La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, publicó un documento preliminar en el que analiza los escenarios para el desarrollo del cobre en Colombia y en la lista de prioridades está el proyecto minero Soto Norte, que adelanta la multinacional Minesa.“Fuera del área de influencia biótica del Proyecto Soto Norte, se encuentra el ‘área de páramo jurisdicciones Santurbán-Berlín’. No obstante, el proyecto Soto Norte no se intercepta con zonas excluibles de la actividad minera”, indica el documento que fue conocido en primicia por Blu Radio.Según los datos que la UPME recolectó con distintas entidades del Gobierno existe “una clara separación espacial entre la actividad extractiva y las áreas denominadas como reservas naturales Parque Nacional Regional Páramo de Santurbán y Parque Nacional Regional Sisavita (ver imagen).Sin embargo, este concepto técnico entregado por la UPME levantó ampolla en el Comité para la Defensa y el Agua del Páramo de Santurbán, que cuestionó la posición de la entidad calificándola de estar en contravía de las políticas del gobierno de Gustavo Petro.“A nosotros nos preocupa que las instituciones del gobierno estén actuando como islas y no tengan en cuenta la política de gobierno, que no tengan en cuenta a la ciudadanía ni tampoco los conceptos técnicos que se han emitido. Esperamos que la UPME, adscrita al Ministerio de Minas, sea coherente con lo que el gobierno ha venido estableciendo y lo que la ciudadanía ha exigido”, dijo Hernán Morantes, líder del Comité Santurbán.El cobre es uno de los minerales estratégicos para Colombia en medio del objetivo de acelerar la transición energética. La electrificación de la economía requiere toneladas de clave y en el país solamente hay una mina que lo produce El Roble. Los demás proyectos de cobre en Colombia han tenido toda clase de problemas y no han comenzado a producir. El título minero Soto Norte permite la explotación tanto de oro como de cobre, pero la compañía aún no tiene licencia ambiental para iniciar las operaciones.Entre las recomendaciones de la UPME al Gobierno en materia de cobre está reconocer que en muchas de las alcaldías y entidades de los municipios donde están los cinco grandes no existe la capacidad técnica, financiera y administrativa para acompañar los proyectos o gestionar las demandas de quienes se consideran afectados por ellos porque son de categoría sexta.Además, se invita al Gobierno a "promover la formación en educación superior, asociada a la industria minera y de extracción, es fundamental en los territorios en donde se podrían llevar a cabo proyectos de interés nacional para la explotación de cobre y sus concentrados, tales como: Quebradona, Soto Norte, San Matías y Mocoa”, indicó la entidad.La delimitación del páramo de Santurbán ha avanzado, pero no está completamente terminada. Por ejemplo, en el municipio de California (epicentro de Soto Norte) ya hay un acuerdo con la comunidad sobre cuál es la línea donde arranca el páramo. Sin embargo, todavía faltan 20 municipios por cerrar el acuerdo antes de que la delimitación sea oficial.Vea también:
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán desató la polémica en la red social X tras postear contra el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Ambiente por su “falta de coherencia” en la lucha contra el cambio climático al permitir, según su concepto, la participación de Minesa en el pabellón de Colombia en la COP28 que se celebra en Dubai.“En estos momentos en los Emiratos Árabes Unidos, Minesa y su proyecto Soto Norte están intentando apropiarse y apoderarse del Estado colombiano en la cumbre internacional sobre cambio climático COP28”, dijo el Comité Santurbán.La molestia del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán desató varias reacciones, entre ellas la de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien en un comunicado explicó la participación de la multinacional minera Minesa.“Para construir la agenda de eventos a realizar en el stand de Colombia se realizó una convocatoria abierta donde se recibieron propuestas de los diferentes actores y sectores que representan el diálogo social y las principales apuestas temáticas lideradas por Colombia para esta conferencia”, dice el comunicado.“Sobre el evento que se iba a desarrollar el día 10 de diciembre, llamado “Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del cambio climático en Colombia; caso recurso hídrico en Santander”, y en el que se daría espacio a la empresa que lidera el proyecto de Minesa en la provincia Soto Norte en Santander, aclaramos que este panel fue propuesto, sin embargo, no contará con espacio dentro del stand de Colombia”, agrega el comunicado.Blu Radio pudo establecer que, en efecto, la multinacional minera Minesa participó de una convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente para presentar su propuesta sobre un proyecto ambiental para Santander y que contó con la aceptación del Gobierno Nacional tras cumplir con los requisitos para participar en la cumbre.
