Las autoridades anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del inspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quesada Urrego, ocurrido este jueves en el municipio de Girón.La decisión fue adoptada al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado tras el atentado contra el funcionario penitenciario. Además de la recompensa, se dispuso un esquema especial de seguridad con apoyo del Ejército Nacional para fortalecer la protección de los guardianes del Inpec que prestan servicio en la Cárcel de Girón y garantizar el desarrollo de sus funciones.El Inpec lamentó el fallecimiento del inspector Quesada y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de trabajo. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en la investigación y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.Por su parte, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) rechazó el asesinato del funcionario y aseguró que este hecho refleja la grave situación de seguridad que enfrentan los servidores penitenciarios en el país. El sindicato advirtió que durante los últimos años decenas de funcionarios del sistema han sido víctimas de atentados y homicidios, por lo que pidió una estrategia nacional de protección que involucre al Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Inpec, Policía, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección y autoridades territoriales.En el comunicado, el sindicato señaló que la cárcel de Palogordo de Girón requiere una intervención inmediata debido a la presencia de personas privadas de la libertad de alta complejidad y a los proyectos de ampliación del establecimiento. También insistió en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza, mejorar la infraestructura, dotar de tecnología al sistema penitenciario y garantizar acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.El inspector Efraín Quesada Urrego fue atacado cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral en la Cárcel de Girón. Inicialmente resultó gravemente herido y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. El homicidio generó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio, tras el cual las autoridades anunciaron una recompensa de $50 millones y un esquema especial de protección para el personal del Inpec, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.
El presidente Gustavo Petro estará en Medellín este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, donde planea anunciar dos decretos desde el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, según conoció Blu Radio, solo uno de ellos quedará listo para esa fecha, mientras que el segundo —relacionado con la tercerización laboral— se firmaría aproximadamente dos semanas después.La jornada de marchas estará acompañada por un discurso del mandatario, en el que se espera oficializar el primer decreto: un plan de negociación colectiva del sindicalismo. Esta medida se enmarca en la decisión del Gobierno de reconocer a los sindicatos como sujetos de reparación colectiva.La principal novedad está en el segundo decreto, aún en construcción, que busca precisar las reglas de la tercerización laboral en Colombia. De acuerdo con lo conocido, la norma aplicará tanto para el sector público como para el privado y establecerá una diferenciación clara entre tercerización laboral y contratos temporales.Uno de los puntos clave del borrador es que las actividades misionales de una empresa no podrán ser tercerizadas. Es decir, aquellas funciones que constituyen el núcleo del negocio deberán ser desarrolladas directamente por empleados vinculados a la organización. Por ejemplo, en el caso de un hospital, médicos y enfermeras —al ser parte esencial de la atención— no podrían estar bajo esquemas de tercerización.El decreto también plantea que en estos casos no deberían utilizarse contratos de prestación de servicios, ni contratos a término fijo, ni esquemas de intermediación laboral para funciones misionales. Además, introduce el concepto de “solidaridad de empleador”, que implicaría que la empresa principal responda por las obligaciones laborales si el tercero incumple.En la práctica, esto significaría que si un trabajador —como un médico contratado a través de una cooperativa— ve vulnerados sus derechos o si la intermediaria desaparece, la entidad contratante, en este caso el hospital, deberá asumir la responsabilidad laboral. Desde el Ministerio del Trabajo señalan que el decreto se ha venido construyendo en mesas con distintos gremios, incluyendo la ANDI, pese a las diferencias existentes. El objetivo, según el Gobierno, es evitar que la tercerización se convierta en un mecanismo de precarización laboral. El texto también reafirma que los contratos temporales seguirán vigentes sin cambios. Estos se aplican, por ejemplo, para cubrir licencias de maternidad o incapacidades prolongadas, y no se verían afectados por la nueva regulación.La iniciativa retoma un debate que ya había surgido en la fallida reforma laboral, cuando el Gobierno propuso equiparar los derechos de trabajadores tercerizados y de planta, lo que generó controversia y finalmente fue retirado del proyecto.Ahora, mediante este decreto, el Ejecutivo busca delimitar con mayor precisión en qué casos será permitido recurrir a la tercerización. Por ejemplo, servicios como alimentación o transporte en un hospital sí podrían ser contratados externamente, al no formar parte del objeto misional.
