La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, publicó un documento preliminar en el que analiza los escenarios para el desarrollo del cobre en Colombia y en la lista de prioridades está el proyecto minero Soto Norte, que adelanta la multinacional Minesa.“Fuera del área de influencia biótica del Proyecto Soto Norte, se encuentra el ‘área de páramo jurisdicciones Santurbán-Berlín’. No obstante, el proyecto Soto Norte no se intercepta con zonas excluibles de la actividad minera”, indica el documento que fue conocido en primicia por Blu Radio.Según los datos que la UPME recolectó con distintas entidades del Gobierno existe “una clara separación espacial entre la actividad extractiva y las áreas denominadas como reservas naturales Parque Nacional Regional Páramo de Santurbán y Parque Nacional Regional Sisavita (ver imagen).Sin embargo, este concepto técnico entregado por la UPME levantó ampolla en el Comité para la Defensa y el Agua del Páramo de Santurbán, que cuestionó la posición de la entidad calificándola de estar en contravía de las políticas del gobierno de Gustavo Petro.“A nosotros nos preocupa que las instituciones del gobierno estén actuando como islas y no tengan en cuenta la política de gobierno, que no tengan en cuenta a la ciudadanía ni tampoco los conceptos técnicos que se han emitido. Esperamos que la UPME, adscrita al Ministerio de Minas, sea coherente con lo que el gobierno ha venido estableciendo y lo que la ciudadanía ha exigido”, dijo Hernán Morantes, líder del Comité Santurbán.El cobre es uno de los minerales estratégicos para Colombia en medio del objetivo de acelerar la transición energética. La electrificación de la economía requiere toneladas de clave y en el país solamente hay una mina que lo produce El Roble. Los demás proyectos de cobre en Colombia han tenido toda clase de problemas y no han comenzado a producir. El título minero Soto Norte permite la explotación tanto de oro como de cobre, pero la compañía aún no tiene licencia ambiental para iniciar las operaciones.Entre las recomendaciones de la UPME al Gobierno en materia de cobre está reconocer que en muchas de las alcaldías y entidades de los municipios donde están los cinco grandes no existe la capacidad técnica, financiera y administrativa para acompañar los proyectos o gestionar las demandas de quienes se consideran afectados por ellos porque son de categoría sexta.Además, se invita al Gobierno a "promover la formación en educación superior, asociada a la industria minera y de extracción, es fundamental en los territorios en donde se podrían llevar a cabo proyectos de interés nacional para la explotación de cobre y sus concentrados, tales como: Quebradona, Soto Norte, San Matías y Mocoa”, indicó la entidad.La delimitación del páramo de Santurbán ha avanzado, pero no está completamente terminada. Por ejemplo, en el municipio de California (epicentro de Soto Norte) ya hay un acuerdo con la comunidad sobre cuál es la línea donde arranca el páramo. Sin embargo, todavía faltan 20 municipios por cerrar el acuerdo antes de que la delimitación sea oficial.Vea también:
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán desató la polémica en la red social X tras postear contra el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Ambiente por su “falta de coherencia” en la lucha contra el cambio climático al permitir, según su concepto, la participación de Minesa en el pabellón de Colombia en la COP28 que se celebra en Dubai.“En estos momentos en los Emiratos Árabes Unidos, Minesa y su proyecto Soto Norte están intentando apropiarse y apoderarse del Estado colombiano en la cumbre internacional sobre cambio climático COP28”, dijo el Comité Santurbán.La molestia del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán desató varias reacciones, entre ellas la de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien en un comunicado explicó la participación de la multinacional minera Minesa.“Para construir la agenda de eventos a realizar en el stand de Colombia se realizó una convocatoria abierta donde se recibieron propuestas de los diferentes actores y sectores que representan el diálogo social y las principales apuestas temáticas lideradas por Colombia para esta conferencia”, dice el comunicado.“Sobre el evento que se iba a desarrollar el día 10 de diciembre, llamado “Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del cambio climático en Colombia; caso recurso hídrico en Santander”, y en el que se daría espacio a la empresa que lidera el proyecto de Minesa en la provincia Soto Norte en Santander, aclaramos que este panel fue propuesto, sin embargo, no contará con espacio dentro del stand de Colombia”, agrega el comunicado.Blu Radio pudo establecer que, en efecto, la multinacional minera Minesa participó de una convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente para presentar su propuesta sobre un proyecto ambiental para Santander y que contó con la aceptación del Gobierno Nacional tras cumplir con los requisitos para participar en la cumbre.
