La descentralización volverá a ocupar un lugar central en el debate político del país durante la nueva legislatura. Así lo anticipó el senador Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), quien afirmó que el reto no será únicamente trasladar funciones del Gobierno Nacional a las regiones, sino otorgarles verdadera autonomía administrativa, fiscal y presupuestal.Durante una entrevista radial, el congresista sostuvo que Colombia tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo de organización territorial más cercano a esquemas federales, en los que las regiones cuenten con mayores capacidades para definir su propio desarrollo."Los que creemos en este país desde la fuerza de sus regiones hemos estado esperando esta oportunidad o esta iniciativa de algún gobierno en los 200 años de vida republicana", afirmó Meisel al explicar su visión sobre el futuro del ordenamiento territorial.Aunque aclaró que se trata de una postura personal que deberá ser debatida con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso, señaló que su apuesta consiste en fortalecer las regiones antes que continuar creando nuevos departamentos y municipios.Según explicó, una de las tareas inmediatas de la Comisión será avanzar en la reglamentación de la denominada ley de competencias, norma que contempla un incremento gradual de las transferencias hacia los departamentos y que, a juicio del senador, constituye la base de cualquier proceso serio de descentralización.Meisel insistió en que la autonomía territorial no puede limitarse al discurso político si no viene acompañada de independencia financiera."Nada conseguimos con que la Constitución del 91 hubiese contemplado una posible organización político-administrativa del país a través de las regiones si esas regiones no tienen una autonomía financiera y fiscal. Usted es autónomo cuando es responsable de sus propios recursos", sostuvo.Menos burocracia y más inversiónEl presidente de la COT también planteó la necesidad de replantear la organización territorial del país para hacer más eficiente el gasto público.Recordó que la creación de nuevos departamentos respondió a necesidades de comunicación y administración propias de décadas pasadas, pero consideró que las condiciones actuales permiten pensar en un modelo basado en la integración regional."En vez de seguir fraccionando el territorio en más departamentos y más municipios, nuestra principal tarea tiene que ser agrupar los entes territoriales para que la platica de la inversión de la gente se vaya menos en funcionamiento y más en los proyectos que la gente necesita", afirmó.En ese sentido, propuso consolidar regiones con capacidad administrativa y presupuestal propia, capaces de generar economías de escala y optimizar la inversión pública.La ley de competencias, el gran examenDurante la entrevista, Meisel fue enfático en señalar que el verdadero examen para el discurso de la descentralización será la puesta en marcha de la ley de competencias."Tiene que avanzar, porque entonces todo el discurso de descentralización queda en cháchara", expresó.Añadió que, si el Ejecutivo no reglamenta y ejecuta la norma aprobada por el Congreso, iniciativas como las sedes alternas del Gobierno o los anuncios sobre mayor presencia institucional en las regiones quedarían reducidos a gestos simbólicos."La descentralización se da con transferencias económicas y entregándole responsabilidad a los territorios", puntualizó.Para el senador, la autonomía también implica asumir mayores responsabilidades por parte de las regiones."Cuando uno exige emancipación, tiene libertad y autonomía, pero también le caen encima unas responsabilidades. Es lo mismo que tiene que pasar con las regiones", explicó.Barranquilla como sede alternaFrente a la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de establecer una sede alterna del Gobierno en Barranquilla, Meisel manifestó su respaldo, aunque aclaró que la iniciativa no debe interpretarse como un traslado del centralismo desde Bogotá hacia otra ciudad."No podemos pretender que se cambie Bogotá por Barranquilla. Aquí se trata de descentralizar el Estado colombiano en todo el territorio nacional", afirmó.Asimismo, explicó que el mandatario puede despachar desde cualquier departamento sin necesidad de una reforma constitucional, aunque un eventual acto legislativo podría darle un marco jurídico permanente a la iniciativa.Finalmente, al referirse a la anunciada gerencia especial para Bogotá, el senador pidió prudencia antes de emitir juicios y descartó que, en principio, represente una invasión de las competencias del alcalde de la capital.Incluso sostuvo que Bogotá también ha sido afectada por el modelo centralista del país. "Aquí todos hemos sido víctimas, incluido Bogotá, del centralismo, que es mucho más grande que una situación geográfica. Se trata de una estructura de poder que poco a poco tenemos que empezar a salir de ella", concluyó.
Soacha dio un paso crucial para enfrentar dos de sus problemas más grandes: el crecimiento acelerado y la expansión de la informalidad en el municipio. Ante este panorama, la Administración Municipal lanzó oficialmente su Observatorio Urbano, una plataforma que integra y analiza datos del territorio en tiempo real, lo que permitirá tomar decisiones más acertadas y trazar la ruta hacia una “ciudad inteligente”.De acuerdo con la Secretaría de Planeación, la herramienta nace como respuesta a un vacío histórico: Soacha no contaba con centralización de datos ni información consolidada que permitiera orientar políticas públicas con precisión.El Observatorio reunirá información clave sobre movilidad, salud, espacio público, licenciamiento urbano, ambiente, infraestructura y emprendimiento. Todo con el propósito de encontrar mejores rutas para gobernar el municipio.¿IA tomará decisiones en Soacha? Así funcionará el Observatorio UrbanoMucho se ha especulado sobre si la inteligencia artificial terminará tomando decisiones en Soacha. Desde la Secretaría de Planeación aclaran que la herramienta no reemplazará funcionarios ni actuará de manera autónoma. Su función será procesar, cruzar y georreferenciar información para que las secretarías puedan anticiparse a problemas y planear con mayor claridad.El sistema utiliza tecnologías de análisis espacial desarrolladas junto a Esri Colombia, lo que permite identificar patrones del territorio y detectar fallas en licenciamiento, movilidad, uso del suelo y zonas críticas. La IA sirve como apoyo técnico, no como autoridad: ayuda a ordenar, pero no gobierna.Este acceso abierto a los datos también reduce la posibilidad de irregularidades y permite que los ciudadanos consulten información sin realizar filas interminables.Informalidad urbana en Soacha: el reto que impulsó la creación del ObservatorioEl Observatorio también se convierte en una herramienta para leer la informalidad urbana, uno de los problemas más profundos del municipio. Soacha enfrenta barrios que crecen sin norma, construcciones que no pasan por curaduría y una presión constante sobre vías, servicios públicos y espacio público.Los datos iniciales ya muestran señales:La Comuna 1 y el Corregimiento 1 concentran la mayor cantidad de metros licenciados para construcción.Las Comunas 3 y 4 presentan niveles muy bajos de licenciamiento, lo que podría reflejar desarrollos informales.Además, la Alcaldía planea usar la plataforma para enfrentar congestiones crónicas, mejorar la gobernanza y fortalecer la articulación entre entidades. La herramienta también está diseñada para conectarse con los estándares del catastro multipropósito y con la información de la Región Metropolitana, lo que facilitará la interoperabilidad con Bogotá y otros municipios.Decisiones basadas en datos: la apuesta de SoachaUno de los impactos más relevantes será en la ruta de inversión. Según Camacol Bogotá, el Observatorio será la primera fuente de análisis para determinar qué proyectos inmobiliarios son viables y bajo qué condiciones. Esto podría traducirse en mejor planeación, más orden y nuevas oportunidades económicas.Soacha enfrenta un momento determinante: seguir creciendo sin control o aprovechar los datos para construir un municipio más seguro, sostenible y equitativo.
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, junto a un grupo de veedores ambientales, está liderando una denuncia sobre un proyecto urbanístico en Dosquebradas, Risaralda, conocido como Bonaire.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, manifestó su preocupación por lo que está pasando en Dosquebradas. Y es que la controversia se centra en la presunta violación de normas de conservación y uso de suelo, ya que la construcción se está llevando a cabo en una de las pocas zonas verdes que quedan allí.La representante subrayó la necesidad de "repensar” cómo se están llevando a cabo las construcciones en las ciudades y municipios, porque muchas veces están quedando, según dijo, “puntos grises en medio de un paisaje hermoso del paisaje cultural cafetero”.La lucha ambiental y el déficit de espacio públicoLa zona afectada es una "zona verde, propiedad del municipio muy importante". Esta área se encuentra en el barrio Campestre D y es crucial, considerando que "Dosquebradas tiene 1.45 metros cuadrados por habitante”, espacio público, es decir, hace falta “muchísimo espacio público".Señaló que, además de ser un bien municipal, la zona cuenta con un guadual y está situada "al lado de una quebrada". Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esta área está definida como "zona de protección del recurso hídrico".A pesar de la presunta vocación ambiental del terreno, el proyecto implica la construcción de unos edificios, los segundos más altos de Dosquebradas, de hasta 16 pisos, de acuerdo con Giraldo.Este desarrollo está causando un impacto ecológico inmediato. Giraldo explicó que la fauna está siendo desplazada y los animales allí están “saliendo”, como serpientes, zarigüeyas, iguanas y otras especies que, añadió, están "desplazadas y desorientadas”.Aunque no han comenzado los edificios, la constructora está "moviendo tierra" y tumbando tanto "los árboles que había sembrado la comunidad" como "buena parte del guadual". Giraldo teme que hayan tumbado "más allá de lo que les habían dado permiso".La principal "suspicacia" radica en la forma en que se han gestionado los permisos en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial. Giraldo sostuvo que el POT actual, aprobado en 2024, define claramente esta zona como "una zona de protección ambiental del recurso hídrico".Inicialmente, el concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CDER) fue negativo, según aseveró la representante.“Los primeros permisos que otorgó la CDER no los otorgó, es decir, el concepto técnico de la CDER salió en contra, o sea, les dijeron: 'Ahí no se puede constituir'". Sin embargo, la situación cambió.Según la representante, esto se debe a que las autoridades optaron por remitirse a la normativa antigua. El POT anterior, de la primera generación del año 2000, "no tenían las consideraciones ambientales" adecuadas.Escuche la entrevista completa aquí:
En diálogo con Mañanas Blu, el concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, habló sobre el desencuentro entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá con respecto al ordenamiento territorial de la ciudad. Defendió la autonomía territorial que competen a las corporaciones municipales y a las instancias de planificación local. Manifestó su desacuerdo con los recientes lineamientos impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Susana Muhammad. A su juicio, estas directrices atentan contra la capacidad de los concejos y alcaldes para decidir sobre el uso del suelo y proyectos de desarrollo en sus territorios.La defensa de la autonomía territorial "Estamos aquí para enviar un mensaje claro: los municipios tienen la primera autoridad en materia de ordenamiento territorial. Esto es fundamental y no puede ser ignorado", afirmó Briceño. Subrayó que, aunque el Ministerio de Ambiente, tiene competencias para dictar lineamientos, estos no deben sustituir la potestad de las entidades locales a la hora de tomar decisiones cruciales que impactan a la comunidad. Impacto en proyectos de desarrolloAdicionalmente, Briceño advirtió sobre las consecuencias que estos lineamientos podrían tener sobre microempresas y proyectos en desarrollo. "Los lineamientos propuestos restringen actividades que son vitales para el crecimiento de la economía local. Proyectos como los de Lagos de Torca, que se encuentran en proceso de licenciamiento, podrían verse severamente afectados", expresó el concejal. Briceño también destacó la importancia de encontrar un balance entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Para él, no se trata de oponerse a las medidas ambientales, sino de buscar una transición que respete tanto los derechos adquiridos por los ciudadanos como la urgencia de preservar el entorno. "Debemos generar un marco normativo que permita avanzar hacia una Bogotá sostenible, sin desatender las necesidades de quienes viven y trabajan en estas zonas", concluyó.Escuche aquí la entrevista:
Para disminuir en este inicio de año los casos de estafa inmobiliaria, la captación ilegal de dinero, el loteo ilegal de predios y la publicidad engañosa, la administración distrital reforzó las medidas que se han venido tomando, pues hay alrededor de 60 puntos críticos identificados, siendo los corregimientos y el borde urbano rural las zonas más propensas al loteo ilegal.Una de las medidas, es la actualización de la plataforma Urbamed, para que las personas puedan denunciar estafas inmobiliarias de manera virtual. Según el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo, este año, las mesas técnicas permanentes entre el Distrito, la Fiscalía y la Policía investigan varias denuncias relacionadas con estafa y extorsión, siendo la principal problemática el loteo ilegal."Nos hemos encontrado con uno de los principales fenómenos al momento de la consecución del lote y es el fenómeno del loteo ilegal. ¿Y en qué consiste ese fenómeno? Y es que se ocupa, construye o se venden lotes privados o públicos sin los debidos permisos", explicó el funcionario.Otra de las estrategias para combatir estos delitos es el aplicativo Mapgis, que permite que los ciudadanos verifiquen el estado y características actuales de los predios. Además, se han venido utilizando drones para monitorear en tiempo real los procesos constructivos que no cumplan con la normatividad.Para evitar ser víctima de estafas inmobiliarias, el Distrito recomienda que antes de comprar un inmueble se revise el tipo de contrato que se va a suscribir. Además, en los contratos se debe exigir la póliza de garantía decenal que aplica para los proyectos radicados legalmente después del 1 de enero de 2022.Adicionalmente, se activaron nuevas líneas telefónicas que pueden consultarse en la página web de la Alcaldía de Medellín para que los ciudadanos denuncien presuntos casos de estafa inmobiliaria, o lo relacionado con obligaciones e infracciones urbanísticas.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió una alerta a raíz de su más reciente estudio con el apoyo de georreferencias del sistema ArcGIS de Esri Colombia y es que, según cifras, el panorama de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) están en un estado critico en Colombia, pues al menos el 74 % de ellos no están actualizados.Los departamentos con más POT vencidos son Boyacá (109), Cundinamarca (89), Antioquia (72), Santander (69), Cauca (39), Bolívar y Tolima (37 cada uno) y Valle del Cauca (35). En departamentos como Guaviare, Guainía, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada no hay ni un POT vigente y solo Cesar tiene más POT vigentes que vencidos (11 vs 10), según estas cifras del organismo.De acuerdo con Jorge Iván González, exdirector del DNP, esto es un problema para la sociedad colombiana al impedir el desarrollo urbano de un territorio, en especial desde un punto económico, social y ambiental.“El ordenamiento del territorio implica el agua, la violencia, la deforestación y la minería ilegal, entre otras cosas, y Colombia tiene grandes dificultades para lograr ese ordenamiento. La gran evolución está en la implementación del catastro multipropósito. Si se logra la meta del PND, de actualizar 660 municipios, se logrará un avance en el ordenamiento del territorio, y esto permitirá avanzar en los POT”, dijo.Y es que los planes de ordenamiento territorial son instrumentos establecidos por la ley 388 de 1997 para que municipios, departamentos y distritos puedan reestructurar el desarrollo urbano y modificar estrategias para lograr ese avance con una vigencia de 12 años, que muchos lugares han superado el tiempo límite."Gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que las entidades e instituciones del país pueden analizar la situación geográfica mediante la integración de datos geoespaciales, lo que permite tomar mejores decisiones en términos de gestión y ordenamiento territorial, explicaron en Esri Colombia.En resumen, según el estudio del IGAC, solo el 17.89 % de POTs nacional se encuentran en vigencia y desarrollo, mientras que el resto está en una situación crítica y problemática. Cabe recordar que este tipo de estrategias hacen parte también del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Después de sesiones fallidas, de desacuerdos y de críticas, finalmente el Concejo Municipal de San Gil aprobó el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, con el cual se entrega una hoja de ruta para la expansión que tendría la llamada ‘Capital Turística de Santander’ durante los próximos 15 años.Alexis Tibaduiza, secretario de Control Urbano e Infraestructura del Municipio, expresó que de acuerdo con los estudios realizados San Gil tiene 196 hectáreas de expansión, pero sólo se proyecta la utilización de 100 porque el resto están ubicadas en zona de protección ambiental y la idea es garantizar el cuidado especialmente de las fuentes hídricas.Las zonas que fueron aprobadas para los futuros proyectos de expansión en San Gil son las veredas Bejaranas y Ojo de Agua, así como el sector del Bella Isla donde precisamente funcionará una sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS.El alcalde Hermes Ortiz argumentó desde hace un buen tiempo que gran parte de los problemas que enfrenta el municipio se deben a la falta de planeación en el desarrollo y al incumplimiento de las normas establecidas en el documento vigente que se aprobó en 2003.No obstante, algunos de los concejales que estaban de acuerdo con un nuevo PBOT manifestaron que le hizo falta analizar temas cruciales para la comunidad.“San Gil necesitaba urgente el nuevo PBOT, pero yo no acompañé este proyecto porque no argumentaron temas como la reubicación de las casas de lenocinio que funcionan en el centro de San Gil. Además, me preocupa la certificación de servicios públicos que entrega Acuasan para la aprobación de este PBOT… solicitamos se nos expusiera la planificación, capacidad financiera y de infraestructura de la empresa para afrontar todas estas obras que se deben hacer para que lleguen los servicios de alcantarillado y acueducto a los sectores donde se convierten en urbano, y no se tuvo respuesta técnica, ni se dio el debate para explicar este tema”, expresó en medios locales el concejal Fabián Chaparro, quien votó de forma negativa.La votación final quedó con 8 votos a favor y cuatro en contra. Jimmy García, Julián Vargas, José Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Álvaro Bueno, Cindy Vargas, Juan Carlos Calderón y Fabián Aguillón aprobaron el proyecto; mientras que Fabián Chaparro, Camilo Villar, Pablo Sarmiento y Édinson Rangel votaron de forma negativa. El concejal Ciro Moreno no asistió a la plenaria.
