La posibilidad de que viviendas destinadas al turismo compartan espacios con sectores residenciales continúa generando inquietudes entre habitantes de Medellín, quienes esperan que los cambios aprobados al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de mediano plazo estén acompañados de controles efectivos para evitar afectaciones a la convivencia y al costo de vida.Aunque buena parte de los ciudadanos reconoce que esta actividad representa una oportunidad económica para la ciudad, también advierte sobre las consecuencias que puede tener su crecimiento cuando no existen mecanismos suficientes para regular el comportamiento de visitantes, propietarios y operadores.Entre las principales preocupaciones aparecen el ruido, la seguridad, las dificultades para mantener la tranquilidad en los edificios y el posible incremento de los precios de los arrendamientos.Algunos consideran que las autoridades deben fortalecer tanto las campañas pedagógicas como las medidas sancionatorias frente a quienes incumplan las normas. La preocupación no se limita a la presencia de turistas, sino a las condiciones bajo las cuales se desarrolla esta actividad y su impacto sobre quienes residen permanentemente en los barrios."Esto del Airbnb, yo pienso que tal vez puede seguir siendo positivo en la medida en que al turista se le reeduque y se le diga que realmente esta no es una ciudad para delinquir", indicó un habitante del sur de la ciudad.Uno de los principales desafíos está relacionado con la capacidad institucional para hacer cumplir las disposiciones urbanísticas. El POT vigente desde 2014 registra, según los datos expuestos durante la discusión, un nivel de ejecución cercano al 4 %, mientras persisten cuestionamientos sobre la vigilancia de construcciones y asentamientos en zonas de alto riesgo."Que los extranjeros se limiten a ciertas cosas. Por ejemplo, esos lugares en los barrios de tanta bulla en Medellín, la mayoría de la gente es adulta, que buscamos un descanso, no buscamos tanto ruido y ahora se exageran en eso", relató otro habitante.La revisión aprobada mantiene la posibilidad de que diferentes actividades convivan en determinados sectores, bajo condiciones de uso del suelo. La administración distrital ha señalado que busca proteger la vivienda residencial y ordenar la actividad turística, sin eliminarla, mediante una distribución diferenciada según las características de cada zona.En ese contexto, expertos y ciudadanos coinciden en que la efectividad del nuevo instrumento dependerá de la capacidad de las autoridades para supervisar su aplicación, identificar incumplimientos y responder oportunamente a las denuncias.
La vivienda turística se convirtió en uno de los puntos más polémicos de la propuesta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, pues mientras plataformas y sectores vinculados al alquiler de renta corta advierten sobre el impacto que tendría la nueva regulación, la Alcaldía sostiene que el objetivo no es prohibir la actividad, sino definir dónde puede desarrollarse como confirmó a Blu Radio, Luz Ángela González, directora del Departamento Administrativo de Planeación."La ciudad nunca ha tenido ni va a tener una política de prohibición plena. La regulación no es sinónimo de prohibición. Todas las ciudades regulan las actividades económicas en función de sus impactos, ya sean positivos o negativos, frente a esa vivienda. Entonces, no se trata simplemente como debenga, estamos prohibiendo o permitiendo una actividad, sino que la norma del uso del suelo nos establece dónde puede localizarse cada actividad", confirmó González.Hay que mencionar que la discusión se centra principalmente en que la vivienda turística habría generado, por ejemplo, el aumento de los arriendos en la ciudad. No obstante, un estudio de la Universidad Javeriana reveló que no hay relación directa entre ambos fenómenos como explicó la directora de posgrados en Economía, Ángela Fonseca."Listan sus sus propiedades en renta turística, precisamente en los lugares donde ya es caro el arriendo, que cuando ya se comparan cuadras muy similares, pero que solo se diferencian en si tienen o no vivienda turística, esa relación desaparece. Entonces, la presencia de viviendas turísticas en esa cuadra, pues, digamos, no no tiene un efecto sobre los precios de los arriendos", aseguró la académica.Pero si los expertos aseguran que los elevados precios de los arriendos no es la problemática a tratar, ¿cuál es el lío? Blu Radio consultó con expertos en el sector y la información es más que preocupante que una discusión por arriendos elevados: la actualización del POT podría generar que en el 87 % del territorio no esté permitido la vivienda turística.Según las proyecciones de algunos operadores turísticos, de cerca de 8.300 registros de viviendas de renta corta en la ciudad, cerca de 4.500 podrían quedarse a la deriva con las nuevas regulaciones que plantea la Alcaldía de Medellín.Sin embargo, Luz Ángela González confirmó que no todas las personas que hoy tienen licencia para tener un vivienda turística dejarán de ofrecer sus servicios debido a que los cobija la seguridad jurídica. Es decir, si con el nuevo POT una vivienda no podrá operar de manera turística, pero cumplía esas funciones legalmente con anterioridad, seguirá ejerciendo su actividad sin inconvenientes."Una persona que hoy tenía en media mixtura y nosotros, digamos, que ya no se va a permitir porque la zona quedó en baja, pero si está legalmente constituida, pues ya tiene un uso establecido. Entonces, nosotros se reconoce por la seguridad jurídica que debe tener. La transición para las personas que están legalmente constituidas y tiene una norma anterior a la que nosotros hoy estamos definiendo un plan de ordenamiento territorial continúa", insisitió la funcionaria.Asimismo, se hace una precisión que es importante: esto aplicaría a quienes tengan la actividad debidamente constituida y cumplan las normas correspondientes. Los inmuebles que actualmente funcionan incumpliendo las reglas de uso del suelo no adquieren ese mismo derecho y no podrían seguir con la actividad económica.De momento, las autoridades en la capital de Antioquia adelantan cruces de información para determinar cuáles viviendas cuentan con las condiciones requeridas y cuáles podrían estar operando irregularmente.