El caso del pequeño Luis Santiago Lozano, asesinado en 2008 a sus 11 meses de vida, conmocionó a Colombia y abrió un profundo debate sobre la prisión perpetua para quienes cometen crímenes atroces contra niños. Ahora, 16 años después, Ivonne Lozano, madre del menor, comparte su dolor y las cicatrices que dejó este trágico episodio en su vida.El caso que estremeció al paísLuis Santiago vivía con su madre en una finca en la vereda Tiquiza, en Chía, Cundinamarca. El 23 de septiembre de 2008, en lo que parecía un día normal, su vida dio un giro desgarrador. Ivonne, quien trabajaba en un cultivo de flores, recogió a su bebé como de costumbre. Ese día, Luis Santiago cumplía 11 meses, una fecha que su familia celebraba con una pequeña torta cada mes.Sin embargo, la tragedia llegó esa noche cuando el niño fue secuestrado. Los investigadores recibieron una llamada anónima que apuntaba a Orlando Pelayo, padre del menor, como autor intelectual del crimen. Tras varios interrogatorios, Pelayo confesó su participación y señaló a los cómplices que secuestraron al niño.El 29 de septiembre, seis días después del secuestro, el Gaula encontró sin vida a Luis Santiago. Ivonne recibió la devastadora noticia: “A mí se me acabó la vida, ya lo que tenía yo para luchar ya no estaba”, relató entre lágrimas en el programa Los Informantes.El impacto emocional y un embarazo inesperadoEse mismo día, Ivonne descubrió que estaba embarazada de Orlando Pelayo. “Fue un choque terrible porque yo ya no quería seguir viviendo”, confesó. Sin embargo, decidió continuar con el embarazo, a pesar del inmenso dolor: “Ese ser inocente no tenía la culpa de lo que hizo esta porquería de monstruo”.Orlando Pelayo murió en prisión en 2023 sin revelar nunca todos los detalles de lo ocurrido aquella noche. Ivonne, marcada por la ausencia de su hijo, se pregunta constantemente: “¿Por qué este miserable hizo eso? Nunca se le pidió nada, solo amor para su hijo”.Con una mezcla de tristeza y rabia, Ivonne afirma que habría preferido una pena más severa para Pelayo.A pesar del dolor, Ivonne sigue reconstruyendo su vida, llevando consigo el recuerdo imborrable de Luis Santiago y la lucha por encontrar justicia y paz.
"La idea era que ellos (los secuestradores) se lo llevaban y lo dejaban en un sitio lejano (...), luego de un tiempo se lo devolvían a su mamá, pero bajo unas condiciones", fue uno de las declaraciones que entregó Orlando Pelayo, el hombre que asesinó a su pequeño hijo de 11 meses en 2008, en un caso que sacudió al país.Este viernes, 21 de abril, el Inpec confirmó que el criminal que pagaba su condena en la cárcel 'La Tramacúa' falleció tras varios días de estar hospitalizado. Así fue el asesinato del bebé Luis Santiago Este caso inició en septiembre del año 2008, cuando una humilde pareja de Chía reportó a las autoridades de la desaparición de su bebé Luis Santiago de tan solo 11 meses de nacido. El caso llamó la atención de la prensa y de la ciudadanía en general que, junto con las autoridades, empezó con la búsqueda exhaustiva del pequeño, sin ni siquiera sospechar de este sujeto al que denominarían después el 'monstruo'. Su cinismo al salir en televisión y pedir que no le hicieran daño a su hijo fue una de las imágenes que se quedó insertada en la memoria del país. Orlando Pelayo fue delatado por los mismos delincuentes que lo secuestraron, lo que llevó a su captura. Luego, vendría la dura verdad de este caso. Una vez secuestraron el bebé, el padre del menor junto con sus complices recorrieron una vía hasta el cerro, el niño murió en el carro asfixiado con una bolsa.Días después el cadáver del bebé apareció abandonado en una zona boscosa a dos horas de Bogotá. Los investigadores pensaron en un primer momento que Pelayo planeó la desaparición de su hijo para evitar una demanda por inasistencia alimentaria, pero esa hipótesis fue desmentida por Ivonne Lozano, la mamá de la víctima. El mismo Pelayo dijo en entrevista ese mismo año con La Fm que la idea del secuestro era porque no aguantaba más los chantajes porque el bebé era producto de una relación extramatrimonial y su entonces esposa no sabía de la existencia del bebé. "No aguantaba ese hostigamiento y chantaje. Prácticamente me tocaba estar con ellos (Luis Santiago y la mamá del niño) día y noche y la presión de que mi esposa no se fuera a enterar me tenía desesperado", dijo Pelayo en diálogo con La Fm.En 2020 la Corte Suprema ratificó la condena de 58 años y meses de prisión en contra de Orlando Pelayo.La Sala de Casación Penal desestimó los alegatos de su abogado defensor, quien manifestaba que la confesión se había dado bajo presión y tortura de la que había sido víctima Pelayo una vez se conoció el caso.Reviva aquí en El Rastro el caso de Luis Santiago:
En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció en la tarde de este viernes José Orlando Pelayo, condenado del secuestro y asesinato de su hijo Luis Santiago de 11 meses de edad, en el municipio de Chía, Cundinamarca, el 24 de septiembre de 2008.Pelayo pagaba una condena de 58 años en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar La Tramacúa, en donde llevaba 12 años de cárcel.El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, confirmó la muerte de Pelayo, quien se encontraba en el centro asistencial desde el pasado 10 de abril. Al parecer, venía padeciendo una ineficiencia cardiaca, fallas renales y diabetes, que lo llevaron a estar varios días en la unidad de cuidados intensivos.La razón de Pelayo para terminar con la vida de su hijo fue que no quería pagar una cuota de manutención a la madre del joven Luis Santiago. En este crimen participó, además, la mujer con quien sostenía una relación Pelayo, Martha Lucia Garzón, y un hombre llamado Jorge.La muerte del pequeño Luis Santiago es uno de los casos de mayor consternación en el municipio de Chía; centenares de habitantes se sumaron a la búsqueda y, posteriormente, a las protestas que generó este hecho que repudio el municipio y el país. La madre del bebé declaró que Pelayo intentaba borrar los rastros de que había tenido una familia para iniciar una nueva vida amorosa.Según la versión de Pelayo, en 2008, unos encapuchados ingresaron a su hogar y se llevaron al bebé de tan solo 11 meses de edad. Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que el padre del bebé, Orlando Pelayo, estaba detrás del crimen.Así fue el caso de Luis Santiago, el bebé asesinado por Orlando PelayoPuede ver:
Cerca de 650 Equipos Básicos de Salud en funcionamiento reportó el Ministerio de Salud en Antioquia al 31 de marzo de 2026, pero dos meses después la Secretaría Departamental registró 442, una diferencia de 206 equipos de profesionales de la salud que fue denunciada por el diputado Jorge Correa durante un debate de control político.A la situación se suma que el balance departamental más reciente indica que, al 30 de agosto, solo estaban en operación 196 equipos, distribuidos en 44 municipios: 93 rurales y 103 urbanos.La investigación de este programa del Gobierno del presidente Gustavo Petro también encontró diferencias en los recursos reportados. Mientras el Ministerio informó transferencias por $659.260 millones, el consolidado departamental registró $635.975 millones, una brecha superior a $23.000 millones que, según Correa, requiere aclaración."Encontramos una serie de promesas incumplidas y de recursos diluidos que debieron haberse usado para lo que necesitábamos, para la atención de los pacientes, no para los problemas que no se solucionaron. Vino a la Universidad de Antioquia a celebrar los 1,3 billones de pesos que los antioqueños debíamos agradecerle al Gobierno anterior. Esa plata no es real", indicó el diputado.Representantes de hospitales públicos también advirtieron problemas para contratar y mantener el talento humano, así como dificultades para ejecutar los recursos y adaptar los lineamientos a las condiciones de cada territorio."Una estrategia desorganizada, una estrategia que nunca les preguntó a los hospitales ni a los municipios si necesitábamos o no necesitábamos. Nunca nos dijeron si era más importante lo rural o lo urbano. Nunca nos preguntaron cuánta plata. De hecho, yo, como gerente, nunca supe cómo hicieron para repartir los recursos o cómo escogían a quién atendían a través de equipos básicos o no", aseguró Margarita Moncada, gerente del Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia.El análisis de información de 51 municipios encontró que 22 reportaron operación activa y estable, cuatro, funcionamiento parcial, y 25, equipos suspendidos, finalizados o sin evidencia suficiente de operación.Durante el debate, la Secretaría de Salud departamental reconoció que Antioquia no cuenta con estudios para medir el impacto de esta estrategia en la salud de la población. Aunque se reportaron cerca de 977.000 hogares atendidos, persisten dificultades con los datos, los giros de recursos y la contratación de personal.
La Defensoría del Pueblo rechazó lo que calificó como una “campaña de desprestigio y desinformación” contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll.La entidad pidió a la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, y al senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, rectificar las afirmaciones que considera falsas o carentes de sustento. La entidad advirtió que los señalamientos incluyen expresiones de violencia de género y pueden afectar la independencia judicial.En un pronunciamiento divulgado este 24 de octubre, la defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó la difusión de fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales que, según la institución, se han utilizado para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre con antiguos integrantes de las extintas Farc.La entidad también rechazó expresiones de carácter personal relacionadas con presuntas relaciones sentimentales de la magistrada, al considerar que recurren a estereotipos de género para cuestionar su capacidad y autoridad profesional.Para la Defensoría, las diferencias sobre las decisiones de la JEP deben tramitarse mediante argumentos jurídicos y evidencia verificable, sin recurrir a la estigmatización ni a ataques contra quienes ejercen funciones judiciales.En su pronunciamiento, la entidad destacó que, de acuerdo con la JEP, el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos secuestros, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.También señaló que las investigaciones adelantadas por la magistrada en el Caso 01 contribuyeron a las condenas impuestas por el Tribunal para la Paz a integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.La Defensoría advirtió que presentar fragmentos aislados de audiencias como prueba de una supuesta complicidad, sin considerar el desarrollo de las investigaciones ni las decisiones judiciales posteriores, puede distorsionar los hechos y revictimizar a quienes participaron en estos procesos.Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es el impacto de los ataques contra mujeres que desempeñan funciones públicas. Según la Defensoría, insinuar que las actuaciones de una magistrada responden a supuestas relaciones sentimentales, en lugar de examinar sus decisiones judiciales, constituye una descalificación basada en estereotipos de género.La entidad alertó, además, que la violencia digital no se limita a las redes sociales, pues puede tener consecuencias sobre la vida personal, el trabajo, la salud y la seguridad de quienes la padecen.Marín también recordó que los integrantes del Congreso tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales, evaluar los resultados de las instituciones y proponer reformas. Sin embargo, señaló que la responsabilidad pública de los congresistas exige rigor en la información que difunden y respeto por la autonomía de la justicia.Por eso, la Defensoría solicitó a Posada y Rodríguez rectificar las afirmaciones que considera falsas o sin sustento y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan la violencia de género.La entidad aclaró que defender la independencia judicial no significa impedir que se examinen las actuaciones de la JEP ni que se propongan cambios para mejorar su funcionamiento.
