En Medellín, un conflicto ocurrido durante una fiesta desencadenó el desplazamiento forzado de una pareja en el sector de Cándamo, barrio Buenos Aires. Las agresiones e intimidaciones comenzaron luego de que un hombre bailara con la compañera sentimental de un presunto integrante del grupo delincuencial 'Caicedo', hecho que derivó en agresiones físicas y la exigencia de un millón de pesos a la víctima para abandonar la zona.De acuerdo con las investigaciones del caso, los hechos de violencia y las amenazas constantes se prolongaron por varios días, obligando al afectado y a su pareja a dejar su lugar de residencia. Tras la salida de los habitantes, la vivienda fue ocupada por la estructura ilegal que delinque en la comuna 9 de la capital antioqueña."Presuntos integrantes de esta estructura delictiva le exigieron que se fuera del lugar. Cuando la víctima llegó a su vivienda, varios de los sospechosos ingresaron por la fuerza, entre ellos alias Guajiro, alias Legal o el Calvo y alias Frito. En el sitio volvieron a golpearlo y ocasionaron múltiples daños en las puertas y enseres de su propiedad", afirmó el fiscal del casoPosteriormente, las autoridades hicieron efectiva la captura de Edison Pino Beitar, conocido con el alias de 'Tuerto', a quien se le atribuye la participación directa en las presiones contra la pareja. Las indagaciones señalan que el procesado formaría parte de la organización desde comienzos de 2024, coordinando el cobro de extorsiones a comerciantes, la venta ilegal de lotes, la distribución de estupefacientes y la imposición de cobros por conexiones irregulares a servicios públicos en las comunas Villahermosa, Buenos Aires y La Candelaria."Era el encargado de cobrar las famosas multas a los ciudadanos que no cumplían las normas impuestas por este grupo delincuencial. Asimismo, ejecutaba las agresiones contra quienes no pagaban estas exigencias, a quienes golpeaban y desplazaban del barrio, sumado a su responsabilidad en el cobro de extorsiones al sector comercial", agregó.Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pino Beitar los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Pese a que el procesado no aceptó los cargos presentados por el ente investigador, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
El ingenio de los delincuentes no tiene límites. Entre pollos vivos y en medio de una carga que aparentaba ser común, la Policía descubrió un arsenal de armas de fuego, munición y elementos de intendencia que era transportado en un camión tipo estacas.El operativo se desarrolló sobre la vía Popayán-La Portada, en el sector Cruce de Sombrerillos, jurisdicción de San Agustín. Allí fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo, quien, al advertir la presencia de los uniformados, intentó evadir el puesto de control mediante una maniobra de retorno."Una insólita modalidad de transporte ilegal de armas de fuego fue descubierta por la Policía Nacional en carreteras del departamento de Huila. Esta vez, el arsenal estaba camuflado entre pollos vivos que eran transportados en un camión tipo estacas. El hallazgo se produjo en la vía Popayán-La Portada, en el departamento de Huila", señaló el coronel Edwin Orlando Correa, director de Tránsito y Transporte.Al inspeccionar el camión, los uniformados encontraron camuflados entre los pollos vivos dos fusiles calibre 5,56 milímetros, cinco proveedores y 351 cartuchos para estas armas. También fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, dos proveedores y 24 cartuchos adicionales."Los policías descubrieron dos fusiles, dos pistolas y 375 cartuchos de diferentes calibres. Además del armamento, fueron incautados uniformes, brazaletes, chalecos tácticos y equipos de comunicación. Este caso pone en evidencia la reprochable modalidad utilizada por los criminales para camuflar elementos ilegales, incluso mediante el transporte de animales vivos, buscando burlar los controles de las autoridades", indicó el director de Tránsito y Transporte.El vehículo, procedente del Cauca, tenía como destino el Putumayo. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el armamento tendría como destino grupos disidentes que delinquen en esta región del país.El hombre capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente.
Grupos ilegales han atacado con drones a la Fuerza Pública 72 veces este año en Antioquia y Chocó. Para mantener una ofensiva contra estas estructuras, la Gobernación entregó en las últimas horas 36 aeronaves no tripuladas al Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea.Segovia y municipios del Bajo Cauca antioqueño, como El Bagre, Briceño, Remedios, Anorí y Yondó, son algunos de los territorios en los que la Defensoría del Pueblo ha documentado desplazamientos masivos y confinamientos agravados por el uso y la amenaza de ataques con drones. Esta situación se replica en otras zonas del Norte y Nordeste antioqueño y, este año, ha dejado por lo menos 28 casos en el departamento.Así lo aseguró el general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército, en medio de la entrega de 36 aeronaves no tripuladas por parte de la Gobernación de Antioquia a la Fuerza Pública, a propósito de la ofensiva que se debe mantener contra los grupos al margen de la ley que usan estos artefactos cargados con explosivos, también en el vecino departamento del Chocó."La Séptima División tiene una jurisdicción donde el enemigo tiene la capacidad. Entonces se ha venido implementando. Tenemos aproximadamente 72 ataques en toda la séptima división. En Antioquia tenemos 28 ataques y en el Chocó los restantes", señaló.Algunos de estos equipos tienen un alcance superior a los 30 kilómetros y una autonomía de vuelo de más de tres horas, por lo que su uso permitirá apoyar labores de inteligencia, policía judicial y operaciones conjuntas con el Ejército y la Fuerza Aérea.Si bien el ente departamental había entregado cinco equipos antidrones, también con recursos recaudados mediante este impuesto, los cuales fueron priorizados para las cinco subregiones más violentas, para el caso de esta tecnología se entregaron 29 drones al Ejército —de los cuales 25 van para los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPÁS) y cuatro para las brigadas 4, 11, 14 y 17—, seis para la Policía Nacional —dos para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos para el Departamento de Policía Antioquia, uno para Urabá y uno para Magdalena Medio— y uno para la Fuerza Aérea, en el Comando Aéreo de Combate 5, como lo expuso el gobernador Andrés Julián Rendón."Buena parte de los drones pequeños que tiene el ejército van a estar en cada uno de los escuadrones militares y policiales. Antioquia segura, que hace presencia por parte del ejército en las distintas regiones de Antioquia. Los grandes que parecen avioncitos van a estar en las distintas brigadas en la Fuerza Aérea. Y los medianos, pues ya la Policía Nacional, tanto la de Antioquia como la Metropolitana del Valle Aburrá, definirá el uso", manifestó el mandatario regional.Pese a lo controversial que ha resultado el recaudo de la tasa de seguridad, desde la Asamblea de Antioquia destacaron durante el evento que las inversiones ya rondan los 500.000 millones de pesos y que esta entrega de drones representa una inversión de 7.212 millones de pesos.
La estación de Policía del corregimiento Las Vegas, jurisdicción del municipio de Chimichagua, en el Cesar, fue blanco este martes de un ataque con drones por parte de un grupo armado que aún no ha sido identificado.Se conoció que los terroristas atacaron desde la parte trasera de la estación de Policía, donde está instalada una barrera hecha con sacos de arena que sirve como muralla de protección.La reacción inmediata a los agentes de la Policía que a esa hora hacían guardia desde la estación, permitió responder al hostigamiento y repeler hasta que los responsables huyeron.El ataque solo causó daños materiales y los policías resultaron ilesos, según ha dicho la Gobernación del Cesar que, a su vez, está informando que “a esta hora hay más tropas del Ejército y la Policía en la zona”, para reforzar la seguridadLa gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan rechazó este nuevo hostigamiento y agradeció a la fuerza pública por cuidar de la población civil.Entretanto, el alcalde de Chimichagua, José David Rocha, manifestó que su administración “en reiteradas oportunidades” ha elevado “solicitudes ante el Gobierno Nacional para gestionar el apoyo y acompañamiento necesario para la construcción de una nueva Estación de Policía en este corregimiento. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido una respuesta favorable a estas solicitudes”.“Este hecho reafirma la importancia y urgencia de contar con instalaciones adecuadas que fortalezcan la presencia institucional y las condiciones de seguridad en esta zona del municipio”, insistió el mandatario.
La Alcaldía de Suratá, Santander, adoptó nuevas medidas para preservar el orden público, mejorar la convivencia y fortalecer la seguridad vial en la cabecera municipal por el aumento de riñas y hechos de intolerancia.Las disposiciones quedaron establecidas en el Decreto 064 de 2026 y contemplan restricciones para la conducción de motocicletas por menores de edad, nuevos horarios para los establecimientos comerciales y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en calles, parques y otros espacios públicos.Una de las principales medidas establece que los menores de 16 años no podrán conducir motocicletas, motociclos o mototriciclos sin la licencia correspondiente. La restricción aplica a cualquier hora del día y también prohíbe que los padres, cuidadores o propietarios de estos vehículos permitan que los menores los conduzcan sin cumplir los requisitos legales.Quienes sean sorprendidos incumpliendo esta disposición podrán tener el vehículo inmovilizado. Además, los propietarios o responsables que faciliten la conducción irregular se exponen a multas de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones de tránsito que correspondan.Nuevos horarios para establecimientos comercialesEl decreto también fija el horario para los negocios que expenden bebidas embriagantes, entre ellos bares, cantinas, discotecas, billares, licoreras, tiendas, minimercados y restaurantes que comercialicen este tipo de productos.Estos establecimientos podrán vender bebidas alcohólicas desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, todos los días, incluidos domingos y festivos. A la hora del cierre deberán dejar de vender licor, suspender su consumo y no mantener clientes dentro de sus instalaciones.Por su parte, los comercios que no vendan bebidas alcohólicas, como panaderías, cafeterías, misceláneas y restaurantes, podrán abrir a cualquier hora, pero deberán cerrar a las 11:00 de la noche. La medida no aplica a droguerías, servicios de salud, hospedajes ni estaciones de servicio, siempre que no expendan bebidas embriagantes.Otra de las disposiciones prohíbe de manera permanente el consumo de bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos de la cabecera municipal, incluidos andenes, calles, parques, plazas, zonas verdes, escenarios deportivos y zonas de parqueo de uso público.La Estación de Policía, la Inspección de Policía, la Comisaría de Familia y la Secretaría General y de Gobierno estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las disposiciones.
Un nuevo ataque con explosivos se registró durante la madrugada de este martes 20 de octubre en Algeciras, Huila. Un artefacto explosivo fue lanzado contra una droguería ubicada a pocos metros de la Alcaldía municipal, lo que provocó daños materiales en el establecimiento y en un negocio aledaño.Las autoridades investigan las circunstancias del atentado y analizan si estaría relacionado con presiones extorsivas atribuidas a las disidencias de las Farc. Por ahora, no se ha confirmado la autoría del ataque ni se ha establecido si el hecho dejó personas lesionadas.Este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de ataques contra la fuerza pública registrados durante los últimos días en el departamento del Huila, donde las autoridades han advertido sobre el uso de drones cargados con explosivos y otras modalidades de atentados.Huila, blanco constante de acciones terroristasEl viernes 16 de octubre, un uniformado resultó herido durante un hostigamiento contra la fuerza pública en el municipio de Íquira. Ese mismo día, en horas de la tarde, la estación de Policía de Teruel fue atacada con drones, en un atentado en el que se registraron cinco detonaciones y un policía resultó lesionado. La instalación ya había sido blanco de un ataque el pasado 7 de agosto.Un día antes, el jueves 15 de octubre, dos uniformados resultaron heridos levemente durante un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de Palermo, también en el Huila. Los hechos han encendido las alertas de las autoridades frente a la reiteración de acciones violentas contra instalaciones policiales.El secretario de Gobierno del Huila advirtió que los ataques con drones cargados con explosivos han ganado presencia en el departamento. Según el balance preliminar entregado por el funcionario, durante 2026 se habrían registrado cerca de siete atentados con esta modalidad.“No era tan recurrente en el departamento. Sin embargo, ya este año serían prácticamente siete atentados con drones”, afirmó el secretario, quien reiteró el rechazo de las autoridades frente a estos hechos violentos.Mientras avanzan las investigaciones por el ataque en Algeciras, las autoridades buscan establecer si existe alguna relación entre los recientes atentados y determinar quiénes estarían detrás de estas acciones en el departamento.
Un camión fue incinerado en la vía que comunica a los municipios de Campoalegre y Algeciras, en el departamento del Huila. Según la información preliminar, hombres armados habrían interceptado el vehículo y obligado al conductor a descender antes de prenderle fuego.El hecho se registró en un punto ubicado a aproximadamente siete kilómetros del casco urbano de Algeciras. Por ahora, la información conocida sobre lo ocurrido es preliminar y se espera que las autoridades establezcan las circunstancias del ataque.“Lamentablemente, hoy fue incinerado un vehículo tipo turbo, a aproximadamente siete kilómetros del casco urbano de Algeciras. El automotor fue desviado unos diez metros de la vía principal, hacia un sector de la vereda Vilaco, donde procedieron a prenderle fuego”, confirmó el alcalde de Algeciras, Alexander Martínez.Según se conoció, el vehículo cubría la ruta Campoalegre–Algeciras y transportaba agua y gaseosas que serían distribuidas en diferentes establecimientos comerciales del municipio.“Este vehículo iba a surtir algunos negocios del municipio de Algeciras. Transportaba especialmente agua y gaseosas y pertenecía a una empresa distribuidora de Campoalegre que abastece a varias tiendas de nuestro municipio”, indicó el mandatario.De acuerdo con las primeras versiones, la incineración del camión estaría relacionada, al parecer, con el no pago de extorsiones que serían exigidas por disidencias de las Farc en esta zona del departamento del Huila.En esta zona del Huila opera el Frente Iván Díaz bajo el mando de alias ‘Calarcá’, además de integrantes de la Segunda Marquetalia
Un nuevo hecho de violencia sacudió al Catatumbo este viernes 9 de octubre de 2026. Artefactos explosivos causaron daños materiales en el templo parroquial de San Martín de Porres, ubicado en el corregimiento de Luis Vero, municipio de Sardinata, Norte de Santander.De acuerdo con un comunicado de la Diócesis de Tibú, la explosión generó zozobra y temor entre los habitantes de este sector, al afectar un espacio religioso que representa un punto de encuentro para la comunidad.La Iglesia rechazó estos actos de violencia que afectan la vida y la convivencia, y manifestó su solidaridad con los padres franciscanos que acompañan pastoralmente a esta población campesina del Catatumbo.Asimismo, la Diócesis hizo un llamado a la paz y a abandonar los caminos de la violencia, y reiteró su compromiso con las comunidades de este territorio golpeado por el conflicto armado.
Dos hombres fueron capturados en Caucasia, Antioquia, durante un operativo de las autoridades en el que fueron incautados más de $80 millones en efectivo, más de 1.000 gramos de oro y dos celulares. Los elementos estarían relacionados con actividades de apoyo financiero al Clan del Golfo.Las capturas e incautaciones se dieron en medio de un puesto de control en una zona del municipio cuando autoridades detectaron un vehículo cuyos ocupantes intentaron evadir el procedimiento.Ante esta situación, los militares detuvieron el automotor y realizaron una inspección, encontrando más de $80 millones en efectivo, 1.088 gramos de oro y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.Durante el procedimiento, los dos hombres manifestaron que el dinero y el material aurífero pertenecerían al Clan del Golfo. Además habrían, presuntamente, intentado sobornar a los uniformados ofreciéndoles la totalidad del dinero para evitar ser capturados.La propuesta fue rechazada por los militares, quienes continuaron con el procedimiento establecido y efectuaron la captura de los dos hombres. Tras la incautación, autoridades adelantan investigaciones para dar con el origen y destino de los elementos.El oro sería, presuntamente, producto de la explotación ilícita de yacimientos mineros. Según el Ejército, la incautación representa una afectación a las economías ilegales que sostienen las actividades del Clan del Golfo en esta zona de Antioquia.De acuerdo con el Ejército, el oro incautado tendría un valor estimado de 565 millones de pesos, recursos que habrían dejado de ingresar a las finanzas de la mencionada estructura criminal.El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en Caucasia y los demás municipios del Bajo Cauca para combatir las economías ilícitas y otros factores de criminalidad, mientras que los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para definir su situación jurídica.
Santa Marta enfrenta una nueva crisis de orden público tras la operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’. Uno de los hechos más graves ocurrió en el sector del barrio Once de Noviembre, donde hombres desconocidos interceptaron e incendiaron dos buses de servicio público local, propiedad del Consorcio Ziruma.También se reportan bloqueos en sectores como Calabazo y Guachaca, que afectan la movilidad entre Santa Marta y La Guajira. A esta situación se sumaron amenazas de un paro armado de 48 horas, atribuidas a las ACSN, mediante las cuales se habría exigido el cierre de establecimientos comerciales.La tensión se produjo después de una operación de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en la que murió alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y responsable del manejo financiero de esta organización criminal.Según el balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, el operativo dejó siete presuntos integrantes de las ACSN muertos, tres capturados y la incautación de diez fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas y otros elementos de guerra.La situación mantiene en alerta a las comunidades de la Sierra Nevada, ante el temor de nuevas acciones violentas que afecten la movilidad, el comercio y la seguridad de los habitantes. Las autoridades también deberán verificar las denuncias sobre posibles afectaciones a la población civil durante los enfrentamientos.Ante este panorama, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional. Entretanto, se espera que en las próximas horas el presidente de la República llegue a Santa Marta para encabezar un consejo extraordinario de seguridad y anunciar nuevas medidas frente a la situación de orden público.
La difícil situación financiera que atraviesa la Clínica Foscal de Floridablanca, encendió las alarmas en el sector empresarial de Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga advirtió sobre las consecuencias que podría tener esta crisis para el sistema de salud en el departamento y pidió al Gobierno Nacional intervenir para garantizar la continuidad de los servicios médicos. La preocupación se conoció luego de que la propia organización de salud Foscal enviara una comunicación al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al Ministerio de Salud, en la que solicitó una intervención urgente ante el incumplimiento y los retrasos en los pagos de las entidades responsables de financiar la atención de los pacientes.La institución reveló que tiene una cartera pendiente de recaudo cercana a los $600.000 millones, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS, FOMAG y Famisanar.Frente a este panorama, la Cámara de Comercio de Bucaramanga manifestó que lo que está en juego trasciende la sostenibilidad financiera de una institución médica y compromete la atención de miles de ciudadanos, la generación de empleo y la capacidad de Santander para ofrecer servicios especializados de salud.La entidad destacó que la Foscal se ha consolidado como un referente médico para la región, Colombia y el mundo, gracias a su infraestructura, talento humano especializado y trayectoria de 50 años.Por esta razón, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades responsables de los pagos para que, de manera articulada, establezcan soluciones que permitan normalizar la cartera, definir compromisos con plazos concretos y garantizar la continuidad de los servicios.La Cámara advirtió que una eventual interrupción de los servicios de la institución "tendría repercusiones que irían más allá del sector hospitalario, con efectos sobre el empleo, los proveedores, la confianza empresarial y la atención de pacientes de Santander y otros departamentos".La preocupación ahora está centrada en las respuestas del Gobierno Nacional y de las EPS deudoras, ante una situación financiera que amenaza la sostenibilidad de una de las instituciones de salud más importantes del nororiente colombiano.La clínica advirtió que esta situación ha afectado directamente su flujo de caja y ha dificultado el cumplimiento oportuno de compromisos esenciales para su funcionamiento, entre ellos el pago de la nómina de trabajadores y profesionales de la salud, las obligaciones con proveedores de medicamentos e insumos y la adquisición de los recursos. Según las cifras entregadas por la FOSCAL, anualmente atiende cerca de 664.423 consultas, 28.706 egresos hospitalarios y 21.081 procedimientos quirúrgicos. A esto se suman 321.069 actividades de promoción y mantenimiento de la salud, 27.832 consultas oncológicas y 6.583 tratamientos de quimioterapia y radioterapia.
Una mujer francesa de 53 años creyó que mantenía una relación sentimental con el actor estadounidense Brad Pitt. La víctima, identificada como Anne, se divorció de su esposo y entregó sus ahorros a personas que se hicieron pasar por el artista mediante perfiles falsos, fotografías y videos creados con inteligencia artificial.El engaño comenzó en febrero de 2023 y se prolongó durante aproximadamente un año y medio. Durante ese tiempo, los estafadores construyeron una relación virtual con la mujer, le enviaron mensajes románticos y utilizaron supuestas dificultades personales y médicas del actor para convencerla de que necesitaba ayuda económica.En total, Anne transfirió cerca de 830.000 euros, equivalentes a aproximadamente $3.045.104.000 colombianos, después de utilizar parte de la indemnización que recibió tras su divorcio y los ahorros que había acumulado. El caso, conocido a través de medios internacionales, muestra cómo los delincuentes recurren a herramientas de inteligencia artificial para fabricar pruebas audiovisuales y suplantar la identidad de figuras públicas.¿Cómo comenzó la estafa en la que una mujer creyó hablar con Brad Pitt?Anne se había registrado en Instagram en febrero de 2023, cuando atravesaba un periodo de distanciamiento matrimonial. Poco después, recibió un mensaje de una cuenta que decía pertenecer a Jane Etta, madre del actor.La persona detrás del perfil le aseguró que había visto sus fotografías y consideraba que su hijo debía conocerla. Posteriormente, otra cuenta que simulaba ser Brad Pitt inició una conversación con ella y mencionó el supuesto respaldo de su madre.La comunicación se volvió frecuente. El falso actor le escribía a diario, le preguntaba por su trabajo y su rutina, y le enviaba poemas y mensajes de amor. Cuando Anne comenzó a dudar de su identidad, los delincuentes recurrieron a imágenes y videos generados con inteligencia artificial.En uno de esos contenidos, el supuesto Brad Pitt aparecía en una cama de hospital y afirmaba que recibía tratamiento contra un cáncer de riñón. El material estaba diseñado para convencerla de que el actor atravesaba una situación médica que requería apoyo económico.¿Cómo terminó en un psiquiátrico?Los estafadores también le hicieron creer que el actor quería enviarle regalos de lujo, pero que estos permanecían retenidos en aduanas o estaban bloqueados por sus trámites de separación. Con ese argumento, comenzaron a pedirle dinero.Anne aceptó realizar varias transferencias. Durante ese periodo se divorció y recibió una indemnización económica. También utilizó los ahorros que había acumulado.En la etapa final del engaño, otros perfiles falsos se hicieron pasar por agentes del FBI para exigirle más dinero. Fue entonces cuando decidió acudir a las autoridades.Al descubrir que la relación nunca había existido y que había sido víctima de una estafa, Anne sufrió una crisis psicológica y fue internada en una clínica psiquiátrica. Posteriormente, también enfrentó burlas y comentarios en redes sociales tras la difusión pública de su caso.La historia muestra cómo los delincuentes pueden utilizar imágenes y videos manipulados para suplantar identidades. Por eso, las solicitudes de dinero de personas conocidas únicamente por internet deben verificarse antes de realizar cualquier transferencia.
Bucaramanga contará por primera vez con un Observatorio del Delito, una herramienta tecnológica que permitirá monitorear el comportamiento de la criminalidad en la ciudad y orientar las acciones de las autoridades para prevenir y combatir los hechos delictivos.El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla, quien explicó que este centro funcionará en el tercer piso de la Alcaldía, en las instalaciones de la Secretaría del Interior, y tendrá operación permanente, las 24 horas del día, durante los 365 días del año.El observatorio contará con un equipo interdisciplinario que analizará en tiempo real la información sobre los delitos, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y un sistema de monitoreo de gran formato. Además, estará articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército, las unidades de inteligencia y la Policía Judicial, para coordinar las acciones frente a las diferentes modalidades delictivas.Según explicó el mandatario, "esta tecnología permitirá identificar los sectores con mayor incidencia de delitos y los horarios en los que se presentan, con el propósito de orientar los patrullajes y operativos de la fuerza pública".La puesta en funcionamiento del observatorio estará acompañada de la renovación del sistema de videovigilancia de la ciudad. El alcalde anunció la incorporación de más de 200 cámaras nuevas, entre ellas dispositivos de reconocimiento facial y lectura automática de placas vehiculares (LPR), además de la reposición de 93 equipos que actualmente están fuera de servicio por fallas en el circuito cerrado de televisión.A esta estrategia se sumará la llegada, prevista para diciembre, de tres torres móviles de vigilancia que podrán instalarse de manera itinerante en puntos estratégicos de Bucaramanga. Estos equipos tendrán cámaras con movimiento y acercamiento (PTZ), reconocimiento facial, lectura de placas y sistemas de perifoneo. También estarán conectados con el comando de la Policía y el Observatorio del Delito.El alcalde señaló que: "estas medidas buscan fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades. Como parte de los resultados recientes, durante septiembre se registró una reducción del 50 % en los homicidios y en octubre la disminución fue del 33 %".Además de los homicidios, la Administración Municipal busca concentrar esfuerzos en combatir el hurto, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, problemáticas que también representan retos para la seguridad de la capital santandereana.
La revista británica The Economist publicó este 9 de noviembre un análisis crítico sobre los primeros cerca de 100 días del presidente Abelardo de la Espriella, a quien describe como un populista de derecha de estilo “trumpista” que no está dispuesto a tomar prisioneros, ni frente a los narcotraficantes ni frente a sus críticos.Según el medio, el mandatario que se hace llamar ‘El Tigre’ prometió mano dura y un crecimiento económico acelerado, y ya comenzó a avanzar en ambos frentes. Sin embargo, advierte que sus instintos “iliberales” lo han puesto en ruta de colisión con el Congreso y las cortes.Seguridad: más espectáculo que cambio de estrategiaThe Economist señala que la seguridad se ha convertido en la principal prioridad del Gobierno. De la Espriella puso fin a los diálogos de paz iniciados durante el mandato de Gustavo Petro, intensificó los bombardeos contra grupos armados, abatió a varios objetivos de alto valor y aprobó extradiciones a Estados Unidos.La publicación describe cómo el presidente acompaña operativos nocturnos con pistola al cinto y difunde en redes sociales videos de capturas con su frase “Bienvenido a la Patria Milagro”. Parte de ese contenido, según el semanario, resulta autocomplaciente e incluso grotesco.Aun así, el medio cita a Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, quien calificó de “modesto” el aumento de operaciones y aseguró que en esencia se mantiene la misma fórmula de capturas, muertes e incautaciones. Como ejemplo de los límites de esta estrategia, The Economist recuerda el paro armado que una banda impuso en Santa Marta en septiembre tras la muerte de su cabecilla: pese al sobrevuelo de aviones de combate ordenado por el presidente, los habitantes permanecieron encerrados.El Gobierno también impulsa una “ley de sometimiento”, que ofrece rebajas de penas a criminales que confiesen y colaboren, y un estatuto antiterrorista que permitiría congelar bienes de presuntos colaboradores. Organizaciones de derechos humanos temen que esta herramienta se use para intimidar a la sociedad civil.Crisis fiscal y una reforma tributaria que sorprendióEl semanario subraya que el margen de maniobra es estrecho: la deuda pública