¿Dónde se podrá ofrecer vivienda turística?La propuesta de la Alcaldía de Medellín plantea concentrar el servicio de hospedaje de renta corta —inferior a 30 días— principalmente en las denominadas zonas de alta mixtura. En términos sencillos, se trata de sectores donde existen servicios de hospedaje, discotecas, comercios a gran escala como, por ejemplo, alrededor de lugares como La 33 o La 10 y otros corredores viales.González también se refirió a otras zonas en donde se podrá desarrollar el negocio de la vivienda turística, toda vez que se harán polígonos alrededor del sistema de transporte masivo o puntos estratégicos para actividades de ciencia, tecnología e innovación."Un polígono, son dos manzanas alrededor de las estaciones, donde se va a permitir también esa alta mixtura y se va a permitir ese servicio de hospedaje. Ya tenemos unos polígonos al lado de universidades o de algunos sectores estratégicos donde queremos incentivar esas economías de ciencia, tecnología e innovación", explicó la directora.La intención de las autoridades es que el crecimiento de la vivienda turística se concentre en lugares con infraestructura, transporte y servicios adecuados, mientras se preservan sectores predominantemente residenciales.La directora de Planeación de Medellín le explicó a Blu Radio que la intención que tiene la Alcaldía es que estos lugares se conviertan en zonas en donde, incluso, se puedan construir nuevos proyectos habitacionales de vivienda turística según las normas establecidas por la ley."Pero lo que estamos diciendo es que usted ahí, pues, puede construir viviendas exclusivas para servicios de alojamiento, cumpliendo, pues, como la norma de edificabilidad. Los pisos, la densidad, en esa zona se puede realizar", sostuvo la directora.El temor de los propietariosPor su parte, sectores vinculados a las plataformas de alquiler de renta corta han manifestado preocupación por el impacto económico de la nueva regulación y han mencionado que la ciudad podría dejar de recibir millonarias cifras por ingresos fiscales, que solo para el 2025 fueron más de 500.000 millones de pesos.El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, explicó que lo que hoy se estudia no es una medida para prohibir, sino para poder regular la actividad económica que ha representado una medida importante para el crecimiento del turismo de la ciudad."Es importante aclarar que la revisión de mediano plazo del POT no está prohibiendo Airbnb, ni más faltaba ni la vivienda turística en Medellín. Sin embargo, hay que aclarar que su reconocimiento y habilitación como actividad turística no no significa que pueda localizarse de manera indiscriminada en cualquier lugar de la ciudad", manifestó de Bedout.Ante el miedo de cientos de personas, la Alcaldía de Medellín sostiene que la propuesta no pretende eliminar esa oferta, sino que las modelaciones realizadas dejan en evidencia que las áreas donde se permitiría el servicio de hospedaje tendrían capacidad territorial para albergar una oferta considerablemente mayor a la existente.Luz Ángela González aseguró en Blu Radio que las simulaciones apuntan a que podría habilitarse una capacidad cercana a 20 veces la oferta actual, aunque concentrada territorialmente."Vamos a proteger los barrios, vamos a proteger la familia, eso es una política, pero yo en ningún momento voy a prohibir, venga, yo te voy a localizar. Claro que la propuesta en ningún momento busca reducir esa capacidad de alojamiento en Medellín. Antes, por el contrario, muestran que la norma nos va a permitir, o vamos a habilitar casi que 20 veces, esa esa oferta, pero localizada", indicó la directora de Planeación.La discusión en Medellín no se limita entonces a cuántas viviendas turísticas podrá tener la ciudad, sino a dónde estarán ubicadas y cómo podrán coexistir con el resto de la ciudadanía.Residentes vs. actividad turísticaUno de los argumentos de la Administración Distrital es que el crecimiento de los alquileres de corta estancia también ha generado conflictos de convivencia en sectores residenciales, particularmente por situaciones relacionadas con ruido y otras actividades asociadas al turismo.La directora de Planeación de Medellín explicó que durante el proceso participativo del POT la Administración ha recibido posiciones tanto del sector turístico como de las comunidades, mientras que los empresarios y propietarios buscan conservar posibilidades de operación en diferentes sectores, algunos residentes han pedido una mayor separación entre las zonas destinadas principalmente a vivienda y aquellas con actividades turísticas."El tema de inspectores están desbordados. Entonces, es la comunidad diciendo, venga, no no me mezcle. Pues, lo 1º de un ordenamiento es entender la la situación geográfica. Medellín es un valle estrecho. Muchos usos, venga, localicémoslos en alta mixtura. Lo residencial, protejámoslo, y ahí solamente tema residencial", aseguró González.Ahora el debate lo deberá asumir el Concejo de Medellín y no será únicamente si se permite o no esta actividad, sino cómo se distribuye en el territorio, qué derechos conservan quienes ya operan legalmente y qué controles se aplicarán a los nuevos alojamientos que quieran entrar a la capital de Antioquia.
Comenzó en el Concejo de Medellín uno de los debates más importantes para el cabildo distrital de los últimos años y que definirá cual será el derrotero para el futuro urbanístico de la capital de Antioquia, ya que la Alcaldía de Medellín radicó la revisión de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial.La directora del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Luz Ángela González, explicó que el POT define cómo debe crecer la ciudad de forma ordenada dándole paso al progreso y la modernidad con calidad de vida para los habitantes, por lo que la iniciativa viene respaldada con un amplio proceso de socialización."Ha sido un proceso de más de dos años de trabajo técnico, jurídico y participativo. Durante este tiempo, se desarrollaron las etapas de diagnóstico y formulación, y recogimos muchos aportes de la ciudadanía a través de las diferentes rutas de participación", destacó la funcionaria.Para la administración distrital la meta con la revisión del POT es modernizar las normas de construcción, que estará ligado al desarrollo comercial y recreacional, así como al trazado de nuevas avenidas y calles para extender los sistemas de transporte.Así, la intención del alcalde Federico Gutiérrez es modificar el 80% del POT actual con el que se buscará habilitar suelo ara el desarrollo habitacional, en franjas como la del sector industrial de Guayabal, desde Industriales hasta Itagüí, o la del centro."Ahora iniciamos esta etapa en el Concejo Distrital, donde el proyecto de acuerdo será estudiado y discutido durante un periodo máximo de 90 días, a través de las comisiones de estudio, debate, sesiones plenarias y un cabildo abierto donde podrá participar la ciudadanía", añadió.Antes de ser presentada la iniciativa al cabildo distrital, la modificación al POT estuvo bajo estudios técnicos para el desarrollo del diagnóstico y redacción de un contenido base que fue sometido en fase de concertación ambiental y consulta ciudadana.El 20% del actual POT no se revisará, así está contemplado en la iniciativa de la Alcaldía de Medellín, y se mantendrá el modelo de ocupación, las áreas de intervención estratégicas y patrimoniales, la clasificación de los suelos y la delimitación de las zonas de protección.
La descentralización volverá a ocupar un lugar central en el debate político del país durante la nueva legislatura. Así lo anticipó el senador Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), quien afirmó que el reto no será únicamente trasladar funciones del Gobierno Nacional a las regiones, sino otorgarles verdadera autonomía administrativa, fiscal y presupuestal.Durante una entrevista radial, el congresista sostuvo que Colombia tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo de organización territorial más cercano a esquemas federales, en los que las regiones cuenten con mayores capacidades para definir su propio desarrollo."Los que creemos en este país desde la fuerza de sus regiones hemos estado esperando esta oportunidad o esta iniciativa de algún gobierno en los 200 años de vida republicana", afirmó Meisel al explicar su visión sobre el futuro del ordenamiento territorial.Aunque aclaró que se trata de una postura personal que deberá ser debatida con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso, señaló que su apuesta consiste en fortalecer las regiones antes que continuar creando nuevos departamentos y municipios.Según explicó, una de las tareas inmediatas de la Comisión será avanzar en la reglamentación de la denominada ley de competencias, norma que contempla un incremento gradual de las transferencias hacia los departamentos y que, a juicio del senador, constituye la base de cualquier proceso serio de descentralización.Meisel insistió en que la autonomía territorial no puede limitarse al discurso político si no viene acompañada de independencia financiera."Nada conseguimos con que la Constitución del 91 hubiese contemplado una posible organización político-administrativa del país a través de las regiones si esas regiones no tienen una autonomía financiera y fiscal. Usted es autónomo cuando es responsable de sus propios recursos", sostuvo.Menos burocracia y más inversiónEl presidente de la COT también planteó la necesidad de replantear la organización territorial del país para hacer más eficiente el gasto público.Recordó que la creación de nuevos departamentos respondió a necesidades de comunicación y administración propias de décadas pasadas, pero consideró que las condiciones actuales permiten pensar en un modelo basado en la integración regional."En vez de seguir fraccionando el territorio en más departamentos y más municipios, nuestra principal tarea tiene que ser agrupar los entes territoriales para que la platica de la inversión de la gente se vaya menos en funcionamiento y más en los proyectos que la gente necesita", afirmó.En ese sentido, propuso consolidar regiones con capacidad administrativa y presupuestal propia, capaces de generar economías de escala y optimizar la inversión pública.La ley de competencias, el gran examenDurante la entrevista, Meisel fue enfático en señalar que el verdadero examen para el discurso de la descentralización será la puesta en marcha de la ley de competencias."Tiene