Este sábado, 24 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:Presupuesto para la reconstrucción tras el terremoto: El gobierno nacional ajustó a 54,3 billones de pesos el costo calculado para atender los daños causados por el sismo del 10 de agostoEntrevista sobre las elecciones en Brasil: El analista Leandro Ferreira abordó el impacto del último debate presidencial entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro de cara a la segunda vueltaAtentado terrorista en Casanare: Las autoridades ofrecieron recompensa tras un ataque con carro bomba atribuido al ELN en el peaje San Pedro de Villanueva que dejó cuatro personas heridasEntrevista sobre las protestas en Francia: El experto geopolítico Pascal Drouhaud analizó desde París el despliegue de seguridad, las demandas sociales y el ambiente político en territorio francésRenuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior: La divulgación de su carta de renuncia generó polémica por las acusaciones de su esposa respecto a presiones políticas para nombramientos
Francia desplegó 70.000 policías y gendarmes ante una nueva jornada de protestas convocadas por estudiantes, sindicatos y ciudadanos inconformes con el costo de vida. Pascal Droujot, experto en geopolítica e investigador, explicó en entrevista con Blu Radio que las manifestaciones pacíficas coinciden con episodios de vandalismo y acciones de grupos de ultraizquierda, en medio de la tensión política y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027.Desde París, Droujot señaló que las movilizaciones tienen distintas motivaciones y que es necesario diferenciar el derecho constitucional a protestar de los hechos violentos registrados en algunas ciudades.¿Por qué aumentó el despliegue policial en Francia?El experto sostuvo que las autoridades buscan responder a los actos de vandalismo y a las acciones de grupos que, según el Gobierno francés, pretenden destruir símbolos de la República. Aclaró que estos hechos no representan al conjunto de los manifestantes.“Las manifestaciones son pacíficas. El derecho de manifestar en Francia es constitucional y está totalmente autorizado”, afirmó Droujot. El investigador explicó que los disturbios durante movilizaciones masivas no son nuevos en el país y recordó episodios registrados durante las protestas de los chalecos amarillos y las manifestaciones de 2023.También rechazó que la situación pueda describirse como una guerra civil. “Francia tiene primero un marco de Estado sólido. El Estado está sólido, no estamos en guerra civil”, aseguró.¿Cómo influye la crisis política en las protestas?Droujot relacionó las movilizaciones con la inestabilidad institucional que, a su juicio, se profundizó después de que Emmanuel Macron disolviera el Parlamento en 2024 y su sector perdiera las elecciones legislativas.El experto recordó que Francia se acerca al final del mandato de Macron, cuya presidencia termina en 2027, y advirtió sobre la polarización entre movimientos políticos con visiones opuestas sobre el papel del Estado, la autoridad y la seguridad.Según explicó, el malestar económico y las dudas sobre la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades sociales alimentan parte de las reclamaciones.¿Qué papel tiene la migración en el debate francés?El investigador señaló que la migración es un asunto recurrente en la política francesa desde hace décadas y que se ha convertido en uno de los ejes de la discusión pública.A su juicio, parte del debate se relaciona con la percepción de pérdida de control y con las tensiones sobre la integración social. Explicó que el modelo republicano francés se fundamenta en una comunidad nacional con iguales derechos y deberes, pero considera que la sociedad enfrenta una creciente fragmentación.Droujot advirtió que estos factores se combinan con las preocupaciones de seguridad y el debate sobre la autoridad estatal, en un escenario de polarización que podría influir en la campaña presidencial.Las protestas, concluyó, reflejan tanto los problemas de orden público como las tensiones económicas, sociales y políticas que atraviesa Francia.
Las primeras demoliciones de viviendas que resultaron afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto comenzaron este sábado en Buenaventura, Valle del Cauca. La primera intervención se realizó en el barrio La Comuna, donde está siendo demolida una edificación de tres pisos. Según la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, también se adelantarán trabajos en el sector del Eucarístico y en otras zonas del distrito, con tres frentes de trabajo simultáneos.Diana Vanesa Cabrera, jefa de esta dependencia, explicó que el propósito es avanzar en la intervención de los inmuebles que presentan daños y dar paso al proceso de reconstrucción."La primera vivienda va a ser en el barrio La Comuna, una vivienda de tres pisos; simultáneamente va a ser una vivienda en el Eucarístico y en otro sector. Van a haber tres frentes de trabajo y eso quiere decir que se van a demoler tres viviendas simultáneamente", señaló la funcionaria.En cuanto al bono de arrendamiento temporal para las familias que perdieron sus viviendas, la funcionaria indicó que están a la espera de un segundo corte por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de incluir a quienes todavía no han recibido este apoyo económico."La Unidad Nacional hizo un corte del 10 de agosto al 24 de agosto. Las personas que no han recibido el bono económico estamos esperando que la Unidad Nacional haga el segundo corte. La ayuda está prevista para que las familias cuyas viviendas tuvieron pérdida total puedan contar con un lugar provisional durante tres meses, mientras avanzan las acciones para recuperar sus hogares", precisó.La funcionaria agregó que ya están identificados los lotes necesarios para el proceso de reconstrucción y que se ha establecido una ruta de trabajo con acompañamiento departamental y empresarial.
