Cuatro personas fueron asesinadas en la vereda El Caribe del municipio de Puerto Lleras, Meta. La masacre generó conmoción en la población, donde hace un par de semanas se registraron dos homicidios en circunstancias similares. Las víctimas, tras ser asesinadas, fueron abandonadas en zona rural. Luego del hallazgo de los los cuerpos, las autoridades civiles, de Policía y Ejército convocaron a las autoridades civiles para llevar a cabo un consejo de seguridad. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la masacre es la número 80 que se registra en el país en lo corrido del año. "Las autoridades competentes adelantan todos los actos de reconocimiento y demás sobre estas personas que se encontraron sin vida", declaró el secretario de Gobierno de Meta, Hernán Gómez Niño. De acuerdo con el funcionario, las víctimas rondaban entre los 25 y 30 años de edad y junto a los cuerpos se encontraron maletines con hamacas y botas de caucho.
Por medio de un comunicado emitido en la tarde de este jueves, los cinco consiliarios (miembros de la junta directiva) del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario anunciaron el despido de Alejandro Cheyne como rector de una de las universidades más antiguas de Colombia y Latinoamérica.“Nos permitimos informar que la Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario ha determinado la desvinculación del doctor José Alejandro Cheyne García, como rector de la Universidad del Rosario, a partir de la fecha”, reza el comunicado.Los consiliarios señalaron que el actual vicerrector, Gustavo Adolfo Quintero, asumirá como rector encargado, quien deberá convocar un nuevo proceso de elección según establecen las constituciones de la universidad.Y es que la situación al interior de la histórica universidad del Rosario era cada vez más compleja y amenazaba con afectar la reputación de uno de los centros de estudios de mayor reconocimiento del país. En los últimos días, se había intensificado una discusión sobre los posibles malos manejos que estaría haciendo el actual rector Alejandro Cheyne, lo que desató asambleas estudiantiles, concentraciones en diferentes escenarios de la universidad, comunicados y hasta una diligencia del Ministerio de Educación que se llevó a cabo en la mañana de este lunes.El malestar de los estudiantes incluyó denuncias de presunto endeudamiento desbordado, crisis financiera, tráfico de influencias, despidos injustificados de profesores de alto nivel, creación de facultades sin criterios técnicos, compra exacerbada de edificios que aún no son usados y deterioro de la calidad de uno de los centros de investigación más importantes del país.Durante la última semana se expidieron varios comunicados, especialmente de profesores de las facultades de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Humanas, quienes estaban pidiendo abiertamente la renuncia del rector y la revisión de los órganos de gobierno de la universidad, que se remontan a la fundación en 1653.Adicionalmente, desde la facultad de Economía, 16 profesores hicieron una revisión de los estados financieros y lo que encontraron es que la universidad hoy no cuenta con liquidez para pagar sus pasivos corrientes, ha aumentado exponencialmente su índice de endeudamiento, no puede pagar los intereses de un préstamo de 120.000 millones de pesos y una caída en las inversiones en títulos y una prevalencia en inversiones en propiedades.La conclusión de estos 16 profesores es que sí hay un problema de solvencia en la universidad que han buscado resolver con despidos y austeridad en otros gastos esenciales y que, aunque es una medida de corto plazo, los problemas podrían llegar en 2025 cuando se deba empezar a pagar el capital de los préstamos solicitados por el rector Cheyne.A esas presiones se sumaron cinco exrectores de la universidad (Guillermo Salah Zuleta, Rafael Riveros Dueñas, Hans Peter Knudsen, José Manuel Restrepo y María del Rosario Guerra), quienes en la tarde ayer tuvieron dos reuniones por aparte: una con Cheyne y otra con cuatro de los cinco consiliarios (Merlín Patricia grueso, Martha Woodcock, Alvaro Salcedo y Alejandro Useche). En dicho encuentro, los exrectores le pidieron a Cheyne hacerse a un costado para garantizar un proceso de recuperación de la confianza, gobernabilidad y continuar con la buena marcha de la institución.Además, también se sumó otro comunicado de cinco colegiales que hicieron parte de la elección de Alejandro Cheyne: Andrea Ezqueda Mendoza, Sarah Garcés Anzola, Antony Ortiz Suárez, George Samudio Clavijo y Camila Zapata Mercado; quienes también pidieron la renuncia, pero además solicitaron la revisión del gobierno universitario de cara a que sea más representativo y con equilibrio de poderes.
El alcalde de Cartagena Dumek Turbay anunció su respaldo al día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro como una medida para ahorrar energía eléctrica y agua este viernes 19 de abril.El mandatario cartagenero aseguró que el compromiso de ahorrar energía y racionalizar agua debe ser de todos los colombianos.“Nos vinculamos al día cívico anunciado por el presidente Gustavo Petro insistiendo en que el compromiso de ahorrar energía y racionalizar agua no es sólo de Bogotá, sino de todos los colombianos”, escribió en su cuenta de X.Turbay anunció que, en apoyo a la medida, este viernes no habrá clases en colegios oficiales, y que además las instituciones de educación privada pueden unirse voluntariamente.“He instruido a la secretaría de educación para que ordene el cese de actividades académicas este viernes. Los colegios privados pueden unirse voluntariamente. En todo caso, sector público y privado en Cartagena, deben unirse con campañas pedagógicas y de sensibilización permanentes que conduzcan a la racionalización del recurso hídrico”, señaló.Por su parte, el secretario de educación de educación del distrito, Alberto Martínez, aseguró que es momento de “reafirmar la solidaridad de la ciudad” con este duro momento que afronta el país.Recordemos que el presidente Gustavo Petro indicó que hay que lograr que suban los embalses del agua potable en la sabana de Bogotá."Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia, un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable", puntualizó.
La expectativa que hoy tiene la industria de energías renovables en Colombia es cerrar el 2024 con 22 proyectos en operación, de los cuales 13 ya están inyectando energía al sistema y otros nueve entrarían a operar a final de año para atender a un total de 2.5 millones de colombianos.Lo anterior son pasos significativos, pero el avance podría ser aún mayor si no fuera porque un proyecto de energías limpias "se está demorando de 3 a 6 años en entrar en operación y el 70% del tiempo se va en trámites", como lo expuso Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la asociación de empresas de energías renovables SER Colombia."Se necesita mejorar algunos temas y procesos en los tiempos de trámites, no solo relacionados con temas ambientales, sino también con temas de conexión al sistema de transmisión y varios de los temas regulatorios asociados a mecanismos de comercialización que apoyan el cierre financiero de los proyectos y eso es indispensable en estos momentos", expresó la presidenta.Así, Hernández aseguró que hoy un "desafío importante para el país es fortalecer a todas las autoridades para que tengan la capacidad de evaluar los proyectos que vienen con nuevas tecnologías y, a su vez, que tengan el conocimiento y las reglas claras de cuáles son los impactos que estos generan".Indicó que, a comienzos de año, la industria de energías renovables tenía una capacidad instalada de 500 megavatios para atender entre 700.000 y 1.000.000 de habitantes. A final de año, la meta es atender el consumo de 2.5 millones de habitantes con energía limpia y competitiva, a través de 22 proyectos en marcha.
El senador nortesantandereano, Jorge Castellanos, citó a debate de control político al Invías y a los ministerios de Transporte y Ambiente para que respondan por el mal estado de la Vía La Soberanía, una importante arteria vial que conecta a los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca y Boyacá.“La vía de La Soberanía hoy, es una vía históricamente abandonada por este gobierno, y no sólo por este gobierno, por todos los gobiernos anteriores, y por eso en esta vía todos los días tenemos accidentes, tenemos muertos, todos los días sufren los camioneros por el mal estado de la vía, sus vehículos se ven averiados y tienen que dormir en la carretera y es algo que les causa muchas problemáticas”, dijo el senador de la República Jorge Castellanos.Ante el mal estado de la vía que une a cuatro departamentos del país el Instituto Nacional de Vías, Invías, se comprometió en medio de un debate de control político a adelantar vigencias futuras para que en estos dos años que vienen se puedan hacer trabajos de pavimentación en la vía, esto después de que el senador Castellanos solicitara la intervención de la carretera que en muchos sectores ni siquiera está pavimentada, por las pérdidas que están teniendo los transportadores.“Para poder sacar los enfermos de Saravena, de Gibraltar, de la Mesa, de sectores cercanos es muy complicado por el mal estado de la vía, es una vergüenza, por eso yo creo que hoy levantamos la voz, enérgicos, convencidos de que el trabajo mancomunado nos va llevar al éxito en este proceso”, explicó el senador Castellanos.Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura explicara que, atenderá los arreglos que requiere la vía, el senador Castellanos manifestó que el debate fue fructífero ya que el Ministerio de Transporte en cabeza del Invías, para pavimentar la vía con dineros de vigencias futuras.“Nos quedan muchos años de lucha, nos quedan muchos años de trabajo, entendemos que este contrato tiene una vigencia hasta el 2030 pero tenemos que tener la fe puesta de que cada año, con el trabajo de las veedurías, con las Juntas de Acción Comunal, las comunidades de todo este corredor vial tenemos que ejercer presión en el movimiento social, en los movimientos políticos para poder ver pavimentada la vía de la Soberanía”.
Este viernes, 19 de abril, será día cívico en Colombia luego del anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro. Pese a lo decretado por el Gobierno nacional, en Bogotá algunas actividades se mantendrán sin novedades y esto incluye el pico y placa en la capital.Pico y placa en BogotáDesde la Secretaría de Movilidad confirmaron que la medida de restricción para vehículos particulares continuará sin novedades. De esta manera, el pico y placa operará desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.Los vehículos que podrán circular son aquellos que tengan placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que los que no podrán transitar serán los que terminados en los números 6, 7, 8, 9 y 0.¿Qué dice el alcalde?El mandatario Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X, señaló que un día cívico no es suficiente para el ahorro de agua y energía que necesita la capital. Indicó que son hábitos que se deben implementar diariamente por parte de los ciudadanos para cumplir con las metas de mejorar los niveles de los embalses que abastecen a Bogotá.También informó que los colegios, tanto públicos como privados, seguirán su calendario y prestarán sus servicios educativos a todos los estudiantes.Además, la administración operará con normalidad para prestarle los servicios a los ciudadanos, según lo requieran."Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos sus servidores públicos dedicados a lograr la reducción en el consumo de agua y a los ciudadanos poniendo de su parte por el bien común", añadió el alcalde.Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos que se queden en casa para ahorrar agua al momento de bañarse, no realizar lavado de fachadas y no acumular agua de no ser necesario y, en caso de tener el turno de racionamiento, solo almacenar lo necesario.