El reciente decreto del Gobierno nacional que habilita la negociación colectiva multinivel entre sindicatos y empresas privadas ha generado un fuerte debate entre trabajadores, empresarios y analistas laborales. Mientras las centrales obreras celebran lo que consideran un avance en el fortalecimiento sindical, gremios empresariales expresan preocupación por el posible impacto económico y jurídico de la medida.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad y el propósito del decreto, que busca ampliar el alcance de las negociaciones laborales más allá de una sola empresa, permitiendo que sindicatos de una misma industria negocien condiciones comunes con múltiples compañías del sector.Según el ministro, la iniciativa tiene un respaldo jurídico sólido y responde a estándares internacionales en materia de derechos laborales. “Este decreto tiene todos los fundamentos legales. Se ampara en las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, que reconoce el derecho colectivo a la negociación que tienen los trabajadores y sus organizaciones sindicales”, afirmó Sanguino durante la entrevista.Un modelo de negociación por industriaActualmente, en Colombia la negociación colectiva se realiza principalmente entre un sindicato y la empresa específica donde trabajan sus afiliados. Con el nuevo decreto, los sindicatos de una misma rama económica podrían presentar un pliego unificado y negociar en una sola mesa con varias empresas o con los gremios que las representan.Sanguino explicó que esta modalidad busca corregir desequilibrios en el mercado laboral y evitar que los salarios se conviertan en un factor de competencia entre empresas. “Este decreto busca que podamos tener un escenario mucho más eficaz para articular mercados laborales equilibrados, coordinados y socialmente sostenibles”, señaló.De acuerdo con el jefe de la cartera laboral, el modelo no es una innovación exclusiva de Colombia, sino que está respaldado por experiencias internacionales y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente los convenios 98 y 154, ratificados por el país.El ministro sostuvo que el objetivo es superar la fragmentación sindical y permitir negociaciones más amplias entre trabajadores y empresarios. “Nos apoyamos en evidencia empírica de experiencias en todo el mundo donde el fortalecimiento de las organizaciones sindicales permite construir escenarios de negociación con los empresarios agrupados en sus gremios”, explicó.Preocupación en el sector empresarialA pesar de la defensa del Gobierno, la iniciativa ha sido recibida con escepticismo por parte de varios gremios empresariales. Entre los principales cuestionamientos se encuentra el hecho de que un mecanismo similar había sido discutido durante el trámite de la reforma laboral y no prosperó en el Congreso, lo que para algunos sectores podría generar dudas sobre su legitimidad.Otro de los puntos sensibles es el posible impacto en pequeñas y medianas empresas, que temen verse obligadas a cumplir acuerdos negociados por grandes compañías con mayor capacidad financiera.María Elena Espinosa, presidenta de ACOPI, advirtió que existe el riesgo de que las condiciones pactadas en grandes corporaciones terminen trasladándose a empresas más pequeñas. En ese sentido, señaló que “lo que se negocie en las grandes compañías con los grandes sindicatos es lo que se va a reflejar en todas las empresas del país”.El decreto, sin embargo, incluye cláusulas de adaptabilidad destinadas a reducir los impactos económicos en las pymes, un punto que el Gobierno considera clave para mantener el equilibrio entre competitividad empresarial y derechos laborales.La defensa del GobiernoDurante la entrevista, Sanguino también respondió a las críticas sobre una supuesta imposición del modelo. El ministro insistió en que la norma no obliga a las empresas a adoptar un esquema específico de negociación, sino que simplemente habilita un escenario adicional para ejercer el derecho a la negociación colectiva.