
Mientras el Congreso de la República establece de forma definitiva el límite territorial entre el municipio de Puerto Colombia y Barranquilla, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública hizo un llamado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que emita un concepto ya sea transitorio o provisional sobre a quién corresponde el denominado corredor universitario, que es el espacio que se encuentra en la disputa jurídica.
Este corredor comprende 1.400 hectáreas de terreno que fueron incorporadas por la Asamblea Departamental al municipio de Puerto Colombia. Sin embargo, esa decisión fue anulada por el Consejo de Estado mediante sentencia de segunda instancia, que confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico.
El conflicto, que suma casi tres décadas, se ha agudizado en los últimos años con nuevos alegatos, por lo que, en vista del limbo jurídico y administrativo generado por la controversia, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo con el propósito de impulsar soluciones institucionales que contribuyan a resolver el litigio.
Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades locales para que asuman con voluntad y responsabilidad los acercamientos necesarios que permita establecer con claridad cuál es el límite entre barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.