El panorama que han denunciado desde la Asociación Médica Sindical sobre el hospital Alma Matér es crítico, pues, según el sindicato, presuntamente en 2024 la entidad ha tenido una millonaria pérdida económica, que ha desencadenado en crisis de medicamentos, camas vacías y recorte de personal.El sindicato informó que, en promedio, el hospital genera más de 40.000 millones de pesos mensuales, sin embargo, desde septiembre y noviembre, al parecer, la institución, durante estos dos meses, ha tenido más de 30.000 millones de pesos en perdidas, según explica ASMEDAS, en una carta dirigida al Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, esto se debería a la falta de facturación a las EPS.Además, explican que a pesar de que el Hospital Alma Máter es la institución con más camas del departamento, 595, el 20% de las camas hospitalarias de Antioquia, desde el mes de septiembre, y a pesar de que es diciembre, un mes de gran congestión en servicios de urgencias, alrededor de 70 camas estarían vacías, producto de la difícil situación financiera que atraviesa la institución, aspecto que, incluso, según asevera el sindicato, presuntamente, ha afectado a varios pacientes, que ya han entablado denuncias (al menos dos, según estos)."El departamento de Antioquia tiene en este momento una crisis de falta de camas hospitalarias verdaderamente dramática. Esa situación ha hecho que muchas personas no puedan resolver su problema de dolor e incluso una situación de vida o muerte en las puertas de urgencias", expresó Carlos Oliveros, doctor en el Hospital Alma Máter y parte de Asmedas."Han decidido, por ejemplo, tener 70 camas vacías de urgencias. 20 camas apenas llegan a ocupar diariamente, apenas lo necesario para poder llevar pacientes a hospitalización, generando una crisis crónica que hasta ahora ha sumado cerca de 30.000 millones de pesos de pérdidas por falta de facturación a las EPS que no vamos a tener manera de resolver. Esa situación es la que le ha servido de disculpa a la administración para empezar un proceso de despidos y de no renovación de contratos", añadió.El presidente de Asmedas, Gonzalo Alberto Vélez, explicó que a pesar de que presuntamente, en dos semanas, a 40 trabajadores del personal de salud se les ha finalizado el contrato, según estos, sin justa causa, podrían ser alrededor de 60 los despedidos próximamente en el mes de diciembre."En la medida que el flujo de recursos económicos disminuye, por la disminución precisamente en la prestación de servicios, pues nosotros entendemos que es un proceso de marchitamiento de la entidad hospitalaria y que puede finalmente llevar al traste con la misma, incluso, a su cierre definitivo", puntualizó el presidente."En días pasados, alrededor de un mes, hubo un cierre de aproximadamente 200 camas. Este cierre se ha ido disminuyendo con el paso de los días, pero con la excusa de una falta de suministro de medicamentos. Un hospital que vive precisamente de la hospitalización y los servicios de salud a los pacientes, tener ese número de camas cerradas es verdaderamente una situación grave y crítica que la lleva a una falta de flujo financiero y obviamente a lo que hoy estamos viendo con el despido de trabajadores médicos de esa institución", complementó.¿Cual es la versión del Hospital frente a la denuncia del sindicato?El Hospital Alma Máter ya se pronunció y rechazó lo denunciado por el sindicato, la institución mencionó que a pesar de que sí hubo personal al que se le finalizó el contrato, se han contratado más especialistas para suplir las necesidades del hospital y que la notificación de no renovación se hace un mes antes de terminado el contrato. "En octubre se notificaron 5 no renovaciones de contrato y 3 terminaciones. Pero a su vez, este mismo mes, ingresaron 62 personas y en el mes de septiembre ya habían ingresado otras 68 personas. En noviembre se notificaron 4 no renovaciones de contrato y 1 terminación de contrato, pero en en este mismo mes ingresaron 15 personas", informó el hospital.El Hospital rechaza las afirmaciones de Asmedas, donde indican una masacre laboral. Las cifras no mienten y el hospital sigue avanzando con su mayor propósito de cuidar la salud de sus pacientes.Además, explican que las razones de estos despidos obedecen al requerimiento de perfiles más especializados en los diferentes servicios, debido a que es un hospital de alto nivel de complejidad."El hospital rechaza las afirmaciones de ASMEDAS, donde indican una masacre laboral, las cifras no mienten y el Hospital sigue avanzando con su mayor propósito de cuidar la salud de sus pacientes", indicó la institución.Actualmente, según la entidad, tienen en su planta de cargos a 2.400 empleados con vinculación directa. Adicionalmente, indican que, según estándares internacionales, los hospitales de alto a nivel de complejidad deben tener entre un 5 % y un 10 % de sus camas totales en el servicio de urgencias y que, en ese caso, la entidad ha mantenido esta proporción y actualmente cuenta con 50 camas de urgencias.