El juzgado 4 administrativo de Bogotá declaró este jueves, 14 de diciembre, como nulos los artículos 21 y 129 del decreto 088 de 2017 del proyecto Lagos de Torca de la Alcaldía Mayor. Dichas iniciativas permitían que se pudiera urbanizar en el área entre la Autopista Norte y la franja de conexión ambiental, que conecta la Van Der Hammen y los cerros orientales.La demanda en contra de este articulado la interpuso María Fernanda Rojas, concejal de Alianza Verde, en 2019. Ella argumentó que en el proyecto Lagos de Torca, al permitir nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de conexión ambiental AP-2, se violaba las resoluciones 475 y 621 de 2000 del entonces Ministerio de Medio Ambiente; además el POT de Bogotá y la ley 388 de 1997.Sin embargo, cabe aclarar, que pese a esto el proyecto Lagos de Torca no va a parar, pues la obra contempla la expansión del norte de Bogotá por lo que dicha solución solo recae en la conexión ambiental. Por lo que el Distrito y sus promotores deberán replantear lo que se haga para conectar, restaurar y proteger los sistemas hídricos y corredores biológicos de la capital.Según el juez, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá vigente al momento de expedir el acto demandado señaló que todas las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de protección, y la prioridad es la preservación y conservación de la zona, por lo que, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse en ese tramo.Además, la decisión señaló que el Ministerio de Ambiente determinó que la zona coincidente entre la Autopista Norte; la franja de conexión y protección ambiental del norte conservaría la denominación de suelo urbano, pero simultáneamente, constituirían un área protegida, denominada AP-2.Esta es la sentencia del juzgadoLe puede interesar
La contaminación acústica también es un problema fundamental dentro de una sociedad, pues afecta diferentes áreas en la vida diaria de las personas, como el tema del sueño, pilar esencial para tener un buen rendimiento tanto en el trabajo como en el estudio.En ese sentido, se tramita en el Congreso un proyecto de ley contra el ruido que busca regular esta contaminación acústica y, para hablar sobre esto, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho, uno de los autores de esta iniciativa.“Las quejas vienen de todas las ciudades del país, que se ha vuelto un problema que tiene que ver con la convivencia, la salud física, la salud mental, es un problema grave que va más allá como de un capricho de algunos, como quieren decir”, detalló.El representante explicó que el proyecto lo que plantea son los lineamientos, las herramientas y los responsables sobre la contaminación acústica en el país. “Lo que vemos es que no hay una claridad normativa y de responsabilidades”, aseguró.Sobre el alcance del proyecto, los POT dentro de los barrios juegan un papel fundamental, por lo que Carvalho aseguró que la sana mezcla de usos que establece unos lugares de mixtura, pero no se están haciendo respetar las normas.“El hecho de que monten un bar no le da a ese bar vía libre para hacer cualquier ruido. Tenemos unas reglas de aislamiento acústico para bares, discotecas y almacenes y no se están cumpliendo y nadie las está haciendo cumplir. No se trata de crear normas nuevas, sino de darle a las autoridades herramientas para hacerlas cumplir”, puntualizó.Asimismo, hay otros escenarios ruidosos que preocupan a la ciudadanía y que también, argumenta el representante, se tienen en cuenta dentro del proyecto de ley, como el ruido de llamadas o celulares en aviones.“La gente hace llamadas sin ninguna precaución por los demás. No creo que tengamos que tener un policía sancionándonos al lado si estamos escuchando el teléfono a todo volumen. Hay un enfoque desde la cultura ciudadana que aborda el proyecto de ley de que nuestro ruido es nuestro y no tiene por qué molestar a los demás”, resaltó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Distrito, mediante el decreto 072, establecerá los mecanismos para asegurar el cumplimiento de obras como parques, vías y zonas verdes a cargo de urbanizadores. También aborda temas relacionados con la sustitución de zonas de uso público, la modificación de planos urbanísticos, el cambio de uso de las zonas o bienes de uso público, entre otras.‘’El nuevo decreto fue un requerimiento que surgió con la puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Territorial, señalando cómo se podían lograr estas nuevas directrices. De esta forma nació la necesidad de evaluar qué funcionaba, qué podía mejorarse o que debía empezar a implementarse en materia de generación y transformación del espacio público”, señaló Alejandra Rodríguez, directora del Dadep.El Decreto 072 también reglamentó la ‘declaratoria de espacio público’ que permitirá reconocer urbanísticamente esos entornos que no hacen parte de un plano, pero que por su uso han sido apropiados por las personas como vías, parques o plazoletas. Estas acciones, según el Distrito, harán posible los procesos de intervención, cuidado, mantenimiento o construcción en estos escenarios.Además, establece el procedimiento para la expropiación de terrenos ocupados de manera irregular, cuya condición debe ser justificada a través de expedientes jurídicos y técnicos. Igualmente, definieron los procedimientos que permitirá la delimitación de zonas verdes y comunales y zonas de manejo y protección ambiental.Puede ver:
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.