El municipio de Capitanejo, en la provincia de García Rovira, tendrá una planta de tratamiento de agua potable que se construirá mediante el mecanismo de obras por impuestos, una iniciativa que permitirá destinar recursos tributarios del sector empresarial a proyectos de impacto social.El anuncio se conoció luego de una reunión entre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y el empresario santandereano Mario Hernández, quienes acordaron iniciar el proceso para sacar adelante esta obra, con la que se busca mejorar el acceso al agua potable para más de 6.000 familias.El ministro destacó la importancia de este mecanismo para impulsar proyectos de infraestructura y contribuir a la reactivación de los sectores de vivienda y agua potable en el país.“Uno de los retos más grandes que tenemos es la reactivación del sector vivienda y agua potable. Y uno de los mecanismos es obras por impuestos”, señaló Beltrán al presentar el proyecto para Capitanejo.El funcionario explicó que esta figura permite que las empresas inviertan el valor de sus obligaciones tributarias en obras que respondan a necesidades de las comunidades y contribuyan a mejorar su calidad de vida.Por su parte, Mario Hernández manifestó su interés en apoyar iniciativas relacionadas con servicios básicos, salud, educación y vivienda, al considerar que son fundamentales para el desarrollo de las comunidades.“Nosotros trabajamos para que la gente tenga servicio, salud, educación, vivienda, no necesitan más. Y si construimos país a futuro, la gente joven con la educación”, expresó el empresario.Hernández también se refirió a las dificultades históricas de Capitanejo en materia de abastecimiento de agua y aseguró: “Capitanejo lleva 200 años sin agua. No puede ser”.Con este acuerdo se busca avanzar para la estructuración del proyecto y trámites necesarios para hacer realidad la planta de tratamiento, una infraestructura que representaría un avance para el suministro de agua potable en esta población santandereana.
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto representa un desafío que va más allá de levantar nuevamente las viviendas destruidas, pues las dificultades de acceso a algunas comunidades, el transporte de materiales y los costos de construcción son algunos de los factores que condicionan la recuperación, especialmente en las regiones rurales del país.Así lo explicó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en el 32.º Congreso Nacional de la Hotelería, organizado por Cotelco en Bucaramanga, quien señaló que la dimensión de la tragedia es diferente en cada departamento afectado “ahora no es lo mismo entregarle a una familia en el Valle del Cauca, en Cali, un apartamento construido por Camacol que llevarle vivienda nueva a un corregimiento en Chocó, donde hay que trasladar en mula los materiales durante siete horas”, explicó.Ahí estaría uno de los principales obstáculos: el costo de trasladar los materiales hasta las comunidades afectadas. Beltrán explicó que mientras una vivienda rural en el Eje Cafetero puede costar entre $60 y $70 millones, en algunas zonas del Chocó el valor puede alcanzar los $130 millones.El funcionario también puso como ejemplo una comunidad en la que, según relató, había entre 500 y 600 familias y el 80 % de sus viviendas resultaron destruidas. En estos territorios, reconstruir una casa implica una operación logística mucho más compleja que entregar un apartamento previamente construido en una ciudad.Durante su intervención, Beltrán dimensionó el impacto del terremoto en el país y señaló que la emergencia dejó:498 municipios afectados.296.000 hogares impactados.51.778 viviendas destruidas.16 departamentos afectados, cinco de ellos en situación crítica.Entre las zonas que mencionó se encuentran el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Chocó y Buenaventura, territorios donde la reconstrucción también tiene implicaciones para la actividad económica y turística.El ministro señaló que en regiones cuya economía depende del turismo, la rapidez de la recuperación de la infraestructura habitacional y de los municipios es determinante para reactivar las actividades productivas.El Gobierno ya avanza en la recuperaciónBeltrán aseguró que después de meses de la tragedia, ya se adelantan trabajos de recuperación y reconstrucción en varias de las zonas afectadas.En ese contexto, explicó que el proceso contempla diferentes etapas, entre ellas la demolición de estructuras y remoción de escombros, la recuperación de las viviendas y el acompañamiento a las familias damnificadas.Para la segunda fase, el Ministerio de Vivienda ha planteado recurrir a viviendas que ya estén construidas, con el propósito de acelerar la entrega de soluciones habitacionales sin esperar los tiempos que implica desarrollar nuevos proyectos.De acuerdo con el ministro, el inventario identificado incluye aproximadamente 4.700 viviendas construidas, 1.100 soluciones de vivienda rural y 19.000 mejoramientos. También informó que se han conseguido 1.077 viviendas donadas y que la meta del Gobierno es entregar cerca de 5.000 viviendas nuevas a las familias que lo perdieron todo antes de finalizar el año.
El Gobierno nacional está calculando hoy en 54,3 billones de pesos la reconstrucción del país luego del terremoto del pasado 10 de agosto que dejó afectaciones para unas 466 mil personas en el país, reveló este viernes el Ministerio de Vivienda.El cálculo supera el estimativo inicial de 30 billones de pesos que utilizó el gobierno en las primeras semanas de la emergencia, sin embargo, el propio gobierno cree que los cálculos pueden seguir cambiando en la medida en que avance la atención de la mergencia."Hay una realidad y es que en la medida en que se empiezan a hacer los análisis más profundos en materia de reforzamiento de estructuras, encontramos que algunas viviendas que estaba de reforzamiento, literalmente hay que pasar al paso de demolición. Eso nos ha generado un crecimiento mayor en materia de cifras. Y segundo, la realidad es que el país sigue temblando y las zonas más afectadas siguen teniendo ese tipo de afectación", dijo el ministro de vivienda Jaime Andrés Beltrán.Solo en el sector de la vivienda el costo de la reconstrucción podría superar los 19 billones de pesos. El censo actual de las afectaciones incluye unas 203 mil viviendas averiadas y más de 51 mil viviendas destruidas a lo que hay que sumar los daños en 141 acueductos y 311 alcaltarillados.La segunda fase de la reconstrucción en el país podría tener una duración de nueve meses e implicará la inversión de 1,7 billones de pesos. Esos recursos se usarán para entregar vivienda ya construida y proyectos de mejoramiento de vivienda."La primera inversión que va a hacer el Gobierno, que es de 1,7 billones para los dos meses que nos restan, la vamos a hacer con ustedes. ¿Y qué dijo el presidente Jaime Andrés? Vamos a hacer dos vamos a privilegiar a los que no tuvieron temor en meterse la mano al bolsillo y ayudar en la reconstrucción. Vamos a empujarlos para que avancen", aseguró.De momento no habrá nuevos subsidios para la compra de vivienda. El ministro de vivienda, Jaime Andrés Beltrán, descartó por ahora el restablecimiento de los programas de subsidios a la compra de vivienda nueva como Mi Casa Ya que hicieron parte de la política de vivienda en el país hasta hace un par de años."Ahora la pregunta es: ¿Qué podemos hacer sin plata? Yo sé que esa risa nerviosa o maliciosa dice mucho. Yo sé que ustedes estaban esperando que yo les diera un anuncio de plata", dijo el funcionario en el cierre del Congreso Colombiano de la Construcción en Cartagena.El funcionario pidió confianza a los empresarios del sector en la voluntad del gobierno para trabajar de la mano con ellos lo que incluye una regulación favorable a los negocios y el compromiso de habilitar suelo para la construcción.
