A los 95 años murió en Bogotá el empresario Pepe Douer, fundador de la cadena de tiendas de ropa PatPrimo y del Canal Uno.Así lo confirmó este jueves la Cámara Colombiana de la Confección y Afines en sus redes sociales.“Lamentamos el fallecimiento de Don Pepe Douer, una institución de nuestro sector, un hombre que posicionó una marca colombiana como es #PatPrimo y que genera más de 8.000 empleos. Hoy los confeccionistas y textileros del país estamos de luto. Paz en su tumba”, escribió la agremiación en Twitter.En redes sociales, varias personalidades, entre las que está la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, lamentaron la muerte del empresario.
La empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) hizo un llamado público a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que emita una decisión de fondo en la investigación que adelanta contra Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en la contratación del servicio de transporte aéreo en helicóptero.Según la compañía, el proceso, que fue abierto en 2023 por la Delegatura para la Protección de la Competencia, ya habría avanzado hasta contar con un concepto técnico que recomendaría la imposición de sanciones. Sin embargo, aseguró que la decisión aún no ha sido adoptada por razones administrativas relacionadas con la convocatoria del Comité Asesor de la entidad.Helicol afirmó que la demora resulta especialmente preocupante debido a la cercanía del cambio de Gobierno y advirtió que un retraso prolongado podría afectar la confianza en las instituciones y generar un escenario de impunidad."La libre competencia solo puede protegerse cuando las investigaciones concluyen con decisiones oportunas. La celeridad también es justicia", señaló la empresa en un comunicado.La investigación busca establecer si durante más de diez años los procesos de contratación para el transporte aéreo en helicóptero del Grupo Ecopetrol fueron diseñados con requisitos que habrían favorecido de manera sistemática a un único operador, la empresa Helistar, restringiendo la competencia en ese mercado.Helicol sostiene que participó durante años en esos procesos, realizó inversiones para competir y entregó información a la SIC durante la investigación, pero asegura que no logró acceder en igualdad de condiciones a los contratos, una situación que, según la compañía, terminó afectando su estabilidad financiera y contribuyó a su actual proceso de reorganización empresarial.Ante ese panorama, la empresa pidió que la Superintendencia adopte una decisión "con la mayor prontitud posible" dentro del marco de la ley para evitar que el caso se prolongue indefinidamente.Esta nueva solicitud se suma a otras actuaciones adelantadas por Helicol. En agosto de 2025, la compañía pidió a la Fiscalía General de la Nación reabrir una investigación penal relacionada con presuntos acuerdos restrictivos de la competencia y favorecimiento sistemático en la contratación del Grupo Ecopetrol.A través de su apoderado, el abogado Julián Quintana Torres, Helicol solicitó reactivar el proceso al considerar que la investigación había sido archivada sin practicar todas las pruebas necesarias.En esa actuación fueron mencionados Ricardo Roa, como presidente de Ecopetrol; funcionarios de Cenit y directivos de Helistar, dentro de una denuncia que plantea la existencia de un supuesto esquema de direccionamiento de contratos entre 2011 y 2024.
El número de muertos en Venezuela por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6.125, tras sumar otros 579 fallecidos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.Las autoridades no actualizaban ese número desde el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte del país.El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 60.992 personas han sido atendidas en hospitales.El nuevo balance tiene un diseño distinto a los anteriores y excluye cifras como la de heridos, damnificados y edificios colapsados e incluye otras como la de viviendas entregadas, que son 287.El "boletín informativo semanal" correspondiente a la "etapa de reconstrucción" señala también que 43.679 viviendas han sido evaluadas y que, de un total de 41.624, hay 9.866 "restringidas" y 6.433 en "alto riesgo".En cambio, 25.325 de las viviendas afectadas son habitables, aseguró Rodríguez.Además, 346.755 toneladas de escombros han sido recogidos, según el balance.La ONG venezolana Provea exigió este lunes al Gobierno actualizar la cifra de fallecidos y la de desaparecidos, esta última congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas sin localizar.Iniciativas ciudadanas como 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido y, según Provea, no hay "un registro público que respalde".El Gobierno y un grupo opositor, que comenzaron el sábado un proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición, se comprometieron a abordar esta semana en una reunión en Caracas la atención a las víctimas de los sismos, así como temas relacionados con la democracia y las garantías políticas.El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.
Un nuevo hecho de violencia sacude al Nordeste de Antioquia: se confirmó que unos cinco artefactos explosivos fueron lanzados desde un dron hacia una mina ubicada en la vereda El Aporreado en el municipio de Segovia.Según detalló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, estos hechos se registraron a 20 minutos del casco urbano, por lo que en el sitio ya hay un despliegue de la fuerza pública.“Hay una persona lesionada que ya fue remitida al hospital de Segovia. Ya se está haciendo una descubierta en zona rural con Ejército y Policía. Se está verificando e investigando el porqué o si sería un tema de extorsión”, apuntó Muñoz.De momento, desde la zona donde se ubica la mina El Cogote señalan que otra persona también resultó lesionada.Aunque las circunstancias y los responsables están por establecerse, preliminarmente se indica que el hecho habría sido materializado por supuestos integrantes del Cuarto Frente de las Farc, debido al no pago de una extorsión.Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, aseguró que la Asociación Mutual de Mineros El Cogote lleva más de 50 años de operaciones en la región.“Dejó algunos daños en cuanto a los vehículos que se encontraban parqueados en la zona donde cayeron los artefactos, así como lesionando a una de las personas que trabajan allí en dicha asociación mutual. Los daños, pues, en este momento son materiales en su gran mayoría y hacen parte de toda esa situación de violencia y caos que se ha querido sembrar en el Nordeste antioqueño, en medio de esa disputa por las rentas ilegales que allí predominan con estos grupos armados al margen de la ley”, indicó.
La propuesta de trasladar afiliados de Nueva EPS a otras EPS, planteada por la ministra de Salud designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Ana María Vesga, comenzó a generar reacciones entre los representantes de los pacientes. Aunque la iniciativa recibió respaldo por parte de Pacientes Colombia, la organización hizo un llamado a que cualquier decisión se adopte con prudencia y tras un análisis técnico de la capacidad real del sistema.Durante una entrevista con Mañanas BLU, Vesga afirmó que una de las alternativas para iniciar el rescate de Nueva EPS sería redistribuir parte de sus afiliados hacia otras EPS, con el propósito de descongestionar la entidad y facilitar su recuperación.La propuesta surge en medio de la profunda crisis que atraviesa Nueva EPS, la aseguradora con más de 12 millones de afiliados en el país, que enfrenta múltiples dificultades relacionadas con la entrega oportuna de medicamentos, la asignación de citas con especialistas, autorizaciones de servicios y una compleja situación financiera.Frente a este panorama, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, aseguró que la iniciativa debe ser estudiada cuidadosamente y que el nuevo Gobierno deberá convocar de manera prioritaria a todos los actores del sistema antes de tomar una determinación de esta magnitud.Silva señaló que, aunque reconoce la experiencia de la ministra designada y manifestó la disposición de la organización para acompañar su gestión, persisten dudas sobre la capacidad de las demás EPS para asumir un traslado masivo de usuarios.“La propuesta de la doctora Ana María Vesga de pensar en trasladar pacientes a otras EPS para descongestionar Nueva EPS hay que analizarla con cabeza. Sabemos que ella conoce el sector, pero primero hay que esperar al 7 de agosto, reunir a todos los agentes del sistema y preguntarnos qué EPS tiene hoy la capacidad financiera, administrativa, logística y de cartera para recibir siquiera 100.000 nuevos afiliados. No hay una sola EPS que cumpla con esas condiciones”, afirmó.El representante de Pacientes Colombia reiteró que la prioridad debe ser proteger a los usuarios y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, evitando que una decisión apresurada agrave la crisis que actualmente enfrenta el sistema.Asimismo, sostuvo que la organización respaldará las iniciativas que impulse la nueva ministra, siempre que estén orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud y se construyan con el consenso de los diferentes actores del sector.
El Congreso de la República comenzó el trámite de un proyecto de ley que propone modificaciones en el régimen civil de los divorcios en Colombia.La iniciativa contempla que un juez de la República ordene el pago de una cuota de sostenimiento de hasta el 50 % de la mesada pensional del cónyuge culpable a favor del cónyuge inocente.El descuento aplicaría sobre pensiones de vejez, invalidez o asignaciones de retiro, y busca amparar a las personas que quedaron en desventaja económica tras años de dedicación al trabajo doméstico no remunerado.¿En qué consiste la medida sobre la mesada pensional?La propuesta legislativa no crea un nuevo tipo de pensión ni afecta los recursos del Estado.En términos sencillos, el proyecto plantea un mecanismo de protección donde el cónyuge que provocó el divorcio comparte una parte de sus ingresos pensionales con su expareja.El porcentaje del descuento, que no podrá superar la mitad del valor mensual del beneficio, será determinado por el juez encargado de resolver el proceso de divorcio según las pruebas del caso.Requisitos para acceder a la cuota pensional tras el divorcioLa asignación de estos recursos no funcionará de forma automática. El proyecto estipula que el beneficiario deberá acreditar de manera obligatoria las siguientes condiciones:Ausencia de culpa: no haber incurrido en ninguna de las causales de divorcio estipuladas en la ley.Tiempo dedicado al hogar: haber permanecido mínimo 20 años dedicado a las labores domésticas o al cuidado de los hijos.Falta de pensión propia: no haber realizado aportes suficientes para obtener una mesada o contar con una que resulte insuficiente.Límite de ingresos: no percibir rentas, ayudas o ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente.Liquidación insuficiente: demostrar que los bienes recibidos en la liquidación de la sociedad conyugal no garantizan ingresos por encima de la línea de pobreza.¿Cómo se pagará el beneficio y qué pasa en caso de muerte?Una vez dictada y ejecutoriada la sentencia firme del divorcio, el juez emitirá una orden directa a la administradora de fondos de pensiones o a la entidad pagadora.La institución deberá descontar mes a mes el porcentaje fijado por el despacho judicial y realizar el giro inmediato a la cuenta del beneficiario.Frente a la duración del recurso, la iniciativa establece límites claros:Muerte del cónyuge culpable: la cuota se extingue automáticamente al desaparecer la pensión de la cual se genera el descuento.Muerte del cónyuge beneficiario: el dinero no se transmite ni se hereda. Los recursos retornan de manera íntegra al titular de la mesada.El documento fue radicado el 28 de julio de 2026 en la Secretaría General del Senado de la República bajo el radicado de Proyecto de Ley 102 de 2026.La autoría principal es del presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, acompañado por congresistas del Centro Democrático como Juan Fernando Caicedo, Daruin Castellanos, Óscar Darío Pérez, Enrique Cabrales y Esteban Quintero, junto al representante Juan Felipe Corzo.En la exposición de motivos, los autores sostienen que el objetivo central es proteger a las mujeres que sacrificaron su trayectoria laboral para cuidar a sus familias y quedaron expuestas a la pobreza tras una ruptura matrimonial.Para convertirse en ley de la República, la iniciativa deberá superar cuatro debates formales en las comisiones y plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