que avanzar, porque entonces todo el discurso de descentralización queda en cháchara", expresó.Añadió que, si el Ejecutivo no reglamenta y ejecuta la norma aprobada por el Congreso, iniciativas como las sedes alternas del Gobierno o los anuncios sobre mayor presencia institucional en las regiones quedarían reducidos a gestos simbólicos."La descentralización se da con transferencias económicas y entregándole responsabilidad a los territorios", puntualizó.Para el senador, la autonomía también implica asumir mayores responsabilidades por parte de las regiones."Cuando uno exige emancipación, tiene libertad y autonomía, pero también le caen encima unas responsabilidades. Es lo mismo que tiene que pasar con las regiones", explicó.Barranquilla como sede alternaFrente a la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de establecer una sede alterna del Gobierno en Barranquilla, Meisel manifestó su respaldo, aunque aclaró que la iniciativa no debe interpretarse como un traslado del centralismo desde Bogotá hacia otra ciudad."No podemos pretender que se cambie Bogotá por Barranquilla. Aquí se trata de descentralizar el Estado colombiano en todo el territorio nacional", afirmó.Asimismo, explicó que el mandatario puede despachar desde cualquier departamento sin necesidad de una reforma constitucional, aunque un eventual acto legislativo podría darle un marco jurídico permanente a la iniciativa.Finalmente, al referirse a la anunciada gerencia especial para Bogotá, el senador pidió prudencia antes de emitir juicios y descartó que, en principio, represente una invasión de las competencias del alcalde de la capital.Incluso sostuvo que Bogotá también ha sido afectada por el modelo centralista del país. "Aquí todos hemos sido víctimas, incluido Bogotá, del centralismo, que es mucho más grande que una situación geográfica. Se trata de una estructura de poder que poco a poco tenemos que empezar a salir de ella", concluyó.
Soacha dio un paso crucial para enfrentar dos de sus problemas más grandes: el crecimiento acelerado y la expansión de la informalidad en el municipio. Ante este panorama, la Administración Municipal lanzó oficialmente su Observatorio Urbano, una plataforma que integra y analiza datos del territorio en tiempo real, lo que permitirá tomar decisiones más acertadas y trazar la ruta hacia una “ciudad inteligente”.De acuerdo con la Secretaría de Planeación, la herramienta nace como respuesta a un vacío histórico: Soacha no contaba con centralización de datos ni información consolidada que permitiera orientar políticas públicas con precisión.El Observatorio reunirá información clave sobre movilidad, salud, espacio público, licenciamiento urbano, ambiente, infraestructura y emprendimiento. Todo con el propósito de encontrar mejores rutas para gobernar el municipio.¿IA tomará decisiones en Soacha? Así funcionará el Observatorio UrbanoMucho se ha especulado sobre si la inteligencia artificial terminará tomando decisiones en Soacha. Desde la Secretaría de Planeación aclaran que la herramienta no reemplazará funcionarios ni actuará de manera autónoma. Su función será procesar, cruzar y georreferenciar información para que las secretarías puedan anticiparse a problemas y planear con mayor claridad.El sistema utiliza tecnologías de análisis espacial desarrolladas junto a Esri Colombia, lo que permite identificar patrones del territorio y detectar fallas en licenciamiento, movilidad, uso del suelo y zonas críticas. La IA sirve como apoyo técnico, no como autoridad: ayuda a ordenar, pero no gobierna.Este acceso abierto a los datos también reduce la posibilidad de irregularidades y permite que los ciudadanos consulten información sin realizar filas interminables.Informalidad urbana en Soacha: el reto que impulsó la creación del ObservatorioEl Observatorio también se convierte en una herramienta para leer la informalidad urbana, uno de los problemas más profundos del municipio. Soacha enfrenta barrios que crecen sin norma, construcciones que no pasan por curaduría y una presión constante sobre vías, servicios públicos y espacio público.Los datos iniciales ya muestran señales:La Comuna 1 y el Corregimiento 1 concentran la mayor cantidad de metros licenciados para construcción.Las Comunas 3 y 4 presentan niveles muy bajos de licenciamiento, lo que podría reflejar desarrollos informales.Además, la Alcaldía planea usar la plataforma para enfrentar congestiones crónicas, mejorar la gobernanza y fortalecer la articulación entre entidades. La herramienta también está diseñada para conectarse con los estándares del catastro multipropósito y con la información de la Región Metropolitana, lo que facilitará la interoperabilidad con Bogotá y otros municipios.Decisiones basadas en datos: la apuesta de SoachaUno de los impactos más relevantes será en la ruta de inversión. Según Camacol Bogotá, el Observatorio será la primera fuente de análisis para determinar qué proyectos inmobiliarios son viables y bajo qué condiciones. Esto podría traducirse en mejor planeación, más orden y nuevas oportunidades económicas.Soacha enfrenta un momento determinante: seguir creciendo sin control o aprovechar los datos para construir un municipio más seguro, sostenible y equitativo.
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, junto a un grupo de veedores ambientales, está liderando una denuncia sobre un proyecto urbanístico en Dosquebradas, Risaralda, conocido como Bonaire.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, manifestó su preocupación por lo que está pasando en Dosquebradas. Y es que la controversia se centra en la presunta violación de normas de conservación y uso de suelo, ya que la construcción se está llevando a cabo en una de las pocas zonas verdes que quedan allí.La representante subrayó la necesidad de "repensar” cómo se están llevando a cabo las construcciones en las ciudades y municipios, porque muchas veces están quedando, según dijo, “puntos grises en medio de un paisaje hermoso del paisaje cultural cafetero”.La lucha ambiental y el déficit de espacio públicoLa zona afectada es una "zona verde, propiedad del municipio muy importante". Esta área se encuentra en el barrio Campestre D y es crucial, considerando que "Dosquebradas tiene 1.45 metros cuadrados por habitante”, espacio público, es decir, hace falta “muchísimo espacio público".Señaló que, además de ser un bien municipal, la zona cuenta con un guadual y está situada "al lado de una quebrada". Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esta área está definida como "zona de protección del recurso hídrico".A pesar de la presunta vocación ambiental del terreno, el proyecto implica la construcción de unos edificios, los segundos más altos de Dosquebradas, de hasta 16 pisos, de acuerdo con Giraldo.Este desarrollo está causando un impacto ecológico inmediato. Giraldo explicó que la fauna está siendo desplazada y los animales allí están “saliendo”, como serpientes, zarigüeyas, iguanas y otras especies que, añadió, están "desplazadas y desorientadas”.Aunque no han comenzado los edificios, la constructora está "moviendo tierra" y tumbando tanto "los árboles que había sembrado la comunidad" como "buena parte del guadual". Giraldo teme que hayan tumbado "más allá de lo que les habían dado permiso".La principal "suspicacia" radica en la forma en que se han gestionado los permisos en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial. Giraldo sostuvo que el POT actual, aprobado en 2024, define claramente esta zona como "una zona de protección ambiental del recurso hídrico".Inicialmente, el concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CDER) fue negativo, según aseveró la representante.“Los primeros permisos que otorgó la CDER no los otorgó, es decir, el concepto técnico de la CDER salió en contra, o sea, les dijeron: 'Ahí no se puede constituir'". Sin embargo, la situación cambió.Según la representante, esto se debe a que las autoridades optaron por remitirse a la normativa antigua. El POT anterior, de la primera generación del año 2000, "no tenían las consideraciones ambientales" adecuadas.Escuche la entrevista completa aquí:
En diálogo con Mañanas Blu, el concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, habló sobre el desencuentro entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá con respecto al ordenamiento territorial de la ciudad. Defendió la autonomía territorial que competen a las corporaciones municipales y a las instancias de planificación local. Manifestó su desacuerdo con los recientes lineamientos impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Susana Muhammad. A su juicio, estas directrices atentan contra la capacidad de los concejos y alcaldes para decidir sobre el uso del suelo y proyectos de desarrollo en sus territorios.La defensa de la autonomía territorial "Estamos aquí para enviar un mensaje claro: los municipios tienen la primera autoridad en materia de ordenamiento territorial. Esto es fundamental y no puede ser ignorado", afirmó Briceño. Subrayó que, aunque el Ministerio de Ambiente, tiene competencias para dictar lineamientos, estos no deben sustituir la potestad de las entidades locales a la hora de tomar decisiones cruciales que impactan a la comunidad. Impacto en proyectos de desarrolloAdicionalmente, Briceño advirtió sobre las consecuencias que estos lineamientos podrían tener sobre microempresas y proyectos en desarrollo. "Los lineamientos propuestos restringen actividades que son vitales para el crecimiento de la economía local. Proyectos como los de Lagos de Torca, que se encuentran en proceso de licenciamiento, podrían verse severamente afectados", expresó el concejal. Briceño también destacó la importancia de encontrar un balance entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Para él, no se trata de oponerse a las medidas ambientales, sino de buscar una transición que respete tanto los derechos adquiridos por los ciudadanos como la urgencia de preservar el entorno. "Debemos generar un marco normativo que permita avanzar hacia una Bogotá sostenible, sin desatender las necesidades de quienes viven y trabajan en estas zonas", concluyó.Escuche aquí la entrevista:
Para disminuir en este inicio de año los casos de estafa inmobiliaria, la captación ilegal de dinero, el loteo ilegal de predios y la publicidad engañosa, la administración distrital reforzó las medidas que se han venido tomando, pues hay alrededor de 60 puntos críticos identificados, siendo los corregimientos y el borde urbano rural las zonas más propensas al loteo ilegal.Una de las medidas, es la actualización de la plataforma Urbamed, para que las personas puedan denunciar estafas inmobiliarias de manera virtual. Según el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo, este año, las mesas técnicas permanentes entre el Distrito, la Fiscalía y la Policía investigan varias denuncias relacionadas con estafa y extorsión, siendo la principal problemática el loteo ilegal."Nos hemos encontrado con uno de los principales fenómenos al momento de la consecución del lote y es el fenómeno del loteo ilegal. ¿Y en qué consiste ese fenómeno? Y es que se ocupa, construye o se venden lotes privados o públicos sin los debidos permisos", explicó el funcionario.Otra de las estrategias para combatir estos delitos es el aplicativo Mapgis, que permite que los ciudadanos verifiquen el estado y características actuales de los predios. Además, se han venido utilizando drones para monitorear en tiempo real los procesos constructivos que no cumplan con la normatividad.Para evitar ser víctima de estafas inmobiliarias, el Distrito recomienda que antes de comprar un inmueble se revise el tipo de contrato que se va a suscribir. Además, en los contratos se debe exigir la póliza de garantía decenal que aplica para los proyectos radicados legalmente después del 1 de enero de 2022.Adicionalmente, se activaron nuevas líneas telefónicas que pueden consultarse en la página web de la Alcaldía de Medellín para que los ciudadanos denuncien presuntos casos de estafa inmobiliaria, o lo relacionado con obligaciones e infracciones urbanísticas.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió una alerta a raíz de su más reciente estudio con el apoyo de georreferencias del sistema ArcGIS de Esri Colombia y es que, según cifras, el panorama de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) están en un estado critico en Colombia, pues al menos el 74 % de ellos no están actualizados.Los departamentos con más POT vencidos son Boyacá (109), Cundinamarca (89), Antioquia (72), Santander (69), Cauca (39), Bolívar y Tolima (37 cada uno) y Valle del Cauca (35). En departamentos como Guaviare, Guainía, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada no hay ni un POT vigente y solo Cesar tiene más POT vigentes que vencidos (11 vs 10), según estas cifras del organismo.De acuerdo con Jorge Iván González, exdirector del DNP, esto es un problema para la sociedad colombiana al impedir el desarrollo urbano de un territorio, en especial desde un punto económico, social y ambiental.“El ordenamiento del territorio implica el agua, la violencia, la deforestación y la minería ilegal, entre otras cosas, y Colombia tiene grandes dificultades para lograr ese ordenamiento. La gran evolución está en la implementación del catastro multipropósito. Si se logra la meta del PND, de actualizar 660 municipios, se logrará un avance en el ordenamiento del territorio, y esto permitirá avanzar en los POT”, dijo.Y es que los planes de ordenamiento territorial son instrumentos establecidos por la ley 388 de 1997 para que municipios, departamentos y distritos puedan reestructurar el desarrollo urbano y modificar estrategias para lograr ese avance con una vigencia de 12 años, que muchos lugares han superado el tiempo límite."Gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que las entidades e instituciones del país pueden analizar la situación geográfica mediante la integración de datos geoespaciales, lo que permite tomar mejores decisiones en términos de gestión y ordenamiento territorial, explicaron en Esri Colombia.En resumen, según el estudio del IGAC, solo el 17.89 % de POTs nacional se encuentran en vigencia y desarrollo, mientras que el resto está en una situación crítica y problemática. Cabe recordar que este tipo de estrategias hacen parte también del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Después de sesiones fallidas, de desacuerdos y de críticas, finalmente el Concejo Municipal de San Gil aprobó el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, con el cual se entrega una hoja de ruta para la expansión que tendría la llamada ‘Capital Turística de Santander’ durante los próximos 15 años.Alexis Tibaduiza, secretario de Control Urbano e Infraestructura del Municipio, expresó que de acuerdo con los estudios realizados San Gil tiene 196 hectáreas de expansión, pero sólo se proyecta la utilización de 100 porque el resto están ubicadas en zona de protección ambiental y la idea es garantizar el cuidado especialmente de las fuentes hídricas.Las zonas que fueron aprobadas para los futuros proyectos de expansión en San Gil son las veredas Bejaranas y Ojo de Agua, así como el sector del Bella Isla donde precisamente funcionará una sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS.El alcalde Hermes Ortiz argumentó desde hace un buen tiempo que gran parte de los problemas que enfrenta el municipio se deben a la falta de planeación en el desarrollo y al incumplimiento de las normas establecidas en el documento vigente que se aprobó en 2003.No obstante, algunos de los concejales que estaban de acuerdo con un nuevo PBOT manifestaron que le hizo falta analizar temas cruciales para la comunidad.“San Gil necesitaba urgente el nuevo PBOT, pero yo no acompañé este proyecto porque no argumentaron temas como la reubicación de las casas de lenocinio que funcionan en el centro de San Gil. Además, me preocupa la certificación de servicios públicos que entrega Acuasan para la aprobación de este PBOT… solicitamos se nos expusiera la planificación, capacidad financiera y de infraestructura de la empresa para afrontar todas estas obras que se deben hacer para que lleguen los servicios de alcantarillado y acueducto a los sectores donde se convierten en urbano, y no se tuvo respuesta técnica, ni se dio el debate para explicar este tema”, expresó en medios locales el concejal Fabián Chaparro, quien votó de forma negativa.La votación final quedó con 8 votos a favor y cuatro en contra. Jimmy García, Julián Vargas, José Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Álvaro Bueno, Cindy Vargas, Juan Carlos Calderón y Fabián Aguillón aprobaron el proyecto; mientras que Fabián Chaparro, Camilo Villar, Pablo Sarmiento y Édinson Rangel votaron de forma negativa. El concejal Ciro Moreno no asistió a la plenaria.
