En el marco de la jornada electoral de este domingo, 29 de octubre, un hecho se presentó en el sur del país. Un grupo de personas ingresó a un puesto de votación en un colegio de Santiago, Putumayo, y, allí, vandalizaron los puestos de votación y rompieron los tarjetones. La información preliminar indica que se trataría de seguido desde una campaña política y que lo habrían hecho por inconsistencias en los tarjetones electorales.Fuentes de la Policía Nacional confirmaron este hecho, además indicaron que a esta hora ya se tomó el control de la situación en Santiago. Están a la espera de las órdenes que vengan desde el Gobierno nacional para conocer qué pasará con las personas que votaban en esos puestos de votación y cuál es la medida seguir para el desarrollo de la jornada electoral.En suspenso las elecciones en Ricaurte, NariñoEl registrador nacional Alexander Vega denunció que miembros de la campaña de Jaime Caicedo, candidato a la Alcaldía de Ricaurte, Nariño, se tomaron un puesto de votación y no han permitido el desarrollo de la jornada electoral en el municipio."En el municipio de Ricaurte, Nariño, se está tomando la decisión si se suspenden las elecciones, que no se han podido iniciar en la cabecera municipal la votación por manifestaciones de una campaña política. El gobernador informará al presidente de la República en caso tal si se da la suspensión", anunció el registrador nacional.Le puede interesar
La dirección especializada contra el lavado de activos, liderada por el fiscal Carlos Enrique Vieda Silva, ha incautado lo que equivaldría a 18 millones de dólares en oro y dinero en efectivo, en las carreteras del país en los últimos tres años. En 2021 incautaron 15.000 millones de pesos; en 2022, 29.000 millones; y en 2023, 33.000 millones de pesos. El dinero encontrado estaba en dólares y euros.Estas incautaciones se han materializado sobre todo en zonas con presencia de grupos delincuenciales organizados, donde hay mayor poder económico de las organizaciones como el Huila, Cauca, Putumayo y Norte de Santander.Las incautaciones y capturas se han logrado porque reciben información a través de fuentes no formales, por retenes en las carreteras, o por líneas de investigación que se cursan en la Fiscalía, que permiten en flagrancia decomisos de camionetas, carrotanques, camiones o incluso buses intermunicipales con neveras de icopor, fingiendo que son encomiendas, donde llevan caletas con el dinero en efectivo o el oro en lingotes.Los casos más recientes son el de un hombre que viajó el fin de semana pasado de El Bagre a Medellín y fue detenido porque llevaba 3.000 millones de pesos en lingotes de oro pegados con cintas en el abdomen. Y el segundo caso fueron dos personas capturados en flagrancia mientras transportaban 570 millones de pesos en efectivo. El dinero iba oculto en las puertas de un vehículo que fue interceptado por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, en Isnos (Huila).Es importante mencionar que el 29 de marzo, en Medellín, la Policía Nacional decomisó $13.982.545.000 en efectivo al Clan del Golfo y capturó a José Ruiz Arroyave, primo del paramilitar Miguel Arroyave, jefe ya fallecido de los extintos Bloque Capital y Bloque Centauros, según el ministro de Defensa, Iván Velásquez.Para la Fiscalía, el dinero que se transporta encaletado en los carros, sería utilizado para pagar nóminas de la afiliación de las organizaciones criminales, extorsiones y distintas actividades ilícitas, todo con el fin de lavar el dinero que es presuntamente de origen ilegal.En este momento la Fiscalía tiene el equivalente a 18 millones de dólares, que reposan en el Fondo Especial para la Administración de Bienes, (FEAB) que es un fondo que pertenece a la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar "Geografía electoral: ¿cómo está el panorama en Medellín de cara a las próximas elecciones?":
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a casi 11 años de prisión a la excongresista Argenis Velásquez por exigirle a una de sus asesoras entregarle la mitad de su sueldo, informó el alto tribunal este viernes.La decisión la tomó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que "condenó a 128 meses de prisión a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez como responsable del delito de concusión continuado", informó la Corte en un comunicado.Velásquez ocupó un escaño en la Cámara de Representantes entre 2014 y 2018. Era representantes del departamento del Putumayo.Los hechos se remontan a un escrito anónimo en el que se daba cuenta de que Velásquez había "constreñido a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignados a su despacho, para que mes a mes le entregaran a su esposo la mitad del salario devengado por ellos, abusando de su cargo y poder político".La UTL es un equipo de profesionales que asesoran a los congresistas en diferentes temas. Sus sueldos corren por cuenta del Estado y no del senador o representante.De acuerdo con la sentencia de la Corte, Mercedes Rojas, quien trabajó en la UTL de Velásquez, indicó en su declaración que Edwin Chávez Jojoa, esposo de la aforada, en "apego a las instrucciones de ésta, en el mes de febrero de 2016 le solicitó entregar mensualmente parte de su salario, una vez estuviera vinculada laboralmente a dicha UTL".En total, la empleada le entregó a la congresista unos 6.000 dólares entre marzo de 2016 y febrero de 2017 hasta cuando Rojas le dijo al esposo de la congresista que no seguiría aportando el porcentaje de dinero exigido, "siendo declarada insubsistente".Para la Corte quedó claro que Velásquez "olvidó así que los miembros del Congreso representan al pueblo y han de actuar consultando la justicia y el bien común, conforme con el mandato consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política, a cambio dirigió su voluntad para sus fines personales al exigir sumas dinerarias a una de sus dependientes".La Sala Especial de Primera Instancia también impuso a la excongresista 104 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y también le negaron el beneficio de la prisión domiciliaria.Vea también
Entre enero y septiembre de 2023 hubo 156 confinamientos en Colombia, una cifra un 31 % superior que la registrada en el mismo periodo de 2022, que se dieron principalmente por la expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales, informó la Defensoría del Pueblo.En lo que va corrido del año, cerca de 40.000 personas, el equivalente a poco más de 11.000 familias, tuvieron que confinarse en sus territorios.Chocó sigue siendo el departamento con más eventos en el territorio nacional (81), le siguen Putumayo (21), Nariño (17), Arauca (13) y Cauca (12), según el 'Boletín de Movilidad Humana' de la Defensoría del Pueblo.Mientras que los dos municipios con mayores confinamientos fueron Puerto Rico, en el departamento de Caquetá Caquetá, en el que 7.300 personas quedaron confinadas y el Bajo Baudó, en el Chocó, donde 6.047 personas tuvieron que quedarse de manera forzada en sus territorios."Lo que desde la Defensoría del Pueblo hemos podido evidenciar es la afectación de las comunidades por cuenta de una expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales que ejercen los grupos armados al margen de la ley”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.A ello se suma la contaminación con minas terrestres y las amenazas contra los pobladores que habitan las zonas más afectadas por el conflicto armado interno.La Defensoría espera que "con los nuevos anuncios de suspensión de las hostilidades de grupos armados ilegales sea garantizada la movilidad en las comunidades y el ejercicio de sus derechos, además de la disminución de la confrontación armada", pidió Camargo.La entidad también instó al establecimiento de corredores humanitarios para que sean mitigados los impactos del confinamiento en las regiones asediadas por la confrontación armada.El Gobierno colombiano está inmerso en varios procesos y acercamientos de paz con grupos armados, el más avanzado es el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también está pendiente de instalar una mesa de negociaciones con el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc.Le podría interesar:
Fuertes imágenes de los cuerpos de combatientes conocieron esta tarde las autoridades del Putumayo, las que aún no se pronuncian por el hallazgo de los cuerpos que la misma comunidad intenta recoger.El contacto del grupo de alias ‘Iván Mordisco’ habría sido en el territorio que dominaban “Los Comandos de Frontera”, adscrito a la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’, ubicados en la vereda Villa Nueva de Puerto Asís.Fueron algunos pobladores que intentaron hacer el levantamiento que ninguna autoridad pudo practicar, primero porque no contaban con la información exacta del sitio donde ocurrió la matanza y por el riesgo que implica para las mismas tropas del Ejército llegar hasta el sitio, informó un portavoz de la comunidad de la zona afectada por las hostilidades.La Rede de Derechos Humanos del Departamento del Putumayo se mostró preocupada por la deshumanización del conflicto que tampoco respeta a las comunidades indígenas y campesinas, según sus datos, unas 10 familias estarían desplazadas, según Yuri Quintero, integrante de la organización.Wilmar Madroñero, defensor de derechos humanos de la misma red, dice que los cuerpos uno por uno eran evacuados por las comunidades, sin embargo, la mayoría de los cuerpos permanecen en la zona desde hace una semana.La acción, se habría presentado el pasado lunes y las imágenes fueron divulgadas hoy martes 19 de septiembre.El coronel Mauricio Acevedo, comandante de la Brigada 27 del Ejercito del Putumayo, confirmó que la situación fue un aparente enfriamiento entre “bandidos” por el control de una zona provista de cultivos de hoja de coca, de la cual, se deriva la cocaína que, incluso sale hacia Ecuador y Perú.“Ahí no hubo enfrentamiento; literalmente fue una emboscada, los hombres ex Farc que, no se sometieron al proceso de paz, contra unidades del grupo “Comandos de Frontera”, dijo.Esta versión será verificada este miércoles en una rueda de prensa que se realizará en Mocoa, en la mañana del miércoles, donde estarán el Ejército, La Policía, La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.Le puede interesar:
Tres jóvenes fueron asesinados y uno permanece gravemente herido por un ataque a las afueras de Mocoa durante la noche de este lunes 18 de septiembre.Los hechos ocurrieron en el sector cercano al nuevo terminal de Mocoa sobre la vía proyectada variante Mocoa San Francisco.David Gamba, secretario de Gobierno de Mocoa, dijo a Blu Radio que junto a las autoridades como Ejército y Gaula avanzan en las investigaciones de los hechos que se registraron en la vereda Guaduales.Carlos Ardila, representante del departamento de Putumayo rechazó el acto violento, lo calificó como inaceptable y pidió el pronto esclarecimiento de los hechos.Le puede interesar:
Las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales en los casos de soldados presuntamente responsables de matar a civiles durante una operación militar en marzo de 2022 en Alto Remanso, Putumayo, pidió Human Rights Watch al presentar este lunes, 18 de septiembre, un escrito 'Amicus Curiae' ante la Corte Constitucional.En el escrito, Human Rights Watch asegura que la investigación debería llevarse a cabo en el sistema de justicia civil; no en los tribunales militares."Las autoridades colombianas deberían transferir el caso al sistema de justicia ordinario y garantizar justicia para las personas en Alto Remaso (…) La Fiscalía General también debería investigar si algún funcionario intentó deliberadamente obstaculizar la investigación sobre estos asesinatos del ejército”, explica en el escrito Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América.La Corte Constitucional analiza si la justicia militar o la civil conducirán la investigaciónLa operación militar se desarrolló el 28 de marzo de 2022, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron.Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.El presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), José Homero, destacó que en el caserío Alto Remanso "hubo una emboscada el pasado lunes 28 de marzo por parte del Ejército Nacional, que empezó a disparar a la población civil", que estaba reunida participando en "una actividad veredal".Tras la muerte de las 11 personas, el Ejército colombiano procedió a ponerles a los cadáveres "botas (...) para poderlos hacer pasar por integrantes de las disidencias de las FARC", aseguró el indígena que calificó el hecho como un "falso positivo".Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias 'Bruno', parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia.Le puede interesar
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López, entregó detalles de lo que serían hechos de corrupción en el proceso de reconstrucción de Mocoa tras la tragedia ocurrida en abril de 2017.De acuerdo al funcionario, el Proyecto Sauces II, que iba a construir 909 viviendas a los damnificados de la avalancha, se estaba construyendo sin licencia y sobre un cuerpo de aguas que pondría en riesgo nuevamente a las familias, por está razón evalúan si el proyecto debe ser demolido o se puede aprovechar algo de lo ya construido.Según lo presentado, el proyecto originalmente 72.000 millones de pesos y los sobrecostos son de más de 125.000 millones de pesos, de estos 30.000 millones son de los subsidios de arriendo que le han tenido que pagar a los damnificados durante estos seis años.Está denuncia la presenta la UNGRD después de que la Contraloría anunciara un proceso administrativo sancionatorio fiscal contra el actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y su antecesor en este cargo, Javier Pava Sánchez, por no responder reiteradas solicitudes de información del organismo de control sobre el proceso de reconstrucción de Mocoa y obstruir así el ejercicio de control fiscal.Hay que recordar que la tragedia ocurrió en la noche del 31 de marzo y la madrugada del primero de abril de 2017 cuando las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de tres ríos que arrasaron a su paso diecisiete barrios de la ciudad, cinco de los cuales quedaron destruidos totalmente.Le puede interesar
Los cultivos de coca crecieron un 13 % en Colombia y se ubicaron en 230.000 hectáreas en 2022, lo que supone la mayor cifra histórica por segundo año consecutivo, y también un incremento en la producción potencial de cocaína, reveló este lunes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe anual."Por segundo año consecutivo, el cultivo de coca alcanzó un máximo histórico en Colombia", reveló la Unodc, quien informó que se trata de 26.000 hectáreas cultivadas más que las 204.000 registradas en 2021.El documento también alerta de un incremento del 24 % la producción potencial de clorhidrato de cocaína, pues el año pasado fue de 1.738 toneladas y en 2021 había sido de 1.400 toneladas.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Candice Welsch, representante UNODC para región Andina y Cono Sur, entregó detalles sobre el informe que arrojó que los departamentos donde se concentran dichos cultivos son Nariño, Norte de Santander y Putumayo.“El 65 % de los cultivos se concentran en tres departamentos: Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Hay concentración de producción muy cerca de la frontera con Ecuador”, señaló.De acuerdo con Welsch, los datos arrojados sobre los cultivos ilícitos dejan en evidencia la necesidad de reforzar la cooperación a nivel local y operaciones entre los países de la región.Sobre los desafíos de Colombia, señaló que es importante que el Gobierno identifique las necesidades de cada territorio, “en los cultivos que están en las resguardos indígenas y comunidades negras, es clave trabajar con estas comunidades para encontrar soluciones”, dijo.Trabajo del GobiernoEn el informe, la Unodc también publicó las "intervenciones para el control de la oferta reportadas por el Gobierno Nacional".Según esas cifras, el año pasado fueron incautadas 106,7 toneladas de pasta base de cocaína, lo que supuso un aumento del 20 % con respecto a las 88,6 toneladas del 2021.Sin embargo, las incautaciones de cocaína se ubicaron en 659,1 toneladas en 2022, una caída del 1,5 % frente al año antepasado, aunque las organizaciones están disminuyendo los cargamentos de cocaína y produciéndola desde la pasta base en los países de llegada para bajar las pérdidas.El número de laboratorios ilegales desmantelados también se redujo un 18 % al pasar de 5.750 en 2021 a 4.707 en 2022.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, presentó su informe sobre el monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca del año 2022.En primer lugar, la UNODC anunció que hubo un aumento del 13 % en las hectáreas sembradas si se compara con el año 2021, llegando a 230.000 hectáreas el año pasado.La producción potencial de clorhidrato de cocaína también aumentó en un 24 % en comparación con el año 2021, pues llegó a 1.738 toneladas. Otro de los datos que entregó Unodc es que el 65 % de los cultivos se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.El 77 % del aumento de hectáreas de coca en todo el país se registró en el Putumayo, pues en 2021 había 204.000 hectáreas y en 2022 el país llegó a 230.000, de las cuales 20.000 están en Putumayo.Esto quiere decir que el aumento entre 2021 y 2022 fue del 13 %, pero si no se tiene en cuenta Putumayo sería del 3 %.En las zonas de concentración de estas hectáreas hay presencia de diferentes actores, desde bandas locales prestadoras de servicios hasta grupos armados organizados e incluso crimen organizado transicional.Consumo global de cocaína“El Informe Mundial de Drogas de 2023 informa que el consumo global de cocaína estaría alrededor de 22 millones de personas y que los mercados principales de la sustancia muestran tendencias divergentes. Mientras en Norteamérica tiende a la estabilización, en Europa y Oceanía se observa un mayor impulso. En Asia, África y Latinoamérica, también hay tendencia al incremento de los consumidores”, señaló Candice Welsch, directora de UNODC para la región Andina.Le puede interesar
Tras recientes anuncios del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre la tentativa de cerrar la frontera con Colombia, muchos sectores han manifestado su preocupación.Por ejemplo, los lancheros del Urabá antioqueño afirman que se quedarían sin trabajo, recordemos que diariamente transitan un promedio de 1.500 personas entre Urabá y Panamá. Precisamente sobre esta problemática se refirió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón."Pasan más de 500.000 migrantes por Urabá anualmente, que lo hagan en las peores condiciones, dejándole eso a las economías ilícitas, es algo en lo que se debe trabajar al más alto nivel entre el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos y el de Panamá", indicó el mandatario.Pero no solo son los lancheros sino la población en general de esta subregión del departamento los que se verían afectados por el represamiento de personas que no podrían migrar. Carlos Camargo, defensor del pueblo, mostró su preocupación e hizo énfasis en que migrar es un derecho humano."Donde ese punto de control migratorio ha sido levantado por el gobierno nacional, nos preocupa mucho que haya un represamiento de población migrante de distintas nacionalidades. Nos preocupa sobre todo en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos ahí, comenzando por el derecho a la vida", aseguró Camargo.Finalmente, señala que es una problemática muy grande que no solo debe atender el gobierno de Colombia y el de Panamá, sino que es un asunto de carácter internacional donde muchos países involucrados deberían intervenir.Defensoría del Pueblo desestimó cierre de frontera con Panamá como solución a la crisis migratoriaAnte la preocupación de lancheros y alcaldes del Urabá antioqueño sobre el anuncio del posible cierre de la frontera con Panamá, que generaría un represamiento de migrantes en municipios de esa zona, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que esta no puede ser la solución a esta problemática y que no puede ser abordada por un solo país, pues su entidad ha solicitado que haya un abordaje transnacional donde cada país tome un rol activo.Y es que tras la elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá, hay preocupación, ya que el hombre de derecha prometió en reiteradas ocasiones cerrar el Darién para frenar la crisis migratoria en este paso fronterizo con Colombia.El defensor dijo que la entidad vigilará, ante la aplicación de estas medidas, que se lleve a cabo una migración segura, teniendo en cuenta además que hay varias rutas para llegar a Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos."La problemática no puede ser abordada o la solución no está sobre la base de que hay que cerrar las fronteras, sino porque eso genera, que generaría de que las condiciones de dignidad humana se deterioren", dijo Camargo durante una visita a la Cárcel El Pedregal de Medellín.
En 2023, Colombia registró 510.357 nacimientos, de los cuales el 52% (268.659) correspondieron a mujeres de 20 a 29 años, y el 15% (77.917) fueron embarazos adolescentes en mujeres de 15 a 19 años, según el Departamento Nacional de Estadística (Dane). En el primer mes de 2024, se registraron 37.740 embarazos.Durante la gestación, las mujeres enfrentan varios gastos adicionales, como ropa y calzado nuevos, alimentación especial, suplementos alimenticios y productos de higiene. Estos gastos representan una carga económica adicional, especialmente en Colombia, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), está entre los países con más embarazos adolescentes, quienes suelen tener menos soporte financiero.¿Cuál es el beneficio y quiénes pueden acceder? La Caja de Compensación Familiar Compensar lanzó a mediados de 2023 un nuevo beneficio económico para madres gestantes, ofreciendo $600.000 distribuidos en seis pagos mensuales. Este beneficio está dirigido a mujeres que, como mínimo, estén en la semana 10 de gestación y sean trabajadoras afiliadas en las categorías A y B, o cónyuges de trabajadores en las mismas categorías.Requisitos y lo que debe presentarEstar afiliada en categoría A o B Estar mínimo en la semana 10 de gestaciónLa solicitud la deberá realizar la madre gestante afiliada (trabajadora cotizante o cónyuge de trabajador)Los ingresos del grupo familiar no deben superar los seis (6) smmlvPresentar certificación o documento expedido y firmado por el médico tratante de la EPS (vigencia de expedición inferior a un mes), donde indique las semanas o mes de gestación (mínimo 10 semanas).No son válidas ecografías, ni historias clínicas.Copia del documento de identidad.Renta Ciudadana 2024: link oficial para consultar con cédulaDónde realizar la postulación y lo qué debe hacer antes de hacerlaDebe tener sus datos de contacto actualizados (correo electrónico y número de celular), si estos no corresponden a los registrados en la Caja de Compensación Compensar, será una causal de devolución de su solicitud.Si la solicitud es para su cóyuge del trabajador, debe estar afiliada a la caja de compensación. La asignación de este beneficio aplica únicamente para compras de productos de la canasta básica familiar, aseo personal y medicamentos propios de la madre gestante; no se podrá retirar en efectivo.Este beneficio estará disponible a través de la Tarjeta Compensar, en el bolsillo víveres, y deberá ser utilizado máximo en seis (6) meses a partir de la última cuota dispuesta.Podrá usarlo en almacenes aliados como Olímpica, Éxito, Jumbo, Metro, Surtimax y Zapatoca. La postulación se realiza en la página https://corporativo.compensar.com/subsidio/.
A esta hora, miembros del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Magdalena, de Parques Naturales y fuerzas militares trabajan para atender los nuevos focos de incendios que están en el Vía Parque Isla Salamanca. De acuerdo al más reciente reporte, los brigadistas encontraron dos focos en el sector de Séverac y uno más en El Caimán, este está retirado del área protegida.Adonis Mejía, Jefe de Operación del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Magdalena, aseguró a Blu Radio, que estos nuevos focos, aproximadamente, han consumido cerca de 200 hectáreas de fauna y flora del Vía Parque Isla Salamanca, son materia de investigación, sin embargo, se cree que detrás de esto habría manos criminales."Estos nuevos focos de incendio pueden que sean por las altas temperaturas, como también por manos criminales. No sabemos con exactitud que pueden ser estas quemas, pero para mí, y para algunos de nuestras unidades, nosotros evidenciamos que son situaciones antrópicas, es decir, causadas por el ser humano", explicó el jefe de operación del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Magdalena.Mejía aseguró que esta nueva emergencia puede guardar relación, al parecer, con el incendió que consumió 42 hectáreas de flora y fauna, pues aunque fue liquidado en su totalidad, el incendio se mantuvo de manera subterránea, por lo que su propagación es más rápida y es necesario usar mayor cantidad de agua, líquido que no es de fácil acceso en este sector."El incendio forestal presentado, necesita de mucha agua para poderlo liquidarlo en su totalidad, porque él pasó de copa a superficial, y de superficial a subterráneo, es decir, nos enfrentamos a un incendio mixto", aseguró Mejía.Durante los próximos 20 días, continuarán los trabajos de mitigación de estos tres focos subterráneos, por lo que los brigadistas llaman a la comunidad a dejar de causar incendios en esta zona, pues advierten que el daño a la flora y fauna sigue en aumento. A su paso la emergencia ha dejado a miles de animales calcinados.
Las labores de investigación de la Policía Nacional, tras el asesinato de un patrullero en el suroccidente de Barranquilla continúan sin dar resultados precisos, por lo que la institución ha decidido aumentar la recompensa ofrecida para quien entregue información que permita dar con el paradero del autor material e intelectual del crimen del policía Jaider Gregorio Amador Quessep.El general William Salamanca, comandante de la Policía Nacional, desde Cartagena envió un mensaje de solidaridad a la familia del patrullero Amador Quessep, y reveló que las investigaciones preliminares dieron como resultado algunos indicios de quién podría estar detrás de este hecho sicarial, perpetrado en el barrio San Luis, en la tarde de este viernes."Con el comandante de la Policía de Barranquilla, general Herbert Benavidez, dialogamos con el comandante Regional de la Policía y hay unos importantes indicios que nos llevan a obtener pistas de quien sería el autor material e intelectual de este crimen" aseguró el general Salamanca.En videos de cámara de seguridad, que son materia de investigación, se puede ver como el patrullero corre para salvar su vida, cuando es alcanzado por su asesino, quien disparó en múltiples ocasiones al uniformado, dejándolo mal herido. Y pese a que fue llevado a un centro asistencial cercano, los galenos confirmaron que sufrió una muerte cerebral.Tras conocerse el fallecimiento del uniformado, las autoridades en Barranquilla ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos, a quien brindara información relevante sobre el autor del suceso. Sin embargo, tras la reunión sostenida en Cartagena con el general William Salamanca, la Policía anunció que la cifra aumentó, por lo que espera dar en las próximas horas con el paradero del responsable del asesinato del patrullero."Sí hemos ofrecido una recompensa, junto con el General Benavidez acordamos un monto de hasta 50 millones de pesos, para quien nos de información certera que nos contribuya a esclarecer el crimen", puntualizó el comandante de la Policía Nacional.
Tras los recientes hechos violentos de las cárceles de Colombia, Esperanza Bustamante, representante de la Fundación Corazón Humano, expuso en Noticias de la Mañana, las preocupantes condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia.La Fundación, que trabaja para garantizar la dignidad y los derechos de los presos, ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitando mejoras urgentes para enfrentar la crisis carcelaria que afecta al país. La Fundación Corazón Humano busca poner fin a esta realidad y reivindicar la importancia de la vida de los privados de la libertad. No todos los presos son responsables de los actos de violencia que ocurren en las cárceles, por lo que es fundamental que se respete su dignidad y se les brinde la oportunidad de reintegrarse a la sociedad una vez cumplan su condena. "Están cometiendo en este momento errores y, fuera de eso, están esperando. Es una oportunidad ante la sociedad. No hay que olvidar que estas personas, a pesar de estar privadas de la libertad, van a volver en algún momento dado a reintegrarse a ella”, dijo. ¿Cuál es la situación de las cárceles en Colombia?La crisis carcelaria en Colombia lleva más de veinte años sin resolverse y la Fundación Corazón Humano espera ver mejoras significativas en las condiciones de los privados de la libertad en este nuevo Gobierno. Bustamante se refirió a la situación de los centros penitenciarios en el país."La emergencia carcelaria lleva más de 20 años decretada, es resultado de una política criminal fallida, totalmente fallida. Nosotros esperábamos que mejoraran las condiciones de los privados de la libertad en este nuevo Gobierno, pero todo sigue exactamente igual. No podemos continuar abriendo más cárceles cuando ni siquiera podemos sostener las que tenemos", resaltó.Sin embargo, hasta ahora, las cosas siguen iguales y se siguen abriendo más cárceles sin tener la capacidad de sostener las que ya existen. Los presos sufren de falta de alimentación adecuada y problemas de salud, sin recibir la atención médica necesaria para tratar enfermedades graves.La corrupción también juega un papel importante en la crisis carcelaria en Colombia. La Fundación ha denunciado la corrupción en la contratación de estructuras y alimentos en las cárceles, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción. La petición al Gobierno PetroLa Fundación Corazón Humano pidió una mesa de diálogo con el presidente y el ministro de justicia para discutir estas problemáticas y buscar soluciones. Además, solicitan la presencia de los representantes de ejecución de penas en esta mesa, ya que es fundamental que se cumpla con la ley y se respeten los derechos de los privados de la libertad. La Fundación busca una reforma que realmente respete la dignidad humana de los presos y que se trabaje en una verdadera justicia restaurativa."Es una corrupción total en esas contrataciones. Nunca llegan los dineros que son entregados directamente a las cárceles. Hay personas que reciben el desayuno a las 6 de la tarde. En muchas ciudades, los niños que están guardados dentro de estas prisiones con sus madres ni siquiera tienen un ventilador. Esto se está saliendo de control, nosotros lo advertimos, inclusive", mencionó enfáticamente.Finalmente, indicó que, la situación en los penales del país es grave y se evidencia una crisis humanitaria que no puede ser ignorada. Es necesario que el Ministerio de Justicia preste atención a estas denuncias y tome medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de los privados de la libertad en Colombia.Escuche la entrevista completa acá: