El Rayo Oklahoma es el proyecto de franquicia internacional con el que el club madrileño competirá en Estados Unidos a partir de este año en la Liga NASL. Entre esos refuerzos destaca el colombiano Sebastián Velásquez, nacido en Antioquía hace 24 años y con experiencia en la Liga americana en las filas del Real Salt Lake y el New York City (Lea también: El contrato que impide a Mesut Özil volver al fútbol español). Para el proyecto futbolístico dirigido por el canadiense Alen Marcina, el Rayo Oklahoma ha anunciado la incorporación de seis futbolistas. Se trata de dos defensas, el brasileño Pecka y el americano Rauwshan McKenzie; tres centrocampistas, el colombiano Sebastián Velasquez, el brasileño Michel Pereira y el ghanés Derek Boateng; y un delantero, el japonés Kosuke Kimura. El último en llegar ha sido el centrocampista internacional ghanés Derek Boateng, que, a sus 32 años, inicia su primera aventura americana tras una larga experiencia en el fútbol europeo en países como España y en clubes como el Getafe, el Rayo Vallecano y el Eibar (Lea también: Fichaje de Gareth Bale fue el más caro de la historia, revela Football Leaks). "Estoy súper feliz y emocionado de unirme al Rayo Oklahoma. Traigo quince o dieciséis años de experiencia en Europa en algunas de las Ligas más grandes del mundo y estoy listo para comenzar. Siento que seremos exitosos y tendremos un buen año en la NASL. Estoy muy agradecido de la oportunidad", dijo Boateng en declaraciones a la web oficial del club. El Rayo Oklahoma disputará el primer partido liguero como local el 2 de abril contra el Edmonton FC, en el estadio Miller de Yukon.
Un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias 'Bonito', señalado por la Fiscalía como cabecilla del autodenominado Comandos de Frontera, estructura de las disidencias de las Farc, y a quien se le atribuye responsabilidad en diferentes hechos criminales registrados en Putumayo.Bastidas Bravo es uno de los primeros grandes líderes criminales capturados después de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. De acuerdo con la investigación, habría hecho parte de la línea de mando de esta organización armada ilegal desde 2016 y habría tenido entre sus funciones el control de zonas, el manejo logístico de armas y la coordinación de actividades relacionadas con narcotráfico, desplazamientos forzados, homicidios y extorsiones.La Fiscalía sostiene que alias 'Bonito' habría tenido injerencia en municipios como Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa. Dentro del material probatorio recopilado por el ente investigador se identificaron reuniones de integrantes de la estructura armada ilegal en las que, presuntamente, participaba alias “Bonito”. Según la Fiscalía, estos encuentros habrían servido para impartir directrices contra líderes sociales que se oponían a las actividades ilegales de la organización.Uno de los hechos más graves que se le atribuye corresponde al homicidio de Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo Nasa, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en inmediaciones del cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís, Putumayo.De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon y le causaron la muerte. Las actividades investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a establecer, según la Fiscalía, que el asesinato habría sido ordenado por alias “Bonito” debido a la labor de liderazgo que Guazaquillo Peña ejercía en procesos de sustitución de cultivos ilícitos de coca por proyectos productivos lícitos.La Fiscalía también relaciona a Bastidas Bravo con otros dos homicidios que, presuntamente, fueron ejecutados por integrantes de Comandos de Frontera.Uno de ellos es el asesinato de Jorge Santofimio Yépez, firmante del Acuerdo de Paz y líder social, ocurrido el 24 de febrero de 2022 en Puerto Guzmán, Putumayo. El segundo caso corresponde al homicidio de Diego Mauricio Mejía Rojas, también firmante de paz y quien se desempeñaba como escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Este crimen ocurrió el 9 de abril de 2023 en Puerto Asís.Durante el proceso de judicialización, un fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, invitó a los ciudadanos de la capital de Antioquia a que no bajen la guardia para seguir ayudando a los compatriotas afectados por el sismo de la semana pasada. Además, recordó que los puntos de acopio siguen vigentes, y que a la fecha se han recogido más de 80 toneladas de alimentos."Yo quiero felicitar a los empresarios paises, yo quiero agradecerle a la gente de Medellín por la solidaridad. Mire lo que ha pasado alrededor de estos días, más de 80 toneladas que ya hemos logrado recoger, no solo desde la Alcaldía, desde a través de bancos de alimentos, de artistas, de personas", dijo.El alcalde Gutiérrez recalcó que los puntos de recepción están ubicados en los parques biblioteca, en las terminales de transporte, en los bancos de alimentos, en la sede de la Alcaldía, entre otros lugares de recepción, y que desde esos centros se han llevado las ayudas a las zonas afectadas.!Más de 80 toneladas que están llegando a Chocó, que están llegando al Eje Cafetero, a ciudades como Armenia, Manizales, Pereira, pero también a municipios como Quimbaya, Salento, que quedaron tan afectados, a a municipios del Valle del Cauca, también Cali, muchos otros municipios, pero también a Quibdó", añadió el mandatario.El alcalde de Medellín insistió en que su llamado es a seguir siendo solidarios, y que no solo las acciones se queden con el Telemaratón que realizó la Gobernación y en el que se recogieron más de $5.000 millones, o el concierto de la Alcaldía en el que se recaudaron cerca de $6.000 millones, las toneladas de ayudas que se recogieron en el Festival Buen Comienzo, o las 141 personas que donaron sangre en la seccional de la Cruz Roja.Gutiérrez hizo un nuevo llamado a que se sigan entregando alimentos no perecederos, así como ropa y frazadas para las familias que fueron afectadas con el sismo de la semana pasada.
En Colombia un total de 8.070 familias cafeteras se vieron afectadas por el terremoto. De ellas, 709 familias reportan daño total en sus hogares y 6.902 daño parcial.El censo preliminar de la Federación Nacional de Cafeteros permitió identificar además 4.713 beneficiaderos afectados. Los beneficiaderos son las instalaciones de las fincas cafeteras en las que se transforma el grano recién cosechado de los árboles en grano seco listo para vender. Sin ellos, las familias pueden ver comprometida su capacidad para llevar la cosecha a las cooperativas y los puntos de venta.El estudio de la Federación Nacional de Cafeteros implicó cruzar su enorme base de datos sobre las familias cafeteras (que tienen una cédula cafetera) con los mapas de las fallas geológicas. Ese barrido se complementó con visitas, llamadas telefónicas, información recolectada en puntos de atención de la federación y mensajes directos en seis departamentos productores de café: Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó.La Federación desplegará un grupo de 400 ingenieros agrónomos en las veredas más afectadas para terminar de censar los daños. El objetivo de la entidad es entregarle toda la información a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que incluya a los cafeteros afectados en sus planes de ayuda.Finalmente, el gremio lanzó la campaña 'Súmate a la Causa' para recibir donaciones de diversos organismos internacionales y de la comunidad global y nacional en solidaridad con las familias caficultoras afectadas por el terremoto. Desde cualquier parte del mundo o del país se pueden enviar los recursos mediante código QR o llave. Incluso se reciben donaciones en moneda extranjera, a través de las oficinas en el exterior de la federación.
La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo a Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y a las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias, dentro de la investigación por la muerte del menor y la filtración de la historia clínica de Kevin Acosta, quien padecía hemofilia y cuyo fallecimiento generó denuncias por una presunta negligencia en la atención de la Nueva EPS. La diligencia se realizará el próximo lunes 24 de agosto.El caso también llevó a la Fiscalía a compulsar copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de violación de datos personales agravado y homicidio culposo, en calidad de garante dentro del proceso relacionado con la filtración de la historia clínica del menor.Aunque el Senado aprobó el 12 de agosto la salida del país del presidente Gustavo Petro, la representación de víctimas de la familia de Kevin Acosta solicitó cancelar dicha autorización mediante una petición dirigida al presidente del Congreso, Honorio Henríquez. En el documento, la representación sostuvo que “en un intento por implementar modificaciones improvisadas al sistema de salud intervino la Nueva EPS desde el pasado 3 de abril del 2024, esta acción regulatoria, terminó destruyendo la atención de los beneficiados y asfixiando económicamente el sistema”. La representación agregó que, “en aras de la posición de garante que le corresponden en su calidad de primer mandatario de los colombianos y quien direccionó las políticas en materia de salud en todo el territorio nacional”, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones “como consecuencia de lo encontrado en actividades investigativas”.Dentro de la decisión, la Fiscalía cuestionó además las declaraciones realizadas por el mandatario el 17 de febrero de 2026, durante un evento en Uribia, La Guajira, después de conocerse la muerte del menor y las denuncias sobre presuntas fallas en la prestación del servicio.Según el ente investigador, “es de conocimiento nacional que el señor presidente de la República, al encontrarse en el departamento de La Guajira, en Uribia el día 17 de febrero de 2026 (…) refirió que la madre del menor era la responsable de estos lamentables hechos, primero, por haberse trasladado al departamento de Santander, por lo cual no recibió la dosis del mes de febrero, situación que no es de recibo, por cuanto la EPS estaba en la obligación de suministrarla”.La Fiscalía señaló que el expresidente también atribuyó responsabilidad a la madre del niño por permitirle montar bicicleta y por presuntamente negarse a una intervención quirúrgica. En ese contexto, el ente investigador cuestionó que el mandatario hiciera referencia a información contenida en la historia clínica.Sobre este punto, el documento sostiene que el presidente “divulgó diferentes apartes de la historia clínica del menor, acción que le era prohibida, dado que la historia clínica es reservada y no puede ser divulgada sin consentimiento del paciente y en este caso concreto debía contar con la autorización de la progenitora del menor”.Frente a la presunta divulgación de información reservada, la Fiscalía sostuvo que el presidente “no se encuentra facultado legalmente para divulgar dicha información”. Además, afirmó que el propósito de esas declaraciones habría sido “señalar que no es responsabilidad del Gobierno Nacional la demora en la entrega de los medicamentos del menor” y, según el ente investigador, “eximir de responsabilidad al Gobierno Nacional de la crisis actual del sistema de salud y endilgar la responsabilidad a la madre del menor”.El ente investigador también cuestionó el interés del mandatario en obtener información relacionada con la necropsia del niño. Al respecto, señaló que “pretendía obtener la información relacionada con la base de opinión pericial de necropsia del menor, documento que también se encuentra sometido a reserva”, y agregó que esa información judicialmente fue negada, “ya que el presidente no se encuentra facultado legalmente para obtenerla ni se encuentra expresamente autorizado por la madre del menor para tal fin”.En relación con el homicidio culposo, la Fiscalía solicitó analizar la eventual posición de garante del presidente frente al nombramiento del interventor de la Nueva EPS. Según la decisión, el funcionario designó a un auditor de concurrencia que “nunca hizo presencia ni atendió las contingencias”, pese a que debía gestionar la obtención inmediata de los factores de coagulación cuando el menor ingresó al Hospital de Pitalito.Para la Fiscalía, “las omisiones y falta de control en el manejo del paciente, sumado a la falta de respuesta en el momento álgido de la contingencia, constituyen factores adicionales y desencadenantes de la complicación que presenta el menor”, ocurrida después de una caída.Con la citación a imputación de cargos contra el exinterventor, el auditor y las otras dos funcionarias, la Fiscalía avanza en la judicialización de los presuntos responsables por la muerte de Kevin Acosta. Paralelamente, continúa el trámite relacionado con la compulsa de copias para que la Comisión de Investigación y Acusación determine lo correspondiente frente a los señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.
Durante ocho días, comandos de las Fuerzas Militares de Colombia enfrentarán pruebas de alta exigencia que evaluarán precisión, resistencia física, liderazgo, navegación, tiro, asalto, combate y trabajo en equipo. Los militares colombianos fueron seleccionados después de superar un riguroso proceso de preparación física, técnica y psicológica.Estarían participando en Fuerzas Comando 2026, una competencia que reúne a las unidades de Operaciones Especiales de distintos países del hemisferio para medir sus capacidades en escenarios de alta exigencia. La edición de este año se realizará en Asunción, Paraguay.El país llegará como campeón defensor, luego de conquistar el título en 2025. En total, Colombia suma 13 victorias en 18 ediciones, un registro que la mantiene como uno de los principales referentes regionales en este tipo de competencias.La delegación colombiana estará conformada por integrantes de las Fuerzas Militares, con comandos del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La participación conjunta permitirá evaluar la coordinación y capacidad de estas unidades para operar bajo un mismo esquema.“Estoy orgulloso de ustedes. Cuando vuelvan con el premio, yo los voy a recibir en el aeropuerto. Así que traigan ese premio a la casa”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella tras entregarles a los comandos el pabellón nacional para que representen al país en la competencia.Los militares seleccionados debieron superar un proceso de preparación y evaluación física, técnica y psicológica. Durante meses fortalecieron capacidades en tiro, asalto, combate, navegación, resistencia física, fortaleza mental y trabajo en equipo.En la competencia deberán enfrentar pruebas de asalto, ejercicios de tiradores de alta precisión y desafíos combinados que medirán la velocidad, precisión, resistencia, liderazgo y capacidad de tomar decisiones bajo presión.Además del componente competitivo, el ejercicio busca fortalecer la interoperabilidad y el intercambio de conocimientos entre las Fuerzas de Operaciones Especiales de los países participantes. Para Colombia, también representa una oportunidad para mostrar la experiencia adquirida durante décadas de operaciones contra el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.
