Teniendo en cuenta que una parte del decreto dice que “el Ejecutivo nacional podrá recurrir de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras los medios de transporte, canales de distribución, centro de acopio, beneficiadores, mataderos, bienes muebles y mercancía que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno a los venezolanos”, el ministro enfatizó que no habrá expropiación. (Aquí: Desespero, palabra común entre venezolanos por la crisis de desabastecimiento). “No es la apertura de puertas para la expropiación, todo lo contrario, tenemos una amplia oferta de espacios productivos que queremos hacerlo con las empresas nacionales e internacionales”, enfatizó el ministro. Pérez Abad también aclaró cuál sería el paso a seguir del Gobierno Nacional si el Parlamento, de mayoría opositora, rechaza el decreto de emergencia económica. “Ya el presidente anunció que parte de las medidas se van a ejecutar, aprueben o no aprueben el decreto, la convocatoria del martes para una amplia conversación sobre las medidas apunta en esa dirección. Creo que el decreto está construido para que la mayoría del país lo apoye así que esperemos la decisión de la Asamblea Nacional pero en todo caso eso no va a evitar que el Gobierno bolivariano avance en una serie de instrumentos de política”, añadió. Según el jefe de la cartera de industria y comercio, el decreto que declara el estado de emergencia económica específicamente busca dar respuesta a una coyuntura económica muy compleja en el país, lo que hemos denominado una guerra económica de aspectos nacionales e internacionales. “La emergencia convoca a las fuerzas productivas privadas y estatales a desmontar una serie de elementos que retrasan la producción impiden las exportaciones no tradicionales”, añadió. Cabe recordar que el decreto le otorga facultades especiales al presidente de la República para eliminar trámites administrativos, dictar medida en exoneraciones, apoyar con nuevos fondos de financiamiento, direccionar recursos del Estado para apalancar las empresas privadas y públicas, entre otros. “El espíritu de ese artículo es fundamentalmente la orientación, tenemos altas concentraciones en algunos lugares y en otros no. Lo que permite es la reorientación de algunos productos para evitar la alta concentración”, manifestó. Entre tanto, el líder opositor venezolano Henrique Capriles consideró en las últimas horas que el decreto de emergencia económica que el mandatario Nicolás Maduro entregó al parlamento es una "habilitante disfrazada", mientras la también opositora María Corina Machado instó al gobernante a que renuncie tras admitir la "catástrofe" en el país. "Darle una habilitante disfrazada al destructor del país es como darle una pistola a un asesino", además de que el decreto de Maduro "es un frasco de veneno para los venezolanos", sostuvo. El excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda, que abarca una parte de Caracas, también calificó de falso el 141,5 % de inflación registrada entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, la tasa más alta de Venezuela en toda su historia, y sostuvo que ese porcentaje es aún mayor. Un informe del Banco Central de Venezuela (BCV) emitido horas antes del discurso de Maduro dijo que la inflación y una contracción del 4,5 % de la economía son fruto de la caída de los precios del petróleo, el principal producto de la economía venezolana.
El avance de las llamas en el departamento de Boyacá mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro. Las emergencias avanzan hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y el municipio de Chíquiza, afectando áreas de bosque nativo primario y comunidades campesinas de la región.En entrevista con Mañanas Blu, Javier de la Cuadra, rescatista y voluntario en la zona de las conflagraciones, cuestionó la oportunidad con la que las autoridades reaccionaron para atender el fuego que se originó cerca del casco urbano de Villa de Leyva."No hubo acción rápida. Ya cual sea la causa, no hubo acción rápida", afirmó De la Cuadra, quien agregó que si el apoyo de helicópteros hubiese llegado entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m. de ese mismo día, la situación actual sería "mucho menos complicada".El rescatista comparó la atención de este desastre con otros eventos del país. "Lo mismo pasó en el Tolima, la acción rápida aérea fue muy lenta", sostuvo. Según su relato, los helicópteros arribaron a la zona el domingo, cuando el fuego ya se había propagado hacia la parte alta de la montaña.Sobre el estado actual de los frentes de fuego, De la Cuadra advirtió que dos focos de gran magnitud amenazan con unirse en las cumbres. Mientras uno avanza por el municipio de Chíquiza, el otro impacta de forma directa el Santuario de Iguaque, un ecosistema estratégico de bosque nativo.El voluntario explicó que la situación operacional es difícil por las condiciones topográficas del terreno, las cuales complican las labores del personal en tierra. "Ayer un bombero quedó atrapado, tocó rescatarlo. Es una zona de riesgo", detalló el socorrista.A estas dificultades geográficas se suman las condiciones meteorológicas del sector, caracterizadas por fuertes ráfagas. En la plaza central de Villa de Leyva se registra caída permanente de ceniza y se divisa la columna de humo en la montaña. "En la medida que va entrando el día, y sobre todo al atardecer, 3, 4 de la tarde, el viento pues ya hace lo suyo", señaló.Frente a la respuesta del Estado, De la Cuadra hizo un llamado directo al Gobierno nacional para fortalecer la capacidad logística en esta clase de emergencias forestales mediante más unidades aéreas o cooperación internacional."Se necesitan más, en este momento se necesita más fuerza aérea disponible con capacidad de apagar incendios", concluyó. De igual forma, resaltó que "en los incendios forestales los primeros que trabajan siempre son los campesinos", por lo que valoró la articulación comunitaria que se ha generado para intentar contener la conflagración.
Independiente Santa Fe atraviesa horas de incertidumbre antes de disputar la final de la Liga Femenina contra Deportivo Cali, luego de que el Estadio Nemesio Camacho El Campín no fuera habilitado para el partido de ida.El encuentro está programado para este miércoles 23 de septiembre y el club bogotano cuestionó públicamente la manera en que se ha manejado la disponibilidad del escenario, que históricamente ha sido su casa.En un comunicado publicado este martes, Santa Fe manifestó su preocupación por la programación de El Campín y señaló que el fútbol profesional y los equipos que representan a Bogotá no deberían ser considerados una actividad secundaria dentro de la agenda del estadio.La institución reconoció que se trata de un escenario multipropósito y que respeta la realización de conciertos y otros eventos. Sin embargo, puso el foco en la planeación de las actividades cuando estas coinciden con compromisos deportivos previamente establecidos.¿Por qué Santa Fe cuestiona la disponibilidad de El Campín?De acuerdo con el comunicado, el marco contractual establece que el concesionario debe realizar su mayor esfuerzo para dar prelación a los eventos deportivos y, cuando existe un conflicto de fechas, revisar los calendarios de DIMAYOR y CONMEBOL, además de notificar oportunamente al club y coordinar las alternativas.Santa Fe sostuvo que esa obligación no se cumplió de manera adecuada, pues aseguró que no recibió oportunamente la comunicación necesaria para gestionar la situación con anticipación.El club también señaló que, desde la confirmación de los cuadrangulares de la Liga Femenina, era altamente probable que uno de los equipos de Bogotá llegara a la final. Esa posibilidad aumentó cuando se confirmó la semifinal entre Santa Fe y Millonarios.Por ello, la institución consideró que resultaba difícil de prever que solo hasta el 21 de septiembre se informara sobre los trabajos de mantenimiento que se realizarían en la cancha de El Campín.¿Dónde jugaría Santa Fe la final ante Deportivo Cali?La sede del partido de ida todavía estaba pendiente de confirmación en el momento de la comunicación del club.El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había explicado en entrevista con Win Sports que el equipo analizaba la posibilidad de trasladar el encuentro a Tunja, debido a que no contaba con El Campín.“Muy seguramente nos iremos para Tunja a jugarla, no tenemos estadio”, dijo Méndez, al explicar que el club adelantaba los trámites para conseguir la habilitación del escenario.El IDRD, por su parte, informó que el estadio de Techo está disponible para recibir la final femenina.
La Contraloría General de la República anunció que asumirá la vigilancia y el control fiscal integral sobre la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, tras detectar un atraso ponderado en la ejecución del proyecto a corte del 31 de agosto. Aunque el retraso general de la megaobra se sitúa en un 4,46%, el vicecontralor general, Francisco José Chaux, advirtió que el incumplimiento es mucho más notorio y preocupante al analizar áreas específicas.De acuerdo con la evaluación técnica del organismo, mientras el avance global debería situarse en el 86,79%, la obra registra un 82,33%. Sin embargo, el funcionario explicó que el proyecto se compone de ocho ejes, donde algunos presentan un desempeño positivo y otros muestran debilidades que exigen un seguimiento permanente.Componentes críticos bajo la lupaEl vicecontralor Chaux detalló que el mayor impacto negativo se encuentra en tres frentes fundamentales para el funcionamiento del sistema: estaciones y accesos, sistemas y equipos, y malla vial y espacio público.En el caso de malla vial y espacio público, la Contraloría reportó un retraso del 52,34%. Al respecto, el funcionario aclaró que este componente abarca los puentes, andenes, vías y toda la infraestructura de acceso necesaria para el disfrute y operatividad de la obra. Según Chaux, al hablar de un atraso de esta magnitud, se refiere a que menos de la mitad de las actividades programadas para dicho segmento se han ejecutado efectivamente hasta la fecha.Los otros componentes señalados presentaron un rezago del 19,24% en estaciones y accesos, y un 18,58% en sistemas y equipos. En contraste, el vicecontralor destacó que los componentes de viaducto y patio taller se mantienen dentro del cronograma preestablecido, lo cual evita, por ahora, una afectación mayor en el balance general del proyecto.Riesgos para la puesta en marcha en 2028Uno de los puntos centrales de la preocupación de la Contraloría es el impacto que estos retrasos acumulados puedan tener en la fecha final de entrega. Al ser cuestionado sobre si este 4,46% podría posponer la inauguración, Chaux fue enfático en advertir sobre la posibilidad de un efecto dominó si no se corrigen las desviaciones.Si empezamos a sumar ese 4%, otro 4% nos puede poner en riesgo la entrega para septiembre del 2027, en el sentido de que se ponga en funcionamiento, se hagan las pruebas para el Metro de Bogotá. Y si vamos sumando ese atraso ponderado con el paso del tiempo, se puede convertir en un riesgo alto de que efectivamente el metro no entre en funcionamiento en marzo de 2028, señaló el vicecontralor.Aunque la meta establecida sigue siendo marzo de 2028 para la operación comercial y septiembre de 2027 para el inicio de pruebas, el ente de control enfatizó que mantendrá una vigilancia estricta sin incurrir en la coadministración del proyecto.Seguimiento permanente y control fiscalEl vicecontralor Chaux aclaró que el ejercicio que inicia la entidad se traduce en una participación activa en la gestión de riesgos y en la emisión de advertencias oportunas sobre posibles fallas que pongan en peligro los recursos públicos, dado que la Nación aporta más del 60% de la cofinanciación de la obra.El funcionario confirmó que la Alcaldía de Bogotá, la Empresa Metro y la interventoría ya fueron notificadas sobre la resolución 1987, que oficializa este control integral. Ante la pregunta sobre si es posible acelerar los procesos para recuperar el tiempo perdido, Chaux señaló que dicha responsabilidad recae sobre el concesionario."Nosotros miraremos los resultados en la gestión, nosotros miraremos qué tanto esfuerzo se llevó a cabo para adelantar las tareas de acuerdo al cronograma que se ha hecho, alcanzar que se logre un mayor desarrollo. Y efectivamente, esos esfuerzos dependerán del concesionario, más no de la Contraloría. Pero la Contraloría ejercerá sus competencias constitucionales y legales para que el metro llegue al mejor puerto posible", concluyó el vicecontralor.
Bipro, producto insignia de Nutramerican Pharma, llegará al mercado estadounidense con una nueva presentación que combina whey protein y café colombiano liofilizado, en una apuesta por llevar uno de los productos más representativos del país a la industria de la nutrición deportiva.La compañía asegura que se trata de la primera proteína del mundo autorizada para llevar el sello Café de Colombia. El café utilizado es producido por Buencafé, de la Federación Nacional de Cafeteros, en Chinchiná, Caldas, y cuenta con certificación de origen 100 % nacional.El producto contiene 10 % de café liofilizado soluble instantáneo. La base de proteína se fabrica en Estados Unidos y posteriormente llega a la planta de Nutramerican Pharma, ubicada en la Zona Franca del Pacífico, donde se incorporan el café y los demás ingredientes.Cada porción aporta 25 gramos de proteína de suero, sin azúcares añadidos. Además, estará disponible en una versión con 100 miligramos de cafeína y otra descafeinada.El lanzamiento también busca poner en valor la cadena cafetera colombiana, al incorporar un ingrediente que, según la empresa, representa el trabajo de más de 540.000 familias caficultoras y llevarlo a una nueva categoría de consumo en el mercado internacional.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó que es competente para estudiar la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes implementado por el anterior Gobierno nacional, y rechazó las excepciones planteadas para que el proceso fuera remitido a un tribunal de arbitraje internacional.La Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del “Convenio con Persona Extranjera de Derecho Público para la Cooperación y Participación”, suscrito el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional - Casa da Moeda de Portugal. El convenio tiene un valor fiscal de 1,3 billones de pesos y establece las reglas para la cooperación y participación en el proceso de transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia.Además de solicitar la nulidad absoluta del convenio, la Procuraduría pidió que se ordene a la Casa da Moeda de Portugal devolver las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del negocio jurídico, debidamente indexadas y con intereses moratorios.Durante el proceso, la Imprenta Nacional de Colombia planteó una excepción de falta de jurisdicción, argumentando que el convenio contiene una cláusula compromisoria que atribuye a un tribunal de arbitraje internacional el conocimiento de las controversias relacionadas con el negocio jurídico, incluidas aquellas relacionadas con su nulidad.Según esa posición, la legitimación especial de la Procuraduría para solicitar la nulidad absoluta de contratos estatales no desplazaría los efectos del pacto arbitral acordado por las partes.Sin embargo, el Tribunal concluyó que, aunque el convenio sí contempla un mecanismo de arbitraje internacional, esa cláusula no impide que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca de la demanda presentada por la Procuraduría.El Tribunal explicó que las partes acordaron que, después de agotar el mecanismo de arreglo directo, las diferencias relacionadas con la “interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad, terminación o reducción” serían resueltas mediante arbitraje internacional administrado bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. No obstante, destacó que la demanda no fue presentada por una de las partes que suscribieron el convenio y aceptaron el pacto arbitral, sino por la Procuraduría, que no intervino como parte contractual.“En este subíndice la controversia no fue promovida por una de las partes que celebraron el Convenio y otorgaron su consentimiento al pacto arbitral, sino por la Procuraduría General de la Nación, que no intervino como parte del contrato ni suscribió su cláusula compromisoria y que comparece en ejercicio de una habilitación atribuida directamente por la ley”, señaló el Tribunal.Por estas razones, el Tribunal declaró no probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción, cláusula compromisoria e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.El proceso continuará con la audiencia inicial, que fue programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana. En esa diligencia se abordarán los aspectos procesales correspondientes dentro de la demanda presentada por la Procuraduría contra el convenio relacionado con el nuevo modelo de pasaportes.Además, recientemente la cancillería declaró una nueva urgencia manifiesta para garantizar la continuidad, sin interrupciones, del suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes.
