El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó la salida del coronel Rolando Ramírez de la entidad, luego de un ascenso y traslado. El oficial había sido señalado por su actuación como entonces director de Custodia y Vigilancia del instituto en relación con el traslado de Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, para participar en el acto que posteriormente fue conocido como el "tarimazo" del expresidente Gustavo Petro en Medellín.
Los señalamientos están relacionados con la autorización del traslado de Ramírez García desde la cárcel de Itagüí hasta el Centro Administrativo La Alpujarra, el 21 de junio de 2025, para participar en un acto de gobierno. En su momento se cuestionó si el procedimiento contó con la autorización judicial correspondiente y si el entonces director de Custodia y Vigilancia tenía competencia para ordenar el movimiento del privado de la libertad.
De acuerdo con los señalamientos conocidos sobre el caso, el 19 de junio de 2025 el entonces director de Custodia y Vigilancia estuvo involucrado en la resolución que ordenaba el traslado de nueve presos de la cárcel de alta y mediana seguridad La Paz hacia la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.
El traslado estaba previsto para el 21 de junio de 2025, fecha en la que se realizó el acto que posteriormente fue denominado ‘tarimazo’ y que estaba relacionado con los acercamientos para la Construcción de Paz Urbana y Valle de Aburrá, liderados por la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta.
En ese momento, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla cuestionó el procedimiento y calificó los hechos como de “gravedad mayúscula”. La cabildante sostuvo que se había utilizado a una persona condenada con fines políticos y señaló que se habría producido una vulneración de las normas y una posible usurpación de funciones judiciales.
Carrasquilla también planteó que la investigación debía establecer las responsabilidades de quienes participaron en la salida de ‘Carlos Pesebre’ y de otros privados de la libertad que fueron trasladados desde establecimientos penitenciarios para asistir al acto del 21 de junio de 2025.
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Los cuestionamientos se concentraron en la competencia para disponer el traslado y en la existencia o no de una autorización judicial para que los internos salieran temporalmente del establecimiento penitenciario.