Más de 408.000 afiliados de Colsubsidio tendrán una nueva alternativa para recibir y utilizar la cuota monetaria: podrán transferir el dinero directamente a una cuenta financiera de su titularidad mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.La opción es resultado de una alianza entre Colsubsidio y Redeban y estará disponible desde la aplicación Mi Colsubsidio. Una vez se valide la titularidad de la llave registrada, los recursos se abonarán de forma inmediata en la cuenta asociada.La iniciativa busca facilitar el acceso a este beneficio económico y ampliar las posibilidades para que los trabajadores lo utilicen en gastos cotidianos, como alimentación, educación y cuidado de sus familias.¿Cómo transferir la cuota monetaria de Colsubsidio por Bre-B?Para utilizar esta alternativa, los afiliados deben tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre, vinculada a la cuenta financiera en la que desean recibir el dinero.El procedimiento consiste en ingresar a la aplicación y seleccionar la opción 'Retirar saldo'. Después, deben elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave correspondiente.Una vez comprobada la titularidad, Redeban procesa la operación y el dinero llega de manera inmediata a la cuenta financiera asociada. De esta forma, los usuarios pueden disponer de los recursos junto con otros ingresos y utilizarlos para hacer pagos o transferencias.¿Cuántas personas podrán recibir el beneficio por este medio?De acuerdo con las cifras entregadas por Colsubsidio, a septiembre de 2026 la caja de compensación tenía 408.603 afiliados con derecho a cuota monetaria. Durante ese periodo asignó 5.616.059 cuotas, con una inversión superior a $405.047 millones.La nueva opción también permite que los recursos hagan parte del movimiento habitual de una cuenta financiera. Ese registro de transacciones podría ser tenido en cuenta por las entidades bancarias al evaluar el perfil crediticio de sus clientes, dependiendo de los criterios de cada institución.Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio, señaló que la alianza busca simplificar procesos y ampliar las alternativas digitales para los trabajadores y sus familias.Por su parte, Redeban aporta la infraestructura tecnológica que permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes de Bre-B y procesar las transferencias.
En la UCI del Hospital Universitario de Santander se encuentran varios de los soldados atacados en la base militar de Santa Rosa, sur de Bolívar. Todos llegaron en helicoptero hasta la Segunda División del Ejército en Bucaramanga, y en ambulancia fueron remitidos al centro asistencial.Varios de los soldados presentaban heridas de gravedad por el ataquesufrido con drones que cargaban explosivos, 8 son los uniformados que están siendo atendidos.Uno de ellos ingresó de gravedad a cirugía y permanecen en la unidad de cuidados intensivos, mientras que varios tienen pronóstico reservado.Sandra Milena González, quien se encontraba en el hospital acompañando a un familiar, narró: "Tenemos a mi suegra interna y vimos llegar varias ambulancias y ver cómo los médicos y las enfermeras corrían tratando de salvar una vida, es maravilloso, que Dios los bendiga por esa labor de atender, de preocuparse por salvarlos".Afirmó que ese es el mensaje para las familias que anhelan que realmente lleguen con vida a sus hogares: "Para los médicos y las enfermeras todos son importantes, arreglaron camas, todo rápido por la urgencia".Por ahora, el hospital ni el Ejército han informado nombres de los militares que se encuentran en Santander, luego de sufrir este ataque armado.El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, rechazó el ataque a la base militar en Santa Rosa del Sur y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados.Fue enfático al señalar que "no podemos normalizar el terrorismo, ni permitir que los grupos armados ilegales sigan sembrando miedo, asesinando y desafiando al Estado. A estos grupos se les enfrenta con autoridad, inteligencia, contundencia y toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública".Posteriormente, envió un mensaje de solidaridad a las familias y los soldados: "¡El uniforme de la patria se respeta!".
