La posibilidad de que viviendas destinadas al turismo compartan espacios con sectores residenciales continúa generando inquietudes entre habitantes de Medellín, quienes esperan que los cambios aprobados al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de mediano plazo estén acompañados de controles efectivos para evitar afectaciones a la convivencia y al costo de vida.
Aunque buena parte de los ciudadanos reconoce que esta actividad representa una oportunidad económica para la ciudad, también advierte sobre las consecuencias que puede tener su crecimiento cuando no existen mecanismos suficientes para regular el comportamiento de visitantes, propietarios y operadores.
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Entre las principales preocupaciones aparecen el ruido, la seguridad, las dificultades para mantener la tranquilidad en los edificios y el posible incremento de los precios de los arrendamientos.
Algunos consideran que las autoridades deben fortalecer tanto las campañas pedagógicas como las medidas sancionatorias frente a quienes incumplan las normas. La preocupación no se limita a la presencia de turistas, sino a las condiciones bajo las cuales se desarrolla esta actividad y su impacto sobre quienes residen permanentemente en los barrios.
"Esto del Airbnb, yo pienso que tal vez puede seguir siendo positivo en la medida en que al turista se le reeduque y se le diga que realmente esta no es una ciudad para delinquir", indicó un habitante del sur de la ciudad.
Uno de los principales desafíos está relacionado con la capacidad institucional para hacer cumplir las disposiciones urbanísticas. El POT vigente desde 2014 registra, según los datos expuestos durante la discusión, un nivel de ejecución cercano al 4 %, mientras persisten cuestionamientos sobre la vigilancia de construcciones y asentamientos en zonas de alto riesgo.
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"Que los extranjeros se limiten a ciertas cosas. Por ejemplo, esos lugares en los barrios de tanta bulla en Medellín, la mayoría de la gente es adulta, que buscamos un descanso, no buscamos tanto ruido y ahora se exageran en eso", relató otro habitante.
La revisión aprobada mantiene la posibilidad de que diferentes actividades convivan en determinados sectores, bajo condiciones de uso del suelo. La administración distrital ha señalado que busca proteger la vivienda residencial y ordenar la actividad turística, sin eliminarla, mediante una distribución diferenciada según las características de cada zona.
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En ese contexto, expertos y ciudadanos coinciden en que la efectividad del nuevo instrumento dependerá de la capacidad de las autoridades para supervisar su aplicación, identificar incumplimientos y responder oportunamente a las denuncias.