En video quedó registrada la denuncia que hizo la gerente del hospital de California, Santander, Leidy Alarcón, contra la alcaldesa de este municipio, Genny Gamboa, por rechazar una donación de 150 millones de pesos de la empresa minera Minesa para mejorar la infraestructura y finanzas de la entidad.“Me siento impedida a pesar de que es una institución descentralizada, recibo una llamada de la alcaldesa y me dice que no puedo firmar. Si firmo (está en riesgo) es mi cargo. Es una lucha que yo llevo con la institución, pero en estos momentos me restringen”, contó la gerente a sus funcionarios en medio del llanto.En entrevista con Blu Radio, la gerente amplió la denuncia y explicó los detalles de la donación que se perdió “por una postura radical de la alcaldesa”.“El tema de la discusión es frente a un convenio de donación por las necesidades que presenta la institución y la crítica situación financiera que por años se ha venido registrando (…) La junta directiva de la institución y la presidenta es la alcaldesa, pero ella tiene una postura radical frente a la minería y la empresa. Ella me dice que no puedo hacer la recepción del recurso por su postura y su logo de campaña del cual fue elegida”, indicó la gerente.La funcionaria también manifestó que la situación financiera del hospital de California es crítica, por lo que es imperiosa la necesidad de encontrar recursos que permitan la operación de la entidad.“La institución viene presentando una dificultad económica desde hace muchos años, he venido en la búsqueda de recursos y convenios (…) Hemos firmado convenios con la Gobernación que apalancan la sostenibilidad, pero es una institución con un presupuesto mínimo, maneja un presupuesto inicial de 270 millones de pesos para subsistir todo el año”, agregó la funcionaria.La alcaldesa de California respondió frente a la polémica y explicó por qué rechazó la donación: “Recibimos el hospital en unas condiciones deplorables, pero a través de las gestiones que se han hecho el centro médico está en un equilibrio financiero (…) En el 2020 recibimos un presupuesto en el que se pudo sanear esta situación. Con varias circunstancias que han llevado a que este gobierno esté enderezando la salud del municipio, estamos adportas de hacer un modelo de red aprobado por la Asamblea de Santander y en aras de que la salud del municipio sea sostenible”, afirmó.La denuncia desató varias opiniones en contra de la alcaldesa de California, Genny Gamboa, por el rechazo de la donación.“Pido respeto por las mujeres que ejercemos la política en Santander, pero no comparto que esta alcaldesa pase por encima de su comunidad. Valiente cuando está en su casa, pero cobarde ante la necesidad de su pueblo que la puso en ese cargo de elección popular”, escribió la diputada Claudia Ramírez.“Si tan solo los políticos que se rasgan las vestiduras por Santurbán hicieran lo mismo por la salud y la vida digna de las personas de California, pero pues eso no da voticos. ¡En fin! Que se mueran los enfermos esperando gestión por parte de ellos, pero plata de Minesa, jamás”, escribió la abogada Ana María Vargas.
En marzo de 2021 la multinacional minera Minesa anunció la reestructuración del 30 % de su planta de personal en el municipio de California y Bucaramanga, en Santander, por no alcanzar la autorización para la explotación del proyecto minero conocido como Soto Norte, en inmediaciones del páramo de Santurbán.Dos años después, el Ministerio del Trabajo tomó una decisión sobre ese despido masivo que, incluso, terminó en protestas por parte de los trabajadores afectados.“Sancionar a la empresa Sociedad Minera de Santander S.A.S. con una multa pecuniaria consistente en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 S.M.L.M.V.) equivalentes a la suma de mil ciento sesenta millones de pesos ($1.160.000.000)”, dice la resolución del Ministerio del Trabajo.La empresa Minesa tiene 15 días hábiles para realizar el pago sin que se cobren intereses moratorios, dice la resolución.Según el Ministerio del Trabajo, fueron 13 los trabajadores despedidos sin justa causa que hacían parte del sindicato de la empresa Minesa.“El Ministerio del Trabajo hace justicia frente a los despidos que, nosotros como organización sindical, consideramos como ilegales y que realizó esta multinacional minera. Seguimos exigiendo justicia para que a través de los juzgados haya un fallo que permita el reintegro de los trabajadores y se repare en su integridad”, dijo Jorge Lizcano, representante de Sintramienergetica.El sindicato indicó que en esa misma época fueron despedidos otros 127 trabajadores que se desempeñaban en diferentes áreas.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, manifestó a Blu Radio que actualmente se evalúan con expertos dos opciones para resolver la crisis por la minería ilegal que se vive en la zona del páramo de Santurbán, en Santander.La ministra señaló que la utilización de mercurio en la extracción del metal “es un peligro para la vida. El químico está cayendo al río Suratá que abastece de agua a los bumangueses”.“Estas son las dos opciones para acabar con la minería ilegal en Santurbán. Una posibilidad es consolidar un distrito minero comunitario, que tenga unos impactos muy controlados, para darle salida a esa minería totalmente destructiva y contaminante que afecta a las fuentes de agua de Bucaramanga. La otra opción es no tener minería en esta zona y generar una actividad de reemplazo. Este asunto tiene sus complejidades sociales y jurídicas”, precisó la funcionaria.Susana Muhamad manifestó que este proceso de toma de decisiones sobre el futuro de la minería en Santurbán será concertado con los habitantes de los municipios de la provincia de Soto Norte“En el primer trimestre de este año vamos a llevar una propuesta a los habitantes del municipio de California. Estamos estudiándola de forma cuidadosa desde los sectores ambientales, jurídicos, sociales y económicos. La minería ilegal que se realizan en la zona que dejó la multinacional Eco Oro, que son unas 280 hectáreas, es muy grave y hay que controlar esa fiebre de oro que afecta a las comunidades de Bucaramanga”, aseveró la ministra.El Acueducto de Bucaramanga informó que durante el 2022, en diferentes muestras realizadas, se detectó un aumento en partículas contaminantes de mercurio en el río Suratá de donde se capta un 30% del agua que se utiliza para el consumo humano.“Se identificó en un litro de agua 100 microgramos de mercurio, cuando lo permitido es 20 microgramos, es decir que tenemos un aumento del 300% de este químico contaminante en las plantas de tratamiento en el río Suratá”, señalaron en su momento las directivas del Acueducto de Bucaramanga.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, visitó este viernes, 9 de diciembre, a los municipios de California y Suratá, Santander, para hablar y escuchar a las comunidades en medio de ese demorado proceso de delimitación del páramo de Santurbán.Para la funcionaria, el proceso metodológico de delimitación del páramo no ha funcionado, pues en cinco años solo tres municipios han logrado ser delimitados.“No me parece seguir por la misma ruta metodológica que solo ha logrado concertar tres municipios en cinco años, de más de 40 municipios, y pues nos haya dado una señal de que vamos por buen camino”, indició la ministra de Ambiente.La ministra, a su vez, se sintió "molesta" por el tratado a esta situación y agregó: “Nosotros nos estamos tomando el tiempo para examinar esto de forma estructural y empezar a entender las complejidades y los conflictos”.La jefe de la cartera de Ambiente también reprochó que en los gobiernos anteriores se hayan entregado concesiones mineras “sin contemplación”.“Hubo una época de fiebre del oro en el Estado colombiano en el que entregaron títulos mineros sin contemplación ambiental ni social. Todavía estamos en esos conflictos socioambientales, hoy hay una sentencia del Consejo de Estado que nos obliga a las autoridades ambientales y mineras a ordenar la casa”, señaló.En medio de la primera Cumbre de Páramos que se realizó en Bucaramanga, el director de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, confirmó que, en minas de los municipios de Vetas y California, ubicados en el páramo de Santurbán en Santander, se realizan actividades ilegales dentro de socavones en los que empresas mineras realizaron extracción de oro en esa zona."Nosotros tenemos en la agencia un sistema de inspección satelital de los principales proyectos del país y podemos ver cómo en unos túneles que hay en Santurbán a diario hay carros, camionetas, gente entrando y saliendo todo el tiempo”, aseguró Pardo.Le puede interesar: 'El Camerino'
En un comunicado la Sociedad Minera de Santander, Minesa, pidió a los entes gubernamentales y a las autoridades ambientales controlar la minería ilegal que en la zona de Soto Norte, en el páramo de Santurbán, está desencadenando una contaminación con mercurio del río Suratá.“La compañía respalda la solicitud que se le viene haciendo a los entes gubernamentales y de control y a las autoridades ambientales para que se actúe con contundencia y se tomen medidas frente a la problemática que está desencadenando esta afectación”, dice el comunicado.Minesa, multinacional que está en trámite para obtener la licencia ambiental de exploración y explotación de oro en el municipio de California, provincia de Soto Norte en Santander, aclaró que en la zona no han realizado actividades de extracción.“Minesa se suma a la voz de rechazo absoluto que mantienen todos los santandereanos por la contaminación con mercurio que presenta el río Suratá, como lo han denunciado el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la Personería de Bucaramanga, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB”, señala la comunicación.La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien participó en la audiencia pública de delimitación de páramos que se realizó en Bucaramanga el pasado 6 de octubre, aseguró que en Santander y otras zonas del país hay mafias dedicadas a la minería ilegal."Hay una minería grave que está entrando de la minería devastando a California y otras zonas del país que están como mafias y que vamos a tener que entrar a controlar", manifestó la ministra Muhamad.Cabe anotar que este año el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha reportado, en dos oportunidades, altos niveles de concentración de mercurio en el río Suratá, uno de los afluentes que abastece del líquido a la compañía, señalando como una posible consecuencia de la minería ilegal en inmediaciones del páramo de Santurbán.Le puede interesar este podcast:
En la mira de las entidades de control está la alcaldesa de California, Santander, Genny Gamboa, porque presuntamente habría organizado una estrategia para sabotear las reuniones del Ministerio de Ambiente con las comunidades para concertar los límites del páramo de SanturbánLa denuncia ante la Procuraduría y Fiscalía fue interpuesta por Fabio Augusto Maldonado Toloza, representante legal de la Fundación por el Gran Pacto Social de California."Solicitamos que se investigue la conducta de la señora alcaldesa de California Genny Gamboa, al gestor social y a todo su equipo de trabajo, quienes, con todo tipo de artimañas que nosotros ya hemos denunciado públicamente y que han quedado registradas en los videos y los audios de las reuniones que se han llevado a cabo, han venido bloqueando la posibilidad de que las comunidades de base que queremos participar podamos sentarnos con el Gobierno Nacional y llegar a un acuerdo para la delimitación del páramo de Santurbán que lleva más de 4 años", señala en un carta el dirigente social. Señala la Fundación por el Gran Pacto Social de California que existen pruebas con mensajes de texto, audio y videos de WhatsApp, donde funcionarios de la Alcaldía de California estarían promoviendo el sabotaje a las reuniones de MinAmbiente. La alcaldesa de California, Genny Gamboa, afirmó a BLU Radio que existe una campaña para desprestigiarla. Manifestó que su único interés es que el proceso de delimitación de Santurbán este acorde a la realidad ambiental, social y económica del municipio. Esta es la denuncia contra la alcaldesa Genny Gamboa presentada por la Fundación por el Gran Pacto Social de CaliforniaEn el municipio de California queda ubicado el proyecto minero de Minesa.
La multinacional canadiense Aris Gold Corporation es la empresa que, tras un acuerdo con Minesa, adquirió el 20% del proyecto que pretende extraer oro en el páramo de Santurbán en la zona de Soto Norte.“Aris Gold pasará a ser el CEO (director ejecutivo) de Minesa para llevar adelante el trámite de la licencia ambiental. Aris Gold aportará la amplia experiencia en materia de participación y consultas con la comunidad que su equipo ha adquirido gracias a sus actividades en Colombia”, dice el comunicado de Minesa.Aris Gold ya tiene presencia en Colombia en la operación de la mina para la producción de oro en Marmato, Caldas. Asimismo, la minera desarrolla un proyecto de expansión y en febrero de 2021 la Agencia Nacional de Minería le extendió la licencia por 30 años.Tras la adquisición del 20% del proyecto de extracción de oro en Soto Norte, el líder ambientalista Erwing Rodríguez Salah, rechazó la intervención de la empresa canadiense.“No podemos permitir que las fábricas de agua por excelencia en nuestro país, nuestros páramos, sean objeto de especulación en los mercados bursátiles del mundo por los proyectos de mega minería en páramos, con la complacencia de los últimos gobiernos que han querido aprobar bajo una óptica minera que pone en alto riesgo el derecho al agua de más del 70 % de la población colombiana que se beneficia del recurso hídrico que se produce en los páramos”, manifestó el líder ambientalista.Igualmente le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que no se tramite este tipo de proyectos de megaminería ubicados por encima de las bocatomas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.“Teniendo en cuenta consideraciones de tipo legal, indebatibles argumentos técnico-científicos y la voluntad de los colombianos que jamás daremos la licencia social a dichos proyectos”, indicó Rodríguez.Este es el comunicado de Minesa por la venta del 20% del proyecto de extracción de oro en Santurbán
El pasado martes se desarrolló un evento organizado por la multinacional minera Minesa para formalizar a 160 mineros del municipio de California, Santander.Según Minesa, la formalización “en el marco de la política minera del Gobierno Nacional, que permitirá que 160 mineros realicen minería legal, preservará así más de 450 años de tradicionalidad en el municipio de California donde la minería es la principal fuente de ingresos.”“Estamos orgullosos de este proceso y de los avances que durante tres años vimos en Calimineros y en el empuje de los socios por llegar a ser parte de la formalidad. Es un caso de éxito para el sector minero, caminamos juntos en este paso a paso, que empezó con conversaciones casa a casa para que 160 familias que tenían el interés de operar de manera legal en su territorio, lograran conformar una empresa que hoy les permitirá realizar su actividad minera de manera formal y segura”, dijo Mauricio Cuesta, vicepresidente Ejecutivo y Legal de Minesa.Sin embargo, el evento no cayó bien para los ambientalistas que defienden el páramo de Santurbán.“Este pacto con Calimineros responde a una estrategia de Minesa de confrontar al área metropolitana de Bucaramanga y el resto de Colombia con un sector minero que habita en Soto Norte y lo más escandaloso es que el área del subcontrato es el área que más colinda con el páramo de Santurbán”, dijo Hernán Morantes, líder del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.Según informó Minesa en un comunicado, Calimineros deberá presentar su Estudio de Impacto Ambiental ante la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, para obtener su licencia ambiental e iniciar el proceso de operación.
La ampliación del programa se produce días después de que la iniciativa fuera reconocida con el Premio Latam Digital 2026 en la categoría de Sostenibilidad Digital, que destaca proyectos con impacto en la inclusión tecnológica.El programa es liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social en alianza con ETB y busca facilitar el acceso a internet para familias en condición de vulnerabilidad, con el propósito de ampliar las oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y acceso a servicios digitales.Mauricio García, gerente del proyecto por parte de ETB, habló sobre la expansión en el centro de la ciudad.“Lo que estamos haciendo es conectividad, ir cerrando la brecha digital de toda la población de Bogotá. Estamos cerrando esa brecha digital, y algo importante, estamos conectando con oportunidades. Esto es política de Cuarta generación. Estamos trayendo inclusión por medio de la tecnología”, agregó.Actualmente, Conexión Social tiene presencia en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Engativá y, ahora, Santa Fe.El programa está dirigido a hogares de estratos 1 y 2 clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén, siempre que cuenten con cobertura técnica de ETB. La inscripción es gratuita y se realiza únicamente a través de los canales oficiales de la estrategia.
Estos fueron los temas tratados este 9 de julio, en Recap Blu:Los primeros nombramientos y la paridad en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella: Se analizan los preparativos para el cambio de mandato el 7 de agosto, destacando que aún quedan 7 ministerios por nombrar (entre ellos Salud, Minas y Trabajo) y que, por ley de paridad de 2024, al menos 6 de estos cargos deberán ser ocupados por mujeres.La alarmante crisis financiera y operativa de la Nueva EPS: La revelación de los estados financieros de 2023 y 2024 destapó pérdidas por 4.8 billones de pesos y pasivos superiores a los 22 billones. El gremio ACEMI advierte un deterioro inédito que golpea directamente a más de 10 millones de pacientes con demoras en citas y escasez de medicamentos.El nuevo y estricto modelo de vocería e información oficial: El gobierno entrante implementará un esquema de comunicación centralizado y exclusivo emulando el formato de la Casa Blanca, nombrando a Miller Soto y Carolina Gómez como los únicos portavoces oficiales autorizados para divulgar decisiones presidenciales y ministeriales.La propuesta de una histórica toma de posesión presidencial en Popayán: Abelardo de la Espriella planea romper la tradición y realizar su juramento del 7 de agosto dentro de una guarnición militar en Popayán para homenajear a la fuerza pública, lo que plantea un complejo reto logístico y legal que requiere la aprobación obligatoria de las plenarias del Congreso.El avance de Francia a semifinales y la previa de cuartos en el Mundial: En el ámbito deportivo, la selección francesa derrotó 2-0 a Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista del torneo (por tercer mundial consecutivo), en una jornada marcada por la madura decisión de Kylian Mbappé de pedir el cambio tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo.
Al menos 12 personas murieron en un incendio forestal cerca de Almería, en el sur de España, este jueves en la noche, informaron las autoridades regionales, mientras una ola de calor afectaba grandes extensiones del país.Las muertes se produjeron en la aldea de Bédar, indicó el gobierno regional en un comunicado, en el que señaló que algunas de las víctimas fueron encontradas en vehículos.Las autoridades habían informado inicialmente de seis fallecidos en el fuego, pero posteriormente elevaron la cifra a 12 "al confirmarse el fallecimiento de otras seis personas en la zona del incendio" de Los Gallardos.El responsable regional de emergencias, Antonio Sanz, calificó lo sucedido como "una tragedia sin precedentes" y añadió en el comunicado que "el dolor es inmenso".Unos 150 bomberos, apoyados por cinco camiones cisterna combatían el incendio declarado el jueves por la noche mientras las temperaturas se disparaban.El fuego causó heridas al menos a seis personas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras y otra persona intoxicada por inhalación de humo, que fueron trasladadas al hospital."Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves", precisaron las autoridades regionales de Andalucía.Testigos dijeron a las autoridades que el incendio pudo haberse iniciado tras la caída de una línea de tendido eléctrico, que encendió la vegetación seca antes de propagarse rápidamente por el bosque circundante.Las autoridades no han confirmado la causa del incendio. Ante el avance del fuego, permanecían cerradas varias carreteras y se evacuaron residentes del área. Más de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural.La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, que se despliega en grandes emergencias, ya fue movilizada."Una tragedia"El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", y pidió "mucha precaución".En mayo dijo que España desplegaría este año el mayor dispositivo estival contra incendios forestales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó el incendio mortal de "una tragedia".El incendio forestal se produce mientras España sufre una ola de calor, con temperaturas abrasadoras que han activado avisos meteorológicos naranjas —el segundo nivel más alto— en partes de Andalucía en los últimos días.España ha experimentado en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.El país registró su tercer año más cálido desde que hay registros en 2025, con 25 récords de temperatura diaria durante ese periodo, según informó el mes pasado la agencia meteorológica nacional AEMET.A principios de este mes, cientos de bomberos combatieron un incendio forestal cerca del popular destino turístico mediterráneo de la Costa Brava y obligó a confinar a miles de personas en sus hogares.Los fuertes vientos avivaron el fuego y llevaron a las autoridades regionales a pedir a los residentes de 10 municipios que permanecieran en sus casas, entre ellos el popular complejo de playa de Platja d’Aro.Los incendios forestales mortales arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
Un nuevo ataque atribuido a la guerrilla del ELN se registró este jueves en el municipio de Tibú, Norte de Santander, luego de que explosivos lanzados desde un dron impactaran la sede administrativa del aeropuerto, ubicada en pleno corazón de la región del Catatumbo.La detonación causó daños en la infraestructura de las instalaciones y dejó tres funcionarios con heridas leves, quienes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. De acuerdo con las autoridades, ninguno de los lesionados reviste gravedad.El atentado ocurrió a pocas horas de que se reanudara la conexión aérea y los vuelos comerciales entre Tibú y Cúcuta, programados para este 10 de julio con la aerolínea Satena. Tras lo sucedido, la empresa informó mediante un comunicado la suspensión de la reanudación de la operación aérea prevista para esa fecha.Por su parte, la Aeronáutica Civil rechazó el ataque y aseguró, a través de un comunicado, que trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y avanzar en las acciones correspondientes.Mientras tanto, unidades del Ejército Nacional mantienen asegurada la zona, donde se adelantan los actos urgentes de investigación y las labores de verificación para descartar la presencia de otros artefactos explosivos o la posibilidad de nuevos ataques en el sector.
Mientras que la justicia está por definir varios principios de oportunidad a los que se acogieron investigados por el escándalo de presunta corrupción en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, nuevos actores, cercanos al exalcalde Daniel Quintero, se siguen sumando al caso.La Fiscalía General anunció que radicó la solicitud de audiencia de imputación en contra de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exmandatario; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán.Esto, por cuenta de elementos probatorios en el proceso que indicarían para el ente acusador que participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 que suman 17.654 millones de pesos y de los cuales habría existido una apropiación irregular de 2.481 millones.En las audiencias del caso por el que ya fueron imputados María Yaneth Rúa García, quien ejercía funciones de supervisión de los contratos y los exdirectivos de Bomberos de Itagüí Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González, el fiscal ya había relacionado a los recientemente vinculados a partir de información de un testigo."Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas", dijo.Según detalló la Fiscalía, a la espera que la judicatura fije una fecha para la diligencia, será un fiscal de la Seccional Medellín quien imputará a Quintero, Villada, Álvarez y Ortega los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.En los contratos cuestionados se investigan sobrecostos, pagos por servicios no ejecutados, cuentas de cobro falsas, contratos simulados, desvío de recursos públicos y posible financiación irregular de actividades políticas.
