El debate sobre la maternidad subrogada en Colombia ha dado un giro definitivo en el Congreso de la República con la radicación de un proyecto de ley que busca prohibir y abolir esta práctica por completo.
El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Miguel López, es uno de los líderes de esta iniciativa que propone tratar los vientres de alquiler como una forma de "explotación reproductiva", estableciendo severas sanciones que podrían alcanzar penas de hasta 15 años de cárcel para quienes comercialicen con la gestación.
Una alianza inédita contra la comercialización humana
A pesar de la profunda polarización ideológica que vive el país, la propuesta ha logrado un consenso excepcional entre sectores políticos tradicionalmente opuestos. El representante López destacó cómo el proyecto cuenta con el respaldo y firmas de congresistas conservadores, del Partido Liberal, del Pacto Histórico y del movimiento feminista.
Según relató López, una senadora de una orilla política opuesta resumió la urgencia de la medida con una frase contundente: "En esto tiene que haber algo muy malo, porque estamos de acuerdo, usted y yo, Luis Miguel". El legislador insistió en que el trasfondo de esta unión radica en que "el mundo ha tenido una experiencia en lo que significa la comercialización de los seres humanos" y que, al analizar esta realidad, es evidente que "un bebé se vuelve un producto y una mujer se alquila, se comercia para un objetivo de tener un bebé", lo cual atenta directamente contra la dignidad humana.
Cifras preocupantes y "turismo reproductivo"
Debido a la actual ausencia de leyes que regulen o prohíban esta práctica en Colombia, el país carece de cifras oficiales estructuradas. No obstante, los autores del proyecto estiman la dimensión del problema a través del registro de impugnaciones de paternidad, un trámite necesario para que el bebé no quede registrado a nombre de la madre que lo dio a luz.
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"El año pasado hubo 8,000 impugnaciones... estamos hablando de que pudiera llegar a ser 8,000 bebés el año pasado y quizás somos el país número uno en estos momentos en el mundo", advirtió López, atribuyendo este auge a la extrema vulnerabilidad socioeconómica de muchas mujeres en el territorio nacional.
Asimismo, el diagnóstico revela que más del 80% de los casos de maternidad subrogada en Colombia corresponden a ciudadanos extranjeros que acuden al país para contratar estos servicios. Mientras que las agencias e intermediarios cobran contratos que superan los 200,000 dólares (unos 600 millones de pesos), las madres gestantes reciben apenas una fracción de entre 20 y 30 millones de pesos, una suma que no compensa los riesgos físicos del embarazo, los problemas de salud posteriores ni las secuelas psicológicas.
La pérdida de autonomía en la "letra menuda" de los contratos
El representante denunció las abusivas restricciones que imponen estos contratos, los cuales se redactan mayoritariamente en inglés, impidiendo que muchas de las firmantes comprendan cabalmente sus compromisos. "La mujer queda sometida completamente a ese contrato y no puede hacer nada durante 9 meses con su cuerpo", explicó López. Estas cláusulas obligan a las mujeres a pedir autorización médica para cualquier procedimiento hospitalario, controlan su alimentación y otorgan a los compradores la potestad de decidir si se debe abortar o no, anulando su autonomía.
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Para ilustrar la gravedad de esta situación, el congresista citó un litigio judicial en Estados Unidos donde una madre gestante enfrenta una demanda de más de 100,000 dólares por negarse a abortar a un feto al que le faltaban dos dedos. Del mismo modo, recordó el testimonio de Olivia Maurel —nacida por subrogación y vocera de la declaración de Casablanca—, quien ha visibilizado los severos problemas de identidad, salud mental y adicciones que sufren muchos de estos niños al crecer. Con esta ley, Colombia busca alinearse con países como España, Alemania, Italia y Finlandia, donde la práctica ya está prohibida.
Escuche aquí la entrevista: