El comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, general Juan Carlos Correa Consuegra, habló en Mañanas BLU de la operación que dejó 11 muertos en el caserío Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo. El oficial respondió a los cuestionamientos que catalogan la acción como un "falso positivo" y aseguró que no había civiles en el momento de los disparos. "Población civil no había. El primer día había aproximadamente unas 300 personas. Estamos observando y no se discutió ninguna operación por el riesgo, al segundo día ya había 100, porque algunos vendieron o compraron sus actividades, se habían ido. Nuestros hombres estaban vigilando, como lo reportan en sus comunicaciones. Al otro día, a las 6:40 de la mañana no había población civil, no combatientes. Estábamos observando", sostuvo el oficial. De acuerdo con la versión del Ejército, a las 6:40 de la mañana del 28 de marzo, uno de los puntos de vigilancia y observación detectó a tres personas con armamento, vestidos de civil, pertenecientes a la estructura. "Están ahí y alistándose a salir, en el embarcadero, en un área que queda a un lado del caserío, no dentro, sino en el borde de río. Se ve que están listos para salir, que están armados y se convierten en un blanco lícito", declaró el oficial. El comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército aseguró que el operativo en el caserío Alto Remanso de Puerto Leguízamo se desarrolló en el marco del derecho internacional humanitario, "que está precisamente diseñado para actividades armadas en contra de estos grupos ilegales (...) Aquí no estamos hablando de matar, sino de cumplir un mandato constitucional". El general Correa Consuegra aseguró que en el combate que se produjo primó la protección de la población y que las labores de inteligencia se extendieron durante tres días, lapso en el cual se identificaron claramente las actividades que se desarrollaban en el lugar. "Son unas actividades ilícitas que realiza la estructura ilegal 48 para obtener y comprar la pasta base de coca de los pobladores que tienen ellos cultivando, para llevarlo a los laboratorios. Si hablamos específicamente del sitio Alto Remanso, durante toda la inteligencia se pudo identificar que en el mes de enero, febrero y marzo, de este año, en cada uno de los sitios se hicieron más de cinco actividades de esas ilícitas. La población lo ve o lo muestra como un bazar, pero hay que entender que ahí hay un ciclo vicioso del narcotráfico", dijo el oficial. "Llegamos al área del objetivo a buscar la presencia de ese grupo armado, estuvimos tres días observando para diferenciar los combatientes de los no combatientes. Sí hubo esas actividades. Nosotros lo vimos, en algunos medios se ve, de uno de nuestros hombres que hizo la vigilancia, donde se observa a un miembro de la estructura armada y se ve claro que tiene un fusil con mira y está vestido con prendas civiles y que en ese mismo punto pasa una mujer tras un menor. Precisamente eso demuestra que nosotros, aparte de ver la estructura y si hay población civil, nosotros no actuamos", agregó. De acuerdo con las Fuerzas Militares, quien animaba la actividad deportiva reconoció que había un equipo de "Comandos de frontera" al que se le pidió asistir a la cancha de fútbol pues de otra manera perderían por 'W'. "En las mismas actividades ellos son conscientes de que están jugando un partido con un grupo ilegal. No se hace absolutamente nada", afirmó el general Correa.