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, afirmó que los subsidios de vivienda pueden volver cuando el país supere la estrechez fiscal. Lo dijo en Mañanas Blu durante el Congreso Colombiano de la Construcción, en Cartagena, donde defendió que el gremio acompañe al Gobierno en la decisión de “poner primero la casa en orden”. Según Herrera, el sector de la vivienda sigue pagando las consecuencias de las decisiones del gobierno anterior y hoy enfrenta una combinación de recesión, caída del empleo y un mercado muy por debajo de las necesidades de los hogares.Subsidios de vivienda: prioridad fiscal primeroHerrera explicó que el Gobierno enfrenta dos desastres: el natural, por el terremoto, y el fiscal. Frente al segundo, indicó que del presupuesto de inversión, de 95 billones de pesos, solo unos 12 o 13 billones están libres de compromisos. En ese contexto, dijo que el gremio entiende que deban fijarse prioridades como la salud y la seguridad.“No sería responsable salir a decir, oiga, denos plata para subsidios, cuando realmente la estrechez fiscal no alcanza para todas las necesidades que tiene el país”, afirmó. El dirigente aclaró que esto no implica renunciar a una política de subsidios, que debe retomarse “cuando las condiciones fiscales vuelvan a ser oportunas”.Según Herrera, el presupuesto de Fonvivienda para el próximo año supera ligeramente los 700.000 millones de pesos, de los cuales solo 89.000 millones no están inflexibilizados. Señaló que la reducción de los subsidios ya venía ocurriendo en los últimos años y explicó que ha producido un mercado más pequeño: las ventas de vivienda se redujeron un 40 % durante el gobierno anterior, según sus cifras.Un sector con 13 trimestres de caídaEl presidente de Camacol describió el panorama del sector como una “recesión demasiado larga”. Según indicó, el PIB de edificaciones acumula 13 trimestres de caídas, lo que ya se refleja en la pérdida de empleo. Recordó que, en los 20 años previos a la pandemia, la inversión en el sector aportaba el 5 % del PIB, mientras que el gobierno pasado la dejó en 2,8 %.Herrera cuestionó el desmonte de programas como Mi Casa Ya, que, según dijo, había beneficiado a más de 380.000 familias. Afirmó que más de 120.000 hogares que ya pagaban su cuota inicial tuvieron que desistir de la compra. “Hay que ponerle la sensibilidad social, la cara de las personas”, señaló, al hablar de las familias cuyo sueño de vivienda se frustró.Reconstrucción por el terremoto y reactivación, en paraleloFrente a la emergencia por el terremoto, Herrera sostuvo que no hay que escoger entre la atención humanitaria y la reactivación del sector, sino avanzar en ambos frentes. Indicó que Camacol y el empresariado han apoyado desde el primer día la formulación de los planes de reconstrucción, que, según dijo, van avanzando.Añadió que el gremio trabaja con el Gobierno en las decisiones del Plan Nacional de Desarrollo y en la articulación con la Misión Crecer, que, a su juicio, abre de nuevo la posibilidad de incluir la vivienda en la agenda de crecimiento económico.Misión Crecer: trámites y 1.400 proyectos listosHerrera explicó que la Misión Crecer coincide con propuestas que Camacol trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo, Asocajas y Asobancaria desde hace casi dos años. Contó que, en una reunión con el vicepresidente el martes, se mencionó la priorización de cinco trámites que más restan al PIB: licencias ambientales, consulta previa, ICA, DIAN y el de urbanismo y construcción, que según Herrera es el que más resta.Indicó que en Colombia se requieren más de 189 trámites desde la habilitación del suelo hasta la entrega de una vivienda. Reducirlos, eliminar duplicidades y recortar costos sería, según dijo, un impulso importante para el sector. El dirigente agregó que Camacol tiene más de 1.400 proyectos formulados y listos para arrancar. Según sus cálculos, podrían generar más de 250.000 viviendas con una inversión cercana a 98 billones de pesos, entre aportes del Gobierno Nacional, las familias, los bancos y el sector privado de la construcción.Déficit habitacional: 250.000 hogares nuevos frente a 100.000 viviendasHerrera advirtió que cada año se forman 250.000 familias en las ciudades colombianas, mientras que apenas se inicia la construcción de entre 100.000 y 110.000 viviendas. A su juicio, esa brecha presiona el mercado y agravará el déficit habitacional si no se atiende. “Esto no es una decisión que se pueda aplazar por mucho tiempo”, dijo al referirse a la carrera contra la informalidad.También señaló que hoy es “un momento muy difícil para comprar” vivienda. Con Mi Casa Ya, indicó, 7 de cada 10 familias podían acceder a una vivienda, mientras que hoy la proporción es de 4 de cada 10.Alcaldías, cajas de compensación y nuevas fuentes de recursosEl presidente de Camacol reconoció el esfuerzo de alcaldes como Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, que han financiado subsidios locales. Según Herrera, de las 74.000 viviendas de interés social entregadas en el último año, la mitad se entregó en esas tres ciudades.Como alternativa, el gremio propone al Gobierno Nacional buscar otras fuentes de financiación y la concurrencia de recursos con cajas de compensación y alcaldías. Como antecedente, citó que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, cuando era gobernadora, usó recursos de regalías para apoyar Mi Casa Ya. “Esto nos obliga a innovar”, afirmó.Tasas de interés y deuda públicaSobre el costo del crédito, Herrera indicó que la tasa del crédito hipotecario está entre 14 % y 15 %. Explicó que, más allá de la tasa del Banco de la República, el nivel de endeudamiento del país define el piso del crédito en Colombia, y recordó que la tasa de interés de la deuda pública llegó a 15 o 16 % durante el gobierno anterior, “una de las más altas del mundo”, según dijo.
"Si una familia que gana dos salarios mínimos quisiera comprar una vivienda de interés social, tendría que ahorrar todo su ingreso durante 16 años para acceder a la cuota inicial", aseguró el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, en la apertura del Congreso Colombiano de la Construcción de 2026.La construcción de vivienda viene en caída libre en los últimos años en medio de decisiones como la terminación del programa de subsidios Mi Casa Ya. Las cifras del gremio apuntan a que se perdieron unos 47 billones de pesos en construcción de edificaciones en los últimos años y la inversión en vivienda pasó de 5 % del PIB en 2022 a 2,5 % del PIB cuatro años después, en 2026.El gobierno de Gustavo Petro primero modificó el programa Mi Casa Ya para incorporar el puntaje de Sisbén como requisito para la entrega y después cerró el programa para nuevos beneficiarios argumentando falta de recursos.Según Camacol, apenas un 10 % de la población en Colombia tiene la capacidad de comprar una vivienda sin una ayuda del gobierno. Primero hay que resolver la crisis fiscal: la respuesta sobre los subsidios de vivienda."Lo hemos hablado, lo decía el vice en las conclusiones de la mesa, resolvamos el tema fiscal y más adelante damos la discusión de subsidios. Quiero decirlo, no es que renunciemos a eso, es que tenemos que acompañar al gobierno mientras resolvemos", advirtió Herrera.El gremio le está proponiendo al gobierno alternativas como permitir que se movilice el ahorro de los colombianos en fondos voluntarios de pensiones hacia la compra de vivienda, que se den mayores beneficios tributarios para la compra de vivienda y que se den las condiciones para que el sector pueda desarrollar proyectos destinados al arrendamiento de vivienda.Entre las condiciones para incentivar la construcción de vivienda está la simplificación de trámites, algo que se abordará en una mesa especial entre los empresarios y el gobierno.Hoy en el país hay unos 1.424 proyectos de vivienda listos para iniciar construcción que podrían generar inversiones por 98 billones de pesos y unas 257 mil viviendas.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, denunció tres hallazgos en proyectos de agua potable y alcantarillado en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga, que suman más de $9.000 millones y corresponden a la administración del expresidente Gustavo Petro. Según el funcionario, los casos serán puestos en conocimiento de los organismos de control para esclarecer qué ocurrió y quiénes deben responder. Los hallazgos hacen parte de la auditoría forense que adelanta la cartera desde el 7 de agosto, cuando asumió el Ministerio.El primer caso está en Riohacha, La Guajira, donde un convenio firmado en 2021 por cerca de $30.000 millones para construir infraestructura de alcantarillado no registra avances físicos. El ministro cuestionó que las obras no hayan comenzado, a pesar de la necesidad de atender las inundaciones que afectan a la ciudad durante la temporada de lluvias. "¿Y sabe qué es lo más grave? No hay nada. Nada de obras, 0 % de avance. El ministerio habría girado más de $3.600 millones, pero los trabajos nunca comenzaron", afirmó Beltrán.En Buenaventura, el Ministerio cuestionó un préstamo internacional de más de 76 millones de dólares, solicitado en 2019 para mejorar el acueducto y el alcantarillado. "¿Y qué tenemos hoy? Más de 2 millones de dólares en costos financieros y, además, hay que dejar plata del presupuesto guardada para ese préstamo. ¿Obras? Ninguna", dijo Beltrán. El ministro agregó que “el país pidió prestada la plata para llevar agua y alcantarillado a Buenaventura, pero las intervenciones nunca comenzaron”.El tercer hallazgo corresponde a Ciénaga, Magdalena, donde en 2021 se proyectó mejorar las redes del acueducto. Los trabajos permanecen paralizados desde comienzos de este año por problemas de planeación y coordinación, y todavía no existe una solución técnica y financiera definitiva para reanudarlos.Beltrán aseguró que los tres casos serán trasladados a los organismos de control para determinar qué ocurrió, quiénes deben responder y si hubo irregularidades. Además, recordó que el país enfrenta una situación financiera difícil y que es necesario revisar el manejo de los recursos públicos. Según el ministro, el presidente Abelardo de la Espriella les dio una instrucción clara: "cada peso debe cuidarse y cada obra debe responderle a la gente".