En Colombia ha iniciado formalmente la negociación para definir el salario mínimo que regirá en 2025, un proceso que enfrenta a los sectores empresariales y a las centrales obreras en un pulso que, de no llegar a consenso, podría terminar con un decreto gubernamental. Este año, el debate se desarrolla en un contexto marcado por una inflación proyectada del 5,2 %, un crecimiento económico moderado y un déficit fiscal superior a $30 billones.El cronograma establecido para las conversaciones incluye fechas clave, como el 3 de diciembre, cuando el Dane presentará los datos técnicos, y el 11 de diciembre, cuando las partes formalizarán sus propuestas de incremento. Sin embargo, las posiciones ya empiezan a ser evidentes.Desde las centrales obreras, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defiende un aumento de dos dígitos, superior al 10 %, argumentando que es necesario un ajuste significativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, los empresarios han señalado que el incremento no debería superar el 6,3 %, en línea con las proyecciones inflacionarias y el limitado crecimiento económico.El gobierno, representado principalmente por el Ministerio de Hacienda, sugiere un aumento que parta del 6,2 %, incluyendo la inflación proyectada y un punto de productividad, pero rechaza de plano cualquier ajuste que alcance los dos dígitos. Esta postura ha sido fuertemente criticada por las centrales obreras, que consideran que el Ministerio se ha adelantado indebidamente en la discusión.El proceso está diseñado para alcanzar un acuerdo tripartito, algo que no se logró en 2024, cuando el salario mínimo se fijó por decreto en $1.300.000, con un incremento del 12,07 %. En años recientes, solo las negociaciones de 2022 y 2023 lograron un consenso, una situación que podría ser difícil de replicar este año dada la distancia entre las posiciones actuales.Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, la ley establece mecanismos para continuar el debate hasta el 30 de diciembre, fecha límite para que el gobierno decrete el aumento si es necesario. La negociación del salario mínimo se convierte así en un campo de tensión entre los intereses de trabajadores, empresarios y las proyecciones macroeconómicas del país, marcando un final de año crucial para la economía colombiana.
Este jueves, 21 de noviembre, se cumplen cinco años del estallido social en Colombia y por eso varios sindicatos y organizaciones sociales realizarán algunas manifestaciones en las principales ciudades del país, incluida Bogotá.El punto final de esta manifestación será la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital.¿Dónde serán los puntos de concentración en Bogotá?La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), el Partido Comunes, entre otros, se citarán en el Parque Nacional desde las 9:00 de la mañana para luego llegar a la Plaza de Bolívar. Por eso se espera que la carrera Séptima esté cerrada y los conductores deban tomar vías alternas para llegar a sus destinos."21 de noviembre de 2024. Todos a las calles, por las reformas sociales, la paz y la unidad. En el marco del 5 aniversario del estallido social. En Bogotá, a las 9:00 a.m., desde el Parque Nacional a la Plaza de Bolívar", dice la publicación de la CUT en redes sociales.Puntos de las marchas en todo el país:Medellín: Parque de las luces a las 10:00 de la mañana. Terminará cerca ala Universidad Nacional.Barranquilla: Plaza de la paz a las 8:00 de la mañana. Terminará en el Paseo de Bolívar.Cartagena: Plazoleta de la India Catalina a las 4:00 de la tarde. Terminará en el Camellón de los Mártires.Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) a las 9:00 de la mañana.Manizales: Parque de la Mujer desde las 10:00 de la mañana.Valledupar: La ceiba desde las 9:00 de la mañana.Montería: Parque de los Laureles dese las 8:00 de la mañana.San José Del Guaviare: Adec desde las 9:00 de la mañana.Neiva: Parque Leesburg desde las 8:00 de la mañana.Riohacha: Parque Simón Bolívar a las 7:00 de la mañana.Pereira: Makro Dosquebradas desde las 9:00 de la mañana. Terminará en la sede de la Gobernación.Florencia: Centro Comercial Gran Plaza a las 9:00 de la mañana.Ibagué, Tolima: La Casa del Maestro desde las 8:00 de la mañana.Sincelejo: Avenida Sincelejito desde las 8:30 de la mañana. Terminará en el Parque Santander.Cúcuta: Parque Simón Bolívar a las 8:00 de la mañana.Bucaramanga: Parque del Sol a las 2:00 de la tarde.Cinco años del 21N en ColombiaEl 21N en Colombia conmemora una serie de protestas y movilizaciones sociales que ocurrieron en noviembre de 2019 y también del 2021. Estas protestas fueron desencadenadas por una combinación de factores, incluyendo la situación económica, corrupción y la reforma tributaria que intentaba avalar el Gobierno de Iván Duque.En 2019, el paro nacional fue una jornada de protestas que contó con la participación de más de un millón de personas y fue convocada por diferentes sectores de la sociedad, incluyendo sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes. Además, se exacerbó los ánimos entre los ciudadanos por el exceso de fuerza del Esmad que terminó con la muerte del joven Dilan Cruz.En 2021, las protestas se reiniciaron debido a la presentación de un proyecto de reforma tributaria por parte del Gobierno, lo que desencadenó un estallido social en todo el país.
Miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Barrancabermeja y el Magdalena Medio (Sindispetrol) denunciaron amenazas de muerte a raíz de las protestas que han venido realizando para exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores de Ecopetrol y los contratistas de la región.El presidente del sindicato, Joseph Pinzón, señaló que dichas amenazas llegaron posterior a protesta realizadas en diferentes regiones del Magdalena Medio: "expusimos la situación que tenía como objetivo visibilizar los derechos laborales vulnerados de los trabajadores y muchos trabajadores con transporte de la empresa se detuvieron voluntariamente, sin interrumpir el descanso dominical, en una acción pacífica para llamar la atención sobre las injusticias laborales en Ecopetrol", indicó.El contenido de los mensajes es claro y alarmante: "los sindicalistas deben abandonar la ciudad de Barrancabermeja o, de lo contrario, serán ejecutados". Víctor Jaimes, vicepresidente de Sindispetrol, manifestó que las amenazas surgieron "tras las denuncias sobre las condiciones precarias que enfrentan los trabajadores de Ecopetrol, tanto los directos como los tercerizados, nos dan una orden estricta de irnos y de no ser así, segarán nuestras vidas".En los mensajes, los delincuentes afirmaron que tienen a los sindicalistas "en la mira" y anunciaron que el Campo Llanito será el punto de inicio de una "limpieza social".Llama la atención que las amenazas llegaron justo después de la realización de estas protestas, que exigieron el cumplimiento de derechos laborales y el respeto a la integridad de los trabajadores de la petrolera.Por su parte, Ecopetrol condenó rotundamente las amenazas de muerte contra los directivos de Sindispetrol y reiteró su rechazo a este tipo de conductas, que atentan contra la libertad de expresión y ponen en riesgo la vida de los afectados.Mediante un comunicado, la empresa expresó su solidaridad con los dirigentes sindicales y urgió a las autoridades competentes a investigar los hechos y garantizar la seguridad de los líderes sindicales.
En medio del silencio de la empresa Monómeros Colombo Venezolana por la supuesta venta de sus acciones que dio a conocer el presidente Gustavo Petro, los miembros de sindicato de trabajadores de la compañía se mostraron en desacuerdo con lo que sería la privatización de un activo que pertenece 100% al gobierno de Venezuela. En un comunicado entregado este 14 de noviembre, el cual se dio como conclusión de una extensa reunión que sostuvieron los trabajadores el día anterior, estos pidieron una urgente reunión con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; con el superintendente de Sociedades, Billy Escobar; y con la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Esto con el fin de discutir un camino de transparencia y control dentro de un eventual escenario de privatización, en el que se garanticen los derechos a los trabajadores y también al campesinado colombiano. "Sintramonómeros ve como un grave error la entrega de una empresa estratégica a intereses de personas con prácticas desleales", indica el comunicado, sin embargo, no advierten quiénes serían los compradores. Visita de SuperSociedadesEn el marco de vigilancia especial que realiza la Superintendencia de Sociedades a Monómeros, el pasado 13 de noviembre fue realizada una visita sobre la información de la posible venta de la empresa, con el objetivo de solicitar información sobre los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta los acreedores de la compañía, entre lo que destaca importantes deudas vinculadas a Pequiven.
A finales de cada año, en Colombia se lleva a cabo la negociación para definir el aumento del salario mínimo que regirá en el próximo año. Para 2025, se espera que el incremento se base en las proyecciones actuales de inflación y productividad, sin embargo la situación fiscal que vive el país puede no ser un dato optimista para hacer un gran aumento. El microeconomista especializado en temas de economía laboral Adrián Garlati, además profesor de la Universidad Javeriana, le explicó a Blu Radio el proceso y las implicaciones de este ajuste en la economía nacional y entregó su proyección de cuánto será ese aumento. ¿Cómo se hace el aumento del salario mínimo?Según el profesor Garlati, este proceso de negociación generalmente se desarrolla desde finales de noviembre hasta diciembre, donde cada sector presenta sus propuestas de aumento. "La inflación esperada para este año se encuentra entre un 5% y un 5.5%, y el punto de productividad ronda el 1%. Con base en estos parámetros, los gremios empresariales sugieren un incremento cercano al 6%, mientras que algunos sindicatos abogan por aumentos de hasta el 15%, un porcentaje considerablemente más alto", explicó el analista económico. Esto en plata quiere decir que los empresarios buscarán que el aumento del salario mínimo en 2025 sea de 65.000 pesos a 70.000 pesos. Mientras que los sindicatos van por un incremento de 190.000 pesos. Es de señalar que el año pasado el aumento fue de 162.000 pesos, uno de los más altos y fue por decreto al no llegar a un consenso en la mesa. "Un aumento demasiado elevado podría ser negativo"El profesor Adrián Garlati subraya que un aumento demasiado elevado del salario mínimo podría impactar negativamente en la economía. Explica que, "aumentos significativos pueden elevar el desempleo y la informalidad, ya que algunos trabajadores podrían verse desplazados al sector informal".Aun así, destaca que aproximadamente 4 millones de personas en Colombia, que representan el 18% de los trabajadores, perciben el salario mínimo y serían los principales beneficiados por un incremento alto.En el contexto regional, señaló que el salario mínimo en Colombia se encuentra cerca del promedio nacional de ingresos, lo que es inusual en comparación con otros países. ¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2025? Finalmente, al proyectar el incremento del salario mínimo para 2025, el profesor estima que el ajuste podría oscilar entre el 6% y el 7%, dependiendo de las negociaciones entre las partes o, en última instancia, de una decisión unilateral del Gobierno si no se llega a un consenso.Esto quiere decir que la proyección del analista es que el aumento del salario mínimo para 2025 sería de aproximadamente 90.000 pesos, para quedar en 1'390.000 pesos sin auxilio de transporte.