El Ejército reveló el prontuario que les permitió identificar y registrar a los 11 supuestos disidentes que fallecieron en el operativo militar que se llevó a cabo en la caseta comunal de la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo.Además, el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional, reiteró por medio de un pronunciamiento que el operativo fue una acción militar conjunta, planeada dentro de la doctrina militar y las normas del derecho internacional humanitario; asimismo, reiteró que se trató de una acción totalmente legítima.“Toda operación militar parte del derecho internacional humanitario. Nuestra misión en esa operación fue muy clara: neutralizar el sistema criminal de una comisión armada, autodenominados comando de frontera, y no otra”, dijo el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.Finalmente, el general Zapateiro también dijo en su pronunciamiento que la evidencia recogida se llevó a cabo en el lugar de los hechos.En el registro fotográfico se puede ver a cada persona, posiblemente identificada, y se muestran con fotos, cargo, consulta sometida y fuente humana.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
Continúa la polémica por los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, en los que, según el Ejército, en medio de un operativo militar, fueron abatidos varios integrantes de las disidencias de las Farc.BLU Radio conoció, 14 días después de los sucesos, un testimonio de un hombre en Pasto que asegura que su hijo no era integrante del grupo ilegal."A mi hijo lo mataron 30 minutos después de la balacera. Lo mataron yendo para mi casa, por eso me lo levantaron y lo llevaron a otro lugar cuando llegó el CTI. Hay mucha mentira, decir que les dispararon desde la frontera eso es una vil mentira, los hombres ya estaban muertos", relató el padre de familia.Lea también:"Yo estaba a 200 metros de la caseta donde se realizaba el bazar de la comunidad, cuando a las 7:00 de la mañana del lunes 28 de marzo escuché los primeros tiros y de inmediato me refugio en mi casa", recordó el padre, afirmando, además, que intentó ir a buscar a su hijo pero unos hombres, vestidos de camuflado, se lo impidieron."Reconocí el cuerpo de mi hijo que ya estaba arrumado junto a los otros 10 cadáveres y pregunté porqué le habían disparado a personas inocentes y uno de los militares contestó que todos eran guerrilleros", aseveró.La polémica se ha generado debido a que la comunidad del sector asegura que, en el lugar donde dice el Ejército se adelantó el operativo, se realizaba, en ese momento, un bazar que buscaba reunir recursos económicos para la construcción de un 'placa huella'.Por otra parte, Oscar Daza, coordinador de derechos humanos y de paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), calificó días atrás el operativo del Ejército como “otro falso positivo más” y aseveró que fue "una masacre".Ante los hechos, ocurridos el pasado 28 de marzo, la comunidad de la vereda Alto Remanso pide a la Fiscalía General de la Nación que entregue, de manera inmediata, un informe y que no se dilate más este proceso.Escuche esta noticia en Meridiano BLU:
El presidente Iván Duque, de visita a Nueva York, se refirió al cuestionado operativo del Ejército en el caserió Alto Remanso de Puerto Leguízamo (Putumayo) que dejó 11 muertos, que según el Ministerio de Defensa eran disidentes, pero que la comunidad del lugar asegura que se trató de civiles indefensos asesinados. "Es importante tener que esa operación tenía planificación. Tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas, miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Entonces se procedió con una información clara. Hubo un intercambio de disparos. Hay miembros heridos de la fuerza pública y se ha obrado con todos los protocolos", sostuvo el mandatario a la pregunta hecha por el corresponsal de Blu Radio, Carlos Albino. Según Duque, la Fiscalía general de la Nación, después de los hechos, procedió con los actos urgentes y toda la investigación correspondiente. El presidente aseguró, además, que el ente investigador conocía de la presencia de ilegales en el sitio. "La información que valida el trabajo operacional el país la está conociendo. También esperamos que el dictamen propio de la Fiscalía, con los tiempos que deben surtirse al interior del ente investigador. Lo cierto es que el actuar de la fuerza pública ha sido conforme a todos los protocolos de uso de fuerza y de conformidad también con el derecho internacional humanitario", declaró el mandatario. Comunidad contradice versión oficialContrario a la defensa del Gobierno al operativo, llevado a cabo el pasado 28 de marzo, habitantes de la zona aseguran que se trató de una masacre de civiles inocentes, e incluso de un nuevo caso de "falsos positivos", más que de un procedimiento militar contra las disidencias.Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.El Ejército se ha reafirmado en las últimas dos semanas en la versión de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las Farc en el que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias 'Bruno', parte de la comisión financiera del comando de frontera de la llamada Segunda Marquetalia. Escuche las declaraciones de Iván Duque desde Nueva York, a propósito de los cuestionamientos contra el operativo del Ejército en Putumayo:
El operativo del Ejército llevado a cabo el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso de la población de Puerto Leguízamo, Putumayo, es centro de polémica y nuevos cuestionamientos tras la revelación de una investigación de Noticias Caracol que reconstruyó la forma en que murieron 11 personas, a quienes el Ejército señala de disidentes abatidos, mientras la comunidad del lugar asegura que se trató de civiles asesinados a sangre fría por militares. En Mañanas BLU, Gladys Rojas, madre de Dídier Hernández, una las víctimas, dio su testimonio sobre lo acontecido. Sobre el caso también se pronunció el líder campesino Éder Sánchez. "El operativo hizo una masacre a gente campesina, no a grupos al margen de la ley, fue una masacre a un grupo de campesinos. les faltó hacer las cosas bien para decir que eran guerrilleros. No había guerrilleros, era pura gente civil en un bazar. Entre todo ese montón de campesinos no había personas armadas. Incluso mi nuera tenía dos meses de embarazo", sostuvo Gladys Rojas. "Mi hijo era el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda de Alto Remanso. Estaba a cargo del bazar que se estaba haciendo en ese sector. Estaba con su esposa porque las mujeres trabajaban por turnos para la venta. El bazar lo organizaron siete comunidades, Se recogía presupuesto para trabajar en los caminos veredales, para la comunicación las veredas hacia este sector", agregó. Según Rojas, la citación al bazar la hizo la propia comunidad representada en la directiva de la Acción Comunal de Alto Remanso y desde el 14 de marzo se había cursado la invitación. La mujer aseguró que no es cierto, como se afirma desde la versión del Ejército, que los participantes fueran obligados a acudir al lugar de los hechos. Además, negó que en el lugar hubiese personas armadas. "La vereda es una comunidad a la orilla del río. Ahí no hace presencia ninguno (grupo armado). Yo estuve allá en diciembre. Llegaron hombres de negro y empezaron los disparos cruzados, la gente se escondía, corría, todos miraron que eran hombres de negro. Hay testigos que dicen que miraron desde la casa cuando empezó la balacera. Una menor de edad mira y dice que les tiraron ropa y se la pusieron encima", declaró Gladys Rojas. Gladys Rojas aseguró que los cuerpos de las víctimas fueron manipulados, "porque los arrastraron de donde estaban".Por su parte, Éder Sánchez, líder de la Asociación de Campesinos del Putumayo, aseguró que hasta el momento hay más preguntas que respuestas acerca del operativo del Ejército Nacional y criticó que el Gobierno guarde silencio frente a las denuncias. "Cada vez se recogen más testimonios, pese a que tanta militarización no permita que las personas pueden expresarse de manera libre y voluntaria. Hay miedo y zozobra de lo que realmente aconteció. Ya son 15 días y en lo que hemos podido verificar, tanto en terreno como por fuera, porque salió mucha gente desplazada, es que la situación es cada día más crítica. Consideramos en que en este país no hay garantías para este tipo de investigaciones", declaró Sánchez, quien criticó la demora de la Fiscalía en pronunciarse sobre los hechos.
Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, habló en Mañanas BLU sobre el operativo militar del Ejército en el caserío El Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 11 muertos, los cuales según el Gobierno eran disidentes, pero que la comunidad sostiene que eran población civil.“Tenemos muchas dudas de que la versión oficial del Ministerio de Defensa y las fuerzas militares sea la más coherente. Al segundo día de haber pasado los hechos salieron versiones no oficiales de organizaciones sociales y de víctimas diciendo que lo aconteció no fueron enfrentamientos, combates, ni siquiera una refriega, sino que fue un asalto de la fuerza pública, que en principio se hizo pasar por guerrilla”, declaró Sánchez.De acuerdo con la directora de la Asociación Minga, hay denuncias que señalan a integrantes de la fuerza pública que cambiaron sus vestimentas una vez se produjeron los hechos.“Dicen que hubo al menos 40 hombres que se hicieron pasar por la guerrilla, que venían con camisetas negras y pantalón verde, que se cambiaron ese vestido y se pusieron el camuflado oficial del Ejército. Algunos se fueron en helicóptero, otros se quedaron. La conclusión es que aquí no hubiese un grupo ilegal que se haya enfrentado con el Ejército y la Armada.”, afirmó Sánchez.“Fue una operación donde llegó el Ejército y la Armada, empezaron a disparar por todos lados y varias personas que estaban en la festividad murieron. Después hicieron allanamientos, se metieron a las casas”, agregó la vocera de la Asociación Minga.
BLU Radio conoció varias fotografías, que ya están en poder de una comisión judicial, en las que se puede apreciar cómo quedó el establecimiento donde se realizó el bazar en la vereda El Alto Remanso, zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el bajo Putumayo, en donde once personas murieron en confusos hechos ocasionados en un operativo militar.En las fotografías se puede apreciar una edificación en construcción que fue acondicionada para la realización de ese evento social y, en el suelo, gran cantidad de latas de cerveza. Además, una de sus mesas quedó con muchas manchas de sangre, la camisa de alguno de los habitantes.Según pudo establecer BLU Radio, estas fotografías hacen parte de las pruebas que recogió una comisión de la Fiscalía que por más de tres días estuvo en el lugar para tratar de establecer qué fue lo que sucedió, verdaderamente, en ese establecimiento, en el que once personas murieron en una confusa operación militar contra integrantes de las disidencias de las Farc.Lea también:Un vocero de la comunidad, que pidió el anonimato, dijo a los investigadores que ese día, en el establecimiento comercial departían alegremente más de 100 personas, y que cuando escucharon los primeros disparos, comenzaron a correr sin rumbo fijo, buscando únicamente poner su vida a salvo.En otro documento que fue entregado por la misma comunidad a los integrantes de la comisión judicial se puede leer claramente la invitación que hizo la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso al bazar a realizarse los días 26 y 27 de marzo, con remate, dice el texto, el lunes 28 de marzo.Escuche más noticias:
La Fiscalía aseguró este miércoles que el Ejército no detuvo a cuatro personas, como lo había dicho la autoridad militar, en una polémica operación en el sur de Colombia en la que murieron 11 personas que según el Gobierno son disidentes de las FARC y no civiles, como ha denunciado la comunidad.La Fiscalía señaló que tras la operación "solo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado" y agregó que "el componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo".El presidente Iván Duque informó el lunes de la semana pasada que "se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (en el departamento de Putumayo)", entre ellos una mujer embarazada.Sin embargo, la Fiscalía expresó el miércoles que "no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías", por lo cual los "detenidos" están en libertad.Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, recordó este miércoles que el ministro de Defensa, Diego Molano, también dijo que "habían 'capturado' a cuatro criminales"."La verdad: no hubo capturados. Los cuatro heridos fueron llevados a una clínica. Nunca se les hizo un procedimiento de captura. Tres ya tienen el alta médica y están todos libres", expresó Pappier en Twitter.Frente a lo dicho por la Fiscalía, el ministro Molano no respondió ni tampoco profundizó sobre la suerte de los supuestos cuatro detenidos.OPERACIÓN LEGÍTIMALas denuncias que han llegado de la zona de la operación desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, e incluso de un nuevo caso de "falsos positivos", más que de un operativo militar contra las disidencias.Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.Al respecto, el ministro Molano volvió a defender este miércoles la actuación del Ejército y aseguró que se trató de una "operación legítima que fue planeada por más de cinco meses, con información"."Es una operación legitima porque como ustedes van a ver se operó con todos los protocolos nacionales e internacionales de doctrina (...) Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública", agregó el ministro en una rueda de prensa en Bogotá.En esa línea, Molano aseguró que para ejecutar esta operación se evidenció "una necesidad militar" porque las disidencias atacadas, vinculadas a la conocida Segunda Marquetalia, son una amenaza para las comunidades del Putumayo."Putumayo es uno de los departamentos más afectados por los cultivos ilícitos (...). Esta operación buscaba afectar una estructura que estaba generando desplazamiento forzado", recalcó.El Ejército se reafirmó además en su relato de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las FARC en el que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias "Bruno", parte de la comisión financiera del comando de frontera de la llamada Segunda Marquetalia.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
La Procuraduría General de la Nación pidió un informe preciso al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, acerca de la operación militar realizada el pasado lunes 28 de marzo en la vereda El Remanso del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). La solicitud se hizo tras la denuncia de que los muertos serían campesinos y no disidentes de las Farc.En la carta, el Ministerio Público enfatizó que ha recibido información de la comunidad en las que señala que las personas heridas y fallecidas en medio de esta operación no serían integrantes del GAO- Residual 48, sino civiles de la comunidad.De acuerdo con la fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado de Putumayo, Piamonte Cauca, Cofanía Jardines de Sucumbíos Ipiales-Nariño, las personas dadas de baja en esta operación, serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena, así como cadáveres desaparecidos.La información, según la Procuraduría, es diferente a la que presentó el Ejército y el Ministerio de Defensa a la opinión pública.La entidad pidió la siguiente información acerca del caso:1. Copia de la orden de operaciones que soportó el desarrollo de la operación militar el pasado 28 de marzo de 2022 en el área de la vereda El Remanso, municipio de Puerto Leguízamo.2. Copia del informe operacional rendido en el marco del despliegue militar del pasado 28 de marzo de 2022 en el área de la vereda El Remanso, municipio de Puerto Leguízamo.3. Informe de muertes en desarrollo de esta operación militar, heridos, recuperados, desmovilizados, desvinculados y/o sometidos, incautaciones de material de guerra, intendencia, comunicaciones y demás información relacionada con los resultados sobre la misma.4. Se informe si por los hechos relacionados la Inspección General de las Fuerzas Militares o alguna unidad militar, realizó la apertura de indagación preliminar o investigación disciplinaria.La Procuraduría solicitó que la respuesta se presente, a más tardar, el próximo viernes a las 2:00 de la tarde.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
Argemiro Hernández, padre de Didier Hernández, uno de los fallecidos en la operación militar efectuada el pasado lunes, 28 de marzo, en Puerto Leguízamo, Putumayo, dijo que su hijo no tenía nada que ver con grupos armados y que era presidente de la junta de acción comunal de la vereda Remanso.Argemiro argumentó que las personas estaban reunidas en ese momento por un bazar para recaudar fondos en pro de las comunidades, evento que había empezado el pasado viernes y, su hijo estaba ahí por su función como presidente de la junta, cargo que habría ganado por elección popular.En el bazar se vendió comida y alcohol; recaudaron más de 10 millones de pesos, dinero que tras el ataque del Ejército fue incautado por parte de los miembros de la fuerza pública.“En el momento él estaba con puestos de comida con la esposa, que también murió, vendiendo empanadas y sancocho. La plata que están mostrando como de narcotráfico, que estaba allí, que son 10.500.000 pesos, es de pura comida del bazar. Él era el presidente y a él le daban la plata”, dijo.Añadió que en el momento del ataque había unas 70 personas tomando trago y festejando cuando entraron hombres armados disparando indiscriminadamente.Hernández también dijo que el video que reveló el ministro de Defensa no es de la zona y hace parte de "un montaje".“Tres días la gente tomando trago, eso debería estar lleno de envases. Eso no aparece en el video porque es un montaje. El video no corresponde en nada con la actividad que se estaba realizando ahí”.Hernández manifestó que su hijo se dedicaba a construir casas en madera, pero que no tenía nada que ver con cultivos ilícitos.“A mi hijo lo asesinaron de un tiro de gracia. A la esposa de él le pegaron un tiro en las piernas y se desangró. Un señor lo auxilió, cuando se devolvieron a matarlo, él se lanzó al río”, relató.Escuche la entrevista a Argemiro Hernández en Mañanas BLU:
La expectativa que hoy tiene la industria de energías renovables en Colombia es cerrar el 2024 con 22 proyectos en operación, de los cuales 13 ya están inyectando energía al sistema y otros nueve entrarían a operar a final de año para atender a un total de 2.5 millones de colombianos.Lo anterior son pasos significativos, pero el avance podría ser aún mayor si no fuera porque un proyecto de energías limpias "se está demorando de 3 a 6 años en entrar en operación y el 70% del tiempo se va en trámites", como lo expuso Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la asociación de empresas de energías renovables SER Colombia."Se necesita mejorar algunos temas y procesos en los tiempos de trámites, no solo relacionados con temas ambientales, sino también con temas de conexión al sistema de transmisión y varios de los temas regulatorios asociados a mecanismos de comercialización que apoyan el cierre financiero de los proyectos y eso es indispensable en estos momentos", expresó la presidenta.Así, Hernández aseguró que hoy un "desafío importante para el país es fortalecer a todas las autoridades para que tengan la capacidad de evaluar los proyectos que vienen con nuevas tecnologías y, a su vez, que tengan el conocimiento y las reglas claras de cuáles son los impactos que estos generan".Indicó que, a comienzos de año, la industria de energías renovables tenía una capacidad instalada de 500 megavatios para atender entre 700.000 y 1.000.000 de habitantes. A final de año, la meta es atender el consumo de 2.5 millones de habitantes con energía limpia y competitiva, a través de 22 proyectos en marcha.
El senador nortesantandereano, Jorge Castellanos, citó a debate de control político al Invías y a los ministerios de Transporte y Ambiente para que respondan por el mal estado de la Vía La Soberanía, una importante arteria vial que conecta a los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca y Boyacá.“La vía de La Soberanía hoy, es una vía históricamente abandonada por este gobierno, y no sólo por este gobierno, por todos los gobiernos anteriores, y por eso en esta vía todos los días tenemos accidentes, tenemos muertos, todos los días sufren los camioneros por el mal estado de la vía, sus vehículos se ven averiados y tienen que dormir en la carretera y es algo que les causa muchas problemáticas”, dijo el senador de la República Jorge Castellanos.Ante el mal estado de la vía que une a cuatro departamentos del país el Instituto Nacional de Vías, Invías, se comprometió en medio de un debate de control político a adelantar vigencias futuras para que en estos dos años que vienen se puedan hacer trabajos de pavimentación en la vía, esto después de que el senador Castellanos solicitara la intervención de la carretera que en muchos sectores ni siquiera está pavimentada, por las pérdidas que están teniendo los transportadores.“Para poder sacar los enfermos de Saravena, de Gibraltar, de la Mesa, de sectores cercanos es muy complicado por el mal estado de la vía, es una vergüenza, por eso yo creo que hoy levantamos la voz, enérgicos, convencidos de que el trabajo mancomunado nos va llevar al éxito en este proceso”, explicó el senador Castellanos.Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura explicara que, atenderá los arreglos que requiere la vía, el senador Castellanos manifestó que el debate fue fructífero ya que el Ministerio de Transporte en cabeza del Invías, para pavimentar la vía con dineros de vigencias futuras.“Nos quedan muchos años de lucha, nos quedan muchos años de trabajo, entendemos que este contrato tiene una vigencia hasta el 2030 pero tenemos que tener la fe puesta de que cada año, con el trabajo de las veedurías, con las Juntas de Acción Comunal, las comunidades de todo este corredor vial tenemos que ejercer presión en el movimiento social, en los movimientos políticos para poder ver pavimentada la vía de la Soberanía”.
Este viernes, 19 de abril, será día cívico en Colombia luego del anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro. Pese a lo decretado por el Gobierno nacional, en Bogotá algunas actividades se mantendrán sin novedades y esto incluye el pico y placa en la capital.Pico y placa en BogotáDesde la Secretaría de Movilidad confirmaron que la medida de restricción para vehículos particulares continuará sin novedades. De esta manera, el pico y placa operará desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.Los vehículos que podrán circular son aquellos que tengan placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que los que no podrán transitar serán los que terminados en los números 6, 7, 8, 9 y 0.¿Qué dice el alcalde?El mandatario Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X, señaló que un día cívico no es suficiente para el ahorro de agua y energía que necesita la capital. Indicó que son hábitos que se deben implementar diariamente por parte de los ciudadanos para cumplir con las metas de mejorar los niveles de los embalses que abastecen a Bogotá.También informó que los colegios, tanto públicos como privados, seguirán su calendario y prestarán sus servicios educativos a todos los estudiantes.Además, la administración operará con normalidad para prestarle los servicios a los ciudadanos, según lo requieran."Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos sus servidores públicos dedicados a lograr la reducción en el consumo de agua y a los ciudadanos poniendo de su parte por el bien común", añadió el alcalde.Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos que se queden en casa para ahorrar agua al momento de bañarse, no realizar lavado de fachadas y no acumular agua de no ser necesario y, en caso de tener el turno de racionamiento, solo almacenar lo necesario.
Cali recibió una donación de 1.3 millones de dólares por parte de la cooperación internacional, que serán invertidos en distintos proyectos que permitan la transformación de la ciudad.Así lo confirmó el alcalde Alejandro Eder quien indicó que estos recursos se lograron gracias a la gestión que se ha realizado con organizaciones internacionales.“El mundo nos está mirando y ya están invirtiendo en nuestra ciudad, de los cerca de 1.3 millones de dólares, el 53 % los recursos se han utilizado en proyectos medioambientales. Además, quiero que no quepa la menor duda de que la COP16 ha representado una oportunidad de oro para que diferentes países inviertan su conocimiento y capacidad en nuestra ciudad”, resaltó el Alcalde de Cali.Según se pudo conocer, el 53% de los recursos de cooperación fueron movilizados hacia el sector medioambiental, seguido del sector social con un 18%, mientras que el sector salud cuenta con donaciones del 13 %.El porcentaje restante está distribuido en la gestión del riesgo, la seguridad, la planeación de la ciudad y el turismo. Las cifras y porcentajes se traducen en la financiación de proyectos estratégicos, especialmente el alistamiento para la COP16.Entre los mayores cooperantes de la Alcaldía de Cali durante este periodo se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo, el sistema de Naciones Unidas, Estados Unidos, países de la Unión Europea, Corea del Sur y recientemente, los Emiratos Árabes, esta última nación se ha comprometido a mejorar el servicio del MIO."Estuve en Bogotá, en la embajada de los Emiratos Árabes, reunido con el ministro de Comercio de este país, quien fue el último anfitrión de la COP, ellos quieren prestarnos un apoyo, y yo les dije que les recibimos 100 buses eléctricos, a mí no me da pena hacer pedidos", finalizó Eder.
La comunidad educativa del colegio Politécnico Municipal de Cali, denuncia que los niños de primaria de la institución llevan tres días sin alimentación escolar tras un hurto a la sede General Santander, ubicada en la carrera 70 con calle 5ta, al sur de la ciudad.Delincuentes ingresaron a las instalaciones del colegio y desalojaron principalmente el área de la cocina, llevándose los alimentos con los que se atiende el PAE, el cual beneficia a cerca de 216 estudiantes con jornada única. "Se llevaron el menaje de la cocina, la licuadora y las ollas, solamente dejaron las paredes. También se robaron el cableado de energía e internet, o sea, los niños están sin luz, sin ventiladores en los salones, en medio de los calores. Además, no se les ha podido dar desayuno ni almuerzo, por lo que están despachándolos temprano", aseguró Carolina Balseiro, miembro del consejo de padres de familia de la institución.Los acudientes denuncian que pese a contar con seguridad privada, no se pudo evitar el hurto al colegio, además, herramientas como las cámaras de seguridad están fuera de servicio, por lo que piden a las directivas de la institución tomar acciones que garanticen la seguridad de los niños. La comunidad educativa asegura que los alrededores de la sede se han convertido en un foco de inseguridad, debido a la falta de iluminación de la zona.