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Las quejas de campesinos y propietarios rurales por el fuerte aumento en el impuesto predial en varios municipios de Santander llevaron a la Gobernación departamental a solicitar información al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a las alcaldías para verificar cómo se están aplicando estos incrementos.
Según denuncias de comunidades rurales, en al menos 68 de los 87 municipios del departamento se han registrado aumentos considerables en el valor del impuesto predial para la vigencia 2026, lo que ha generado preocupación entre los contribuyentes, especialmente en el sector campesino.
Omar Ballesteros, presidente de los paneleros de Santander, aseguró que en algunos casos los incrementos han sido desproporcionados y afectan la capacidad de pago de los productores rurales.
“La zozobra que nos genera es que son exageradamente altos. En el municipio de Palmas del Socorro el mínimo ha sido de 750 % y el máximo de 6.500 %, lo que nos genera es que no podemos cumplir con estas obligaciones”, señaló el dirigente.
La situación se presenta luego de la expedición de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 del IGAC, mediante la cual se da aplicación al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 y a la Resolución 1912 de 2024, que establecen los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales en zonas rurales de algunos municipios del país para la vigencia 2026.
Esta medida busca actualizar el avalúo catastral de predios que no habían sido revisados durante varios años, lo que en algunos casos ha generado aumentos significativos en el valor del impuesto predial.
El abogado experto en propiedad raíz, Juan Manuel Álvarez, explicó que estos procesos responden a la necesidad de reducir el rezago en la actualización catastral.
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“Teníamos un rezago bastante alto de varios años y el objetivo es poder hacer esta actualización en términos de precios en los ítems jurídicos, económicos y prediales”, indicó.
Ante las inquietudes manifestadas por los ciudadanos, la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Planeación Departamental, liderada por Diego Tamayo, se enviaron comunicaciones oficiales al IGAC y a las alcaldías municipales para conocer en detalle cómo se están determinando los avalúos catastrales y cómo se están aplicando los incrementos del impuesto predial.
“Sabemos que el incremento del impuesto predial está afectando el bolsillo de muchos santandereanos. Por eso estamos solicitando información al IGAC y a las alcaldías para tener claridad sobre cómo se han generado estos incrementos, si hubo socialización con la ciudadanía y si se está cumpliendo lo que establece la ley”, señaló Tamayo.
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El funcionario recordó que, aunque el impuesto predial es un tributo de carácter municipal cuya determinación corresponde a cada alcaldía, la normativa nacional establece límites para proteger a los contribuyentes.
La Gobernación también solicitó a las administraciones municipales informar si recientemente se han adelantado procesos de actualización catastral y qué medidas se están aplicando para garantizar que los aumentos del impuesto se ajusten a los límites legales.
Mientras tanto, al IGAC se le pidió explicar el procedimiento técnico y normativo utilizado para la determinación de los avalúos catastrales en los municipios donde actúa como gestor catastral, así como los mecanismos de revisión y control implementados durante estos procesos.
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