Soacha dio un paso crucial para enfrentar dos de sus problemas más grandes: el crecimiento acelerado y la expansión de la informalidad en el municipio. Ante este panorama, la Administración Municipal lanzó oficialmente su Observatorio Urbano, una plataforma que integra y analiza datos del territorio en tiempo real, lo que permitirá tomar decisiones más acertadas y trazar la ruta hacia una “ciudad inteligente”.De acuerdo con la Secretaría de Planeación, la herramienta nace como respuesta a un vacío histórico: Soacha no contaba con centralización de datos ni información consolidada que permitiera orientar políticas públicas con precisión.El Observatorio reunirá información clave sobre movilidad, salud, espacio público, licenciamiento urbano, ambiente, infraestructura y emprendimiento. Todo con el propósito de encontrar mejores rutas para gobernar el municipio.¿IA tomará decisiones en Soacha? Así funcionará el Observatorio UrbanoMucho se ha especulado sobre si la inteligencia artificial terminará tomando decisiones en Soacha. Desde la Secretaría de Planeación aclaran que la herramienta no reemplazará funcionarios ni actuará de manera autónoma. Su función será procesar, cruzar y georreferenciar información para que las secretarías puedan anticiparse a problemas y planear con mayor claridad.El sistema utiliza tecnologías de análisis espacial desarrolladas junto a Esri Colombia, lo que permite identificar patrones del territorio y detectar fallas en licenciamiento, movilidad, uso del suelo y zonas críticas. La IA sirve como apoyo técnico, no como autoridad: ayuda a ordenar, pero no gobierna.Este acceso abierto a los datos también reduce la posibilidad de irregularidades y permite que los ciudadanos consulten información sin realizar filas interminables.Informalidad urbana en Soacha: el reto que impulsó la creación del ObservatorioEl Observatorio también se convierte en una herramienta para leer la informalidad urbana, uno de los problemas más profundos del municipio. Soacha enfrenta barrios que crecen sin norma, construcciones que no pasan por curaduría y una presión constante sobre vías, servicios públicos y espacio público.Los datos iniciales ya muestran señales:La Comuna 1 y el Corregimiento 1 concentran la mayor cantidad de metros licenciados para construcción.Las Comunas 3 y 4 presentan niveles muy bajos de licenciamiento, lo que podría reflejar desarrollos informales.Además, la Alcaldía planea usar la plataforma para enfrentar congestiones crónicas, mejorar la gobernanza y fortalecer la articulación entre entidades. La herramienta también está diseñada para conectarse con los estándares del catastro multipropósito y con la información de la Región Metropolitana, lo que facilitará la interoperabilidad con Bogotá y otros municipios.Decisiones basadas en datos: la apuesta de SoachaUno de los impactos más relevantes será en la ruta de inversión. Según Camacol Bogotá, el Observatorio será la primera fuente de análisis para determinar qué proyectos inmobiliarios son viables y bajo qué condiciones. Esto podría traducirse en mejor planeación, más orden y nuevas oportunidades económicas.Soacha enfrenta un momento determinante: seguir creciendo sin control o aprovechar los datos para construir un municipio más seguro, sostenible y equitativo.
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, junto a un grupo de veedores ambientales, está liderando una denuncia sobre un proyecto urbanístico en Dosquebradas, Risaralda, conocido como Bonaire.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, manifestó su preocupación por lo que está pasando en Dosquebradas. Y es que la controversia se centra en la presunta violación de normas de conservación y uso de suelo, ya que la construcción se está llevando a cabo en una de las pocas zonas verdes que quedan allí.La representante subrayó la necesidad de "repensar” cómo se están llevando a cabo las construcciones en las ciudades y municipios, porque muchas veces están quedando, según dijo, “puntos grises en medio de un paisaje hermoso del paisaje cultural cafetero”.La lucha ambiental y el déficit de espacio públicoLa zona afectada es una "zona verde, propiedad del municipio muy importante". Esta área se encuentra en el barrio Campestre D y es crucial, considerando que "Dosquebradas tiene 1.45 metros cuadrados por habitante”, espacio público, es decir, hace falta “muchísimo espacio público".Señaló que, además de ser un bien municipal, la zona cuenta con un guadual y está situada "al lado de una quebrada". Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esta área está definida como "zona de protección del recurso hídrico".A pesar de la presunta vocación ambiental del terreno, el proyecto implica la construcción de unos edificios, los segundos más altos de Dosquebradas, de hasta 16 pisos, de acuerdo con Giraldo.Este desarrollo está causando un impacto ecológico inmediato. Giraldo explicó que la fauna está siendo desplazada y los animales allí están “saliendo”, como serpientes, zarigüeyas, iguanas y otras especies que, añadió, están "desplazadas y desorientadas”.Aunque no han comenzado los edificios, la constructora está "moviendo tierra" y tumbando tanto "los árboles que había sembrado la comunidad" como "buena parte del guadual". Giraldo teme que hayan tumbado "más allá de lo que les habían dado permiso".La principal "suspicacia" radica en la forma en que se han gestionado los permisos en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial. Giraldo sostuvo que el POT actual, aprobado en 2024, define claramente esta zona como "una zona de protección ambiental del recurso hídrico".Inicialmente, el concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CDER) fue negativo, según aseveró la representante.“Los primeros permisos que otorgó la CDER no los otorgó, es decir, el concepto técnico de la CDER salió en contra, o sea, les dijeron: 'Ahí no se puede constituir'". Sin embargo, la situación cambió.Según la representante, esto se debe a que las autoridades optaron por remitirse a la normativa antigua. El POT anterior, de la primera generación del año 2000, "no tenían las consideraciones ambientales" adecuadas.Escuche la entrevista completa aquí:
En diálogo con Mañanas Blu, el concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, habló sobre el desencuentro entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá con respecto al ordenamiento territorial de la ciudad. Defendió la autonomía territorial que competen a las corporaciones municipales y a las instancias de planificación local. Manifestó su desacuerdo con los recientes lineamientos impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Susana Muhammad. A su juicio, estas directrices atentan contra la capacidad de los concejos y alcaldes para decidir sobre el uso del suelo y proyectos de desarrollo en sus territorios.La defensa de la autonomía territorial "Estamos aquí para enviar un mensaje claro: los municipios tienen la primera autoridad en materia de ordenamiento territorial. Esto es fundamental y no puede ser ignorado", afirmó Briceño. Subrayó que, aunque el Ministerio de Ambiente, tiene competencias para dictar lineamientos, estos no deben sustituir la potestad de las entidades locales a la hora de tomar decisiones cruciales que impactan a la comunidad. Impacto en proyectos de desarrolloAdicionalmente, Briceño advirtió sobre las consecuencias que estos lineamientos podrían tener sobre microempresas y proyectos en desarrollo. "Los lineamientos propuestos restringen actividades que son vitales para el crecimiento de la economía local. Proyectos como los de Lagos de Torca, que se encuentran en proceso de licenciamiento, podrían verse severamente afectados", expresó el concejal. Briceño también destacó la importancia de encontrar un balance entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Para él, no se trata de oponerse a las medidas ambientales, sino de buscar una transición que respete tanto los derechos adquiridos por los ciudadanos como la urgencia de preservar el entorno. "Debemos generar un marco normativo que permita avanzar hacia una Bogotá sostenible, sin desatender las necesidades de quienes viven y trabajan en estas zonas", concluyó.Escuche aquí la entrevista:
Para disminuir en este inicio de año los casos de estafa inmobiliaria, la captación ilegal de dinero, el loteo ilegal de predios y la publicidad engañosa, la administración distrital reforzó las medidas que se han venido tomando, pues hay alrededor de 60 puntos críticos identificados, siendo los corregimientos y el borde urbano rural las zonas más propensas al loteo ilegal.Una de las medidas, es la actualización de la plataforma Urbamed, para que las personas puedan denunciar estafas inmobiliarias de manera virtual. Según el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo, este año, las mesas técnicas permanentes entre el Distrito, la Fiscalía y la Policía investigan varias denuncias relacionadas con estafa y extorsión, siendo la principal problemática el loteo ilegal."Nos hemos encontrado con uno de los principales fenómenos al momento de la consecución del lote y es el fenómeno del loteo ilegal. ¿Y en qué consiste ese fenómeno? Y es que se ocupa, construye o se venden lotes privados o públicos sin los debidos permisos", explicó el funcionario.Otra de las estrategias para combatir estos delitos es el aplicativo Mapgis, que permite que los ciudadanos verifiquen el estado y características actuales de los predios. Además, se han venido utilizando drones para monitorear en tiempo real los procesos constructivos que no cumplan con la normatividad.Para evitar ser víctima de estafas inmobiliarias, el Distrito recomienda que antes de comprar un inmueble se revise el tipo de contrato que se va a suscribir. Además, en los contratos se debe exigir la póliza de garantía decenal que aplica para los proyectos radicados legalmente después del 1 de enero de 2022.Adicionalmente, se activaron nuevas líneas telefónicas que pueden consultarse en la página web de la Alcaldía de Medellín para que los ciudadanos denuncien presuntos casos de estafa inmobiliaria, o lo relacionado con obligaciones e infracciones urbanísticas.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió una alerta a raíz de su más reciente estudio con el apoyo de georreferencias del sistema ArcGIS de Esri Colombia y es que, según cifras, el panorama de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) están en un estado critico en Colombia, pues al menos el 74 % de ellos no están actualizados.Los departamentos con más POT vencidos son Boyacá (109), Cundinamarca (89), Antioquia (72), Santander (69), Cauca (39), Bolívar y Tolima (37 cada uno) y Valle del Cauca (35). En departamentos como Guaviare, Guainía, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada no hay ni un POT vigente y solo Cesar tiene más POT vigentes que vencidos (11 vs 10), según estas cifras del organismo.De acuerdo con Jorge Iván González, exdirector del DNP, esto es un problema para la sociedad colombiana al impedir el desarrollo urbano de un territorio, en especial desde un punto económico, social y ambiental.“El ordenamiento del territorio implica el agua, la violencia, la deforestación y la minería ilegal, entre otras cosas, y Colombia tiene grandes dificultades para lograr ese ordenamiento. La gran evolución está en la implementación del catastro multipropósito. Si se logra la meta del PND, de actualizar 660 municipios, se logrará un avance en el ordenamiento del territorio, y esto permitirá avanzar en los POT”, dijo.Y es que los planes de ordenamiento territorial son instrumentos establecidos por la ley 388 de 1997 para que municipios, departamentos y distritos puedan reestructurar el desarrollo urbano y modificar estrategias para lograr ese avance con una vigencia de 12 años, que muchos lugares han superado el tiempo límite."Gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que las entidades e instituciones del país pueden analizar la situación geográfica mediante la integración de datos geoespaciales, lo que permite tomar mejores decisiones en términos de gestión y ordenamiento territorial, explicaron en Esri Colombia.En resumen, según el estudio del IGAC, solo el 17.89 % de POTs nacional se encuentran en vigencia y desarrollo, mientras que el resto está en una situación crítica y problemática. Cabe recordar que este tipo de estrategias hacen parte también del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Después de sesiones fallidas, de desacuerdos y de críticas, finalmente el Concejo Municipal de San Gil aprobó el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, con el cual se entrega una hoja de ruta para la expansión que tendría la llamada ‘Capital Turística de Santander’ durante los próximos 15 años.Alexis Tibaduiza, secretario de Control Urbano e Infraestructura del Municipio, expresó que de acuerdo con los estudios realizados San Gil tiene 196 hectáreas de expansión, pero sólo se proyecta la utilización de 100 porque el resto están ubicadas en zona de protección ambiental y la idea es garantizar el cuidado especialmente de las fuentes hídricas.Las zonas que fueron aprobadas para los futuros proyectos de expansión en San Gil son las veredas Bejaranas y Ojo de Agua, así como el sector del Bella Isla donde precisamente funcionará una sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS.El alcalde Hermes Ortiz argumentó desde hace un buen tiempo que gran parte de los problemas que enfrenta el municipio se deben a la falta de planeación en el desarrollo y al incumplimiento de las normas establecidas en el documento vigente que se aprobó en 2003.No obstante, algunos de los concejales que estaban de acuerdo con un nuevo PBOT manifestaron que le hizo falta analizar temas cruciales para la comunidad.“San Gil necesitaba urgente el nuevo PBOT, pero yo no acompañé este proyecto porque no argumentaron temas como la reubicación de las casas de lenocinio que funcionan en el centro de San Gil. Además, me preocupa la certificación de servicios públicos que entrega Acuasan para la aprobación de este PBOT… solicitamos se nos expusiera la planificación, capacidad financiera y de infraestructura de la empresa para afrontar todas estas obras que se deben hacer para que lleguen los servicios de alcantarillado y acueducto a los sectores donde se convierten en urbano, y no se tuvo respuesta técnica, ni se dio el debate para explicar este tema”, expresó en medios locales el concejal Fabián Chaparro, quien votó de forma negativa.La votación final quedó con 8 votos a favor y cuatro en contra. Jimmy García, Julián Vargas, José Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Álvaro Bueno, Cindy Vargas, Juan Carlos Calderón y Fabián Aguillón aprobaron el proyecto; mientras que Fabián Chaparro, Camilo Villar, Pablo Sarmiento y Édinson Rangel votaron de forma negativa. El concejal Ciro Moreno no asistió a la plenaria.
El juzgado 4 administrativo de Bogotá declaró este jueves, 14 de diciembre, como nulos los artículos 21 y 129 del decreto 088 de 2017 del proyecto Lagos de Torca de la Alcaldía Mayor. Dichas iniciativas permitían que se pudiera urbanizar en el área entre la Autopista Norte y la franja de conexión ambiental, que conecta la Van Der Hammen y los cerros orientales.La demanda en contra de este articulado la interpuso María Fernanda Rojas, concejal de Alianza Verde, en 2019. Ella argumentó que en el proyecto Lagos de Torca, al permitir nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de conexión ambiental AP-2, se violaba las resoluciones 475 y 621 de 2000 del entonces Ministerio de Medio Ambiente; además el POT de Bogotá y la ley 388 de 1997.Sin embargo, cabe aclarar, que pese a esto el proyecto Lagos de Torca no va a parar, pues la obra contempla la expansión del norte de Bogotá por lo que dicha solución solo recae en la conexión ambiental. Por lo que el Distrito y sus promotores deberán replantear lo que se haga para conectar, restaurar y proteger los sistemas hídricos y corredores biológicos de la capital.Según el juez, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá vigente al momento de expedir el acto demandado señaló que todas las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de protección, y la prioridad es la preservación y conservación de la zona, por lo que, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse en ese tramo.Además, la decisión señaló que el Ministerio de Ambiente determinó que la zona coincidente entre la Autopista Norte; la franja de conexión y protección ambiental del norte conservaría la denominación de suelo urbano, pero simultáneamente, constituirían un área protegida, denominada AP-2.Esta es la sentencia del juzgadoLe puede interesar
La contaminación acústica también es un problema fundamental dentro de una sociedad, pues afecta diferentes áreas en la vida diaria de las personas, como el tema del sueño, pilar esencial para tener un buen rendimiento tanto en el trabajo como en el estudio.En ese sentido, se tramita en el Congreso un proyecto de ley contra el ruido que busca regular esta contaminación acústica y, para hablar sobre esto, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho, uno de los autores de esta iniciativa.“Las quejas vienen de todas las ciudades del país, que se ha vuelto un problema que tiene que ver con la convivencia, la salud física, la salud mental, es un problema grave que va más allá como de un capricho de algunos, como quieren decir”, detalló.El representante explicó que el proyecto lo que plantea son los lineamientos, las herramientas y los responsables sobre la contaminación acústica en el país. “Lo que vemos es que no hay una claridad normativa y de responsabilidades”, aseguró.Sobre el alcance del proyecto, los POT dentro de los barrios juegan un papel fundamental, por lo que Carvalho aseguró que la sana mezcla de usos que establece unos lugares de mixtura, pero no se están haciendo respetar las normas.“El hecho de que monten un bar no le da a ese bar vía libre para hacer cualquier ruido. Tenemos unas reglas de aislamiento acústico para bares, discotecas y almacenes y no se están cumpliendo y nadie las está haciendo cumplir. No se trata de crear normas nuevas, sino de darle a las autoridades herramientas para hacerlas cumplir”, puntualizó.Asimismo, hay otros escenarios ruidosos que preocupan a la ciudadanía y que también, argumenta el representante, se tienen en cuenta dentro del proyecto de ley, como el ruido de llamadas o celulares en aviones.“La gente hace llamadas sin ninguna precaución por los demás. No creo que tengamos que tener un policía sancionándonos al lado si estamos escuchando el teléfono a todo volumen. Hay un enfoque desde la cultura ciudadana que aborda el proyecto de ley de que nuestro ruido es nuestro y no tiene por qué molestar a los demás”, resaltó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Distrito, mediante el decreto 072, establecerá los mecanismos para asegurar el cumplimiento de obras como parques, vías y zonas verdes a cargo de urbanizadores. También aborda temas relacionados con la sustitución de zonas de uso público, la modificación de planos urbanísticos, el cambio de uso de las zonas o bienes de uso público, entre otras.‘’El nuevo decreto fue un requerimiento que surgió con la puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Territorial, señalando cómo se podían lograr estas nuevas directrices. De esta forma nació la necesidad de evaluar qué funcionaba, qué podía mejorarse o que debía empezar a implementarse en materia de generación y transformación del espacio público”, señaló Alejandra Rodríguez, directora del Dadep.El Decreto 072 también reglamentó la ‘declaratoria de espacio público’ que permitirá reconocer urbanísticamente esos entornos que no hacen parte de un plano, pero que por su uso han sido apropiados por las personas como vías, parques o plazoletas. Estas acciones, según el Distrito, harán posible los procesos de intervención, cuidado, mantenimiento o construcción en estos escenarios.Además, establece el procedimiento para la expropiación de terrenos ocupados de manera irregular, cuya condición debe ser justificada a través de expedientes jurídicos y técnicos. Igualmente, definieron los procedimientos que permitirá la delimitación de zonas verdes y comunales y zonas de manejo y protección ambiental.Puede ver:
Por los constantes desordenes y riñas que se presentan en la zona de rumba de Bucaramanga, Cuadra Play, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que no descarta habilitar otras zonas de la ciudad para la instalación de negocios de rumba en la ciudad.De acuerdo con el mandatario, se tendría que realizar un estudio al Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de que Bucaramanga cuente con más sectores con sitios para la diversión.“Yo entiendo la frustración de la gente porque esto ha sido un proceso de muchas administraciones que le han tomado del pelo al tema, pero si se mira, esto tiene un problema de fondo que tiene que ver la forma de los locales, las áreas, la solución es habilitar más sectores que tengan vocación para tema de entretenimiento, de la diversión”, manifestó el alcalde Cárdenas.Finalmente, dijo que le pidió al Gobierno Nacional que los 200 policías que llegaron a la ciudad para aumentar la seguridad de la Feria de Bucaramanga se queden hasta el mes de diciembre para contrarrestar la ola de sicariatos y hechos violentos en la ciudad.
Estos fueron los temas tratados este 15 de julio en Recap Blu:Se cae la zona binacional entre Colombia y Venezuela, tras la decisión del gobierno entrante de desmontar este mecanismo de cooperación, lo que afectará los acuerdos económicos para comerciantes y campesinos de la frontera.Investigan un presunto caso de negligencia médica en Cartagena, luego de que una mujer diera a luz en plena calle frente a una clínica. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer responsabilidades.La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella genera polémica, debido a la propuesta de realizar la ceremonia en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar, como es tradición.Balance del Acuerdo de Paz y llamado al diálogo, con pronunciamientos del expresidente Juan Manuel Santos, la JEP, la Defensoría del Pueblo y exintegrantes de las FARC sobre la implementación del acuerdo y la necesidad de evitar la polarización.Homenaje y pedido de justicia por el joven colombiano Joan Sebastián Durán, cuyo caso fue uno de los temas internacionales destacados del programa, en medio de un velatón realizada en Bucaramanga.
Baloto realizó este miércoles, 15 de julio de 2026 el sorteo 2.683, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban llevarse el premio mayor acumulado. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio principal no registró ganadores con cinco aciertos más la Superbalota, por lo que el acumulado continuará creciendo para el próximo sorteo.Números ganadores del Baloto del 15 de julio de 2026Los números favorecidos en el sorteo 2.683 fueron:04 - 08 - 02 - 24 - 12 Superbalota: 04.Resultados de Revancha del 15 de julio de 2026En la modalidad Revancha, los números ganadores del sorteo 2.683 fueron:35 - 27 - 22 - 10 - 30 Superbalota: 16.Baloto es uno de los juegos de azar de mayor tradición en Colombia. Para obtener el premio mayor es necesario acertar las cinco balotas principales y la Superbalota. Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana y ofrecen la posibilidad de participar en ambas modalidades con una misma apuesta.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su final entre España y Argentina para bordar una nueva estrella el próximo domingo, 19 de julio. Un evento que no favorece solo al mundo del fútbol, sino que la economía también se ve beneficiado gracias a que varios comercias aprovechan para tener eventos para disfrutar de este encuentro.Uno de los principales planes será Bandas, Polas y Parrillas, un evento que convertirá al estadio Vive Claro en un punto de encuentro para miles de aficionados que quieren seguir el partido en un ambiente lleno de música, gastronomía y entretenimiento.La jornada estará diseñada para que los asistentes disfruten durante todo el día de una experiencia que combinará la pasión por el fútbol con una amplia oferta cultural y gastronómica. El momento más esperado será la transmisión de la final del Mundial en pantallas gigantes, permitiendo que los hinchas vivan cada jugada junto a otros seguidores del deporte más popular del planeta.Además del encuentro deportivo, el evento ofrecerá una programación musical con bandas tributo que interpretarán los grandes éxitos de agrupaciones como Maná, Bon Jovi, Linkin Park, Los Prisioneros y Héroes del Silencio, convirtiendo la jornada en un festival para diferentes generaciones.Bandas, Polas y Parrillas – Estadio Vive ClaroTransmisión de la final en pantallas gigantes.Bandas tributo, gastronomía, más de 40 cervecerías y opción de Tribuna Club.Andrés Carne de Res (Chía y sedes en Bogotá)Ambiente festivo, música, gastronomía y transmisión del partido.BBC (Bogotá Beer Company)Cerveza artesanal y pantallas para seguir la final en varias sedes.District Sports BarBar deportivo con pantallas gigantes, promociones y menú para compartir.The Irish PubCervezas nacionales e importadas, ambiente tipo pub y transmisión del encuentro.Hooters BogotáPantallas, promociones en alitas y bebidas durante el partido.Buffalo WingsVarias sedes con televisores para disfrutar la final del Mundial.Parque de la 93Restaurantes y bares de la zona transmitirán el partido en terrazas y espacios al aire libre.Zona TGastrobares y restaurantes con pantallas y promociones para la final.Centros comercialesAlgunos como Plaza Central, Gran Estación, Titán Plaza y Centro Mayor podrían habilitar espacios para seguir el partido (se recomienda consultar la programación de cada uno).Hoteles con sports barCadenas como Marriott, Hilton, Hyatt y Sheraton suelen ofrecer transmisión de grandes eventos deportivos en sus restaurantes y bares.
El Tren Interoceánico de carga sufrió un descarrilamiento durante la madrugada del martes en el tramo de la Línea Z en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sur de México, informó este miércoles la Secretaría de Marina (Semar), a cargo de ese empresa estatal.La dependencia indicó, en un comunicado, que en el accidente no se reportaron personas lesionados, ni afectaciones y agregó de inmediato se activaron los protocolos de seguridad para el retirar la locomotora y los vagones de carga dañados y la liberar la vía."El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas, la operación continua con normalidad", indicó la Semar.De acuerdo con reportes, el evento ocurrió en la misma zona donde, en diciembre del año pasado, se registró un accidente que dejó 14 personas fallecidas y 98 personas lesionados.La Semar explicó que el accidente involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una.Debido al accidente de diciembre pasado, el servicio de pasajeros del Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT ) está suspendido.El pasado 22 de abril una jueza cerró el caso penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico y ordenó la liberación inmediata de dos de los tres trabajadores procesados.La decisión tomada en audiencia fue resultado de acuerdos para reparar el daño a las víctimas, alcanzados entre los familiares y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Semar.El cierre del caso ocurrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara, el 8 de abril, que 145 víctimas, entre ellas 114 adultos y 31 menores, aceptaron acuerdos reparatorios con la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.En ese informe final, la FGR atribuyó el accidente al exceso de velocidad y a la negligencia de la tripulación, y responsabilizó penalmente al maquinista, al conductor y al jefe de despacho.También descartó fallas en la infraestructura ferroviaria, al asegurar que la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplían con la norma, y que no procedía acción penal contra la Secretaría de Marina por la construcción u operación de la obra.El caso golpeó a uno de los proyectos ferroviarios prioritarios del Gobierno mexicano en el sur-sureste del país, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que busca ser una alternativa al canal de Panamá, al conectar el océano Pacifico con el Atlántico por la parte más estrecha del territorio mexicano.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', ya está sometido a la justicia ordinaria y aclaró que su proceso judicial no hace parte de la Ley 2272 de 2022, que dio origen a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.La precisión surge luego de que el máximo cabecilla de 'Los Costeños' enviara una carta al presidente electo Abelardo De La Espriella y al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, en la que solicita abrir una mesa de diálogo para negociar el sometimiento de esa organización criminal con garantías jurídicas e institucionales.En esa carta, el cabecilla sostiene que cerca de 2.000 integrantes de 'Los Costeños' estarían dispuestos a someterse a la justicia y solicita que se evalúen los aportes realizados durante los acercamientos con la administración de Gustavo Petro, entre ellos los ceses de extorsiones, homicidios selectivos y ataques contra la Fuerza Pública.También pidió que el nuevo Gobierno estudie la posibilidad de aplicar beneficios similares a los previstos en la Ley de Justicia y Paz, apoyándose en las modificaciones introducidas por la Ley 2272 de 2022, que incorporó la figura de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto dentro de la política de paz total.La fiscal Camargo explicó que la situación jurídica de alias 'Castor' ya está definida dentro de la justicia penal ordinaria y no puede confundirse con los mecanismos de sometimiento previstos durante la política de paz total."Nosotros en este momento lo que tenemos es el sometimiento de alias 'Castor', pero no tenemos sometidas personas de bandas criminales. El tema con alias 'Castor' se ha desarrollado en el marco de un proceso de justicia ordinaria, no en el marco de un proceso de paz total ni transicional. Quiero que eso quede bien claro", afirmó.La fiscal añadió que, aunque no conoce el contenido de la carta enviada al presidente electo, "tal vez lo que está sucediendo es que él está haciendo alguna propuesta o algún planteamiento que no tiene que ver con lo que es hoy la realidad judicial".Recordó además que alias ‘Castor’ permanece privado de la libertad y alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía mediante el cual aceptó su responsabilidad en al menos 95 homicidios y otros hechos delictivos cometidos entre 2014 y 2024 en Barranquilla y su área metropolitana. Como resultado de ese proceso fue condenado a más de 26 años de prisión.La comunicación de alias 'Castor' se produjo después de que el Gobierno Petro suspendiera la instalación del Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) para Barranquilla y su área metropolitana, mecanismo que hacía parte de la estrategia de paz urbana.Camargo insistió en que la decisión corresponde al Gobierno entrante. Recordó que la llamada ley de Paz Total estará vigente hasta noviembre de este año y que los diálogos iniciados por la administración de Gustavo Petro se desarrollaron bajo ese marco jurídico.Sin embargo, precisó que "el nuevo gobierno no está obligado a seguir con esos diálogos. Habrá que ver cuál es la política que va a desarrollar en concreto", por lo que será la administración de Abelardo De La Espriella la que defina si mantiene algún mecanismo de sometimiento colectivo o si estos procesos continuarán exclusivamente por la justicia ordinaria.