La Asociación de Servidores Públicos de Antioquia dio a conocer una denuncia realizada por la Subdirectiva Sindical de Barbosa en la que exfuncionarios denominaron como “masacre laboral” el despido de 48 funcionarios públicos de la administración local. Según el sindicato, la decisión fue expedida por la Alcaldía Municipal, quien, según estos, habría determinado la suspensión de estos funcionarios debido a una reestructuración de la planta de cargos de la entidad y una adaptación en el manual de funciones, aspectos que estaban englobados, según los exfuncionarios, en un decreto que contaba con el aval del concejo municipal.Parte del sindicato alegó que la administración local, no socializó dicha reestructuración y además suspendió a dos funcionarios de carrera administrativa, pertenecientes a la junta directiva del sindicato, con fuero sindical. Milena Catalina Osa, técnica administrativa, exfuncionaria de la Alcaldía de Barbosa durante casi 9 años y una de las líderes de este sindicato, rechazó la decisión de la Alcaldía y mencionó las afectaciones que están viviendo estos exfuncionarios."Cuando emitieron el primer decreto para este término de la reforma, ellos incluyeron también dos personas que hacen parte de la Junta Directiva. Ni siquiera se tuvo en cuenta esa situación, ni se tuvo en cuenta la vulneración del tema de que somos cabezas de familia, cabezas de hogar, que somos personas a cargo de adultos mayores, personas que hemos trabajado y nos hemos formado rigurosamente", mencionó la exfuncionaria.El sindicato menciona que esta situación les generó un malestar emocional, y que muchos, han sufrido de ansiedad por este despido que han detallado como “inadecuado”. A pesar de las declaraciones del sindicato, Blu Radio se comunicó con la Alcaldía de Barbosa para conocer su versión y las razones por las cuales despidieron a estos 48 funcionarios.Una de las razones que menciona el alcalde es el gasto público del municipio, el cual pasa por una difícil situación presupuestal, pues el costo del funcionamiento no corresponde con la capacidad del municipio, y con esta reestructuración se busca mejorar las condiciones del municipio. "Nosotros tenemos que tomar decisiones que le generen el bienestar a la comunidad y que puedan generar o traducir la inversión social. Esto nos va a permitir esta reforma, generar un ahorro de 2.800 millones de pesos en el año aproximadamente. Esto nos va a permitir que esos 2.800 millones de pesos se vean reflejados en infraestructura y en los programas sociales de la administración pública", explicó Juan David Rojas, alcalde de Barbosa.Además, el alcalde explicó que, según un estudio realizado, el municipio tiene un gasto de nómina por encima del 42%, uno de los más altos en comparación con municipios aledaños, situación que según el funcionario, generó la reducción de cargos de nómina, siendo 30 los funcionarios despedidos, y no 48, como afirma el sindicato. Además, afirmó que no hay tal masacre laboral, pues la supresión de cargos no supera el 16%, y además, serían 10 los funcionarios de carrera administrativa los despedidos, otra cifra, distinta a la dada por el sindicato. La administración local, aseguró que su intención siempre ha sido la del diálogo, y desmintió lo dicho por el sindicato, de no haber un acercamiento de parte de ellos para solventar esta situación. Por el momento, la disputa por quien tiene la razón sobre esta situación sigue, pues el sindicato afirma que la administración actuó de mala fe y no socializó jamás tal reestructuración, sin embargo, desde la Alcaldía indican que si se notificó a los funcionarios despedidos, se socializó el manual de funciones y además se les ofreció un proceso de reincorporación e indemnización.
En Bucaramanga, Santander, sindicatos, integrantes del Pacto Histórico y simpatizantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se unirán a la movilización nacional que fue convocada en apoyo al mandatario de los colombianos.Así será el recorrido de las marchas en BucaramangaEn la capital de Santander la marcha iniciará a las 2:30 de la tarde con punto de encuentro en La Puerta del Sol. El propósito es recorrer la carrera 27, tomar la calle 36 hasta llegar hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán en pleno centro de la ciudad.“En el marco de la gran jornada nacional de defensa de la democracia vamos a estar participando como sindicato junto con más organizaciones sociales populares estudiantiles, campesinas, como un llamado de atención a la sociedad en general que más allá de la defensa de una persona es también la defensa del Estado social de derecho”, manifestó Mauricio Martínez, del Sindicato de Educadores de Santander (SES).Dijo que el propósito de la manifestación es también apoyar las reformas del Gobierno Nacional.“Hay un escenario natural que es el Congreso de la República y al cual también le estamos reclamando de paso que tenga un papel más protagónico frente a las diferentes reformas que son aspiraciones de la sociedad colombiana en temas de salud, educación, saneamiento y agua potable”, indicó el docente.A la marcha de Bucaramanga se unirán delegaciones del área metropolitana. Sindicatos de San Gil y Barrancabermeja también realizarán movilizaciones en esos municipios. Son más de 300 instituciones educativas, incluyendo las sedes, en donde habrá anormalidad académica por cuenta de la marcha.
