La vivienda turística se convirtió en uno de los puntos más polémicos de la propuesta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, pues mientras plataformas y sectores vinculados al alquiler de renta corta advierten sobre el impacto que tendría la nueva regulación, la Alcaldía sostiene que el objetivo no es prohibir la actividad, sino definir dónde puede desarrollarse como confirmó a Blu Radio, Luz Ángela González, directora del Departamento Administrativo de Planeación."La ciudad nunca ha tenido ni va a tener una política de prohibición plena. La regulación no es sinónimo de prohibición. Todas las ciudades regulan las actividades económicas en función de sus impactos, ya sean positivos o negativos, frente a esa vivienda. Entonces, no se trata simplemente como debenga, estamos prohibiendo o permitiendo una actividad, sino que la norma del uso del suelo nos establece dónde puede localizarse cada actividad", confirmó González.Hay que mencionar que la discusión se centra principalmente en que la vivienda turística habría generado, por ejemplo, el aumento de los arriendos en la ciudad. No obstante, un estudio de la Universidad Javeriana reveló que no hay relación directa entre ambos fenómenos como explicó la directora de posgrados en Economía, Ángela Fonseca."Listan sus sus propiedades en renta turística, precisamente en los lugares donde ya es caro el arriendo, que cuando ya se comparan cuadras muy similares, pero que solo se diferencian en si tienen o no vivienda turística, esa relación desaparece. Entonces, la presencia de viviendas turísticas en esa cuadra, pues, digamos, no no tiene un efecto sobre los precios de los arriendos", aseguró la académica.Pero si los expertos aseguran que los elevados precios de los arriendos no es la problemática a tratar, ¿cuál es el lío? Blu Radio consultó con expertos en el sector y la información es más que preocupante que una discusión por arriendos elevados: la actualización del POT podría generar que en el 87 % del territorio no esté permitido la vivienda turística.Según las proyecciones de algunos operadores turísticos, de cerca de 8.300 registros de viviendas de renta corta en la ciudad, cerca de 4.500 podrían quedarse a la deriva con las nuevas regulaciones que plantea la Alcaldía de Medellín.Sin embargo, Luz Ángela González confirmó que no todas las personas que hoy tienen licencia para tener un vivienda turística dejarán de ofrecer sus servicios debido a que los cobija la seguridad jurídica. Es decir, si con el nuevo POT una vivienda no podrá operar de manera turística, pero cumplía esas funciones legalmente con anterioridad, seguirá ejerciendo su actividad sin inconvenientes."Una persona que hoy tenía en media mixtura y nosotros, digamos, que ya no se va a permitir porque la zona quedó en baja, pero si está legalmente constituida, pues ya tiene un uso establecido. Entonces, nosotros se reconoce por la seguridad jurídica que debe tener. La transición para las personas que están legalmente constituidas y tiene una norma anterior a la que nosotros hoy estamos definiendo un plan de ordenamiento territorial continúa", insisitió la funcionaria.Asimismo, se hace una precisión que es importante: esto aplicaría a quienes tengan la actividad debidamente constituida y cumplan las normas correspondientes. Los inmuebles que actualmente funcionan incumpliendo las reglas de uso del suelo no adquieren ese mismo derecho y no podrían seguir con la actividad económica.De momento, las autoridades en la capital de Antioquia adelantan cruces de información para determinar cuáles viviendas cuentan con las condiciones requeridas y cuáles podrían estar operando irregularmente.¿Dónde se podrá ofrecer vivienda turística?La propuesta de la Alcaldía de Medellín plantea concentrar el servicio de hospedaje de renta corta —inferior a 30 días— principalmente en las denominadas zonas de alta mixtura. En términos sencillos, se trata de sectores donde existen servicios de hospedaje, discotecas, comercios a gran escala como, por ejemplo, alrededor de lugares como La 33 o La 10 y otros corredores viales.González también se refirió a otras zonas en donde se podrá desarrollar el negocio de la vivienda turística, toda vez que se harán polígonos alrededor del sistema de transporte masivo o puntos estratégicos para actividades de ciencia, tecnología e innovación."Un polígono, son dos manzanas alrededor de las estaciones, donde se va a permitir también esa alta mixtura y se va a permitir ese servicio de hospedaje. Ya tenemos unos polígonos al lado de universidades o de algunos sectores estratégicos donde queremos incentivar esas economías de ciencia, tecnología e innovación", explicó la directora.La intención de las autoridades es que el crecimiento de la vivienda turística se concentre en lugares con infraestructura, transporte y servicios adecuados, mientras se preservan sectores predominantemente residenciales.La directora de Planeación de Medellín le explicó a Blu Radio que la intención que tiene la Alcaldía es que estos lugares se conviertan en zonas en donde, incluso, se puedan construir nuevos proyectos habitacionales de vivienda turística según las normas establecidas por la ley."Pero lo que estamos diciendo es que usted ahí, pues, puede construir viviendas exclusivas para servicios de alojamiento, cumpliendo, pues, como la norma de edificabilidad. Los pisos, la densidad, en esa zona se puede realizar", sostuvo la directora.El temor de los propietariosPor su parte, sectores vinculados a las plataformas de alquiler de renta corta han manifestado preocupación por el impacto económico de la nueva regulación y han mencionado que la ciudad podría dejar de recibir millonarias cifras por ingresos fiscales, que solo para el 2025 fueron más de 500.000 millones de pesos.El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, explicó que lo que hoy se estudia no es una medida para prohibir, sino para poder regular la actividad económica que ha representado una medida importante para el crecimiento del turismo de la ciudad."Es importante aclarar que la revisión de mediano plazo del POT no está prohibiendo Airbnb, ni más faltaba ni la vivienda turística en Medellín. Sin embargo, hay que aclarar que su reconocimiento y habilitación como actividad turística no no significa que pueda localizarse de manera indiscriminada en cualquier lugar de la ciudad", manifestó de Bedout.Ante el miedo de cientos de personas, la Alcaldía de Medellín sostiene que la propuesta no pretende eliminar esa oferta, sino que las modelaciones realizadas dejan en evidencia que las áreas donde se permitiría el servicio de hospedaje tendrían capacidad territorial para albergar una oferta considerablemente mayor a la existente.Luz Ángela González aseguró en Blu Radio que las simulaciones apuntan a que podría habilitarse una capacidad cercana a 20 veces la oferta actual, aunque concentrada territorialmente."Vamos a proteger los barrios, vamos a proteger la familia, eso es una política, pero yo en ningún momento voy a prohibir, venga, yo te voy a localizar. Claro que la propuesta en ningún momento busca reducir esa capacidad de alojamiento en Medellín. Antes, por el contrario, muestran que la norma nos va a permitir, o vamos a habilitar casi que 20 veces, esa esa oferta, pero localizada", indicó la directora de Planeación.La discusión en Medellín no se limita entonces a cuántas viviendas turísticas podrá tener la ciudad, sino a dónde estarán ubicadas y cómo podrán coexistir con el resto de la ciudadanía.Residentes vs. actividad turísticaUno de los argumentos de la Administración Distrital es que el crecimiento de los alquileres de corta estancia también ha generado conflictos de convivencia en sectores residenciales, particularmente por situaciones relacionadas con ruido y otras actividades asociadas al turismo.La directora de Planeación de Medellín explicó que durante el proceso participativo del POT la Administración ha recibido posiciones tanto del sector turístico como de las comunidades, mientras que los empresarios y propietarios buscan conservar posibilidades de operación en diferentes sectores, algunos residentes han pedido una mayor separación entre las zonas destinadas principalmente a vivienda y aquellas con actividades turísticas."El tema de inspectores están desbordados. Entonces, es la comunidad diciendo, venga, no no me mezcle. Pues, lo 1º de un ordenamiento es entender la la situación geográfica. Medellín es un valle estrecho. Muchos usos, venga, localicémoslos en alta mixtura. Lo residencial, protejámoslo, y ahí solamente tema residencial", aseguró González.Ahora el debate lo deberá asumir el Concejo de Medellín y no será únicamente si se permite o no esta actividad, sino cómo se distribuye en el territorio, qué derechos conservan quienes ya operan legalmente y qué controles se aplicarán a los nuevos alojamientos que quieran entrar a la capital de Antioquia.
Comenzó en el Concejo de Medellín uno de los debates más importantes para el cabildo distrital de los últimos años y que definirá cual será el derrotero para el futuro urbanístico de la capital de Antioquia, ya que la Alcaldía de Medellín radicó la revisión de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial.La directora del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Luz Ángela González, explicó que el POT define cómo debe crecer la ciudad de forma ordenada dándole paso al progreso y la modernidad con calidad de vida para los habitantes, por lo que la iniciativa viene respaldada con un amplio proceso de socialización."Ha sido un proceso de más de dos años de trabajo técnico, jurídico y participativo. Durante este tiempo, se desarrollaron las etapas de diagnóstico y formulación, y recogimos muchos aportes de la ciudadanía a través de las diferentes rutas de participación", destacó la funcionaria.Para la administración distrital la meta con la revisión del POT es modernizar las normas de construcción, que estará ligado al desarrollo comercial y recreacional, así como al trazado de nuevas avenidas y calles para extender los sistemas de transporte.Así, la intención del alcalde Federico Gutiérrez es modificar el 80% del POT actual con el que se buscará habilitar suelo ara el desarrollo habitacional, en franjas como la del sector industrial de Guayabal, desde Industriales hasta Itagüí, o la del centro."Ahora iniciamos esta etapa en el Concejo Distrital, donde el proyecto de acuerdo será estudiado y discutido durante un periodo máximo de 90 días, a través de las comisiones de estudio, debate, sesiones plenarias y un cabildo abierto donde podrá participar la ciudadanía", añadió.Antes de ser presentada la iniciativa al cabildo distrital, la modificación al POT estuvo bajo estudios técnicos para el desarrollo del diagnóstico y redacción de un contenido base que fue sometido en fase de concertación ambiental y consulta ciudadana.El 20% del actual POT no se revisará, así está contemplado en la iniciativa de la Alcaldía de Medellín, y se mantendrá el modelo de ocupación, las áreas de intervención estratégicas y patrimoniales, la clasificación de los suelos y la delimitación de las zonas de protección.
La descentralización volverá a ocupar un lugar central en el debate político del país durante la nueva legislatura. Así lo anticipó el senador Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), quien afirmó que el reto no será únicamente trasladar funciones del Gobierno Nacional a las regiones, sino otorgarles verdadera autonomía administrativa, fiscal y presupuestal.Durante una entrevista radial, el congresista sostuvo que Colombia tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo de organización territorial más cercano a esquemas federales, en los que las regiones cuenten con mayores capacidades para definir su propio desarrollo."Los que creemos en este país desde la fuerza de sus regiones hemos estado esperando esta oportunidad o esta iniciativa de algún gobierno en los 200 años de vida republicana", afirmó Meisel al explicar su visión sobre el futuro del ordenamiento territorial.Aunque aclaró que se trata de una postura personal que deberá ser debatida con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso, señaló que su apuesta consiste en fortalecer las regiones antes que continuar creando nuevos departamentos y municipios.Según explicó, una de las tareas inmediatas de la Comisión será avanzar en la reglamentación de la denominada ley de competencias, norma que contempla un incremento gradual de las transferencias hacia los departamentos y que, a juicio del senador, constituye la base de cualquier proceso serio de descentralización.Meisel insistió en que la autonomía territorial no puede limitarse al discurso político si no viene acompañada de independencia financiera."Nada conseguimos con que la Constitución del 91 hubiese contemplado una posible organización político-administrativa del país a través de las regiones si esas regiones no tienen una autonomía financiera y fiscal. Usted es autónomo cuando es responsable de sus propios recursos", sostuvo.Menos burocracia y más inversiónEl presidente de la COT también planteó la necesidad de replantear la organización territorial del país para hacer más eficiente el gasto público.Recordó que la creación de nuevos departamentos respondió a necesidades de comunicación y administración propias de décadas pasadas, pero consideró que las condiciones actuales permiten pensar en un modelo basado en la integración regional."En vez de seguir fraccionando el territorio en más departamentos y más municipios, nuestra principal tarea tiene que ser agrupar los entes territoriales para que la platica de la inversión de la gente se vaya menos en funcionamiento y más en los proyectos que la gente necesita", afirmó.En ese sentido, propuso consolidar regiones con capacidad administrativa y presupuestal propia, capaces de generar economías de escala y optimizar la inversión pública.La ley de competencias, el gran examenDurante la entrevista, Meisel fue enfático en señalar que el verdadero examen para el discurso de la descentralización será la puesta en marcha de la ley de competencias."Tiene que avanzar, porque entonces todo el discurso de descentralización queda en cháchara", expresó.Añadió que, si el Ejecutivo no reglamenta y ejecuta la norma aprobada por el Congreso, iniciativas como las sedes alternas del Gobierno o los anuncios sobre mayor presencia institucional en las regiones quedarían reducidos a gestos simbólicos."La descentralización se da con transferencias económicas y entregándole responsabilidad a los territorios", puntualizó.Para el senador, la autonomía también implica asumir mayores responsabilidades por parte de las regiones."Cuando uno exige emancipación, tiene libertad y autonomía, pero también le caen encima unas responsabilidades. Es lo mismo que tiene que pasar con las regiones", explicó.Barranquilla como sede alternaFrente a la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de establecer una sede alterna del Gobierno en Barranquilla, Meisel manifestó su respaldo, aunque aclaró que la iniciativa no debe interpretarse como un traslado del centralismo desde Bogotá hacia otra ciudad."No podemos pretender que se cambie Bogotá por Barranquilla. Aquí se trata de descentralizar el Estado colombiano en todo el territorio nacional", afirmó.Asimismo, explicó que el mandatario puede despachar desde cualquier departamento sin necesidad de una reforma constitucional, aunque un eventual acto legislativo podría darle un marco jurídico permanente a la iniciativa.Finalmente, al referirse a la anunciada gerencia especial para Bogotá, el senador pidió prudencia antes de emitir juicios y descartó que, en principio, represente una invasión de las competencias del alcalde de la capital.Incluso sostuvo que Bogotá también ha sido afectada por el modelo centralista del país. "Aquí todos hemos sido víctimas, incluido Bogotá, del centralismo, que es mucho más grande que una situación geográfica. Se trata de una estructura de poder que poco a poco tenemos que empezar a salir de ella", concluyó.
Soacha dio un paso crucial para enfrentar dos de sus problemas más grandes: el crecimiento acelerado y la expansión de la informalidad en el municipio. Ante este panorama, la Administración Municipal lanzó oficialmente su Observatorio Urbano, una plataforma que integra y analiza datos del territorio en tiempo real, lo que permitirá tomar decisiones más acertadas y trazar la ruta hacia una “ciudad inteligente”.De acuerdo con la Secretaría de Planeación, la herramienta nace como respuesta a un vacío histórico: Soacha no contaba con centralización de datos ni información consolidada que permitiera orientar políticas públicas con precisión.El Observatorio reunirá información clave sobre movilidad, salud, espacio público, licenciamiento urbano, ambiente, infraestructura y emprendimiento. Todo con el propósito de encontrar mejores rutas para gobernar el municipio.¿IA tomará decisiones en Soacha? Así funcionará el Observatorio UrbanoMucho se ha especulado sobre si la inteligencia artificial terminará tomando decisiones en Soacha. Desde la Secretaría de Planeación aclaran que la herramienta no reemplazará funcionarios ni actuará de manera autónoma. Su función será procesar, cruzar y georreferenciar información para que las secretarías puedan anticiparse a problemas y planear con mayor claridad.El sistema utiliza tecnologías de análisis espacial desarrolladas junto a Esri Colombia, lo que permite identificar patrones del territorio y detectar fallas en licenciamiento, movilidad, uso del suelo y zonas críticas. La IA sirve como apoyo técnico, no como autoridad: ayuda a ordenar, pero no gobierna.Este acceso abierto a los datos también reduce la posibilidad de irregularidades y permite que los ciudadanos consulten información sin realizar filas interminables.Informalidad urbana en Soacha: el reto que impulsó la creación del ObservatorioEl Observatorio también se convierte en una herramienta para leer la informalidad urbana, uno de los problemas más profundos del municipio. Soacha enfrenta barrios que crecen sin norma, construcciones que no pasan por curaduría y una presión constante sobre vías, servicios públicos y espacio público.Los datos iniciales ya muestran señales:La Comuna 1 y el Corregimiento 1 concentran la mayor cantidad de metros licenciados para construcción.Las Comunas 3 y 4 presentan niveles muy bajos de licenciamiento, lo que podría reflejar desarrollos informales.Además, la Alcaldía planea usar la plataforma para enfrentar congestiones crónicas, mejorar la gobernanza y fortalecer la articulación entre entidades. La herramienta también está diseñada para conectarse con los estándares del catastro multipropósito y con la información de la Región Metropolitana, lo que facilitará la interoperabilidad con Bogotá y otros municipios.Decisiones basadas en datos: la apuesta de SoachaUno de los impactos más relevantes será en la ruta de inversión. Según Camacol Bogotá, el Observatorio será la primera fuente de análisis para determinar qué proyectos inmobiliarios son viables y bajo qué condiciones. Esto podría traducirse en mejor planeación, más orden y nuevas oportunidades económicas.Soacha enfrenta un momento determinante: seguir creciendo sin control o aprovechar los datos para construir un municipio más seguro, sostenible y equitativo.
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, junto a un grupo de veedores ambientales, está liderando una denuncia sobre un proyecto urbanístico en Dosquebradas, Risaralda, conocido como Bonaire.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, manifestó su preocupación por lo que está pasando en Dosquebradas. Y es que la controversia se centra en la presunta violación de normas de conservación y uso de suelo, ya que la construcción se está llevando a cabo en una de las pocas zonas verdes que quedan allí.La representante subrayó la necesidad de "repensar” cómo se están llevando a cabo las construcciones en las ciudades y municipios, porque muchas veces están quedando, según dijo, “puntos grises en medio de un paisaje hermoso del paisaje cultural cafetero”.La lucha ambiental y el déficit de espacio públicoLa zona afectada es una "zona verde, propiedad del municipio muy importante". Esta área se encuentra en el barrio Campestre D y es crucial, considerando que "Dosquebradas tiene 1.45 metros cuadrados por habitante”, espacio público, es decir, hace falta “muchísimo espacio público".Señaló que, además de ser un bien municipal, la zona cuenta con un guadual y está situada "al lado de una quebrada". Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esta área está definida como "zona de protección del recurso hídrico".A pesar de la presunta vocación ambiental del terreno, el proyecto implica la construcción de unos edificios, los segundos más altos de Dosquebradas, de hasta 16 pisos, de acuerdo con Giraldo.Este desarrollo está causando un impacto ecológico inmediato. Giraldo explicó que la fauna está siendo desplazada y los animales allí están “saliendo”, como serpientes, zarigüeyas, iguanas y otras especies que, añadió, están "desplazadas y desorientadas”.Aunque no han comenzado los edificios, la constructora está "moviendo tierra" y tumbando tanto "los árboles que había sembrado la comunidad" como "buena parte del guadual". Giraldo teme que hayan tumbado "más allá de lo que les habían dado permiso".La principal "suspicacia" radica en la forma en que se han gestionado los permisos en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial. Giraldo sostuvo que el POT actual, aprobado en 2024, define claramente esta zona como "una zona de protección ambiental del recurso hídrico".Inicialmente, el concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CDER) fue negativo, según aseveró la representante.“Los primeros permisos que otorgó la CDER no los otorgó, es decir, el concepto técnico de la CDER salió en contra, o sea, les dijeron: 'Ahí no se puede constituir'". Sin embargo, la situación cambió.Según la representante, esto se debe a que las autoridades optaron por remitirse a la normativa antigua. El POT anterior, de la primera generación del año 2000, "no tenían las consideraciones ambientales" adecuadas.Escuche la entrevista completa aquí:
En diálogo con Mañanas Blu, el concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, habló sobre el desencuentro entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá con respecto al ordenamiento territorial de la ciudad. Defendió la autonomía territorial que competen a las corporaciones municipales y a las instancias de planificación local. Manifestó su desacuerdo con los recientes lineamientos impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Susana Muhammad. A su juicio, estas directrices atentan contra la capacidad de los concejos y alcaldes para decidir sobre el uso del suelo y proyectos de desarrollo en sus territorios.La defensa de la autonomía territorial "Estamos aquí para enviar un mensaje claro: los municipios tienen la primera autoridad en materia de ordenamiento territorial. Esto es fundamental y no puede ser ignorado", afirmó Briceño. Subrayó que, aunque el Ministerio de Ambiente, tiene competencias para dictar lineamientos, estos no deben sustituir la potestad de las entidades locales a la hora de tomar decisiones cruciales que impactan a la comunidad. Impacto en proyectos de desarrolloAdicionalmente, Briceño advirtió sobre las consecuencias que estos lineamientos podrían tener sobre microempresas y proyectos en desarrollo. "Los lineamientos propuestos restringen actividades que son vitales para el crecimiento de la economía local. Proyectos como los de Lagos de Torca, que se encuentran en proceso de licenciamiento, podrían verse severamente afectados", expresó el concejal. Briceño también destacó la importancia de encontrar un balance entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Para él, no se trata de oponerse a las medidas ambientales, sino de buscar una transición que respete tanto los derechos adquiridos por los ciudadanos como la urgencia de preservar el entorno. "Debemos generar un marco normativo que permita avanzar hacia una Bogotá sostenible, sin desatender las necesidades de quienes viven y trabajan en estas zonas", concluyó.Escuche aquí la entrevista:
Para disminuir en este inicio de año los casos de estafa inmobiliaria, la captación ilegal de dinero, el loteo ilegal de predios y la publicidad engañosa, la administración distrital reforzó las medidas que se han venido tomando, pues hay alrededor de 60 puntos críticos identificados, siendo los corregimientos y el borde urbano rural las zonas más propensas al loteo ilegal.Una de las medidas, es la actualización de la plataforma Urbamed, para que las personas puedan denunciar estafas inmobiliarias de manera virtual. Según el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo, este año, las mesas técnicas permanentes entre el Distrito, la Fiscalía y la Policía investigan varias denuncias relacionadas con estafa y extorsión, siendo la principal problemática el loteo ilegal."Nos hemos encontrado con uno de los principales fenómenos al momento de la consecución del lote y es el fenómeno del loteo ilegal. ¿Y en qué consiste ese fenómeno? Y es que se ocupa, construye o se venden lotes privados o públicos sin los debidos permisos", explicó el funcionario.Otra de las estrategias para combatir estos delitos es el aplicativo Mapgis, que permite que los ciudadanos verifiquen el estado y características actuales de los predios. Además, se han venido utilizando drones para monitorear en tiempo real los procesos constructivos que no cumplan con la normatividad.Para evitar ser víctima de estafas inmobiliarias, el Distrito recomienda que antes de comprar un inmueble se revise el tipo de contrato que se va a suscribir. Además, en los contratos se debe exigir la póliza de garantía decenal que aplica para los proyectos radicados legalmente después del 1 de enero de 2022.Adicionalmente, se activaron nuevas líneas telefónicas que pueden consultarse en la página web de la Alcaldía de Medellín para que los ciudadanos denuncien presuntos casos de estafa inmobiliaria, o lo relacionado con obligaciones e infracciones urbanísticas.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió una alerta a raíz de su más reciente estudio con el apoyo de georreferencias del sistema ArcGIS de Esri Colombia y es que, según cifras, el panorama de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) están en un estado critico en Colombia, pues al menos el 74 % de ellos no están actualizados.Los departamentos con más POT vencidos son Boyacá (109), Cundinamarca (89), Antioquia (72), Santander (69), Cauca (39), Bolívar y Tolima (37 cada uno) y Valle del Cauca (35). En departamentos como Guaviare, Guainía, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada no hay ni un POT vigente y solo Cesar tiene más POT vigentes que vencidos (11 vs 10), según estas cifras del organismo.De acuerdo con Jorge Iván González, exdirector del DNP, esto es un problema para la sociedad colombiana al impedir el desarrollo urbano de un territorio, en especial desde un punto económico, social y ambiental.“El ordenamiento del territorio implica el agua, la violencia, la deforestación y la minería ilegal, entre otras cosas, y Colombia tiene grandes dificultades para lograr ese ordenamiento. La gran evolución está en la implementación del catastro multipropósito. Si se logra la meta del PND, de actualizar 660 municipios, se logrará un avance en el ordenamiento del territorio, y esto permitirá avanzar en los POT”, dijo.Y es que los planes de ordenamiento territorial son instrumentos establecidos por la ley 388 de 1997 para que municipios, departamentos y distritos puedan reestructurar el desarrollo urbano y modificar estrategias para lograr ese avance con una vigencia de 12 años, que muchos lugares han superado el tiempo límite."Gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que las entidades e instituciones del país pueden analizar la situación geográfica mediante la integración de datos geoespaciales, lo que permite tomar mejores decisiones en términos de gestión y ordenamiento territorial, explicaron en Esri Colombia.En resumen, según el estudio del IGAC, solo el 17.89 % de POTs nacional se encuentran en vigencia y desarrollo, mientras que el resto está en una situación crítica y problemática. Cabe recordar que este tipo de estrategias hacen parte también del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Después de sesiones fallidas, de desacuerdos y de críticas, finalmente el Concejo Municipal de San Gil aprobó el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, con el cual se entrega una hoja de ruta para la expansión que tendría la llamada ‘Capital Turística de Santander’ durante los próximos 15 años.Alexis Tibaduiza, secretario de Control Urbano e Infraestructura del Municipio, expresó que de acuerdo con los estudios realizados San Gil tiene 196 hectáreas de expansión, pero sólo se proyecta la utilización de 100 porque el resto están ubicadas en zona de protección ambiental y la idea es garantizar el cuidado especialmente de las fuentes hídricas.Las zonas que fueron aprobadas para los futuros proyectos de expansión en San Gil son las veredas Bejaranas y Ojo de Agua, así como el sector del Bella Isla donde precisamente funcionará una sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS.El alcalde Hermes Ortiz argumentó desde hace un buen tiempo que gran parte de los problemas que enfrenta el municipio se deben a la falta de planeación en el desarrollo y al incumplimiento de las normas establecidas en el documento vigente que se aprobó en 2003.No obstante, algunos de los concejales que estaban de acuerdo con un nuevo PBOT manifestaron que le hizo falta analizar temas cruciales para la comunidad.“San Gil necesitaba urgente el nuevo PBOT, pero yo no acompañé este proyecto porque no argumentaron temas como la reubicación de las casas de lenocinio que funcionan en el centro de San Gil. Además, me preocupa la certificación de servicios públicos que entrega Acuasan para la aprobación de este PBOT… solicitamos se nos expusiera la planificación, capacidad financiera y de infraestructura de la empresa para afrontar todas estas obras que se deben hacer para que lleguen los servicios de alcantarillado y acueducto a los sectores donde se convierten en urbano, y no se tuvo respuesta técnica, ni se dio el debate para explicar este tema”, expresó en medios locales el concejal Fabián Chaparro, quien votó de forma negativa.La votación final quedó con 8 votos a favor y cuatro en contra. Jimmy García, Julián Vargas, José Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Álvaro Bueno, Cindy Vargas, Juan Carlos Calderón y Fabián Aguillón aprobaron el proyecto; mientras que Fabián Chaparro, Camilo Villar, Pablo Sarmiento y Édinson Rangel votaron de forma negativa. El concejal Ciro Moreno no asistió a la plenaria.
El juzgado 4 administrativo de Bogotá declaró este jueves, 14 de diciembre, como nulos los artículos 21 y 129 del decreto 088 de 2017 del proyecto Lagos de Torca de la Alcaldía Mayor. Dichas iniciativas permitían que se pudiera urbanizar en el área entre la Autopista Norte y la franja de conexión ambiental, que conecta la Van Der Hammen y los cerros orientales.La demanda en contra de este articulado la interpuso María Fernanda Rojas, concejal de Alianza Verde, en 2019. Ella argumentó que en el proyecto Lagos de Torca, al permitir nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de conexión ambiental AP-2, se violaba las resoluciones 475 y 621 de 2000 del entonces Ministerio de Medio Ambiente; además el POT de Bogotá y la ley 388 de 1997.Sin embargo, cabe aclarar, que pese a esto el proyecto Lagos de Torca no va a parar, pues la obra contempla la expansión del norte de Bogotá por lo que dicha solución solo recae en la conexión ambiental. Por lo que el Distrito y sus promotores deberán replantear lo que se haga para conectar, restaurar y proteger los sistemas hídricos y corredores biológicos de la capital.Según el juez, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá vigente al momento de expedir el acto demandado señaló que todas las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de protección, y la prioridad es la preservación y conservación de la zona, por lo que, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse en ese tramo.Además, la decisión señaló que el Ministerio de Ambiente determinó que la zona coincidente entre la Autopista Norte; la franja de conexión y protección ambiental del norte conservaría la denominación de suelo urbano, pero simultáneamente, constituirían un área protegida, denominada AP-2.Esta es la sentencia del juzgadoLe puede interesar
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo (norte).El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.