El presidente de Acore, general en retiro Guillermo León, analizó en entrevista con El Radar de Blu Radio los principales desafíos que, según su diagnóstico, enfrenta el Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad, entre ellos el control territorial, el uso de drones por parte de grupos armados, el debilitamiento de la inteligencia y el estado de la flota helicoportada.León sostuvo que durante los últimos años se han profundizado fenómenos como la pérdida de control territorial, la gobernanza criminal y la sustitución de la autoridad estatal en algunas regiones.“Se ha presentado y generalizado en todo el territorio tres fenómenos plenamente identificados y que demuestran cómo la política de paz total de este Gobierno contribuyó también a que fenómenos que venían desde tiempo atrás se hayan exacerbado”, señaló el general en retiro.Drones y nuevas amenazas para la seguridadUno de los retos que mencionó el presidente de Acore es el uso de drones por parte de estructuras armadas ilegales. Según explicó, se trata de una tecnología de fácil acceso y bajo costo que puede ser utilizada para realizar ataques.León consideró que la respuesta no debe limitarse a adquirir equipos para neutralizar estos dispositivos, sino que debe incluir inteligencia para identificar las redes que permiten su utilización.“Detrás de la capacidad hay una estructura, hay una doctrina, hay una organización, hay un personal, hay un entrenamiento y hay unas redes que son las que hay que identificar con inteligencia”, precisó.Control territorial e inteligenciaSobre la recuperación del control territorial, el general planteó una estrategia integral que combine operaciones de la Fuerza Pública con la llegada de servicios y alternativas económicas del Estado a las comunidades.También insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia, especialmente la de carácter predictivo y el análisis de los fenómenos criminales en cada territorio.“Hay que recobrarlo rápidamente, impulsar el recobrar esas potencialidades, sobre todo en inteligencia predictiva y en análisis en los territorios”, mencionó León.Preocupación por la capacidad de movilidadEl estado de las aeronaves también fue uno de los puntos centrales de la entrevista con El Radar de Blu. León aseguró que el porcentaje de aeronaves disponibles para operaciones es inferior al que muestran las cifras generales de funcionamiento de la flota.“Estamos en un veintisiete, un veintiocho por ciento para apoyar las operaciones. Por eso es que no hay movilidad, por eso es que se nos dificulta llegar a tiempo”, advirtió.El presidente de Acore propuso revisar las asignaciones presupuestales, buscar ayuda internacional y recurrir a mecanismos de financiación específicos para recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Pública.Escuche la entrevista completa acá:
La senadora Claudia Margarita Zuleta denunció una nueva acción del grupo criminal ELN contra comunidades del sur del departamento de Bolívar. Habitantes de la zona reportaron amenazas y una presunta orden para restringir la circulación de vehículos por las vías que comunican a Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur.Zuleta advirtió que la situación es especialmente preocupante debido a los antecedentes de paros armados, confinamientos y restricciones al transporte de vehículos y alimentos que, según señaló, han sido impuestos por el ELN en esta misma región.Ante la denuncia, pidió a las autoridades realizar una verificación inmediata de los hechos y, en caso de confirmarse las restricciones, desplegar las acciones necesarias para garantizar la movilidad y proteger a la población civil.“Ningún grupo armado puede decidir quién transita por las carreteras de Colombia. En el territorio nacional manda el Estado”, afirmó Zuleta.También pidió atención urgente para el sur de Bolívar al presidente Abelardo De La Espriella, al ministro del Interior, Rodrigo Lara; y al ministro de Defensa, Jorge Mora.La denuncia se produjo luego de que, durante la mañana, también se reportara la instalación de un artefacto, al parecer explosivo, en la vía que comunica a San Pablo con Simití, antes de llegar a la ‘Ye’ de Simití.
Temor en vías del Norte de Antioquia: una grúa fue incinerada en la troncal a la Costa, en el Alto de Ventanas, cerca al municipio de Valdivia. Dos ocupantes del vehículo fueron agredidos por hombres fuertemente armados y resultaron con quemadurasA pocas horas de la posesión presidencial aumenta la preocupación en Antioquia luego de que un nuevo hecho terrorista se registrara en las últimas horas en la troncal a la Costa Caribe, en jurisdicción del municipio de Valdivia.En la situación estuvo involucrada una grúa que fue incinerada sobre el corredor tras ser abordada por cuatro sujetos armados en dos motos.Al conductor del vehículo y su acompañante, los responsables de este hecho, que pertenecerían a una comisión mixta del ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc, los obligaron a descender para posteriormente prenderle fuego al automotor.Como consecuencia las dos personas registraron contusiones y quemaduras de primer grado por lo que fueron remitidos a un centro hospitalario de la zona y recibir atención médica.Investigaciones preliminares por parte de la fuerza pública que ya se encuentra en la zona garantizando la seguridad lograron determinar que ni la empresa a la que estaba adscrita la grúa ni sus trabajadores contaban con amenazas previas.Además, el vehículo habría llegado hasta la zona, a unos 15 minutos del casco urbano de Valdivia, tras ser contratado para prestar un servicio.