“Estamos hablando de acceder a un derecho, no estamos estableciendo una obligación para nadie”, subrayó. En esa misma línea agregó que el decreto no define salarios ni beneficios, sino que establece el marco para que sindicatos y empresas negocien en una misma mesa.“No estamos presuponiendo cuáles son las condiciones salariales o laborales que resultarán de esa negociación colectiva”, explicó el ministro, al aclarar que el contenido final dependerá exclusivamente de los acuerdos alcanzados entre las partes.El precedente en el sector públicoPara respaldar su argumento, el ministro citó como antecedente la experiencia reciente del sector público. En 2024 el Gobierno aplicó un modelo similar mediante el Decreto 243, que permitió negociar en una sola mesa con sindicatos del Estado.Según Sanguino, ese proceso logró consolidar acuerdos en un plazo de 40 días y evitó múltiples conflictos laborales dispersos. “Una sola mesa arrojó un acuerdo favorable para los trabajadores y también para el Estado colombiano, evitando una multiplicidad de conflictos laborales fragmentados”, afirmó.Un debate que apenas comienzaEl nuevo decreto se produce en un contexto de baja sindicalización en Colombia, donde apenas el 4,5 % de los trabajadores está afiliado a un sindicato, según datos del Ministerio de Trabajo. Para el Gobierno, la medida podría fortalecer la representación de los trabajadores y mejorar la coordinación en el mercado laboral.Sin embargo, para varios sectores empresariales el desafío será garantizar que los acuerdos colectivos no generen cargas desproporcionadas para empresas de menor tamaño ni afecten la competitividad.Mientras tanto, el debate sobre la negociación colectiva multinivel promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda laboral del país, especialmente tras el estancamiento de la reforma laboral en el Congreso. La implementación del decreto y las primeras negociaciones que surjan bajo este esquema serán determinantes para medir su impacto real en la economía y en las relaciones laborales de Colombia.
Alrededor de 300 docentes de Santander partieron en caravana hacia Bogotá para participar en un plantón convocado frente al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en medio de las protestas del magisterio por las fallas en la prestación del servicio de salud.La movilización se realiza en seis buses que salieron desde el área metropolitana de Bucaramanga y realizaron una parada en Floridablanca, en el sector conocido como Papi Quiero Piña, antes de continuar su recorrido hacia la capital del país.Durante la concentración, los docentes entonaron arengas y señalaron que su viaje busca defender el derecho a la salud de los maestros activos y pensionados.“Viajamos por la defensa de la vida y la salud. El magisterio de Santander está presente reivindicando su derecho a una atención digna”, manifestaron algunos de los profesores que integran la caravana.Los educadores también cuestionaron a las entidades responsables de la atención médica del magisterio, señalando presuntas fallas en la entrega de medicamentos y en la atención a los jubilados.“No jueguen con la salud de los pensionados. Hay abuelos reclamando medicamentos incluso en sillas de ruedas. Exigimos dignidad”, expresaron durante la jornada.Para este miércoles 11 de marzo, los docentes participarán en un plantón frente a la sede del Ministerio de Educación Nacional de Colombia en Bogotá, donde exigirán respuestas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación frente a la situación del sistema de salud del magisterio.Ese mismo día se realizará una jornada de movilización en Bucaramanga. La marcha del área metropolitana partirá desde la sede de la Procuraduría General de la Nación, en la carrera 12 con calle 37, y avanzará hacia el parque García Rovira.Posteriormente continuará por la calle 36 hasta la carrera 27 y seguirá hacia la calle 48, pasando frente a la sede regional de la Superintendencia Nacional de Salud, para finalizar con un plantón en la sede del Fomag en la ciudad.
El 2026 empieza con dificultades para la educación en el vecino departamento del Chocó, pues la Junta Directiva del Sindicato Unión de Maestros (UMACH) anunció un estado de movilización permanente y el cese de actividades académicas ante el no pago del salario correspondiente a diciembre de 2025 para docentes y personal administrativo de la planta departamental.En Quibdó, las concentraciones se realizarán diariamente en el Parque del Centenario desde el martes 13 de enero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.De acuerdo con la organización sindical, la situación se originó por una serie de embargos judiciales que afectaron las cuentas del Sistema General de Participaciones (SGP) asignadas al sector educativo. El sindicato aseguró que no recibió información oportuna sobre estas medidas, lo que al parecer impidió adelantar acciones para proteger los recursos destinados a cubrir los compromisos de fin de año.En un comunicado firmado por el presidente Turís Martínez Pérez y el secretario general Yanco Ibargüen Valencia, esta organización sindical cuestionó la decisión del departamento de asumir nuevamente la administración del servicio educativo, pese a la existencia de deudas acumuladas, afirmando que “pudieron más las ansias de poder que las amenazas que se preveían sobre los recursos”.Con el fin de aclarar el destino de los fondos, el sindicato solicitó formalmente a la oficina jurídica de la Gobernación del Chocó información detallada sobre las sentencias que ordenaron los embargos, los despachos judiciales y abogados involucrados, así como los conceptos y montos exactos de las deudas que mantienen bloqueados los pagos.Asimismo, la organización expresó reparos frente al manejo de la Secretaría de Educación, al señalar la creación de varios sindicatos que, según su denuncia, responderían a compromisos políticos y a la obtención de permisos sindicales para asuntos personales.Mientras no se haga efectivo el pago, la UMACH pidió a los educadores a no asistir a sus lugares de trabajo y anunció jornadas de protesta en los municipios no certificados.
Son 42 los puntos presentados por SINTRAELECOL a la ESSA en una pretensión de los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales y salariales, de los cuales la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA) ha realizado una oferta integral de 11 puntos para lograr una nueva convención laboral con el sindicato más grande la compañía.En medio del proceso de acuerdo de la convención con SINTRAELECOL, la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), dio a conocer su compromiso de negociación, “estamos seguros que podemos llegar en la etapa de arreglo directo a la negociación que queremos. Nuestros trabajadores en este momento tienen unos beneficios y salarios acorde al mercado. Y adicionalmente a esto, quiero darle la tranquilidad a todos que el servicio de energía se seguirá prestando de manera continua”, afirmó Guillermo León, gerente de la ESSA.El punto crítico de la negociación ha sido la petición del aumento del salario en un 30 %, una fórmula que corresponde al IPC (Índice de precios del consumidor) más la diferencia del salario mínimo que se aplica al salario base cada año. La creación de esta convención fue en el año 2023 cuando la organización sindical presenta su denuncia.“Nosotros no vamos a soportar ese mayor valor del salario mínimo en todos los bienes y servicios que se nos vienen, colegios, transporte, todo lo que representa la canasta familiar. El llamado a la conciencia tenemos que replicárselo a la empresa", dijo Orlando Rojas, quien hace parte de la mesa de negociación colectiva de la ESSAPese a que hoy finaliza la etapa de arreglo directo con el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, se dio una prórroga de 20 días más, si no se llega a un acuerdo, la ESSA dejará a disposición del Tribunal de Arbitramiento esta conversación.
Mientras crecía la preocupación por un posible paro de maestros, la Alcaldía de Bucaramanga convocó a los sindicatos de educadores para analizar sus quejas frente a los traslados y evaluaciones de ascenso, buscando soluciones que evitaran una suspensión de clases.El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, confirmó que se evitó un paro de profesores en la ciudad“Llegamos a unos acuerdos importantes con los representantes de los educadores. Pudimos escuchar sus inquietudes sobre traslados de docentes, situaciones específicas que requieren análisis, y temas relacionados con la atención en salud física y mental”, explicó el mandatario local.Sánchez señaló, además, que se revisarán las fechas de algunos periodos de prueba y beneficios especiales para los maestros. “Estamos considerando ajustes en fechas como el Día del Cumpleaños y el Día de la Familia, para que los docentes puedan disfrutar de estos espacios con sus seres queridos”, añadió.El alcalde encargado también aseguró que se revisarán los actos administrativos relacionados con los traslados de profesores. “Si encontramos decisiones que no estén ajustadas a la ley, se tomarán las acciones correspondientes o se revocarán”, enfatizó.Por su parte, Johana Luna, presidenta y negociadora del Sindicato de Profesionales de la Educación en Colombia (SIPRECOL), pidió respetar la labor docente“Queremos darle las gracias al alcalde por acceder a revisar los actos administrativos de los docentes trasladados recientemente. Consideramos que algunos se hicieron de manera irregular, y esperamos que esto siente un precedente para que no vuelva a ocurrir”.Tras el encuentro, la alcaldía y los sindicatos se comprometieron a mantener mesas de trabajo permanentes para fortalecer el diálogo y garantizar el normal desarrollo de las clases, así como el bienestar del personal docente en la ciudad.Se garantiza el desarrollo de las clases en los diferentes colegios públicos de Bucaramanga.