ronda el 60 % del PIB, el déficit fiscal proyectado para 2027 es de 9,4 % y el servicio de la deuda consumiría casi una cuarta parte del presupuesto. Por eso, el Gobierno negocia con el FMI un posible préstamo de hasta 20.000 millones de dólares.La reforma tributaria y de gasto presentada a finales de octubre reduce los bienes con IVA preferencial, amplía la base del impuesto de renta, recorta en una quinta parte la nómina estatal y baja la tarifa corporativa del 35 % al 31 %. Según The Economist, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas la consideró inesperada viniendo de un populista.Choque con el CongresoEl medio advierte que aprobarla no será fácil: el partido del presidente tiene pocas curules y él asegura no querer negociar cargos a cambio de apoyos. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, sostuvo que el Gobierno busca imponer proyectos sin debatirlos. El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a advertir sobre un posible impago de la deuda si la reforma no prospera.La designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, según la revista, encaja con la “contrarrevolución cultural” que promueve el mandatario, que incluyó el retiro de decenas de obras del Museo Nacional sobre feminismo, diversidad sexual y procesos de paz.Alineación con Trump y críticas por autoritarismoThe Economist destaca que Colombia se sumó al Escudo de las Américas, la coalición militar antidrogas liderada por Washington, y retiró a su candidato a la Corte Penal Internacional. Además, señala que el presidente comparte con Trump una “piel delgada”: habría despedido al director del DANE, mientras que el presidente de la ANDI renunció tras un supuesto veto a reuniones con ministros, y varios periodistas críticos han perdido sus empleos.Paro nacional del 19 de noviembreFinalmente, el semanario anticipa que la tensión crecerá en las calles: el Pacto Histórico, sindicatos y estudiantes convocaron un paro nacional para el 19 de noviembre. Las protestas de octubre reunieron unas 60.000 personas, que el mandatario calificó como una pequeña minoría.
La Fiscalía General de la Nación informó que 33 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Puentes II’ fueron judicializados, luego de ser presentados ante jueces de control de garantías por hechos relacionados con el tráfico local de estupefacientes, homicidios y desaparición forzada en el sur de Bogotá.De acuerdo con la investigación, ‘Puentes II’ habría surgido en 2018 a partir de la unión de dos estructuras delincuenciales que anteriormente se disputaban las rentas derivadas del tráfico de estupefacientes: ‘El Mesa o Paisas’, originaria del Valle de Aburrá, en Antioquia, y ‘Los del Compa o El Viejo’. La Fiscalía sostiene que, después de esa unión, la organización habría establecido dos componentes para desarrollar sus actividades. Uno estaría dedicado al almacenamiento y distribución de bazuco, marihuana y cocaína, mientras que el otro tendría como función la ejecución de homicidios para controlar los puntos de expendio de estupefacientes.La investigación señala que las actividades del grupo se habrían concentrado en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle, en el sur de Bogotá. En esos sectores, algunos de sus integrantes estarían encargados de la venta de estupefacientes al menudeo en entornos académicos, parques y otros lugares de alta concurrencia, mientras que otros cumplirían labores de vigilancia, coordinación logística y participación en ataques con armas de fuego.La Fiscalía también atribuye a esta estructura al menos ocho homicidios y una desaparición forzada. Entre los hechos investigados está la desaparición de un hombre ocurrida en octubre de 2024. La víctima habría sido citada porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de sustancias ilícitas que se encontraban perdidas y, desde ese momento, se desconoce su paradero.Dentro de los casos relacionados con los homicidios está el asesinato de una mujer ocurrido el pasado primero de febrero en el barrio Diana Turbay. A este hecho se suman la muerte de un joven cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín, en abril; un doble homicidio registrado en Molinos durante ese mismo mes, y el asesinato de un taxista ocurrido en agosto.En diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron capturadas o notificadas en centros carcelarios 33 personas que serían integrantes de ‘Puentes II’. Entre ellas se encuentra José Orlando Lancheros Ramírez, alias El Compa o El Viejo, quien ya fue condenado y es señalado como uno de los cabecillas y determinadores de varios homicidios.Los fiscales les imputaron, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
