al mismo tiempo, ataques contra la oposición política.“No fueron simples opiniones del presidente de la República, sino intervenciones directas e indirectas a favor de candidatos del progresismo y ataques directos a la oposición”, sostuvo. La decisión llega en un momento particularmente sensible, a pocos días de una nueva jornada electoral, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad práctica del fallo para modificar conductas en el corto plazo.La Procuraduría, en el centro del debateUno de los puntos más fuertes de la entrevista fue el cuestionamiento al papel de la Procuraduría General de la Nación. Aunque el organismo disciplinario no tiene competencia para investigar directamente al presidente debido a su condición de aforado, sí tiene facultades para actuar frente a otros funcionarios públicos que incurran en participación indebida en política.Precisamente, la Procuraduría suspendió recientemente a la alcaldesa de San Onofre, Marta Cantillo Martínez, tras considerar que participó activamente en actos de apoyo al presidente Petro durante un evento realizado en Sincelejo.Para Vélez, este tipo de actuaciones deben extenderse a otros funcionarios que también han sido señalados de intervenir en asuntos electorales.“La Procuraduría no puede ser el hazmerreír en estas elecciones”, afirmó de manera categórica. El abogado agregó que los casos de participación política desde el Ejecutivo son “protuberantes” y que la ciudadanía espera una respuesta más decidida por parte de los organismos encargados de garantizar la imparcialidad institucional.“La Procuraduría debe actuar con mucha más contundencia de lo que ha venido haciendo”, enfatizó.Posibles consecuencias para el presidenteDurante la conversación también se abordó el escenario jurídico en caso de que el presidente Petro continúe realizando pronunciamientos que puedan interpretarse como participación en política.Vélez recordó que el mandatario tiene como juez natural a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que eventualmente podría conocer posibles incumplimientos derivados de la decisión judicial. Aunque reconoció que cualquier proceso podría extenderse más allá del actual calendario electoral, señaló que el fallo deja un precedente importante para futuras administraciones.“El presidente ha jurado cumplir con la Constitución y con la ley, y el Consejo de Estado le acaba de decir que está incumpliendo la ley”, manifestó. Asimismo, destacó que más allá de los efectos inmediatos, la decisión fortalece los mecanismos institucionales de control y fija criterios para delimitar la actuación política de los jefes de Estado en contextos electorales.
Víctor Maldonado, uno de los principales señalados en el escándalo del descalabro de Interbolsa, junto a su familia interpuso una tutela en contra del actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, por haberlo bloqueado en su cuenta en Twitter. Según Maldonado, el director de la Agencia Jurídica, como funcionario público, estaba en la obligación de no bloquearlo porque a través de su cuenta personal de Twitter, publica informaciones clave en relación con las decisiones que toma su despacho. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela, pues Vélez, cuando se enteró de la tutela en su contra, desbloqueó la cuenta. En entrevista con Mañanas BLU, Luis Guillermo Vélez consideró que uno puede disponer de sus cuentas personales de redes sociales y no hay restricción de cerrarlas, abrirlas, bloquear o modificar. “Maldonado inició una acción de tutela porque yo lo había bloqueado en mi cuenta en Twitter, y para no entrar en discusiones jurídicas inocuas, innecesarias y hasta frívolas, decidí desbloquearlo”, comentó. Vélez, propietario de @lgvelezc, dijo que hay demasiados problemas jurídicos en el país, como para abrir una discusión sobre un tema que le parece bastante inocuo, que es el bloqueo de la cuenta @maldonado_victo, de propiedad del empresario colombo-español y su familia. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Luis Guillermo Vélez, director de la agencia para la defensa jurídica del Estado, dijo que hace algunos días se pidió la nulidad del fallo de la Corte sobre el fast track, y se presentó dentro de los plazos establecidos. “La solicitud se presentó en tiempo de conformidad con las notificaciones que se hicieron por parte de la Corte a través de los medios electrónicos”, dijo Aseguró que en este momento la solicitud se está estudiando en la Corte: “no hay una decisión todavía y esperamos que haya una resolución pronto en ese tema”. Explicó que en la página web de la Corte Constitucional se desfijó el edicto el día de 9 de junio y la agencia presentó su escrito el 14 de junio, “tres días hábiles después de la desfijación”.
La polémica surgió luego de que el portal Red + Noticias publicara que el Gobierno Nacional habría contratado cerca de 53.000 millones de pesos con cinco empresas para la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Dicha contratación, según el medio de comunicación, se habría dado en menos de 24 horas, lo que alertaría por la falta de análisis de los contratos. Sin embargo, Vélez explicó que “las contrataciones se hicieron en un tiempo corto porque estábamos en una urgencia manifiesta”. “Solo hay dos entidades del Estado que tienen capacidad logística para poder emprender un proyecto de estas dimensiones, una es la agencia logística de las Fuerza Militares y la otra es la Unidad Nacional de Prevención de Riesgo y Desastres. Por razones obvias no se podía utilizar la agencia de logística de las fuerzas militares”, dijo Vélez. Vélez insistió que “los acuerdos traían unos planos muy estrechos para la concentración de las Farc en las zonas” y por eso el contrato se realizó de manera rápida.
Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia, se refirió a la decisión del Consejo de Estados de declarar nula la reelección del procurador general, Alejandro Ordóñez. (Lea acá también: Consejo de Estado tumbó la reelección del procurador Alejandro Ordóñez). Vélez aseguró que pese a la demora del alto tribunal en tomar esta decisión, se hizo justicia. “En la sustancia los hechos era claros y no se debió haber tomado, el Consejo de Estado, 3 años para decidir, un proceso lleno de recursos innecesarios con el fin de ir posponiendo esta decisión, pero finalmente se hizo justicia en este caso”, dijo Vélez. Frente al argumento de Ordóñez en el que aseguró que su salida había sido pactada en La Habana, Vélez señaló que no tiene sentido pensar que esta decisión ocupó la agenda de los negociadores en Cuba. (Vea acá también: Se acaba de cumplir el primer pacto de Cuba, la expulsión del procurador: Ordóñez). “Es totalmente absurdo, el acuerdo total de La Habana tiene 297 páginas y en ninguna parte dice eso, es una elucubración un tanto fantasiosa por parte del exprocurador Ordóñez”, indicó Vélez. El funcionario de la Presidencia aseguró que Ordóñez aprovechó para “llevar a la Procuraduría por una senda de politización” y agregó que espera que el organismo de control “recobre su labor neutral y objetiva que sirva para ejercer su función de Ministerio Público”.
El jefe de Estado encabezará, además, el acto protocolario de posesión de los funcionarios designados en la nueva estructura administrativa y directiva de la Presidencia de la República. Tomarán juramento Luis Guillermo Vélez Cabrera como Secretario General y Director del Departamento Administrativo de la Presidencia; Camilo Granada, en la Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones; Carlos Correa, en la Alta Consejería Presidencial para las Regiones; Eduardo Díaz Uribe, en la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, Juan Carlos Restrepo, en la Dirección de Seguridad, y Marilyn López como Secretaria de Prensa.
“El objetivo es seguir mejorando la eficacia y la coordinación en este momento en que Colombia se prepara para la paz, el posconflicto y la profundización del trabajo por la equidad”, señaló. El jede de Estado sostuvo que se acaba la figura de los ministros consejeros y se regresa al esquema de altas consejerías. Uno de los cambios es que el Ministerio de la Presidencia vuelve a ser la Secretaría General y Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia. Santos informó que se tendrán cuatro altas consejerías como son la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que sigue a cargo de Sergio Jaramillo; la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, Competitividad y Equidad, que sigue en cabeza de Carolina Soto; la Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones, a donde llega Camilo Granada, un experto de muchos años en el área de las comunicaciones estratégicas, y la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, que sigue a cargo de Rafael Pardo. De igual forma, en cuanto a los nuevos nombres en la estructura, están como Secretario General y Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, quien fue Superintendente de Sociedades en su primer periodo de gobierno. Paula Gaviria, será la consejera para Derechos Humanos, después de una consagrada gestión al frente de la Unidad de Víctimas. El consejero para las Regiones será Carlos Correa, exalcalde de Montería, quien lleva unas semanas en el Gobierno como viceministro de Agua. Agregó que en la nueva Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas estará Eduardo Díaz, quien fue ministro de Salud, director del Plan Nacional de Rehabilitación, de la Red de Solidaridad Social y del programa Bogotá sin Hambre. Santos destacó que en la Dirección de Seguridad estará Juan Carlos Restrepo, profesional oficial de la reserva del Ejército y exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales fue designado Sergio Bueno, quien lideró en este gobierno la creación y puesta en marcha de Migración Colombia. Finalmente en la Dirección para la Relación con los Medios que vuelve a ser la Secretaría de Prensa, seguirá en el cargo Marilyn López.
Justicia Especial para agentes del Estado, ¿diferente al trato judicial de Farc?
Han pasado exactamente 91 días desde el 10 de agosto, y aún Cali se está recuperando del daño que sufrió durante el terremoto, principalmente en la atención a más de 20.000 familias damnificadas en la ciudad.De esas 20.000, hay 700 que están siendo priorizadas, debido a que prácticamente quedaron en la calle, al perder por completo sus hogares, a estas personas son a las que se les está agilizando las soluciones de vivienda, para después continuar con el resto de la recuperación de la ciudad."Estamos priorizando recuperar u ofrecer soluciones de vivienda para quienes ya perdieron definitivamente sus casas, que en este momento son 700 familias, para que tengan una solución lo más rápido posible. El objetivo que le he puesto al equipo y el que le propuse al ministro de Vivienda es que de aquí a diciembre, todos estos caleños y caleñas tengan respuesta", explicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.El proceso de reconstrucción es otro de los factores que están en la lista de prioridades, sin embargo, es algo que toma tiempo. El alcalde explicó que una vez los lotes de edificios colapsados o demolidos estén listos para iniciar obra, se debe contar con la documentación y los permisos requeridos."Una vez los edificios colapsados o los demolidos, ya están liberados de los escombros, ya entran además a revisar el tema de la reconstrucción. Para uno reconstruir tiene que hacer diseños, tiene que hacer estudios de suelo, tiene que sacar todas las nuevas licencias, sacar todos los papeles. Solo ese primer paso, puede durar unos seis meses y de ahí una construcción puede durar 18 meses. Por eso el llamado a la ciudadanía es de paciencia", agregó el mandatario.En cuanto al pago de los auxilios económicos más de 15.500 familias han recibido ya los dos primeros giros del millón 50 mil pesos. Se están adelantando los trámites para que a más tardar la próxima semana se realice el tercer y último pago de estas ayudas."En este momento ya lo tenemos aprobado, ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos ha mencionado que ya se encuentran listos los recursos, sin embargo, estamos alistando la logística, estamos en este momento todavía terminando de pagar el primero y el segundo giro, pero una vez vayamos avanzando en la dispersión de estos, pues empezaremos con el tercer pago", señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.
La crisis humanitaria en Nuquí, en el departamento de Chocó, continúa generando preocupación por el desplazamiento de comunidades indígenas que han tenido que abandonar sus territorios debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.De acuerdo con John Jaramillo Pandales, personero municipal de Nuquí, más de 300 personas permanecen actualmente en la cabecera municipal, luego de salir de la comunidad indígena de Villa Nueva. Según explicó, las familias tuvieron que abandonar sus hogares con lo que llevaban puesto y necesitan atención humanitaria urgente. El funcionario aseguró que la capacidad de respuesta de la administración municipal está desbordada, por lo que solicitó la intervención de otras entidades para atender a la población afectada.“Por eso la personería municipal ha solicitado la intervención de otras autoridades como competentes para que nos ayude a hacer digamos todo el tema de intervenciones para poder ayudar a esta comunidad indígena”, señaló Jaramillo.Frente a esta situación, el personero hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos y pidió donaciones de alimentos, ropa para bebés, niños y adultos, kits de aseo, sábanas y toldillos.“Necesitamos kit de aseo, necesitamos ropa para bebés, ropa para adultos, ropa para las mujeres, ropa general, necesitamos lo que es sábana, toldillo”, dijo.La necesidad de estos elementos también está relacionada con las condiciones de salud de la zona. Según Jaramillo, hay una alerta por la presencia de zancudos y los riesgos de enfermedades como el paludismo y el dengue.La Unidad para las Víctimas ya activó su ruta de atención y, según la información que recibió la Personería, se esperaba la llegada de ayudas humanitarias durante el fin de semana. Sin embargo, el funcionario insistió en que se requiere una respuesta más amplia y sostenida.Desde la Personería señalan, además, que esta emergencia también ha afectado la educación de la comunidad, debido a que 65 niños y niñas tuvieron que interrumpir sus clases, mientras las autoridades locales buscan alternativas para que puedan terminar su jornada escolar de fin de año.Asimismo, la entidad pidió que se garantice acompañamiento psicosocial permanente para las familias. El funcionario advirtió que la atención no debería limitarse a una intervención temporal, sino que debe incluir seguimiento a las afectaciones emocionales de la comunidad.“El llamado que hacemos es que eso no sea solamente de manera provisional, sino es que hay un tema emocional con esta comunidad y que la intervención no sea solamente 15 días, sino es que sea, digamos, se haga un seguimiento frente a estas situaciones”, pidió el personero Jaramillo.Finalmente, desde la Personería de Nuquí reiteran el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que aumenten su presencia y atención en el municipio, con el fin de garantizar asistencia humanitaria, protección y acompañamiento a las comunidades afectadas.
En la capital del Atlántico avanza la transformación de la Casa de la Selección y del Junior de Barranquilla con la remodelación del estadio Metropolitano, donde en las últimas horas se estuvieron realizando nuevas pruebas sobre la tecnología que se estrenará el próximo 21 de noviembre, durante la final de la Copa Sudamericana.El alcalde Alejandro Char mostró un nuevo video sobre los avances de las obras de modernización, en el que se observa la instalación de las pantallas 360 que tendrá el nuevo ‘Supermetro’, una tira led de 500 metros lineales que le da la vuelta a toda la cancha. Las primeras pruebas sobre su funcionamiento apenas se hicieron sobre la cinta LED del costado occidental y ya la apariencia empieza a cautivar a propios y visitantes.Alerta amarilla hospitalariaY a propósito de la Copa Sudamericana, Barranquilla también tiene lista su red de atención en salud para este encuentro internacional. La ciudad tendrá alerta amarilla hospitalaria entre el sábado 14 y el lunes 23 de noviembre, informó la secretaría de Salud del Distrito, Stephanie Araujo."Esta medida es con el fin de activar nuestro plan de contingencia y dar respuesta y capacidad instalada en toda la red pública y privada del distrito. Tendremos una articulación 24 horas con el CRUE Distrital de Barranquilla y las IPS públicas y privadas, para así tener talento humano en salud, capacidad, suficiencia hospitalaria y de red", indicó.Dentro del estadio, habrá apoyo de MiRed IPS, que dispondrá de 14 médicos, cuatro enfermeras y cuatro integrantes del personal administrativo, quienes respaldarán la labor de los socorristas habilitados para el encuentro.También estará disponible un Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes (MEC), ubicado en la parte inferior de la gradería noroccidente, con dos médicos y cuatro enfermeras. A esto se suma la disponibilidad de seis ambulancias, de las cuales dos son de transporte asistencial medicalizado y cuatro de transporte básico. Las medicalizadas estarán ubicadas en zona de emergencias del escenario.La atención médica también tendrá presencia en las tribunas. En Norte y Sur habrá un médico en cada una de las zonas altas y bajas, mientras que en Occidental y Oriental se dispondrá de ocho médicos, dos por cada división. Clínicas de apoyo y atención de pacientesLas clínicas Campbell y La Victoria atenderá los casos de urgencia, es decir, aquellos que requieren atención inmediata. La Clínica Iberoamérica y la Clínica Murillo se encargarán del nivel intermedio, y el CAMINO Murillo, del nivel bajo. Además, la Clínica de la Policía se sumará como institución de apoyo.
Un combate entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN permitió el hallazgo de dos mulas que transportaban 100 minas antipersonales. Los animales fueron abandonadas por los hombres armados durante el enfrentamiento y posteriormente trasladados a un centro de bienestar animal.De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron en la vereda La Tirana de Anorí, cuando soldados que adelantaban labores de patrullaje observaron a dos hombres que se movilizaban con los semovientes, cargados con costales.Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos se enfrentaron con las tropas y, tras el combate de encuentro, huyeron y dejaron abandonadas las dos mulas. Al inspeccionar la carga, los militares encontraron 100 artefactos explosivos improvisados activados.En un audio conocido recientemente se oye a un delincuente planeando el transporte de los artefactos explosivos que tenían como propósito atentar contra la Fuerza Pública y atemorizar a la población del Nordeste antioqueño."Vea hermano, eso coja dos, tres bestias, montele las yucas, móntele las pepas, eso, tanta mula que pasa por ahí, no las van a esculcar. Eso tiene que mirar hermano, que queden parecidas a las de todos los vecinos, para que no hagan colocar sospecha ahí. Eso al fin y al cabo, eso es para que amarrados no van a mirarlas todas miras. Pues confíe en usted nomás que arman que necesitamos esa vuelta", se escucha.Hay que mencionar que en el operativo fueron hallados 40 kilogramos de explosivo tipo pólvora negra, 50 kilogramos de ANFO, 20 metros de mecha de seguridad, 700 metros de cable eléctrico, 1.200 jeringas y otros elementos utilizados para la fabricación e instalación de estos artefactos.El material explosivo fue incautado y posteriormente destruido por las tropas, mientras que los dos animales quedaron bajo protección en un centro de bienestar animal.
A partir de este 9 de noviembre, cinco estaciones del Metro de Medellín dejarán de contar con taquillas para la venta y recarga de la tarjeta Cívica. La medida hace parte de la estrategia de autogestión de pagos para fortalecer el uso de canales digitales y máquinas automáticas.¿Qué estaciones del Metro de Medellín no tendrán taquillas?Las estaciones donde dejarán de funcionar estos puntos de atención son Itagüí, Envigado, Ayurá, La Floresta y Parque Berrío, lugares en donde los usuarios deberán recurrir a las máquinas automáticas instaladas en las estaciones, las aplicaciones Cívica, Bancolombia y Nequi.Según explicó el Metro, para mitigar el cierre de las taquillas se habilitaron máquinas, que permiten la devolución de dinero cuando el usuario realiza una transacción en efectivo, y estarán distribuidas 9 en Itagüí, 11 en Envigado, 6 en Ayurá, 5 en La Floresta y 14 en Parque Berrío.A pesar de que la medida ha causado rechazo entre los adultos mayores y quienes no están familiarizados con los sistemas automáticos, el Metro de Medellín anunció que contará con guías educativos y orientadores de experiencia para acompañar a los usuarios.Asimismo, el Metro aclaró que la eliminación de las taquillas no implicará despidos, ya que los cerca de 270 trabajadores que desempeñaban estas funciones continuarán vinculados y asumirán labores de orientación, atención de inquietudes y acompañamiento en diferentes estaciones.
