La expansión territorial de las estructuras armadas ilegales continúa generando preocupación en Antioquia, donde las autoridades advierten sobre el crecimiento de organizaciones criminales, el aumento de las extorsiones y la persistencia de economías ilícitas en distintas subregiones.
El panorama fue expuesto por parte de la propia Gobernación de Antioquia en respuesta al representante a la Cámara Simón Molina, en medio de la reciente aprobación en el Congreso de la ley de sometimiento, que busca establecer condiciones para la desmovilización y el ingreso de integrantes de estas estructuras a la justicia.
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Uno de los indicadores que más inquieta es el avance del Clan del Golfo, cuya presencia pasó de 45 municipios en 2022 a 94 actualmente. La variación representa un incremento del 74% y es la evidencia de la ampliación de su influencia en el territorio.
Las disidencias de las Farc también registraron un crecimiento en su alcance. Según el balance presentado, pasaron de tener presencia en 12 municipios a llegar a 21, una expansión del 75% durante el mismo periodo. Al respecto el gobernador Andrés Julián Rendón.
"No solamente crecieron en presencia infortunada en los distintos municipios de antioquia. Más de 100 municipios de los 125 tienen presencia de algún grupo armado ilegal por cuenta del salvoconducto para el crimen que supuso las distintas gabelas establecidas por el gobierno anterior", añadió el mandatario.
A este panorama se suma el comportamiento de la extorsión, que aumentó un 56,8 %, al pasar de 5.350 a 8.390 casos. El incremento representa una presión adicional para comerciantes, transportadores, empresarios y comunidades que enfrentan las exigencias económicas de grupos armados.
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La situación también está relacionada con la persistencia de los cultivos ilícitos. Antioquia registra 17.163 hectáreas de coca, una cifra que, según la información entregada, se mantiene sin variaciones y concentra el 97% de estos sembrados en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste.
Valdivia, Tarazá, Anorí y Cáceres aparecen como municipios especialmente afectados por la consolidación de economías ilegales y la presencia de estructuras armadas. El congresista Molina se mostró confiado en una reversión del panorama a partir de los nuevos instrumentos legales.
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" La Paz Total lo único que dejó fue fortalecimiento, beneficios y garantías para los criminales. Pero con la ley de sometimiento vamos a cambiar este enfoque. Ahora los criminales se tienen que someter a la justicia, se tienen que someter al Estado, tienen que entregar los bienes, tienen que desmovilizar sus estructuras", sostuvo el representante a la Cámara por Antioquia.
Autoridades en el departamento indicaron que avanzan en acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa para contener la expansión territorial, reducir las extorsiones y recuperar el control institucional en zonas donde la población continúa enfrentando graves consecuencias por la violencia.