Si alguien lo contacta asegurando que puede conseguirle un contrato, un empleo o acceso preferencial a programas del Ministerio de Vivienda a cambio de dinero, la recomendación es desconfiar y verificar directamente con la entidad.MinVivienda alertó sobre personas que estarían utilizando el nombre del Ministerio o del ministro Jaime Andrés Beltrán para ofrecer supuestas gestiones, beneficios o intermediaciones que no están autorizadas.La entidad aclaró que no cuenta con gestores, tramitadores ni representantes autorizados para ofrecer o negociar contratos y que ni los funcionarios, contratistas, asesores o terceros pueden cobrar por recomendaciones, accesos especiales o trámites en nombre del Ministerio.También recordó que los procesos de contratación sometidos a la Ley 80 de 1993 se publican a través de SECOP II y que ninguno exige pagos, comisiones, dádivas o contraprestaciones por fuera de los procedimientos oficiales.Por eso, una de las principales señales de alerta es que una persona solicite dinero a cambio de acelerar un trámite, garantizar un contrato, conseguir un empleo o facilitar el acceso a recursos y programas públicos.En caso de recibir este tipo de ofrecimientos, el Ministerio recomienda no realizar pagos, conservar mensajes, documentos, números telefónicos y cualquier otro soporte que pueda servir como evidencia, y presentar el reporte ante la entidad.Las denuncias pueden realizarse mediante el formulario disponible en la página oficial de MinVivienda o a través del correo denunciascorrupcion@minvivienda.gov.co. Los casos reportados podrán ser puestos en conocimiento de las autoridades para establecer posibles responsabilidades penales, disciplinarias o administrativas.
Tras casi tres meses después del terremoto que afectó cinco departamentos de Colombia, el Gobierno nacional anunció nuevos alivios para las familias de estratos 1, 2 y 3 que hayan resultado afectadas por esta emergencia y que tengan dificultades para asumir el pago de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo.La medida quedó establecida mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026, expedido en el marco de las acciones de recuperación para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.Según el Ministerio de Vivienda, los hogares de estratos 1, 2 y 3 que normalmente reciben subsidios podrán acceder a un subsidio adicional para el pago de estos servicios por hasta seis facturas mensuales o tres facturas bimestrales.El beneficio no será automático para todos los hogares de esos estratos. Desde la entidad señalan que ella será la encargada de definir las zonas que podrán acceder a la medida, así como el porcentaje del subsidio y el periodo durante el cual se aplicará.El decreto también contempla una medida para las familias cuya vivienda haya quedado destruida, demolida o inhabitable y, por esa razón, no pueda recibir alguno de los servicios.En esos casos, los hogares no tendrán que pagar por un servicio que no están recibiendo mientras permanezca esa situación.Además, el Gobierno podrá apoyar la reparación o reconstrucción de las conexiones de agua y alcantarillado que hayan resultado afectadas por el desastre, con el objetivo de facilitar la recuperación del acceso a estos servicios durante el proceso de reconstrucción de las viviendas.
Después de permanecer cerca de tres años paralizado, el proyecto para garantizar el suministro de agua potable a Lebrija entraría nuevamente en una etapa de reactivación, tras los compromisos adquiridos por el Ministerio de Vivienda y las entidades involucradas en la obra.El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, explicó que, durante los últimos años, se realizaron diferentes mesas de trabajo y reuniones, pero no se habían concretado avances para destrabar el proyecto. Según el mandatario, la intervención del Gobierno nacional permitió establecer una nueva hoja de ruta para retomar los trabajos.“Duramos cerca de tres años en mesas, en reuniones, pero sin ningún avance puntual”, señaló el alcalde, quien anunció que viajará a Bogotá para revisar el cronograma y lograr que las entidades involucradas avancen de manera coordinada.El proyecto contempla la ejecución de dos tramos. El primero irá desde el tanque de La Rosita hasta el sector de Carrizales, en Girón, mientras que el segundo conectará este punto con el tanque de suministro de San Pablo, en Lebrija.Le puede interesar: Mortandad de peces vuelve al río Lebrija: habitantes piden solución para las aguas residualesEn este proceso, Findeter tendrá un papel clave, debido a que es la entidad encargada de los estudios y diseños, que deberán ser actualizados y reactivados para avanzar hacia la ejecución de las obras.De acuerdo con el alcalde, para terminar el proyecto se requiere una inversión que supera los $50.000 millones. El Ministerio de Vivienda aportaría $5.000 millones, mientras que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga destinaría otros $25.000 millones, además de cerca de $23.000 millones que ya habían sido asignados al proyecto provenientes de recursos de la venta por la represa.La obra permitiría llevar inicialmente 75 litros de agua por segundo a Lebrija, una capacidad que, según el mandatario, contribuiría a reducir el riesgo de racionamientos y permitiría responder al crecimiento que ha tenido el municipio.“Eso garantizará primero que no haya racionamientos con lo que ya tenemos, pero segundo, y es mi visión, es el desarrollo del territorio de Lebrija porque tendríamos más capacidad de expandir”, explicó Martínez.El proyecto parte desde la planta de tratamiento de agua del municipio y la tubería alcanzó a avanzar hasta unos metros después del peaje, punto en el que las obras quedaron detenidas por la falta de los recursos necesarios para continuar.Aunque el proyecto fue concebido para atender las necesidades de Lebrija, la administración municipal también plantea que, a futuro, la infraestructura pueda beneficiar otros sectores ubicados entre Lebrija y Girón.Entre las zonas que podrían tener acceso al sistema se encuentran sectores cercanos al aeropuerto y algunas veredas como Llanadas y La Aguada Ceferino, además de otros puntos que actualmente requieren alternativas para garantizar el suministro.El alcalde recordó que el tanque de San Pablo ya está construido y que también se avanzó en la instalación de parte de la tubería. Desde esta infraestructura se proyecta llevar el agua por gravedad hacia la planta de tratamiento de agua potable.
Un total de 144 familias de cuatro municipios y dos resguardos indígenas de Norte de Santander tendrán acceso a nuevas viviendas rurales, luego del anuncio realizado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante su visita al departamento del Norte de Santander.Las soluciones habitacionales estarán dirigidas a familias de Convención, El Tarra, Sardinata y Tibú, además de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Según el Ministerio, entre los beneficiarios hay familias que fueron desplazadas por el conflicto armado.El proyecto contempla una inversión superior a $18.448 millones, de los cuales $15.373 millones corresponden a aportes de Fonvivienda y el monto restante será aportado por el departamento.Durante la jornada también se entregó en Cúcuta el Parque Recreodeportivo Refugio Verde, un espacio de 1.200 metros cuadrados que beneficiará a cerca de 2.650 hogares. El lugar, que anteriormente era un lote abandonado, ahora cuenta con senderos, zonas verdes, juegos infantiles, gimnasio biosaludable y espacios para la recreación y el encuentro de la comunidad.Otro de los anuncios estuvo relacionado con la legalización de barrios en Cúcuta. En el asentamiento Divina Pastora, 510 familias avanzarán en este proceso, mientras que los sectores 13 de Mayo y Juan Pablo II también iniciarán trámites de legalización urbanística.En total, 1.185 hogares se beneficiarán de estos procesos, que buscan facilitar posteriormente el acceso a titulación, escrituración e inversiones en infraestructura, vías y espacios públicos.A esto se suman 297 mejoramientos de vivienda en el marco del programa Mejora tu Casa, Mejora tu Vida. De ese total, 71 ya fueron terminados y 21 se encuentran actualmente en ejecución.