Las cifras de criminalidad que manejan las autoridades sobre el Área Metropolitana de Pereira son preocupantes. Desde agosto del año pasado hasta la fecha, han sido capturadas 130 personas señaladas de estar vinculadas con actividades de sicariato y, en lo corrido de 2026, las autoridades han incautado cerca de 180 armas de fuego.El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, entregó este balance en entrevista con el programa Infórmate Eje, de Telecafé, y agregó que la cifra de armas incautadas podría superar las 500 si se consolida la información correspondiente al segundo semestre del año anterior.El oficial también señaló que, en materia de homicidios, la operatividad desplegada por las autoridades ha permitido una reducción de 54 casos durante los primeros siete meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.El coronel Ochoa indicó que la violencia registrada en los últimos años en la capital risaraldense y sus municipios vecinos estaría relacionada principalmente con disputas por el control territorial y la comercialización de estupefacientes. Según explicó, uno de los actores mencionados en estas confrontaciones es la organización Cordillera, que tendría disputas con otros grupos delincuenciales.A las autoridades también les preocupa el fenómeno de las denominadas casas de pique. Durante el año anterior fueron intervenidos inmuebles que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para la comisión de hechos violentos en Pereira y Dosquebradas. En 2026 se han registrado nuevos hallazgos de cuerpos con signos de desmembramiento, algunos abandonados dentro de bolsas plásticas.El caso más reciente ocurrió en la madrugada del pasado domingo en la vía Condina, corredor que comunica a Pereira con Armenia. Las autoridades identificaron a la víctima y señalaron que se trataría de una persona con antecedentes de vinculación a estructuras delincuenciales del Valle del Cauca. El coronel Ochoa Sánchez afirmó que este asesinato estaría relacionado con la organización Cordillera. Precisó que la víctima podría estar prestando servicios de sicario a esa estructura.Según información entregada por las autoridades, en los últimos dos meses han sido encontrados seis cuerpos con signos de desmembramiento en diferentes sectores del Área Metropolitana de Pereira.Durante 2025, Pereira y Dosquebradas registraron 300 homicidios, de acuerdo con los balances oficiales de seguridad.
El diputado del Valle del Cauca por el Pacto Histórico, Yesid Sandoval, denunció haber sido víctima de un ataque con arma de fuego cuando se desplazaba en su vehículo por la vía que comunica a Cali con Yumbo, a la altura del sector de Guabinas.Según relató, los hechos ocurrieron sobre el mediodía de este domingo, luego de participar en una reunión política. Mientras conducía hacia su residencia, sintió un impacto en el costado izquierdo del vehículo, lo que le permitió establecer que, al parecer, había sido atacado con arma de fuego."Teníamos un compromiso político a las once de la mañana. Ya terminamos esa reunión y me dirigía hacia mi casa. Desafortunadamente, se sintió un impacto en el lado izquierdo, donde yo venía conduciendo y, afortunadamente, no pasó a mayores; no me impactaron, pero fue un momento bastante delicado y preocupante", manifestó Sandoval.El diputado aseguró que anteriormente ha recibido amenazas, incluso desde la campaña política, razón por la cual cuenta con un esquema de protección de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, explicó que al momento del ataque no estaba acompañado por sus escoltas."Tengo esquema de seguridad tanto de la Policía como de la UNP, pero uno de ellos estaba de descanso y el otro ya lo había despachado porque me había acompañado durante todo el fin de semana y era su hora de almorzar cuando ocurrieron los hechos", explicó.Tras lo sucedido, Sandoval anunció que solicitará el fortalecimiento de las medidas de protección, no solo para él, sino también para otros dirigentes políticos y líderes sociales que, según afirmó, enfrentan un panorama de riesgo. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.
Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en Antioquia. En una operación desarrollada en la vereda La Holanda, del municipio de San Carlos, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, intervinieron dos unidades de producción minera ilegal dedicadas a la extracción ilícita de minerales.Durante el procedimiento fueron inutilizadas dos dragas tipo buzo, cuatro motores, dos mangueras de succión, dos compresores de aire, una excavadora y una retroexcavadora cargadora, maquinaria utilizada para la explotación ilegal de minerales. Según las autoridades, estas actividades no solo generan graves afectaciones ambientales, sino que también representan una fuente de financiación para estructuras criminales que operan en la región.De acuerdo con el balance entregado por el Ejército, la operación permitió afectar una infraestructura ilegal valorada en cerca de 900 millones de pesos. Además, se estima que, con esta intervención, se evitó la extracción de aproximadamente 3.744 gramos de oro al mes, cuya comercialización alcanzaría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos, recursos que, según la institución, dejarían de ingresar a los grupos armados organizados vinculados a este delito.Este resultado se suma a otra operación realizada recientemente en el municipio de Caucasia. Allí, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, en coordinación con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, intervinieron cinco unidades de explotación minera ilegal.En ese operativo fue capturada una persona y se halló maquinaria avaluada en aproximadamente 350 millones de pesos, entre ella, dos dragas tipo buzo, 15 motores, tres clasificadoras y una motobomba. Las investigaciones indican que estas unidades producían cerca de 500 gramos de oro al mes, valorados en más de 200 millones de pesos. Tras la diligencia, la maquinaria fue destruida de manera controlada para impedir su reutilización, mientras que el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo alertó por una serie de hechos violentos que dejaron personas civiles y miembros de la Fuerza Pública muertos y heridos, además de daños en viviendas, desplazamientos y afectaciones a comunidades, especialmente indígenas, en cinco departamentos del país.Los hechos se registraron entre el martes 14 y el viernes 17 de julio en Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander, e incluyeron ataques con explosivos, enfrentamientos, hostigamientos y otras acciones atribuidas a diferentes grupos armados ilegales.Uno de los hechos más graves ocurrió el 14 de julio en el sector de Las Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato, en Chocó. Allí, 45 personas quedaron en medio de confrontaciones entre el Ejército Nacional y el ELN y tuvieron que ser evacuadas.Durante los combates, dos soldados murieron y otros seis resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos. La Defensoría también advirtió que las comunidades indígenas cercanas permanecen en riesgo ante la posible presencia de explosivos y la continuidad de las acciones armadas.En el municipio de Tame, Arauca, un ataque con explosivos atribuido al ELN contra la subestación de Policía de Betoyes dejó dos uniformados y una mujer de la población civil muertos.Además, nueve policías resultaron heridos. El ataque ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde permanecen al menos 80 niñas y niños indígenas, y del Centro Educativo Inocencio Chincá, por lo que estudiantes, docentes y habitantes de la zona quedaron expuestos a los efectos de la violencia.En el municipio de Cumaribo, Vichada, un ataque armado perpetrado por un grupo aún no identificado contra el Resguardo Indígena Saracure Río Cada dejó tres jóvenes indígenas muertos y una mujer de 45 años herida.De acuerdo con la Defensoría, varias familias fueron desplazadas y algunas viviendas fueron incendiadas. La entidad recordó que la zona ya había sido advertida en una alerta temprana por el riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario debido a la presencia y accionar de distintos grupos armados ilegales.En Tibú, Norte de Santander, un atentado atribuido al ELN con un carro bomba, cerca de una instalación militar, dejó siete personas afectadas. Tres de ellas resultaron lesionadas por esquirlas y otras cuatro presentaron afectaciones emocionales. La explosión también provocó daños en viviendas cercanas y en una estación de servicio.Además, en una zona rural de El Tambo, Cauca, la Defensoría reportó que integrantes de la comunidad habrían sido coaccionados por disidencias de la línea de alias ‘Iván Mordisco’, autodenominado Estado Mayor Central, para trasladarse hacia el sector de El Filo, en límites con Argelia, con el objetivo de exigir la salida del Ejército.En medio de la situación, varios civiles habrían intentado despojar de sus armas de dotación a integrantes de la Fuerza Pública. Los uniformados abrieron fuego y una persona murió, mientras otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.Posteriormente, este viernes se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de El Crucero de Pandiguando, también en zona rural de El Tambo. En este caso no se reportaron civiles ni uniformados lesionados.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección, garantizar la atención integral a las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional coordinada en las zonas de riesgo.La entidad también exigió a los grupos armados ilegales respetar las normas del derecho internacional humanitario, a la población civil, a los menores de edad y los bienes de carácter civil.