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se opusieron al proyecto de decreto en donde se establece la eliminación del arancel del 10 % a las importaciones chinas.Varias han sido las peticiones realizadas y las advertencias puestas sobre la mesa por parte del sector textil e hilandero, incluyendo y las organizaciones de productores algodoneros, quienes aseguran que los impactos serán graves en la industria y también en el país, pues la economía, los trabajadores y el campo colombiano se podría ver directamente afectados, siendo los mayores productores los departamentos de Córdoba, Cesar, Tolima, Huila y Meta.El gremio asegura que la medida planteada por el Gobierno no representa competitividad, al contrario, grandes, medianos y pequeños empresarios del sector son quienes que tendrán que tomar fuertes decisiones, pues tan solo 6 plantas de hilatura generan más de 8.000 empleos, que en gran parte son mujeres cabeza de hogar y cubren el 25 % de la demanda nacional de los hilos.“Yo sí quiero que alguien me explique cómo es que el señor Trump, que es un millonario de derecha, les pone aranceles a las importaciones chinas para proteger sus trabajadores y acá en Colombia el presidente Petro que supuestamente es de izquierda, toma la decisión más neoliberal: desindustrializar al país y dejarnos en la calle dizque para abaratar costos”, denunció Luis Rodrigo Carmona, presidente del Sindicato Mayoritario Sindelhato Fabricato.El sector asegura, que, si este decreto entra en rigor, los productos asiáticos podrían tener hasta el 35 % menos del costo real de toda la producción. El gobierno podría dejar de recibir alrededor de 165.000 millones de pesos anuales.Además, por medio de un comunicado mencionaron que “se pondrán en riesgo las exportaciones de confecciones colombianas, ya que, al desaparecer la producción local de hilo, Colombia perdería las reglas de origen de los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, México y la Unión Europea. Esto significará cerrar mercados internacionales que hoy permiten exportar con beneficios arancelarios.”Por el momento, las centrales obreras piden al gobierno Nacional que se reevalúe esta medida, y se frene con totalidad el proceso hasta que se evalúen técnica, económica y socialmente las consecuencias que esto puede causar a la industria textil. El gremio solicitó con urgencia una instalación de una mesa interministerial de trabajo que incluya al sector textil, las centrales obreras, los gremios agrícolas y las universidades, para tomar medidas finales del dumping asiático y generar políticas que fortalezcan la producción nacional y así se genere el empleo formal.
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Educación (Sintrenal) anunció que del 8 al 12 de septiembre llevará a cabo una toma pacífica de Bogotá, que incluirá el cierre del Ministerio de Educación Nacional y jornadas de protesta en las Secretarías de Educación de las 97 entidades territoriales certificadas. Asimismo, se implementará un plan tortuga en más de 7.500 instituciones educativas públicas del país.La decisión fue comunicada a través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, en la que el sindicato advirtió que, de no resolverse sus peticiones durante las jornadas programadas, se procederá a convocar un paro nacional indefinido con el cierre total de las instituciones educativas.Sintrenal argumentó que la movilización responde al incumplimiento de acuerdos laborales y al desconocimiento de derechos prestacionales consolidados y adquiridos. Entre las principales exigencias se encuentran el pago de deudas laborales pendientes desde hace más de diez años, el reconocimiento de fallos judiciales a favor del sindicato, la atención a trabajadores afectados por sobrecarga laboral y el respeto a garantías en procesos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.De acuerdo con el comunicado, la decisión fue adoptada por la Junta Nacional, los presidentes de las 30 subdirectivas departamentales y la Asamblea Nacional de delegados de la organización, que reiteraron el uso del derecho constitucional a la protesta.El sindicato pidió una reunión directa con el presidente de la República y el ministro de Educación para buscar una solución de fondo a sus reclamos, señalando que no aceptarán negociaciones con funcionarios de mandos medios.
La reactivación de la mesa de negociación entre empresarios, Gobierno y trabajadores esta semana no salió exactamente como esperaba el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.Lo que quería el Gobierno era apoyo para ratificar tres convenios de la OIT en Colombia. Lo que ocurrió es que la discusión ni siquiera comenzó porque hoy hay otra preocupación más grande sobre la mesa: el decreto que reescribiría la forma en que los sindicatos y las empresas negocian en el país.Hoy cada empresa negocia de puertas para adentro con sus sindicatos; en el nuevo modelo, los sindicatos de las empresas del mismo sector unificarían sus peticiones para todas las compañías. Ese es un modelo que se utiliza en Europa, Uruguay y Argentina, donde ha permitido aumentar el número de trabajadores que se benefician de las convenciones colectivas o acuerdos.En la reforma laboral se hundió completo un capítulo de derechos colectivos que buscaba, entre otras cosas, establecer esas negociaciones por sector. Sin embargo, el Gobierno quiere revivir ese modelo vía decreto y publicó un borrador para comentarios del público. Tras la reunión de las últimas horas, quedó claro que no será una discusión por correo electrónico y ahora habrá o subcomisión para abordar el tema.¿A quién le preocupa la negociación multinivel y por qué?El argumento principal de los empresarios es que no todas las empresas tienen la misma capacidad económica para atender las expectativas de los trabajadores y sus sindicatos. Piensen, por ejemplo, en que no es lo mismo negociar salarios y beneficios con Ecopetrol que hacerlo con una empresa contratista del sector petrolero.El impacto de este modelo en las pymes fue uno de los argumentos en el Congreso para tumbar estos artículos.Pero no solo los empresarios tienen sus dudas, en especial porque este modelo tiende a favorecer a los sindicatos de mayor tamaño.“Sin desconocer que el decreto en parte beneficia al crecimiento sindical. Lo que no compartimos, es que se vaya a beneficiar solamente una central sindical. Eso sí sería una catástrofe, porque pues ahí sí, ¿de qué democracia estaríamos hablando? Por Dios, si se sacan temas con preferencias sindicales”, dijo el presidente de la CTC, Jhon Jairo Caicedo, quien está consultando a sus bases antes de tener una posición oficial.Para el abogado y activista Sebastián Galeano, el nuevo modelo puede llevar a que la negociación se nivele por lo bajo y a que desaparezca del panorama la posibilidad de huelga o tribunal de arbitramiento.“Mi preocupación es que en el segundo nivel, como sucede en Argentina, se fijan unas condiciones bastante mínimas de condiciones laborales, salarios y demás, que podrá impedir a los sindicatos de base o de empresa superar esos límites o techos que en el segundo nivel se acuerden con los respectivos empleadores. Casi que lo que yo pudiera negociar con los sindicatos de mi empresa, pues va a ser mínimo o va a quedar bastante reducido en la medida que los empleados les van a negar de que ya surtieron una negociación en segundo nivel”, aseguró Galeano.Gobierno quiere comprometer al país a universalizar la protección socialEl ministro de Trabajo buscó la reunión de gremios y sindicatos porque quiere acelerar la ratificación en Colombia de tres convenios de la OIT, uno de ellos es el convenio 102 o norma mínima de seguridad social del año 1952.Los países que ratifican ese convenio se comprometen, entre otras cosas a masificar prestaciones sociales como la cobertura en salud, pensiones, seguros de desempleo, incapacidades médicas, licencias de maternidad y cobertura por enfermedad laboral a por lo menos la mitad de los trabajadores del país.Hoy la informalidad en Colombia supera el 55 %, lo que implica que menos de la mitad de los empleados cuenta con aportes a seguridad social o coberturas en casos como la vejez, o la invalidez.Asimismo, el Gobierno busca impulsar el convenio sobre condiciones mínimas para trabajadores y el convenio 187 que busca establecer un sistema de salud y seguridad en el trabajo.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
El juez segundo promiscuo del circuito de Puerto Asís-Putumayo admitió una acción de tutela y ordena a la Presidencia de la República inmediatamente suspender de manera transitoria los efectos de la resolución 389 del 9 de septiembre del 2026 por medio de la cual decreta el cierre de la zona de ubicación temporal del Valle del Guamuez.Este sería el segundo fallo en contra de las pretensiones del Jefe de Estado, luego de que otro juez, mediante acción de tutela, ordenara suspender el programa piloto de fumigación que se iba a realizar en una zona indeterminada del bajo Putumayo.Este fallo judicial se da a solo 6 días de la fecha de que el presidente De la Espriella había anunciado que el 30 de septiembre esa ZUT se tenía que cerrar.Según conoció Blu radio, los 99 accionantes exintegrantes del grupo ilegal comandos de frontera de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano manifestaron su preocupación frente a la inminente violación de los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la reincorporación, y tránsito a la vida civil, a la personalidad jurídica y la identidad, debido proceso administrativo, confianza legitima y la paz.En la parte de exposición, los excombatientes pidieron al administrador de justicia suspender la ejecución material del cierre y desalojo de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez ordenado, a partir del 30 de septiembre de 2026, hasta tanto se garantice y verifique, con participación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, un plan de tránsito y protección que garantice la protección de los derechos fundamentales y la protección de la población de la ZUT-ZOCIT.Solicitan, además, que para el funcionamiento de la ZUT-ZOCIUT se pueda ordenar a las autoridades pertinentes garantizar los servicios básicos de salud, alimentación y los elementos necesarios para la habitabilidad de la ZUT, así como ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional mantener, mientras se decide de fondo esta acción, las medidas de seguridad y protección reforzada actualmente desplegadas en favor de los noventa y nueve (99) beneficiarios”.Los accionantes, según el escrito de tutela, dicen que, por producirse antes del vencimiento del plazo de 10 meses, fijado por el propio Gobierno en la resolución 053 de 2026 y sin fundamento en las causales tasadas para su finalización anticipada, pero más significativo aún, por la incertidumbre y zozobra sobre la población concentrada que ha generado dicho acto administrativo, en relación con las expectativas jurídicas y la seguridad física y jurídica de las personas que hacen parte del proceso de reincorporación en la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, Putumayo.Para los accionantes, la resolución que emitió el pasado 9 de septiembre el presidente de la Espriella tiene efectos que podrían incidir, al parecer, en contra del proceso de reintegración social, político y económico.Dicen que la situación es más preocupante porque la Agencia de Reincorporación y Normalización cesó su presencia y acompañamiento físico desde la semana del 6 de septiembre de 2026 en adelante, según se describe en las líneas de la acción de tutela.Según el juez segundo promiscuo de Puerto Asís, frente a lo expuesto por los 99 excombatientes, señala el despacho que resulta pertinente ordenar la medida provisional solicitada, al advertirse que, la misma, resulta necesaria para evitar que la amenaza contra los derechos fundamentales que aquí se invocan, se concreten en una vulneración.
El Ejército Nacional, a través de la Décima Tercera Brigada y el Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI, logró rescatar con vida a Salomé Vásquez Sánchez, una niña de 2 años que permanecía desaparecida desde el pasado 20 de septiembre.La menor fue ubicada este 24 de septiembre, cuatro días después de que se reportara su desaparición, hacia las 3:00 de la tarde, en una zona rural del municipio de Paime, Cundinamarca. El procedimiento estuvo a cargo del Gaula Militar, que logró establecer el lugar donde se encontraba la niña.Tras ser localizada, Salomé fue trasladada de inmediato al hospital municipal de Paime, donde fue sometida a una valoración médica. Además, quedó bajo acompañamiento de Medicina Legal para continuar con el proceso de valoración. Por el momento, las autoridades no han informado cuál es su estado de salud.Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de la menor y determinar qué sucedió durante los cuatro días en los que permaneció sin ser localizada.Una de las líneas de investigación estaría relacionada con el padre de la niña. De acuerdo con los investigadores, el hombre habría amenazado a la madre de la menor después de que ella decidiera terminar la relación. Según el testimonio entregado por la mujer, el hombre presuntamente la amenazó con quitarse la vida y también con quitarle la vida a la niña si ella no regresaba con él.De acuerdo con la información entregada por los investigadores, horas antes del operativo de rescate, el hombre habría dejado a la menor y posteriormente se habría comunicado con una familiar para indicarle el lugar donde la había dejado. Esta persona habría informado a las autoridades sobre la ubicación, lo que permitió que los uniformados llegaran hasta una vivienda ubicada en una zona rural de Paime, donde finalmente encontraron a la niña.
Luego de que el Gobierno destinara más de $50.000 millones en recursos adicionales para el Icetex, la entidad anunció que, desde octubre, implementará un subsidio temporal a la tasa de interés que beneficiará a más de 170.000 colombianos que actualmente tienen créditos educativos.La medida tendrá vigencia hasta que se agoten los recursos establecidos por el Estado y busca reducir temporalmente el costo de los créditos para quienes cumplan con las condiciones establecidas por la entidad.“Con hechos estamos logrando nuevos beneficios para que los colombianos que están pagando su crédito tengan una importante reducción en la tasa de interés y un impacto positivo en su economía y la de su familia. Estamos con las personas que contaron con el apoyo del Icetex para estudiar y la Patria Milagro los está apoyando con medidas que se están materializando”, destacó el presidente del Icetex, Richard Caicedo.¿Quiénes pueden acceder al subsidio del Icetex?De acuerdo con la entidad, más de 170.000 beneficiarios podrán recibir este alivio. Para acceder, deberán cumplir con un requisito principal: tener el crédito al día y haber demostrado un buen comportamiento de pago durante los últimos meses.El beneficio se verá reflejado directamente en el recibo de pago de los beneficiarios. Durante el periodo de aplicación de la medida, los créditos seleccionados tendrán una liquidación de tasa de interés equivalente a IPC + 0 puntos, lo que representará una reducción temporal en el costo financiero.“Aún hay mucho por recuperar, pero juntos vamos a fortalecer la entidad. Seguiremos trabajando para encontrar soluciones, generar alivios y acompañar a quienes han confiado en nosotros para sacar adelante sus proyectos de vida”, agregó Caicedo.Esta sin duda es una gran ayuda para los beneficiarios y así aliviar de manera temporal este pago, además de seguir apostando por la educación de miles de jóvenes en todo el país.
En un mensaje enfocado en la unidad, el desarrollo y la sostenibilidad del país, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, destacó el riguroso proceso de selección que llevó al nombramiento de Joaquín Gutiérrez Caballero como el nuevo líder de la compañía más importante de Colombia."La Junta Directiva de Ecopetrol adelantó un proceso riguroso para seleccionar al líder que tendrá la responsabilidad de conducir una nueva etapa para la organización y liderar el renacer de Ecopetrol” , enfatizó.El presidente de la Junta Directiva subrayó que una de las misiones principales de Gutiérrez Caballero será tejer alianzas estratégicas y tender puentes de diálogo transparente con todos los actores clave: "Tendrá la misión de construir puentes entre la compañía, el estado, las regiones, las comunidades, los inversionistas y nuestros socios para impulsar soluciones que fortalezcan la sostenibilidad, la competitividad y la generación de valor".Además, ratificó el respaldo al nuevo líder de la petrolera en medio de la crisis energética que atraviesa el país: “La Junta Directiva le brinda todo su respaldo al doctor Joaquín Gutiérrez Caballero para liderar este momento de transformación y consolidar una Ecopetrol sólida, transparente, competitiva y preparada para los desafíos del futuro” , dijo Carlos Suárez.Hacia el cierre de su mensaje, el directivo resaltó al capital humano que compone la compañía petrolera, señalando que el éxito histórico de la empresa recae en su gente y en su rigor técnico.
