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La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dentro de una investigación que tiene origen en la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.
De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.
Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera. En particular, el interés estaría relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa GAXI ESP S.A.S., de propiedad de Mancera.
Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra de un inmueble en la capital del país.
El caso se centra en la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá. Según la investigación, Ricardo Roa adquirió el inmueble y Juan Guillermo Mancera “actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, pactadas sin intereses. Los pagos realizados a Pricenton International, propietaria del apartamento, se efectuaron con posterioridad a la celebración del negocio jurídico y a través de la empresa Innova Mercadeo, de Juan Guillermo Mancera”.
De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.
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La Fiscalía considera que ese beneficio en el precio y en las condiciones de pago habría estado relacionado con la influencia que Roa presuntamente ejerció para favorecer los intereses empresariales de Mancera dentro de Hocol. En ese sentido, el ente acusador sostiene que el presidente de Ecopetrol habría utilizado su investidura para intervenir en asuntos que podían beneficiar a una persona con la que mantenía una relación comercial directa.
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