Se cumple un mes de la suspensión de la huelga en el Ministerio del Trabajo, y varios trabajadores denuncian que no están recibiendo el pago de sus salarios y anuncian que emprenderán acciones legales.Eliazar Falla, vocero Comité de Huelga del Ministerio habló en Mañanas Blu y denunció que los trabajadores que se reincorporaron a sus actividades después de una huelga de dos meses no han recibido el pago de sus salarios. Aunque la huelga fue suspendida a finales de julio, los empleados continúan sin recibir el salario correspondiente a los meses trabajados.“Desde junio mucha gente en el Ministerio del Trabajo muchos trabajadores no han recibido su salario, en la gente hay mucha preocupación porque la verdad es que no tenemos dinero ni con qué llevar el alimento a nuestras casas. A mí pues no me han pagado hace mucho rato. Desde junio no me pagan ni siquiera la prima ni nada al respecto. y pues el argumento es porque estábamos en huelga como un mecanismo de presión para no continuar en la huelga”, dijo Falla.Además de la falta de pago de salarios, los trabajadores también han denunciado ataques físicos y verbales por parte de las directivas del Ministerio. Durante la huelga, hubo casos de personas atropelladas y agresiones físicas y verbales hacia los trabajadores sindicalizados.A pesar de existir protocolos para prevenir el maltrato laboral, el sindicato denunció que en el Ministerio de Trabajo no se han implementado dichos protocolos y las denuncias internas no han tenido respuesta. El sindicato espera que estas denuncias sean presentadas ante las autoridades correspondientes.“Durante todo el ejercicio, en la huelga hubo varios ataques físicos. Hubo personas atropelladas y hubo insultos físicos y insultos verbales, de destituciones, de aperturas de investigación por parte de las directivas del Ministerio del Trabajo”, denunció Falla.La falta de pago de salarios y los maltratos sufridos por los trabajadores han generado preocupación y malestar entre ellos, quienes no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. El sindicato hace un llamado a la solidaridad de la comunidad para apoyar a los trabajadores en esta difícil situación.
El sindicato de trabajadores de la Alcaldía de Bucaramanga podría entrar en parálisis de actividades de no ser escuchados por el alcalde, Jaime Andrés Beltrán.Tras el inicio la segunda fase de negociación, los representantes del sindicato se mostraron preocupados porque aseguran que el alcalde, Jaime Andrés Beltrán, no ha tenido en cuenta sus solicitudes sobre beneficios laborales adquiridos con anterioridad, y que desde la administración local no quieren, en este momento, reconocer.“En estos momentos las organizaciones sindicales adscritas al municipio nos encontramos en la prórroga o segunda etapa del proceso de negociación con el municipio de Bucaramanga. Notamos con asombro y preocupación el desconocimiento como ciudadanos y funcionarios administrativos que no tenemos respuesta del alcalde para dialogar, para escucharnos y que de voz propia sepa lo que nos aqueja”, señaló Jhon Enrique Durán, del sindicato Udeméritos.Junta del Acueducto de Bucaramanga renunciará por diferencias con el alcalde Jaime Andrés BeltránCuestionaron a quienes han sido delegados por parte de la alcaldía como negociadores, porque dicen que su actitud “no es conciliadora”.“La situación es compleja en mesa de negociación, los negociadores están saliendo con situaciones que desconocemos. Pareciera que estuviéramos hablando con una alcaldía desfinanciada. Aunque el secretario de Hacienda ya nos dijo que no, que está bien. Luego quieren tergiversar la ley como si no supiéramos y conociéramos la ley. No los entendemos”, señaló Duvan Roa, representante de Astdem.Desde el Sindicato de Educadores de Santander (SES) también criticaron que solicitudes que están incluidas en el pliego, se exija tengan que realizarse de manera independiente.“Han sido muy desgastante las respuestas negativas y absolutas de la administración, en peticiones que son de derecho. Por ejemplo, solicitamos una información sobre el presupuesto discriminado que existe o destinado al mejoramiento de las instituciones educativas y los negociadores en representación del alcalde Jaime Andrés Beltrán, nos han dicho que para eso debemos pasar un derecho de petición por el SAC conforme a la ley 1437 de 2011, desconociendo que la petición está implícita en unas negociaciones que ya se han iniciado desde tiempo atrás y que es ilegal que nos estén exigiendo”, manifestó Marlene Pinto, del Sindicato de Educadores de Santander (SES).