Nuevamente la fuerza pública fue atacada en el centro del Valle del Cauca, esta vez en el corregimiento de Barragán, zona alta de Tuluá. Desde el parque principal del pueblo, sujetos armados dispararon varias veces en contra de la estación de policía, desatando el caos en la zona."Central, habla con Bonilla, estoy en Barragán, nos están hostigando... Colabórenme ahí en la línea con la estación de Tuluá. Por favor, urgente, que es que nos están boleando acá", se escuchaba a uno de los uniformados de la estación, solicitando ayuda.El contraataque de las autoridades evitó que policías o civiles resultaran heridos en medio de este hecho. Sin embargo hoy, la tensión persiste en la comunidad, ante el riesgo de otra acción terrorista."La situación fue atendida de manera inmediata por los uniformados mediante la activación del 'Plan Defensa', logrando repeler el ataque y recuperar el control de la zona. Gracias a la reacción oportuna no se presentaron lesionados policiales ni civiles, tampoco se presentó daño a la infraestructura de la estación de Policía y del municipio", señaló el teniente coronel Cristhian Enrique Bohorquez, comandante de la estación de Policía de Tuluá.Por su parte, el secretario de gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, manifestó su preocupación por la expansión de los grupos armados ilegales en las montañas del municipio, este último ataque fue atribuido al Frente 57 Yair Bermúdez, de las disidencias de las Farc."Históricamente estaba la disidencia Adán Izquierdo y ahora es el frente de 57 Yair Bermúdez, que es el que hace presencia en este sector de Barragán, Santa Lucía y que hace el corredor que ellos tienen hacia el Tolima y otras regiones. Eso es un sitio estratégico que es necesario cortarle el camino a estos actores, allí es necesario reforzar el trabajo de la Fuerza Pública", añadió Hincapié.
La tranquilidad del municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca, se vio interrumpida este miércoles luego de que se registraran intensos enfrentamientos entre presuntos integrantes del ELN y otra estructura armada ilegal que opera en la región. Los combates, ocurridos hacia el mediodía, generaron momentos de angustia entre los habitantes y motivaron una rápida reacción de la Fuerza Pública para evitar que la confrontación se extendiera.De acuerdo con información preliminar, la disputa estaría relacionada con el control territorial y las rutas utilizadas para el narcotráfico, una problemática que desde hace varios años alimenta la presencia y el accionar de diferentes organizaciones armadas en esta zona estratégica del departamento del Cauca.A través de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó que desplegó tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para fortalecer la presencia institucional en el sector y adelantar operaciones militares orientadas a restablecer la seguridad y proteger a la población civil.Las operaciones continúan en el área mientras las autoridades mantienen un dispositivo de control para evitar nuevos enfrentamientos y verificar posibles afectaciones derivadas de los combates. Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre víctimas o personas lesionadas, mientras avanzan las labores de verificación en la zona.
A la espera de que el Gobierno nacional cumpla la orden de intervenir en Briceño, la Gobernación de Antioquia informó que reforzó su presencia institucional en el municipio. En menos de dos años se han reportado cinco desplazamientos masivos en esta zona del Norte antioqueñoHace un par de días el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenó al Gobierno nacional diseñar e implementar, en un mes, un plan de intervención urgente en el municipio de Briceño ante el deterioro del orden público, por ello y a la espera de una respuesta oficial, la Gobernación entregó un balance de sus labores en la zona afectada por la violencia.La Administración Departamental aseguró que mantiene presencia permanente en el Briceño mediante estrategias enfocadas en seguridad, protección de los derechos humanos e inversión social con 18 consejos de seguridad que se han hecho en los últimos dos años.Además, la Gobernación de Antioquia informó que se han enviado más de 40 oficios al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional solicitando mayores capacidades operativas para enfrentar las estructuras criminales que tienen presencia en el territorio y que, por ejemplo, asesinaron hace unas semanas al periodista Mateo Pérez.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, se refirió a las acciones desplegadas hasta el momento: “Ejército Nacional tiene tres puntos neurálgicos de intervención. Esto ha conllevado a que haya control territorial por parte de nuestra fuerza pública para que no haya desplazamiento de familias y asimismo aquellas que en algún momento fueron desplazadas retornen”; agregó.Hay que mencionar que entre 2025 y 2026, la Gobernación apoyó la atención de cinco eventos de desplazamiento forzado con asistencia alimentaria, transporte de emergencia, acompañamiento psicosocial y jornadas de prevención sobre los riesgos de minas antipersonal y artefactos explosivos dirigidas a comunidades rurales.Ante la expectativa que hay en el Norte antioqueño por la intervención que tiene que hacer el Gobierno nacional, hay que mencionar que la Presidencia de la República tiene menos de siete días para informar cuántos efectivos dispondrá para atender la situación de orden público en el municipio de Briceño.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.
