La Procuraduría General de la Nación sancionó con ocho años de destitución e inhabilidad a Juan Carlos Upegui Vanegas, exconcejal de Medellín y excandidato a la Alcaldía, al encontrarlo disciplinariamente responsable de haber participado en las elecciones pese a que tenía una inhabilidad vigente, porque su padre ocupaba un cargo con autoridad administrativa 12 meses antes de las elecciones del 29 de octubre de 2023.En la decisión, tomada por el procurador regional de Juzgamiento Antioquia Edwin Bastidas Cadavid, se lee que "es evidente que un aspirante a ser alcalde de una ciudad como Medellín debe darse a la tarea de verificar si su aspiración se puede ver truncada o no por el hecho de que su señor padre ejerciera un cargo como autoridad administrativa en el Municipio de Medellín (...) Omitir verificar situaciones tan mínimas, tan obvias, como al parecer hizo el señor Juan Carlos Upegui Vanegas denotan un actuar eminentemente culposo -negligente en extremo-, bajo la modalidad de culpa gravísima, por la desatención elemental en la cual incurrió”.Cabe recordar que esta decisión se dio luego de que se conociera que el padre del exconcejal, Carlos Alberto Upegui, fue designado como rector encargado de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, en la capital antioqueña.Este hecho le representaba al exsecretario de la ‘No Violencia’ de Daniel Quintero una inhabilidad para ser candidato a la alcaldía de Medellín, pero según la Procuraduría se agrava la conducta porque aún así “continuó con su actuar absolutamente negligente posicionándose en el cargo”.Pese a ello, Upegui participó en las elecciones regionales de 2023 y ocupó el segundo puesto detrás de Federico Gutiérrez, resultado que le valió un puesto en el Concejo de Medellín. No obstante, desde noviembre del año anterior se interpusieron varias denuncias de nulidad, mismas que fueron ratificadas por el Consejo de Estado en octubre y este lunes por este fallo de la Procuraduría.Tras conocerse la decisión de la Procuraduría, el exconcejal se pronunció a través de su cuenta de X diciendo que: “el uribismo usa esta entidad como una arma política para eliminar sus adversarios” y anunciando su apelación.Precisamente el pasado mes, en segunda instancia y tras anular una apelación interpuesta, el Consejo de Estado anuló las actas electorales con las que Upegui quedó segundo en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Medellín, lo que lo dejó oficialmente fuera del Concejo de Medellín y con ello, sin un puesto para la baja oposición que tiene allí Federico Gutiérrez.En dicho mes, pasó una carta de renuncia a la corporación, lo que fue criticado en su momento. Su curul en el Concejo fue ocupada desde hace más de un mes por Camila Gaviria, quien pertenece al movimiento político Creemos y que seguía en la lista de acuerdo con la cifra reparadora.
No paran los escándalos en la Personería de Medellín. Precisamente en la semana en la que se conmemora el Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, se dio a conocer una grave denuncia que indicaba que en ese Ministerio Público trabajaba como contratista Camilo Francisco Salas Santos, condenado por el delito de tentativa de homicidio agravado por hechos ocurridos en el 2015 y quien contaba con una inhabilidad en la Procuraduría hasta febrero del próximo año.Según reveló la Fiscalía en su momento, Salas Santos, quien para la fecha de lo sucedido estudiaba Derecho, habría elaborado un plan para que acabaran con la vida de Ruby Solanny Guisao Guisao, de 23 años, cuando tenía siete meses de gestación y después de haberle solicitado varias veces que abortara.Los hechos ocurrieron cuando iban, supuestamente, a una reunión en el municipio de La Estrella, el condenado fingió que su carro estaba dañado y momentos después aparecieron dos hombres en motocicleta, bajaron a la mujer del vehículo y le propinaron más de 30 heridas con arma blanca en la espalda. Según narró la víctima en su momento, mientras los dos hombres la agredían, su compañero sentimental huyó del lugar en el carro que supuestamente estaba averiado.Ante el escándalo, el personero Mefi Rave dio a conocer en un comunicado que el certificado de la Procuraduría General de la Nación sobre las inhabilidades, aportado por Salas Santos en la plataforma SECOP II para su contrato con la entidad, no revelaba esta información, pero al ser constatado en la plataforma, muestra que no puede ocupar cargos públicos, por lo que dio por terminado el contrato y remitió la información a la Fiscalía para que investigue.El hombre podría enfrentarse a cargos por falsedad en documento público, pues el certificado presuntamente fue alterado por él para poder ser contratado por la entidad que defiende los derechos humanos, pero todo es materia de investigación.“Este hallazgo pone en evidencia la necesidad de un control más estricto en la verificación de documentos presentados en procesos contractuales, garantizando la transparencia y la legalidad en los mismos. La Personería Distrital de Medellín reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción y su papel de vigilancia”, se lee en el comunicado firmado por el personero Rave.Vale la pena recordar que el Juzgado 14 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y Salas Santos, por lo que lo sentenció a 8 años y 4 meses de prisión por atentar contra Ruby Solanny Guisao Guisao, cuya vida y la de su bebé se salvó de milagro y gracias a personas que la auxiliaron donde fue agredida.Este nuevo escándalo sale a la luz días después de la polémica que causó la foto del personero dándole un beso a una de las tres camionetas adquiridas por la entidad para el desarrollo de sus funciones. También se cuestionó en redes sociales si se cumplió con los parámetros de contratación pública en este y otros convenios firmados en la entidad recientemente.
Diciembre es una de las épocas del año donde más quemados se reportan, por lo que el Hospital San Vicente Fundación en Medellín y la escritora Dora Isabel Suárez, están realizando una campaña para recolectar donaciones y poder adquirir una máquina para pacientes que sufren quemaduras en sus rostros y otras partes del cuerpo.Según la entidad, los pacientes quemados suelen tener una larga estancia en el centro médico debido a que requieren una atención especial, y con esta máquina estos procedimientos se podrían acelerar, teniendo en cuenta que la Unidad de Quemados del hospital tiene una alta ocupación durante todo el año, más aún en la época de fin de año que se aproxima.La máquina termoformadora que se requiere para optimizar los tratamientos faciales en la Unidad de Quemados del hospital tiene un valor que oscila entre los 57 y 100 millones de pesos. Esta adquisición tiene el objetivo de que los pacientes accedan a una mejor recuperación y cicatrización, creando dispositivos personalizados como máscaras de comprensión, férulas, soportes y vendajes. Es importante recordar que según el centro médico, el hospital funciona con donaciones y recursos propios, pues no recibe auxilios del Estado.Según Ana Londoño, Jefe de Cooperación y Donaciones de San Vicente Fundación, la escritora Dora Isabel Suárez destinará las ventas de su libro ‘El Fuego Conoce mi Nombre’ a la compra de la máquina que requiere el hospital, tras precisamente vivir en carne propia varias lesiones en su cuerpo producto de un accidente con una chimenea de bioetanol en el año 2018 y ser paciente de este hospital."Una de las actividades especiales que tenemos actualmente ha sido motivada por Dora Suárez y por motivación de ella, los recursos producto de la venta del libro y otros aportes de la ciudadanía se destinarán a la adquisición de un equipo necesario para la recuperación de aquellos pacientes que sufren quemaduras", detalló.Las personas que deseen vincularse a la ‘vaca’, pueden donar a través del 302 2214523 o comprando el libro en la línea 318 377 5586, en la librería El Licenciado, en Llanogrande, o en Marinilla, en Compuoriente y en la librería Áncora.
La denuncia había sido dada a conocer por parte del defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, Jorge Carmona, quien había manifestado que varios internos de la estación de Policía La Candelaria en Medellín. Allí, al parecer, estaban siendo víctimas de torturas, choques eléctricos, golpes y quemaduras en sus cuerpos de parte de una banda de reclusos que operaba en dicha estación, presuntamente, las torturas se debían a extorsiones que cobraban estos integrantes."Pero no deja de ser preocupante cuando manifiestan que ya al interior de Candelaria hay internos que están realizando torturas físicas, torturas o enteros con el tema, están colocando choques eléctricos, los golpean, los maltratan, no les permiten la alimentación, hay gente que lleva semanas desnudos en un baño y que la policía ni siquiera se entera de esto", explicó el defensor.Debido a esto, las autoridades emprendieron investigaciones al interior de la estación dando como resultado la identificación de esta banda. Según el comandante de la Policía Metropolitana, el general William Castaño, alrededor de 12 agresores fueron reconocidos y trasladados de manera aleatoria a otras estaciones de Policía."Se tomaron acciones inmediatas que incluyeron registro completo al interior de las salas transitorias, la reubicación de 12 personas que estarían también privadas de la libertad y que fueron señaladas de cometer maltrato físico contra otros internos", indicó el general.Por el momento, los 6 reclusos que denunciaron tales hechos de tortura, fueron trasladados a otras estaciones para restablecer sus derechos, y las autoridades ya se contactaron con los afectados para iniciar el proceso judicial correspondiente a estos hechos delictivos.Vale la pena recalcar, que las autoridades indicaron que continuarán investigando los hechos para identificar a más agresores, de igual manera, realizarán adecuaciones locativas para mejorar los lugares acondicionados para las personas privadas de la libertad e intensificaran controles en las estaciones para evitar que se sigan reportando este tipo de afectaciones.
Después de casi 4 años, las autoridades condenaron a una mujer de 25 años por los hechos ocurridos en 2019, cuando llevó a su hija de urgencias a un hospital de Medellín, donde ofreció diversas versiones sobre el crìtico estado de salud que tenía la menor y los hematomas que reportaba en su cuerpo.Según las investigaciones, a pesar de que la madre fue informada en horas de la tarde sobre el estado de salud de su hija, solo decidió llevarla a un centro asistencial después de las 9 y 30 de la noche, en las pruebas en su contra, también se evidenció que el estado de la menor, se debía a que la niña había sido golpeada brutalmente por parte de su padrastro en una vivienda ubicada en el barrio Belén Miraflores, quien le rompió una costilla, le perforó los intestinos, y le causó diversos traumatismos.Un día después de haber sido ingresada a urgencias y debido a un trauma cerrado de abdomen producido por los múltiples golpes, la menor falleció. Las autoridades, también determinaron que la niña era víctima constante de maltrato por parte de su padrastro de 27 años, pues las investigaciones arrojaron que días antes de estos hechos, la niña fue lanzada contra una motocicleta por este hombre, incidente que le generó heridas en uno de sus ojos. Además, la Fiscalía probó que la menor permanecía casi siempre sola y en pésimas condiciones de higiene.La condena de 37 años y seis meses a esta mujer, también fue impuesta para el padrastro de la menor, el cual era un patrullero de la Policía Nacional.
Persisten dificultades para la llegada de gas natural a 10 municipios de Antioquia. EPM asegura que se trata de condiciones y circunstancias ajenas a su operación.Las ausencias masivas de gas natural que se están registrando en algunos municipios antioqueños, se deben a las bajas presiones en el sistema nacional de transporte de gas, desde donde se surten los equipos de compresión, que se utilizan para comprimir el gas natural que es transportado a las localidades atendidas con la tecnología de gas natural comprimido.En las primeras horas de la mañana de este lunes, EPM informó que persisten novedades para 10 localidades: Abejorral, San Luis, Montebello, Salgar, Remedios, Dabeiba, Tarso, Pueblorrico, Venecia y San Carlos.La empresa de servicios públicos también advirtió que se trata de condiciones momentáneas y que las entidades encargadas de suministrar el energético desde su fuente trabajan en el mejoramiento de las situaciones que están generando la contingencia.Sin embargo, la empresa paisa, no descarta que las afectaciones sigan por varios días, según confirmó Diego Montoya, vicepresidente de gas de EPM."Es probable que esta situación se presente por varios días y de manera momentánea, no tiene nada que ver con un problema de abastecimiento o escasez de gas, es una situación técnica que se sale de las manos de EPM", añadió el funcionario.Hay que recordar que el pasado fin de semana, esta situación afectó a 40.000 usuarios (viviendas y empresas) en por lo menos 14 municipios del Suroeste, Oriente y el Norte del departamento.
Inspectores de Medellín protestarán este martes contra la intervención del alcalde y algunos concejales por la decisión que sancionó al técnico del Atlético Nacional Efraín Juárez. Con recurso legal, buscan que la Alcaldía de Medellín no tome decisión de segunda instancia, argumentando que Fico ya emitió un juicio al calificar la primera decisión como “desproporcionada”.Los inspectores de Medellín siguen mostrando su descontento por las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y algunos concejales que criticaron la decisión que sancionó al al técnico Efraín Juárez, por su celebración en el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, a 36 meses sin pisar un estadio y 26 millones de pesos de multa.Esta vez, adelantarán un plantón en La Alpujarra, este martes a las 10 de la mañana, para seguir rechazando que la decisión de segunda instancia sea tomada por la Alcaldía de Medellín, pues recordemos que en un primer momento le pidieron que se declarara impedida, luego se conoció que esta no lo haría y la última acción que adelantaron fue radicar una recusación.Este recurso legal busca que el secretario de Seguridad, Manuel Villa, dé un paso al costado para este caso, teniendo en cuenta que su jefe natural, el alcalde Gutiérrez fue quien lo delegó para la decisión pero al mismo tiempo ya emitió una opinión sobre el tema, calificando como “desproporcionada” la decisión.El inspector Carlos Jaramillo Gutiérrez, uno de los que interpuso esta recusación, calificó como un prejuicio lo dicho por el alcalde: “Eso es un prejuicio y en legalidad la ley establece que yo no puedo prejuiciar una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia”, afirmó.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que pidió respeto a todos los involucrados por las decisiones tomadas por los inspectores: “Que las decisiones de las autoridades de policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas incluidos el alcalde de Medellín para ello las decisiones son susceptibles de los recursos”, agregó.De acuerdo con la petición, de ser aceptada, tendría que remitirse a la autoridad judicial administrativa o al procurador regional nombrado ad hoc para este caso, "ya que ni el mismo alcalde por su pronunciamiento podrá ni debería delegarlo, no siendo menos oportuno indicar que este deberá ser un servidor que garantice total imparcialidad, objetividad, transparencia, análisis técnico y jurídico como criterio para resolver el recurso de alzada", reza la recusación.Por ahora, se espera que en los próximos días se conozca la decisión de segunda instancia, emitida por la Secretaría de Seguridad.
Con una marcha que salió desde el Parque de Bolívar hasta el sector de La Alpujarra, en el centro de Medellín, firmantes de paz se reunieron para conmemorar ocho años de la firma del acuerdo final entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc que puso fin a más de medio siglo de confrontaciones entre las partes.Sin embargo, pasado el tiempo, el balance sigue siendo agridulce para la mayor parte de la población reincorporada.Así lo indicó Luis Ospina, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación en nombre de Comunes, quien advirtió que persisten las dificultades para el acceso a tierras y el apoyo suficiente para iniciativas que precisamente se han quedado estancadas por esta realidad."La mayoría de los firmantes de paz todavía no tienen un acceso a integrar lo que es la reincorporación económica política social y comunitaria y el sentido de estas marchas es en defensa de las transformaciones, pero también en defensa de la implementación cabal del acuerdo de paz", agregó.Sin embargo, uno de los asuntos que mayor preocupación genera está en materia de seguridad, pues 41 firmantes de paz han sido asesinados en Antioquia en los últimos ocho años y un antiguo Espacio de Reincorporación en el municipio de Ituango trasladado a Mutatá por falta de garantías.Jesús Mario Arenas, conocido como Marcos Urbano, líder de esta población en el departamento, reconoció que así como en el municipio de Remedios donde posiblemente el antiguo ETCR también sea desplazado, la situación está siendo muy grave en el municipio de Anorí.De las cerca de 140 familias que llegaron a la vereda La Plancha tras la firma de los acuerdos de paz, queda cerca de la tercera parte. Agrava la situación lo ocurrido con el ataque del ELN que dejó cinco militares muertos y cuatro heridos además de un civil."La tendencia es que nos van a sacar de Anorí y es muy difícil sostenernos. La presión es muy dura, ahorita el último atentado lo hicieron los elenos, pues se mantienen muchos grupos alrededor de la gente nuestra, entonces está siendo muy complejo", manifestó.A pesar de las dificultades en el proceso, los firmantes en Antioquia siguen apostando a sus emprendimientos y a las estrategias de paz como la única salida a los ciclos de violencia, que aseguran, no pueden seguir siendo repetitivos en el país.
Karol G y Feid no solo se destacan por su vida artística que está en la cima para los dos, sino también por su vida personal, más exactamente por la relación sentimental que mantienen hace un tiempo.A los paisas se les ha visto muy unidos en los últimos meses, apuntando a que su relación va viento en popa, hecho que ha sido exaltado por los fans de los dos artistas.Son muchas las preguntas que se hacen sus seguidores, sobre cuándo tendrán hijos o cuando se van a casar, sin embargo, en las últimas horas, se han hecho virales fotografías con las que muchos de sus seguidores especulan, los artistas se casaron en secreto ya hace un tiempo.En la fotografía sobre la cual toma fuerza la especulación, se puede ver a Karol G y a Feid en una imagen de camiseta estampada donde se les ve vestidos de blanco, con arreglos con flores y un mensaje que dice: “Aniversario bebé”.Muchos aseguran que entonces los artistas ya llevarían un año casados. Mientras unos mantienen la versión de la boda de los artistas, otros aseguran que simplemente se trata de una fotografía filtrada sobre un video musical en común o una campaña para un próximo lanzamiento.Hasta el momento ninguno de los dos artistas se ha referido a las fotografías y versiones que circulan en redes sociales, pues tratan de mantener su relación en privado.Ya había rumores sobre embarazo de Karol GHace algunos días Feid fue preguntado sobre si venía un bebé en camino, fruto del amor con la paisa, a lo que de inmediato respondió entre risas.“El que está embarazado soy yo. Es algo que todavía no”, dijo sobre los rumores del embarazo de Karol G.¿Qué dijo Feid sobre su relación con Karol G?En una reciente entrevista con el presentador puertorriqueño Chente Ydrach, Feid, de 32 años, abordó por primera vez cómo maneja la exposición mediática relacionada con su vida personal.El cantante destacó que ha tenido que aceptar la constante atención sobre su relación, reconociendo que es una parte inevitable de su carrera: "Toca aceptar eso, si quiero ser lo que soy, el trabajo que escogí y tengo que aceptarlo, perro, con la exposición, con lo que hay que hacer, con que opinen, porque si no quiero que opinen de mi música o de mi relación, pues no hubiese escogido hacer esto", confesó.
En encomiendas y ocultas en electrodomésticos hallaron fusiles enviados desde Miami al barrio Robledo de Medellín. Las autoridades de Estados Unidos y las de Colombia trabajaron en conjunto para rastrear el destino de las armas y capturaron a una persona en la capital antioqueña.En medio de investigaciones de delitos trasnacionales con agencias federales de los Estados Unidos, tres encomiendas fueron perfiladas en la ciudad de Miami, Florida, las cuales tendrían como destino la ciudad de Medellín y en las que presuntamente pretendían enviar armas de fuego ocultas en electrodomésticos.Fue así que en articulación con agentes federales, en el aeropuerto de Miami fueron interceptadas dos de las cajas que se encontraban pendientes para enviar con destino a la capital antioqueña, en las cuales hallaron seis fusiles, y al realizar seguimiento a tercera encomienda, lograron llegar a una vivienda del barrio Kennedy de la comuna 7, Robledo, donde un hombre fue captura. William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.“Dos cajas fueron interceptadas en Estados Unidos en las que se incautaron seis armas de fuego tipo fusil, los investigadores llegaron también hasta la comuna de Castilla y en medio de una diligencia de registro de allanamiento se logró la incautación de dos fusiles, dos pistolas, tres proveedores y dos equipos móviles”, aseguró el alto oficial.El secretario de Seguridad, Manuel Villa, destacó el trabajo entre la Policía Nacional, la agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos HSI y la Fiscalía General de la Nación.“Este resultado es uno de tantos que estamos dando logrando así la afectación a las rentas criminales y a la comercialización de armas de fuego y con ello, por supuesto también a la comisión de delitos como el homicidio la lucha contra las estructuras ilegales no tiene consideración alguna y desde aquí desde Medellín le vamos a seguir dando duro a los bandidos”, dijo.Los elementos incautados, junto con el hombre de 26 años capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La capital antioqueña pasó de dos a siete patrullas "púrpura" motorizadas, con personal especializado en abordar casos de violencia de género. Según dio a conocer la Alcaldía y la Policía, estas medidas amplían la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, teniendo en cuenta que, solo este año, la Línea 123 Mujer atendió 79.202 incidentes.El alcalde Federico Gutiérrez destacó que uno de los puntos importantes para proteger a las mujeres es garantizarles todo el respaldo de la institucionalidad."Pasamos de dos a siete patrullas púrpura, que están absolutamente dedicadas. Cuando se recibe una llamada en la Línea 123 sobre un caso de agresión a mujeres, nuestra policía, a través de estas patrullas, está destinada exclusivamente a atender estos casos y tiene cobertura en todas las zonas de la ciudad", manifestó el alcalde.Adicionalmente, la Secretaría de las Mujeres puso en marcha un nuevo mecanismo de subsidios monetarios, equivalentes a un salario mínimo, o alojamiento hotelero temporal, hasta por seis meses prorrogables, para mujeres en riesgo de feminicidio.Este recurso, desarrollado por el Distrito con el apoyo del Ministerio de Salud, complementa acciones integrales que incluyen orientación psicológica y jurídica, así como el fortalecimiento del mecanismo de defensa técnica para acompañar a las víctimas en su acceso a la justicia. Así lo explicó la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez."Hospedaje y un salario mínimo, dependiendo de los casos, para mujeres que son víctimas de violencia de género en el marco del conflicto o mujeres con discapacidad que muchas veces no pueden ser llevadas a nuestros hogares de acogida. Esto garantiza un trabajo universal de la Secretaría de las Mujeres para protegerlas en el territorio", agregó Molina.Entre enero y octubre de 2024, la Secretaría contabilizó 19.397 atenciones integrales a través de sus cuatro mecanismos de apoyo, y la Línea 123 Agencia Mujer gestionó un 11 % más de incidentes que en 2023. En cuanto a la asistencia psicojurídica, se registró un incremento del 31 % en comparación con el año anterior. En promedio, 406 mujeres al mes recibieron acompañamiento, para un total de 1.342 casos.En lo que va de 2024, las autoridades han realizado 1.620 capturas relacionadas con violencias contra las mujeres, incluyendo 730 por violencia intrafamiliar y 745 por lesiones personales. Esto representa un incremento de 139 detenciones en comparación con el año anterior, según destacó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel William Castaño."Hay un incremento considerable en las denuncias. Ante este fenómeno, pasamos de tener dos unidades en este grupo a 18 unidades en 2024, distribuidas estratégicamente en la ciudad. Han sido más de 34.000 llamadas a la línea de emergencias 123, y, dependiendo del nivel de gravedad, sabemos cómo orientar cada caso", detalló Castaño.Además, los hogares de acogida protegieron la vida de 87 ciudadanas en riesgo de feminicidio, junto con las personas a su cuidado. A ellas se les ofreció un refugio seguro mientras se implementaban medidas de protección.El mecanismo de defensa técnica creció un 80 % en los procesos recibidos, alcanzando 272 casos atendidos durante el año, con un promedio de 58 por mes. Este aumento ha fortalecido el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
Luego de que se confirmara que la Alcaldía de Medellín no se declarará impedida para tomar la decisión en segunda instancia en la sanción al técnico Efraín Juárez, tras los gestos durante su celebración en el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, se radicó un recurso legal con el que se busca que el secretario de Seguridad, Manuel Villa, dé un paso al costado para este caso.En la recusación se argumenta que hay un impedimento por la opinión emitida previamente por el alcalde Federico Gutiérrez, que calificó como “desproporcionada” la decisión de una inspectora en primera instancia, que dictó que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, debe pagar una multa económica por 26 millones de pesos.El inspector Carlos Jaramillo Gutiérrez calificó como un prejuicio lo dicho por el alcalde, por lo que a su concepto sí le impediría, según la ley, a la Alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia, que es lo que se busca con esta recusación."Eso es un prejuicio y en legalidad la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", expuso el inspector."Que su delegante (Alcalde Distrital) y además superior jerárquico intervino y conceptuó públicamente por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, lo que flagrante y evidentemente vicia su imparcialidad y análisis para resolver el presente asunto”, se lee en el documento.Este recurso fue solicitado por los inspectores de Medellín Álvaro Ossa Arboleda, Carlos Alberto Jaramillo y Marcela Carrasquilla. En el recurso, se cita este trino del mandatario: De acuerdo con la petición, de ser aceptada, tendría que remitirse a la autoridad judicial administrativa o al procurador regional nombrado ad hoc para este caso, "ya que ni el mismo alcalde por su pronunciamiento podrá ni debería delegarlo, no siendo menos oportuno indicar que este deberá ser un servidor que garantice total imparcialidad, objetividad, transparencia, análisis técnico y jurídico como criterio para resolver el recurso de alzada", reza la recusación.Por ahora, se espera que en los próximos días se conozca la decisión de segunda instancia, emitida por la Secretaría de Seguridad.Asimismo, según se ha podido establecer, esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.
El atraso en los trámites del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, volvió a encender las alertas en el sector farmacéutico. Gremios y expertos señalaron que actualmente hay 12.470 solicitudes represadas, lo que está aumentando los tiempos para aprobar nuevos medicamentos en Colombia.La situación fue analizada durante el encuentro Perspectivas Sanitarias en Colombia, organizado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), junto con FIFARMA y la Cámara de Comercio Colombo Americana, donde participaron representantes del sector público y privado.Según las cifras presentadas en el evento, el tiempo promedio para aprobar nuevos registros pasó de 22 meses en 2024 a 29 meses en 2025, uno de los más altos de la región. Además, se advirtió que algunos medicamentos innovadores pueden tardar hasta cinco años en estar disponibles en el país después de haber sido autorizados por agencias internacionales.Durante la discusión también se expuso que en 2025 el 45 % de las solicitudes para nuevos medicamentos contra el cáncer fueron negadas, mientras que en tratamientos para enfermedades huérfanas la cifra llegó al 50 %.Los gremios indicaron que el 83 % de los medicamentos rechazados entre 2017 y 2024 ya contaban con aprobación de autoridades sanitarias internacionales, por lo que plantearon que el Invima podría apoyarse en esas evaluaciones para reducir los tiempos de revisión.Otro de los temas que se mencionó fue la situación presupuestal de la entidad. De acuerdo con los participantes, entre 2023 y 2025 el Invima registró recortes cercanos al 30 %, lo que ha afectado su capacidad operativa.En el encuentro también se presentó un documento con propuestas para modernizar la entidad, entre ellas actualizar las normas que regulan su funcionamiento, establecer plazos más claros para los trámites y fortalecer herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procesos.Los organizadores señalaron que estas medidas buscan mejorar los tiempos de evaluación y facilitar la llegada de nuevos tratamientos al país, manteniendo los controles sanitarios sobre los medicamentos que se comercializan en Colombia.
Las quejas de campesinos y propietarios rurales por el fuerte aumento en el impuesto predial en varios municipios de Santander llevaron a la Gobernación departamental a solicitar información al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a las alcaldías para verificar cómo se están aplicando estos incrementos.Según denuncias de comunidades rurales, en al menos 68 de los 87 municipios del departamento se han registrado aumentos considerables en el valor del impuesto predial para la vigencia 2026, lo que ha generado preocupación entre los contribuyentes, especialmente en el sector campesino.Omar Ballesteros, presidente de los paneleros de Santander, aseguró que en algunos casos los incrementos han sido desproporcionados y afectan la capacidad de pago de los productores rurales.“La zozobra que nos genera es que son exageradamente altos. En el municipio de Palmas del Socorro el mínimo ha sido de 750 % y el máximo de 6.500 %, lo que nos genera es que no podemos cumplir con estas obligaciones”, señaló el dirigente.La situación se presenta luego de la expedición de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 del IGAC, mediante la cual se da aplicación al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 y a la Resolución 1912 de 2024, que establecen los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales en zonas rurales de algunos municipios del país para la vigencia 2026.Esta medida busca actualizar el avalúo catastral de predios que no habían sido revisados durante varios años, lo que en algunos casos ha generado aumentos significativos en el valor del impuesto predial.El abogado experto en propiedad raíz, Juan Manuel Álvarez, explicó que estos procesos responden a la necesidad de reducir el rezago en la actualización catastral.“Teníamos un rezago bastante alto de varios años y el objetivo es poder hacer esta actualización en términos de precios en los ítems jurídicos, económicos y prediales”, indicó.Ante las inquietudes manifestadas por los ciudadanos, la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Planeación Departamental, liderada por Diego Tamayo, se enviaron comunicaciones oficiales al IGAC y a las alcaldías municipales para conocer en detalle cómo se están determinando los avalúos catastrales y cómo se están aplicando los incrementos del impuesto predial.“Sabemos que el incremento del impuesto predial está afectando el bolsillo de muchos santandereanos. Por eso estamos solicitando información al IGAC y a las alcaldías para tener claridad sobre cómo se han generado estos incrementos, si hubo socialización con la ciudadanía y si se está cumpliendo lo que establece la ley”, señaló Tamayo.El funcionario recordó que, aunque el impuesto predial es un tributo de carácter municipal cuya determinación corresponde a cada alcaldía, la normativa nacional establece límites para proteger a los contribuyentes.La Gobernación también solicitó a las administraciones municipales informar si recientemente se han adelantado procesos de actualización catastral y qué medidas se están aplicando para garantizar que los aumentos del impuesto se ajusten a los límites legales.Mientras tanto, al IGAC se le pidió explicar el procedimiento técnico y normativo utilizado para la determinación de los avalúos catastrales en los municipios donde actúa como gestor catastral, así como los mecanismos de revisión y control implementados durante estos procesos.
Un ataque con dron contra un camión que transportaba personas hacia un funeral dejó 40 muertos el martes en la región de Kordofán, en Sudán, informaron el miércoles a AFP una fuente médica y un testigo.La guerra implacable que enfrenta desde 2023 a antiguos aliados se intensificó en los últimos meses con la multiplicación de ataques mortales con drones contra zonas residenciales densamente pobladas, escuelas u hospitales.Kordofán, región crucial para el control de Sudán, está en el centro de los intensos combates entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), con anuncios diarios de bombardeos y balances sangrientos.El martes, "40 personas, en su mayoría mujeres, murieron cuando un camión fue alcanzado por un ataque de dron entre Abu Zubayd y Al Fula", dos ciudades situadas en el oeste de Kordofán, indicó una fuente médica.Los pasajeros, muchos de ellos de la misma familia, "se dirigían a Al Fula para presentar sus condolencias" después de un ataque que había golpeado el domingo el mercado de una localidad cercana, en esta zona controlada por los paramilitares, según un testigo contactado por AFP.Ni el testigo ni la fuente médica pudieron precisar el origen del ataque con dron del martes.El 8 de marzo, ataques con drones atribuidos al ejército dejaron 33 muertos y 59 heridos en los mercados de Abu Zabad y Wad Banda, según un médico del hospital local contactado por AFP.Ese mismo día, otro ataque con dron, también atribuido al ejército, mató a 11 personas e hirió a 20 en un mercado de Nyala, la capital regional de Darfur donde tiene su sede la administración paralela de las RSF, según un comunicado de Médicos Sin Fronteras Sudán.Las autoridades civiles de Darfur del Sur denunciaron ese ataque con dron y hablaron de 10 muertos, pero AFP no pudo confirmar esa información con fuentes independientes en esta zona inaccesible controlada por las RSF.
l ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino, Javier Milei."Sí, juro", dijo el exdiputado ultracatólico, que con 60 años se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Nuñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O'Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric.En desarrollo...
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dentro de una investigación que tiene origen en la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera. En particular, el interés estaría relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa GAXI ESP S.A.S., de propiedad de Mancera.Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra de un inmueble en la capital del país.El caso se centra en la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá. Según la investigación, Ricardo Roa adquirió el inmueble y Juan Guillermo Mancera “actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, pactadas sin intereses. Los pagos realizados a Pricenton International, propietaria del apartamento, se efectuaron con posterioridad a la celebración del negocio jurídico y a través de la empresa Innova Mercadeo, de Juan Guillermo Mancera”.De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.La Fiscalía considera que ese beneficio en el precio y en las condiciones de pago habría estado relacionado con la influencia que Roa presuntamente ejerció para favorecer los intereses empresariales de Mancera dentro de Hocol. En ese sentido, el ente acusador sostiene que el presidente de Ecopetrol habría utilizado su investidura para intervenir en asuntos que podían beneficiar a una persona con la que mantenía una relación comercial directa.
