Después de conocerse que el juzgado especializado no avaló el preacuerdo entre Otto Bula con la Fiscalía, en el que se comprometía a colaborar con la justicia a cambio de una rebaja considerable de pena a cinco años y seis meses, su abogado Alejandro Sánchez dijo que hasta tanto no se acepte los términos del documento, su cliente no seguirá declarando ante el ente acusador sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia y los funcionarios involucrados. “Su colaboración está suspendida hasta que se legalice judicialmente su preacuerdo o principio de oportunidad”, manifestó Sánchez. Sin embargo, reiteró que Bula mantendrá sus compromisos siempre y cuando se dé aval al proceso de negociación. “Mantendrá sus compromisos en la medida que le cumplan lo que se dio en este proceso de negociación y dado el cumplimiento que ha hecho y la información que ha dado, y si se mantienen esos compromisos él seguirá colaborando. Hay puntos que se pueden ajustar”, aseguró. El preacuerdo que se firmó fija una condena de cinco años y seis meses de prisión por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y dos cohechos. Además, Bula devolvería un incremento patrimonial de 6.600 millones de pesos, uno de los predios que entregará es una finca llamada ‘La Bomba’, en Montería que vale 4.400 millones de pesos. Cabe recordar que el juzgado no avaló ese preacuerdo porque asegura que la Fiscalía se extralimitó tasando la pena y, además, que Bula debía devolver el 50 % de lo que apropió ilegalmente antes de firmar el preacuerdo. Además, resaltó que la finca ‘La Bomba’, que entregaría tiene una medida cautelar por extinción de dominio y que eso debe solucionarse antes de continuar. Finalmente, el juzgado rechazó el acuerdo porque se incluyó el delito de lavado de activos cuando no se le había imputado. Otto Bula está pendiente de que otro juez avale, además, un principio de oportunidad por el delito de tráfico de influencias.
Tras conocerse la decisión del juez segundo especializado de Bogotá, que negó el preacuerdo que se había hecho con el exsenador Otto Bula, implicado en el caso Odebrecht, la vicefiscal María Paulina Riveros indicó que se replanteara el acuerdo logrado entre las partes.“En este momento un juez especializado se opuso al preacuerdo con Otto Bula; estamos tomando las acciones pertinentes para volver a replantear esta situación”, explicó Rivero. Vea también Justicia negó preacuerdo con el que Otto Bula pagaría 5 años por Odebrecht El preacuerdo que la juez segunda no consideró consistía en una condena de 5 años y seis meses de prisión por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y dos cohechos.Además, Bula se comprometía a devolver un incremento patrimonial de 6.600 millones de pesos y uno de los predios que entregaría es una finca llamada ‘La Bomba’, en Montería, avaluada en 4.400 millones de pesos.Por otro lado, seguiría contándole a la Fiscalía cómo se blanquearon los dineros de Odebrecht a través de varios contratos en el país como los de Sion, Consultores Unidos de Colombia, Consultores Unidos de Panamá, entre otros. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Un juez especializado negó el preacuerdo firmado entre Otto Bula y la Fiscalía en el cual se comprometía a colaborar con la justicia a favor de una considerable rebaja de pena. El preacuerdo consistía en una condena de 5 años y seis meses de prisión por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y dos cohechos. Además, Bula se comprometía a devolver un incremento patrimonial de 6.600 millones de pesos y uno de los predios que entregaría es una finca llamada ‘la bomba’, en Montería que vale 4.400 millones. Vea además: Las observaciones de la Contraloría a la negociación de Otto Bula con la Fiscalía. Por otro lado, seguiría contándole a la Fiscalía cómo se blanquearon los dineros de Odebrecht a través de varios contratos en el país como los de Sion, Consultores Unidos de Colombia, Consultores Unidos de Panamá, entre otros. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Contraloría General de la República, atreves de un comunicado, presentó observaciones a la negociación realizada por el exsenador Otto Bula con la Fiscalía. Para el ente de control, que actúa como víctima dentro del proceso penal, “no es claro que Bula tenga la titularidad sobre el predio rural ofrecido, pues este pertenece a una sociedad donde es representante legal pero no está probado que sea socio”. Además, asegura en el texto que en segundo término, el avalúo del bien debió hacerlo un perito imparcial y no uno de la lonja, escogido por Bula. Adicionalmente la CGR expresó que el predio se encuentra en un proceso de extinción de dominio, lo cual implica que se trata de un bien de origen ilícito frente al cual la Fiscalía no tiene claro cómo se trasladaría a la Contraloría. Respecto al pagaré presentado por el acusado, “se indicó que en el texto de este no se indica en qué fechas se haría el pago por cuotas, o si se llevará a cabo un solo pago, razón por la cual tampoco hay claridad sobre las condiciones y compromisos señalados en el título valor para reparar la víctima”.
Dicho preacuerdo consiste en que el senador Otto Bula recibirá una nueva rebaja de pena por colaborar como testigo dentro del proceso por escándalo de Odebrecht, devolver el dinero producto de su incremento patrimonial injustificado y aceptar su responsabilidad en la comisión de delitos. Con este preacuerdo, Bula solo pagaría 5 años y 5 meses de cárcel por los delitos de lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito, por su responsabilidad en el escándalo de los sobornos de Odebrecht, y deberá pagar una multa de 6 mil 600 millones de pesos. La alternativa de negociación que presentó la Fiscalía es que se reciba una sociedad agropecuaria llamada La central, avaluada en 4 mil 400 millones de pesos y el excedente sean pagado por Bula en un término no mayor a 18 meses.Leer más: Musa Besaile, ‘Ñoño’ Elías y Otto Bula comparten pabellón en cárcel La Picota Sin embargo, esa sociedad hace parte de un proceso de extinción de dominio en contra de Bula. Quiere decir que se tendría que cesar la acción en contra de esta propiedad. El dinero sería reintegrado a la Contraloria, que es víctima dentro de este proceso. El juez decidirá si acepta o no las condiciones de este preacuerdo. El exsenador Otto Bula manifestó durante la audiencia que ha colaborado con la justicia, y que prueba de ello es un celular que entregó voluntariamente y en el que hay pruebas del proceso. Agregó que todo esto lo hace porque quiere “tener la oportunidad de ser una persona mejor”.El próximo 20 de noviembre el juez decidirá si acepta o no el preacuerdo. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El Patio ERE sur de la Picota fue desde este viernes el punto de reencuentro de los tres cordobeses, nacidos en Sahagún que permanecen allí mientras enfrentan procesos judiciales por dos casos: Otto Bula y el ‘Ñoño’ Elías por el presunto recibimiento de dineros de la multinacional Odebrecht, y Musa Besaile por el ‘Cartel de la toga’, del cual se habría beneficiado. Después de ser socios y compadres, estos tres personajes rompieron una amistad previamente unida por grandes contratos de infraestructura, asistencia médica a enfermos de hemofilia, entre otros, que hoy los tienen bajo la lupa de la justicia y detenidos. Lea también: El senador Musa Besaile pasó su primera noche en La Picota Otto Bula es el principal ventilador por el que ambos senadores fueron detenidos por la Corte. Musa Besaile es mencionado como aliado político del exgobernador Alejandro Lyons para saquear Córdoba y también por Otto Bula de grandes procesos licitatorios donde hubo corrupción. Pues ahora, los tres comparten las mismas angustias judiciales y casi la misma celda, en el patio ERE sur de La Picota, que muchos esperan no vaya ser escenario para afectar ninguno de los procesos.
Por tercera vez, el exsenador Otto Nicolás Bula no asistió a la diligencia de declaración a la que estaba citado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, argumentando que requiere tiempo mientras tramita su principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. En una carta radicada en la Secretaría de dicha comisión, Bula señala que “a la fecha se encuentran pendientes algunos asuntos propios del trámite del preacuerdo y el principio de dentro de los acercamientos que se han logrado con la Fiscalía”. “Ruego amablemente aplazar dicha diligencia hasta tanto no se legalicen los institutos procesales antes referidos”, agrega la solicitud. Por su parte, el representante investigador Nicolás Guerrero explicó que dentro del proceso de Odebrecht, “en la línea que tiene que ver con las campañas presidenciales, está citado el exsenador Otto Bula y el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura Juan Sebastián Correa. El senador Bula se excusó diciendo que se acoge a su derecho mientras termina la negociación con la Fiscalía”. Lea también: Capturan en Caucasia, Antioquia, a empresario que fue socio clave de Otto Bula Juan Sebastián Correa sí declaró El exasesor de la ANI Juan Sebatián Correa, sí compareció a la diligencia a la que estaba citado dentro de este mismo caso. Correa llegó escoltado por dos guardias del Inpec, que lo trasladaron desde su lugar de reclusión, en la cárcel La Modelo. “El estado judicial de Juan Sebastián Correa es que está también en un proceso de colaboración con la justicia, por eso precisamente está aquí, rindiendo esta declaración, porque tiene que hacerlo dentro de ese principio de oportunidad que le está solicitando a la Fiscalía”, explicó el representante Guerrero. Aunque Correa se negó a entregar declaraciones a los medios de comunicación, se supo que respondió a varias de las preguntas formuladas por los investigadores. Aún están pendientes otros testimonios, incluido el de Otto Bula, sobre el cual la Comisión insistirá, pues es pieza clave del proceso.
Según información de la Fiscalía, que adelanta el caso de la investigación de Odebretch, el detenido trabajaba en asocio con Bula, quien se ha convertido en uno de los principales testigos para desenredar todo el tema de la corrupción con la empresa brasileña. Este hombre fue capturado, según las autoridades, porque era una de las principales fichas de Bula para manejar los temas de contratación y alterar algunos contratos principalmente en Córdoba. Le puede interesar: Nueve años de cárcel a exfiscal Rodrigo Aldana por nexos con Otto Bula. El millonario empresario fue arrestado y deberá responder por la presunta colaboración que tuvo en la manipulación de adjudicaciones de contratos y pago por estos.
La Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años, un mes y seis días de prisión al exfiscal Rodrigo Aldana Larrazabal por haber tratado de beneficiar al excongresista Otto Nicolás Bula en procesos de extinción de dominio en el año 2012. La Corte lo halló culpable de los delitos de cohecho propio, prevaricato por omisión y delitos contra la administración pública. Aldana recibió un apartamento del excongresista Bula, avaluado en 235 millones de pesos, en el norte de Bogotá, como pago a cambio de favorecerlo, dicho apartamento luego quedo a nombre de su excompañera sentimental Margarita Maria Useche. Aldana se había apoderado de un proceso de la Unidad de Extinción de Dominio sobre tres bienes rurales en Sahagún, Córdoba, de 650, 50 y 23 hectáreas en los cuales Otto Bula tenía intereses, en los cuales aparecía la empresa Agropecuaria el Central S.A de la cual aparecía como representante legal el exsenador Bula, procesado por el escándalo de sobornos de Odebrecht. La Corte consideró que las actuaciones de Aldana "incurrieron en delitos que impactan la administración de justicia”. Aldana se desempeñó como delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá durante la administración del fiscal general, Eduardo Montealegre, con un sueldo cercano a los 23 millones de pesos. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
A través de un comunicado de cinco puntos, Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2014, reiteró que no recibió dineros por parte de Otto Nicolás Bula, de forma directa o interpuesta por alguna persona, para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra. También indicó que Bula no se ha retractado de sus afirmaciones en su contra dentro del proceso de negociación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, por lo que tomó la decisión de “instaurar una demanda penal en su contra”. Agregó: “Me constituiré en parte civil para demostrar los daños y perjuicios tanto morales como patrimoniales que me han ocasionado tales declaraciones". En otro de los apartes de la misiva, Prieto aseguró que tampoco ha “recibido dinero alguno de parte del senador Bernardo Miguel Elías, tal como lo sostiene Gabriel Dumar en su declaración ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”. Le puede interesar: Exasesor de la ANI declararía contra Andrade y Prieto. “Igualmente, he dado poder a mi abogado para que proceda a demandar penalmente a Gabriel Dumar, y me constituiré en parte civil para demostrar los daños y perjuicios tanto morales como patrimoniales que me han ocasionado sus declaraciones ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”. Al final, Prieto dijo que está dispuesto a los requerimientos que le hagan las distintas instancias judiciales y administrativas dentro de los procesos que actualmente se adelantan por los casos de corrupción en el país.
El hallazgo de Wendy Johana Cueto, una mujer entre 25 y 35 años se dio por un arenero que trabaja en el sector de Barro Blanco en la vereda Villa José de Piedecuesta.Según contó Jesús María Camacho, quien encontró, el cuerpo de Wendy, estaba sacando arena, el martes 14 de mayo, cuando vio que había sangre en la tierra.“Yo vi un poco de piedras y sangre en la tierra, pensé que era algún animal, un cabro muerto, porque aquí acostumbran a dejar enterrados animales, de hecho, pensé que era de un señor de una finca que le habían robado algún animal y lo habían enterrado, eso fue en la mañana como a las 9:00 a.m.”, dijo Camacho.Aunque a Camacho le pareció extraño porque se veía un bulto, fue hasta la tarde cuando terminó su jornada que volvió al lugar y empezó a sacar la tierra.“Saqué arena y piedras y lo primero que vi fue una mano gruesa, la verdad me dio mucho miedo, seguí escarbando y le vi la cabeza y el cabello, entonces salí corriendo y dije hay que avisarle a la Policía, pero no tenía el número, entonces le avisé al presidente de la junta de acción comunal y como a los 10 minutos llegó la Policía”, señaló Jesús María.Según el reporte de la Policía las características de la mujer son: “piel trigueña, contextura delgada, cabello largo color negro, camiseta deportiva color rosa, chaqueta color rojo, pantalón sudadera oscuro estampado militar”.Cerca del cuerpo de Wendy fue hallada la cédula de ciudadanía y las llaves de una motocicleta.Las autoridades investigan si se trata de un caso de feminicidio. Uniformados de la Sijin realizaron el levantamiento del cuerpo, encontrado boca abajo y con una herida en la parte de atrás de la cabeza, “región occipital lado derecho, se desconoce si fue causada por algún objeto contundente”, indica el informe preliminar forense.En el lugar de los hechos no hay cámaras de seguridad.
La Dijin de la Policía y la Fiscalía, con el apoyo de la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, logró la captura de un total de 31 personas de una organización dedicada al tráfico de migrantes. Entre los capturados, según las autoridades, hay 3 funcionarios activos de la Registraduría y 3 de la Cancillería.La banda delinquía en Barranquilla ofreciendo servicios de expedición de documentos colombianos falsos para migrantes de República Dominicana y de Venezuela. Entre los capturados también están los cabecillas de la estructura, un ciudadano dominicano y una mujer colombiana.Las capturas tuvieron lugar en Bogotá y en municipios de los departamentos del Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira. Por la expedición de la documentación falsa, la Registraduría ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente a migrantes dominicanos.“La organización cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares por suministrar documentos irregulares a migrantes, quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México para cruzar por vía terrestre a los Estados Unidos. Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse del todo allí”, dijo el coronel Edwin Urrego, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía.¿Cómo delinquía la banda de tráfico de migrantes?Dos cabecillas eran los encargados de dirigir la banda de tráfico de migrantes, se trata de un ciudadano dominicano buscado en 196 países por el delito de tráfico de migrantes y concierto para delinquir y una ciudadana colombiana que trabajaba con un considerable número de colaboradores entre los que también estarían vinculados seis de sus familiares, todo un clan familiar.Al menos 11 personas eran las encargadas de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados. A su vez, 3 empleados activos y 6 exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas, mientras que 3 empleados y 3 extrabajadores de la Cancillería, se encargarían de “formalizar” en pasaportes las falsas identidades.“Con esa documentación fraudulenta, que les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por distintos países”, indicaron las autoridades, quienes afirmaron que los delincuentes serán imputados por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.
La polémica del entramado de corrupción que tiene en vilo al Gobierno Nacional no cesa, pues la Procuraduría anunció que ya empezará la fase de investigación del material probatorio de este escándalo que tiene como involucrados a varías figuras políticas colombianas.Esto luego de que el subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, decidiera prender el ventilador y revelar supuestos sobornos al presidente del Senado Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle.La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya abrió indagación y llamó a declaración a muchos de los involucrados en este escándalo de corrupción.La Procuraduría General de la Nación ya terminó la fase de recolección de pruebas en la investigación disciplinaria dirigida a funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).Esta investigación se centra en presuntas irregularidades durante el proceso de adquisición de tanques de reserva de agua para La Guajira, allí se espera que después de los argumentos presentados por los investigados , se proceda a evaluar la fase procesal.Los funcionarios investigados, entre ellos el exdirector general de la UNGRD, Olmedo López Martínez, tendrán un término de diez días para presentar sus argumentos previos a la evaluación de la investigación por parte de la Procuraduría.La Tercera Delegada para la Contratación Estatal incluyó en el expediente al exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez; el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y el subdirector General, Víctor Andrés Meza Galván, quienes al parecer participaron en las actuaciones objeto de la investigación.Así las cosas, la Procuraduría evaluará las pruebas y testimonios que fueron recolectados para determinar si las acciones constituyen faltas disciplinarias.