En video quedó registrada la denuncia que hizo la gerente del hospital de California, Santander, Leidy Alarcón, contra la alcaldesa de este municipio, Genny Gamboa, por rechazar una donación de 150 millones de pesos de la empresa minera Minesa para mejorar la infraestructura y finanzas de la entidad.“Me siento impedida a pesar de que es una institución descentralizada, recibo una llamada de la alcaldesa y me dice que no puedo firmar. Si firmo (está en riesgo) es mi cargo. Es una lucha que yo llevo con la institución, pero en estos momentos me restringen”, contó la gerente a sus funcionarios en medio del llanto.En entrevista con Blu Radio, la gerente amplió la denuncia y explicó los detalles de la donación que se perdió “por una postura radical de la alcaldesa”.“El tema de la discusión es frente a un convenio de donación por las necesidades que presenta la institución y la crítica situación financiera que por años se ha venido registrando (…) La junta directiva de la institución y la presidenta es la alcaldesa, pero ella tiene una postura radical frente a la minería y la empresa. Ella me dice que no puedo hacer la recepción del recurso por su postura y su logo de campaña del cual fue elegida”, indicó la gerente.La funcionaria también manifestó que la situación financiera del hospital de California es crítica, por lo que es imperiosa la necesidad de encontrar recursos que permitan la operación de la entidad.“La institución viene presentando una dificultad económica desde hace muchos años, he venido en la búsqueda de recursos y convenios (…) Hemos firmado convenios con la Gobernación que apalancan la sostenibilidad, pero es una institución con un presupuesto mínimo, maneja un presupuesto inicial de 270 millones de pesos para subsistir todo el año”, agregó la funcionaria.La alcaldesa de California respondió frente a la polémica y explicó por qué rechazó la donación: “Recibimos el hospital en unas condiciones deplorables, pero a través de las gestiones que se han hecho el centro médico está en un equilibrio financiero (…) En el 2020 recibimos un presupuesto en el que se pudo sanear esta situación. Con varias circunstancias que han llevado a que este gobierno esté enderezando la salud del municipio, estamos adportas de hacer un modelo de red aprobado por la Asamblea de Santander y en aras de que la salud del municipio sea sostenible”, afirmó.La denuncia desató varias opiniones en contra de la alcaldesa de California, Genny Gamboa, por el rechazo de la donación.“Pido respeto por las mujeres que ejercemos la política en Santander, pero no comparto que esta alcaldesa pase por encima de su comunidad. Valiente cuando está en su casa, pero cobarde ante la necesidad de su pueblo que la puso en ese cargo de elección popular”, escribió la diputada Claudia Ramírez.“Si tan solo los políticos que se rasgan las vestiduras por Santurbán hicieran lo mismo por la salud y la vida digna de las personas de California, pero pues eso no da voticos. ¡En fin! Que se mueran los enfermos esperando gestión por parte de ellos, pero plata de Minesa, jamás”, escribió la abogada Ana María Vargas.
En marzo de 2021 la multinacional minera Minesa anunció la reestructuración del 30 % de su planta de personal en el municipio de California y Bucaramanga, en Santander, por no alcanzar la autorización para la explotación del proyecto minero conocido como Soto Norte, en inmediaciones del páramo de Santurbán.Dos años después, el Ministerio del Trabajo tomó una decisión sobre ese despido masivo que, incluso, terminó en protestas por parte de los trabajadores afectados.“Sancionar a la empresa Sociedad Minera de Santander S.A.S. con una multa pecuniaria consistente en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 S.M.L.M.V.) equivalentes a la suma de mil ciento sesenta millones de pesos ($1.160.000.000)”, dice la resolución del Ministerio del Trabajo.La empresa Minesa tiene 15 días hábiles para realizar el pago sin que se cobren intereses moratorios, dice la resolución.Según el Ministerio del Trabajo, fueron 13 los trabajadores despedidos sin justa causa que hacían parte del sindicato de la empresa Minesa.“El Ministerio del Trabajo hace justicia frente a los despidos que, nosotros como organización sindical, consideramos como ilegales y que realizó esta multinacional minera. Seguimos exigiendo justicia para que a través de los juzgados haya un fallo que permita el reintegro de los trabajadores y se repare en su integridad”, dijo Jorge Lizcano, representante de Sintramienergetica.El sindicato indicó que en esa misma época fueron despedidos otros 127 trabajadores que se desempeñaban en diferentes áreas.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, manifestó a Blu Radio que actualmente se evalúan con expertos dos opciones para resolver la crisis por la minería ilegal que se vive en la zona del páramo de Santurbán, en Santander.La ministra señaló que la utilización de mercurio en la extracción del metal “es un peligro para la vida. El químico está cayendo al río Suratá que abastece de agua a los bumangueses”.“Estas son las dos opciones para acabar con la minería ilegal en Santurbán. Una posibilidad es consolidar un distrito minero comunitario, que tenga unos impactos muy controlados, para darle salida a esa minería totalmente destructiva y contaminante que afecta a las fuentes de agua de Bucaramanga. La otra opción es no tener minería en esta zona y generar una actividad de reemplazo. Este asunto tiene sus complejidades sociales y jurídicas”, precisó la funcionaria.Susana Muhamad manifestó que este proceso de toma de decisiones sobre el futuro de la minería en Santurbán será concertado con los habitantes de los municipios de la provincia de Soto Norte“En el primer trimestre de este año vamos a llevar una propuesta a los habitantes del municipio de California. Estamos estudiándola de forma cuidadosa desde los sectores ambientales, jurídicos, sociales y económicos. La minería ilegal que se realizan en la zona que dejó la multinacional Eco Oro, que son unas 280 hectáreas, es muy grave y hay que controlar esa fiebre de oro que afecta a las comunidades de Bucaramanga”, aseveró la ministra.El Acueducto de Bucaramanga informó que durante el 2022, en diferentes muestras realizadas, se detectó un aumento en partículas contaminantes de mercurio en el río Suratá de donde se capta un 30% del agua que se utiliza para el consumo humano.“Se identificó en un litro de agua 100 microgramos de mercurio, cuando lo permitido es 20 microgramos, es decir que tenemos un aumento del 300% de este químico contaminante en las plantas de tratamiento en el río Suratá”, señalaron en su momento las directivas del Acueducto de Bucaramanga.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, visitó este viernes, 9 de diciembre, a los municipios de California y Suratá, Santander, para hablar y escuchar a las comunidades en medio de ese demorado proceso de delimitación del páramo de Santurbán.Para la funcionaria, el proceso metodológico de delimitación del páramo no ha funcionado, pues en cinco años solo tres municipios han logrado ser delimitados.“No me parece seguir por la misma ruta metodológica que solo ha logrado concertar tres municipios en cinco años, de más de 40 municipios, y pues nos haya dado una señal de que vamos por buen camino”, indició la ministra de Ambiente.La ministra, a su vez, se sintió "molesta" por el tratado a esta situación y agregó: “Nosotros nos estamos tomando el tiempo para examinar esto de forma estructural y empezar a entender las complejidades y los conflictos”.La jefe de la cartera de Ambiente también reprochó que en los gobiernos anteriores se hayan entregado concesiones mineras “sin contemplación”.“Hubo una época de fiebre del oro en el Estado colombiano en el que entregaron títulos mineros sin contemplación ambiental ni social. Todavía estamos en esos conflictos socioambientales, hoy hay una sentencia del Consejo de Estado que nos obliga a las autoridades ambientales y mineras a ordenar la casa”, señaló.En medio de la primera Cumbre de Páramos que se realizó en Bucaramanga, el director de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, confirmó que, en minas de los municipios de Vetas y California, ubicados en el páramo de Santurbán en Santander, se realizan actividades ilegales dentro de socavones en los que empresas mineras realizaron extracción de oro en esa zona."Nosotros tenemos en la agencia un sistema de inspección satelital de los principales proyectos del país y podemos ver cómo en unos túneles que hay en Santurbán a diario hay carros, camionetas, gente entrando y saliendo todo el tiempo”, aseguró Pardo.Le puede interesar: 'El Camerino'
En un comunicado la Sociedad Minera de Santander, Minesa, pidió a los entes gubernamentales y a las autoridades ambientales controlar la minería ilegal que en la zona de Soto Norte, en el páramo de Santurbán, está desencadenando una contaminación con mercurio del río Suratá.“La compañía respalda la solicitud que se le viene haciendo a los entes gubernamentales y de control y a las autoridades ambientales para que se actúe con contundencia y se tomen medidas frente a la problemática que está desencadenando esta afectación”, dice el comunicado.Minesa, multinacional que está en trámite para obtener la licencia ambiental de exploración y explotación de oro en el municipio de California, provincia de Soto Norte en Santander, aclaró que en la zona no han realizado actividades de extracción.“Minesa se suma a la voz de rechazo absoluto que mantienen todos los santandereanos por la contaminación con mercurio que presenta el río Suratá, como lo han denunciado el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la Personería de Bucaramanga, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB”, señala la comunicación.La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien participó en la audiencia pública de delimitación de páramos que se realizó en Bucaramanga el pasado 6 de octubre, aseguró que en Santander y otras zonas del país hay mafias dedicadas a la minería ilegal."Hay una minería grave que está entrando de la minería devastando a California y otras zonas del país que están como mafias y que vamos a tener que entrar a controlar", manifestó la ministra Muhamad.Cabe anotar que este año el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha reportado, en dos oportunidades, altos niveles de concentración de mercurio en el río Suratá, uno de los afluentes que abastece del líquido a la compañía, señalando como una posible consecuencia de la minería ilegal en inmediaciones del páramo de Santurbán.Le puede interesar este podcast:
En la mira de las entidades de control está la alcaldesa de California, Santander, Genny Gamboa, porque presuntamente habría organizado una estrategia para sabotear las reuniones del Ministerio de Ambiente con las comunidades para concertar los límites del páramo de SanturbánLa denuncia ante la Procuraduría y Fiscalía fue interpuesta por Fabio Augusto Maldonado Toloza, representante legal de la Fundación por el Gran Pacto Social de California."Solicitamos que se investigue la conducta de la señora alcaldesa de California Genny Gamboa, al gestor social y a todo su equipo de trabajo, quienes, con todo tipo de artimañas que nosotros ya hemos denunciado públicamente y que han quedado registradas en los videos y los audios de las reuniones que se han llevado a cabo, han venido bloqueando la posibilidad de que las comunidades de base que queremos participar podamos sentarnos con el Gobierno Nacional y llegar a un acuerdo para la delimitación del páramo de Santurbán que lleva más de 4 años", señala en un carta el dirigente social. Señala la Fundación por el Gran Pacto Social de California que existen pruebas con mensajes de texto, audio y videos de WhatsApp, donde funcionarios de la Alcaldía de California estarían promoviendo el sabotaje a las reuniones de MinAmbiente. La alcaldesa de California, Genny Gamboa, afirmó a BLU Radio que existe una campaña para desprestigiarla. Manifestó que su único interés es que el proceso de delimitación de Santurbán este acorde a la realidad ambiental, social y económica del municipio. Esta es la denuncia contra la alcaldesa Genny Gamboa presentada por la Fundación por el Gran Pacto Social de CaliforniaEn el municipio de California queda ubicado el proyecto minero de Minesa.
La multinacional canadiense Aris Gold Corporation es la empresa que, tras un acuerdo con Minesa, adquirió el 20% del proyecto que pretende extraer oro en el páramo de Santurbán en la zona de Soto Norte.“Aris Gold pasará a ser el CEO (director ejecutivo) de Minesa para llevar adelante el trámite de la licencia ambiental. Aris Gold aportará la amplia experiencia en materia de participación y consultas con la comunidad que su equipo ha adquirido gracias a sus actividades en Colombia”, dice el comunicado de Minesa.Aris Gold ya tiene presencia en Colombia en la operación de la mina para la producción de oro en Marmato, Caldas. Asimismo, la minera desarrolla un proyecto de expansión y en febrero de 2021 la Agencia Nacional de Minería le extendió la licencia por 30 años.Tras la adquisición del 20% del proyecto de extracción de oro en Soto Norte, el líder ambientalista Erwing Rodríguez Salah, rechazó la intervención de la empresa canadiense.“No podemos permitir que las fábricas de agua por excelencia en nuestro país, nuestros páramos, sean objeto de especulación en los mercados bursátiles del mundo por los proyectos de mega minería en páramos, con la complacencia de los últimos gobiernos que han querido aprobar bajo una óptica minera que pone en alto riesgo el derecho al agua de más del 70 % de la población colombiana que se beneficia del recurso hídrico que se produce en los páramos”, manifestó el líder ambientalista.Igualmente le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que no se tramite este tipo de proyectos de megaminería ubicados por encima de las bocatomas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.“Teniendo en cuenta consideraciones de tipo legal, indebatibles argumentos técnico-científicos y la voluntad de los colombianos que jamás daremos la licencia social a dichos proyectos”, indicó Rodríguez.Este es el comunicado de Minesa por la venta del 20% del proyecto de extracción de oro en Santurbán
El pasado martes se desarrolló un evento organizado por la multinacional minera Minesa para formalizar a 160 mineros del municipio de California, Santander.Según Minesa, la formalización “en el marco de la política minera del Gobierno Nacional, que permitirá que 160 mineros realicen minería legal, preservará así más de 450 años de tradicionalidad en el municipio de California donde la minería es la principal fuente de ingresos.”“Estamos orgullosos de este proceso y de los avances que durante tres años vimos en Calimineros y en el empuje de los socios por llegar a ser parte de la formalidad. Es un caso de éxito para el sector minero, caminamos juntos en este paso a paso, que empezó con conversaciones casa a casa para que 160 familias que tenían el interés de operar de manera legal en su territorio, lograran conformar una empresa que hoy les permitirá realizar su actividad minera de manera formal y segura”, dijo Mauricio Cuesta, vicepresidente Ejecutivo y Legal de Minesa.Sin embargo, el evento no cayó bien para los ambientalistas que defienden el páramo de Santurbán.“Este pacto con Calimineros responde a una estrategia de Minesa de confrontar al área metropolitana de Bucaramanga y el resto de Colombia con un sector minero que habita en Soto Norte y lo más escandaloso es que el área del subcontrato es el área que más colinda con el páramo de Santurbán”, dijo Hernán Morantes, líder del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.Según informó Minesa en un comunicado, Calimineros deberá presentar su Estudio de Impacto Ambiental ante la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, para obtener su licencia ambiental e iniciar el proceso de operación.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.