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 9 de noviembreEl resultado del sorteo de Paisita Día de este lunes 9 de noviembre de 2026 permitirá a los jugadores verificar sus apuestas y comprobar si acertaron las cifras ganadoras.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta balota: resultado en breve.Desde 2025, los participantes pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener premios cuando también se aciertan las demás cifras, de acuerdo con las condiciones del juego.Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales autorizados. Además, los participantes tienen la posibilidad de seguir la transmisión en vivo por Teleantioquia.¿Cómo se juega el chance Paisita Día?Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Para evitar inconvenientes durante el cobro, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.
Un bus chocó con un vehículo tipo niñera en el tunel # 6 de la carretera, entre Loboguerrero y el puerto sobre el Pacífico.De manera preliminar se habla de varios fallecidos, entre ellos, el conductor del bus.En desarrollo.
La ley de rescate económico, o ajuste fiscal, contempla un aumento del costo final de la medicina prepagada y una reducción de ese costo para quienes tienen seguros complementarios de salud y otro tipo de pólizas.La medicina prepagada pagaría un IVA del 19 % y los demás planes quedarían excluidos del impuesto, un tratamiento diferencial que ha sido objeto de debate en redes sociales. El IVA a la medicina prepagada es el punto que más reclamos ha generado.¿Por qué se tomó la decisión? Según el Gobierno Nacional, esa decisión tiene que ver con el nivel de ingresos de quienes compran seguros privados de salud, porque solo los más adinerados están accediendo a la medicina prepagada."El 80 % de las personas con medicina prepagada pertenece al 20 % de la población de mayores ingresos, mientras que el 66 % se concentra en el 10 % de mayores ingresos. En contraste, entre quienes adquieren otros planes voluntarios de salud, como pólizas y planes complementarios, solo el 29 % pertenece al 10 % de mayores ingresos", dijo el Ministerio de Hacienda en respuesta a consultas de Blu Radio.En los últimos años, el deterioro del sistema de salud llevó a una verdadera explosión de demanda de seguros privados. Según Acemi, hoy hay cerca de 1,5 millones de personas en Colombia con contratos de medicina prepagada, un 35 % por encima de las cifras registradas hace tres años.El mercado de las pólizas también está creciendo. Al cierre de 2025, 1,8 millones de colombianos tenían contratos con aseguradoras para financiar su atención en salud, según Fasecolda.Las cifras no incluyen una amplia gama de servicios 'plus' o 'complementarios' que son ofrecidos por las propias EPS con el objetivo de dar un acceso preferencial a una lista corta de servicios. Todos ellos verían una reducción del IVA a pagar, que pasaría del 5 % al 0 %.¿Recibe compensación de IVA? Esto es lo que cambiaría para usted con la reformaDesde la pandemia, el Gobierno colombiano está compensando el IVA pagado por los hogares de menores ingresos. Actualmente, unos 700 mil hogares están en el programa de devolución del DPS y reciben por este concepto unos 111 mil pesos cada uno.Con la reforma tributaria, la compensación de IVA desaparece y se crearía el programa EfectIVA, que implica devoluciones para 35 millones de personas. La promesa del Gobierno es que las familias beneficiarias de la compensación que existe hoy (las que van a recibir los giros desde este fin de semana) serán protegidas en la transición."Ningún hogar que actualmente recibe la compensación perderá ese beneficio durante la transición, ni recibirá menos de lo que recibe hoy", explicó el Ministerio de Hacienda.Hay varias diferencias entre el programa actual y EfectIVA. Por ejemplo, el nuevo programa funcionaría por personas y no por familias.Si se aprueba la reforma, el monto máximo de IVA que le van a devolver a una persona equivale a unos 288 mil pesos mensuales y, dependiendo de su nivel de ingresos, esa devolución será total o parcial. Le pueden devolver el 30 %, el 50 % o el 100 % del IVA."La compensación que opera hoy es una transferencia monetaria que estima el IVA pagado por cada hogar a partir de un nivel de consumo calculado. La devolución, en cambio, le regresa a cada persona el IVA que efectivamente pagó", agregó el Gobierno.No hay que perder de vista que en el nuevo sistema la devolución se haría únicamente por compras con factura electrónica.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.