En las últimas horas renunció Diana Peña a la dirección de la Fiduprevisroa en Santander por el aumento de las quejas y denuncias tras las fallas que se han presentado en la atención médica a docentes y sus familiares con el nuevo sistema de salud que comenzó a operar el 1 de mayo.El Sindicato de Educadores de Santander tras una protesta realizada frente a la sede de la Fiduprevisora en Bucaramanga afirmó que se declaró la “alerta roja” por fallas en el nuevo sistema para la prestación de servicios médicos.“La coordinadora regional de Fiduprevisora al no tener garantías desde el Gobierno Nacional ha presentado la renuncia. Ella no tiene el apoyo para resolver las situaciones reales que se están presentado en la región”, manifestó Marlene Pinto, directiva del Sindicato de Educadores de Santander.La presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, Marylín Rodríguez, afirmó que no existe ningún pronunciamiento por parte de las autoridades encargadas de este nuevo modelo de salud que nos está afectado.“Exigimos de la Fiduprevisora una atención oportuna y digna para los docentes. El Sindicato de Educadores de Santander se encuentra en alerta roja contra la Fiduprevisora, por su improvisación en este nuevo modelo de salud que afecta a la comunidad. La Fiduprevisora no ha precisado a partir de cuándo se normalizarán los servicios médicos”, dijo la representante de los educadores.Según las denuncias de los profesores, no hay citas médicas ni servicios especializados para los docentes activos y pensionados del magisterio."El sindicato exige una solución definitiva a los problemas en Santander porque si no nos vamos a las acciones de hecho y a paro, necesitamos que nos atiendan de manera urgente, nuestras vidas están en peligro", agregó una profesoraEn la sede de la Fiduprevisora en Bucaramanga decenas de docentes siguen protestando porque con el nuevo modelo de salud para el gremio la atención se convirtió en un caos. Denuncian que no les están prestando atención para citas, procedimientos para tratamientos especializados, entrega de medicamentos y tampoco tienen información sobre las IPS que les prestan los servicios.“es delicada la situación de compañeros que están en procesos de medicina laboral, no hay expendio de medicamentos que son constantes, urgentes. Están represadas un montonón de situaciones de salud”, dicen los profesores.
En un aberrante episodio de violencia, que ha conmocionado a Bucaramanga, un hombre acabó con la vida de su excompañera sentimental antes de quitarse la vida, en un hecho ocurrido en la calle 34 con carrera 23 de Bucaramanga.Según las primeras investigaciones, el agresor siguió a la mujer, identificada como Yuly Maritza Rubio Roa, hasta que ella descendió del vehículo en el que se transportaba. En ese momento, perpetró el primer ataque, disparándole a quemarropa. A pesar de resultar herida, la mujer logró buscar refugio en un establecimiento comercial cercano, donde el agresor la alcanzó y le disparó nuevamente."Allí es sorprendida por este individuo, le propina unos impactos con arma de fuego. Ella se refugia en un establecimiento abierto al público y le propina otros disparos. Cuando ve que la mujer no tiene signos vitales, el hombre se dispara con arma de fuego", indicó el coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.El administrador del establecimiento también resultó herido, según confirmó el oficial.El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, lamentó el suceso, revelando que la víctima había denunciado previamente el peligro en el que se encontraba. La pareja había sido citada para comparecer el mismo día del feminicidio (15 de mayo), sin embargo, la cita no fue cumplida."Lamentablemente no se cumplió la citación y miren el resultado”, dijo.El alcalde destacó la necesidad de abordar el problema de la violencia de manera integral, reconociendo la importancia de la salud mental como factor que debe ser considerado en la lucha contra este flagelo.