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) alcanzó acuerdos con instituciones públicas y privadas de Antioquia para avanzar en la formalización de los vínculos contractuales y mejorar la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus familias.Según se ha podido conocer, los compromisos se concretaron durante una semana de mesas de trabajo presenciales realizadas en el departamento en donde se abordó la revisión de cartera, los acuerdos de pago, la homologación de tarifas, las glosas y los anexos técnicos.La información entregada por el Fomag deja en evidencia que los encuentros permitieron avanzar en la suscripción y legalización de acuerdos mediante actas de conciliación, como explicó Fernando Blanco, coordinador comercial del Hospital Alma Máter."Se logró tener un acercamiento para poder dejar finiquitado el pasado con la cartera del pasado y poder plantear una nueva negociación que sea muy beneficiosa para ambas partes, para que tanto todos los funcionarios del Magisterio Colombiano tengan una atención muy adecuada aquí en Antioquia", indicó.Uno de los avances más importantes es que se restableció la prestación de los servicios de cancerología para pacientes adultos y pediátricos, problemática que tenía en el limbo a decenas de personas que imploraban por este acuerdo.Hay que mencionar que la estrategia continuará en el Valle del Cauca, donde se realizarán nuevas mesas de trabajo con prestadores públicos y privados, y posteriormente, se proyecta una jornada en Bogotá con instituciones de diferentes departamentos.Vale la pena mencionar que hace tan solo una semana el Ministerio de Educación anunció el fin del contrato de la Fiduprevisora con el FOMAG, tras 36 años de manejar los recursos de salud de esta población.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona de montaña obligaron a Emcali a suspender temporalmente la captación y potabilización de agua en la Planta Río Cali, debido a los altos niveles de turbiedad y al arrastre de material vegetal en la cuenca. La situación impactará el suministro de agua en 24 barrios de la capital vallecaucana.De acuerdo con la empresa de servicios públicos, las condiciones del río hicieron necesario detener preventivamente las operaciones de la planta, con el propósito de proteger la infraestructura y garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano.Entre los sectores que podrían presentar bajas presiones, intermitencia o suspensión temporal del servicio se encuentran Belisario Caicedo, El Cortijo, Bella Suiza, Cañaverales, Pampalinda, El Peñón, Terrón Colorado, Aguacatal, Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica Norte y Chipichape, entre otros.Los equipos técnicos y operativos de Emcali permanecen en la zona realizando monitoreo de las condiciones de la cuenca. Según la entidad, una vez disminuyan los niveles de turbiedad y mejoren las condiciones climáticas, se reanudará progresivamente la operación de la planta para avanzar en la normalización del servicio.Mientras tanto, la empresa hizo un llamado a los usuarios de los sectores afectados para que hagan un uso racional y moderado del agua almacenada en sus tanques y reservas residenciales, mientras culminan las labores necesarias para restablecer la producción de agua potable.Otra situacion similar ocurre en Yumbo, V alle, debido a un daño en una tubería de gran dimensión, este municipio está siendo afectado por suspensión en el servicio de acueducto o bjas presiones. Emcali y sus grupos operativos trabajan a toda marcha para reparar el daño y normalizar el servicio, por lo que se dispondrá de carrotanques para el abastecimiento de agua en los sectores afectados.
Un empresario resultó herido en medio de un ataque armado registrado en zona rural del municipio de Yarumal, en el Norte de Antioquia. Según el reporte entregado por el Ejército Nacional, el hombre habría sido atacado por presuntos integrantes del Clan del Golfo cuando se movilizaba por el sector Ventanitas.Los hechos ocurrieron cuando la víctima regresaba de su jornada laboral y fue interceptada por hombres armados que le dispararon. La situación fue advertida por habitantes de la zona, quienes alertaron a los soldados que se encontraban realizando labores de presencia en este sector del municipio.Tras recibir la información, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército intervinieron para auxiliar al empresario, quien presentaba heridas por arma de fuego. Los uniformados le brindaron asistencia inicial, coordinaron su traslado a un centro hospitalario y adelantaron acciones para garantizar su seguridad.El sargento viceprimero William Duarte Vanegas, suboficial del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, confirmó que el hombre sobrevivió al ataque y que, en medio de la intervención militar, también fue recuperado el vehículo en el que se movilizaba.De acuerdo con el reporte militar, el hecho sería responsabilidad de presuntos integrantes del Clan del Golfo, aunque serán las autoridades competentes las encargadas de avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer quiénes estarían detrás de este hecho violento.Finalmente, el Ejército Nacional pidió a los habitantes de Yarumal y de otros municipios de la región informar cualquier amenaza, intimidación o movimiento sospechoso que pueda poner en riesgo a la población. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo.