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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una advertencia contundente: los cinco pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Ennaka, enfrentan un riesgo real de extinción física y cultural por cuenta de la violencia que se vive en el territorio.Así lo expresó Scott Campbell, representante del organismo en Colombia, luego de una visita de campo realizada los días 13 y 14 de mayo en esta región.“El riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, señaló Campbell, quien hizo un llamado directo a los gobiernos nacional, departamental y local para actuar de forma urgente y coordinada.Durante su visita, la ONU verificó múltiples afectaciones que van desde control territorial por grupos paramilitares, reclutamiento forzado de jóvenes y niños, restricciones a la movilidad, hasta la desaparición forzada, masacres y violencia sexual, particularmente contra mujeres indígenas.La situación es alarmante. Solo en el 2024, según el informe, al menos 600 personas del pueblo wiwa fueron desplazadas y se documentaron los asesinatos de líderes como Wilfrido Segundo Izquierdo, indígena arhuaco, y Manuel Moya, presidente de una Junta de Acción Comunal en El Banco, Magdalena.En lo que va de 2025, el organismo ha recibido denuncias sobre cinco homicidios de personas defensoras de derechos humanos y ha documentado una masacre en La Guajira. “Las mujeres indígenas nos dieron un testimonio valiente y angustioso. Nos pidieron que exigiéramos al Estado condiciones mínimas para seguir existiendo como pueblos”, agregó Campbell.La Oficina también advirtió sobre la venta de tierras en Santa Marta para proyectos turísticos sin consulta previa, y el aumento de homicidios: solo en la capital del Magdalena se pasó de 242 homicidios en 2022 a 311 casos en 2024.Frente a este panorama, la ONU recomendó priorizar los derechos de los pueblos indígenas en los diálogos con grupos armados ilegales y fortalecer la presencia estatal en la región. “La tragedia que enfrentan estos pueblos puede contenerse. El Estado colombiano debe actuar, y nuestra Oficina seguirá apoyando los esfuerzos para lograrlo”, concluyó Campbell.

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