Los conductores que quieran acceder al descuento por una multa de tránsito deberán cumplir desde este lunes un nuevo proceso de verificación en los cursos para infractores. La medida comenzó a regir para los Centros Integrales de Atención (CIA), que ahora están obligados a utilizar el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma diseñada para validar la identidad de los asistentes y evitar fraudes durante el trámite.El cambio fue establecido por la Superintendencia de Transporte mediante la resolución 8863 del 16 de julio de 2026, en cumplimiento de las Leyes 2283 y 2294 de 2023. Según la entidad, el objetivo es garantizar que el beneficio de reducción en el valor de los comparendos sea otorgado únicamente a quienes realmente cumplen con los cursos exigidos por la normativa.¿Qué cambia desde este lunes para quienes buscan descuento en multas?La principal novedad es que los Centros Integrales de Atención deberán verificar la identidad de cada infractor antes y durante la prestación del servicio mediante la infraestructura tecnológica del SICOV.El sistema incorpora mecanismos de autenticación que contrastan la información de los usuarios con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de utilizar tecnología de reconocimiento facial para confirmar que quien realiza el curso corresponde realmente al infractor.La misma validación también deberá aplicarse a los instructores encargados de impartir las capacitaciones.Según la Superintendencia de Transporte, los datos obtenidos durante estas verificaciones serán comparados posteriormente con la información reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).¿Por qué se implementó este nuevo requisito?La entidad explicó que la medida busca reducir los casos de fraude detectados en los cursos para infractores, un mecanismo creado para que los conductores puedan acceder a descuentos en el pago de comparendos cuando cumplen con las condiciones previstas por la ley.En palabras del superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, el propósito es que este beneficio se otorgue "con transparencia y legalidad", evitando manipulaciones o suplantaciones de identidad.Con el nuevo sistema, las autoridades podrán verificar que las personas inscritas sean quienes efectivamente asisten a las capacitaciones y cumplen los requisitos establecidos.¿Quiénes deberán aplicar las nuevas reglas?Desde el 3 de agosto de 2026, la obligación recae sobre todos los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados para dictar cursos a infractores.Posteriormente, el 16 de septiembre de 2026, la misma exigencia comenzará a aplicarse a los Organismos de Tránsito (OT) que también prestan este servicio.La Superintendencia indicó que realizará visitas de inspección y verificaciones para comprobar que las entidades implementen correctamente el SICOV y utilicen los mecanismos de autenticación exigidos.¿Qué verificaciones harán durante los cursos?De acuerdo con la resolución, el sistema deberá incluir, como mínimo:Validación de identidad contra las bases de datos de la Registraduría Nacional.Verificación mediante reconocimiento facial.Cotejo de la información registrada con los datos reportados al RUNT.Controles para evitar suplantaciones y alteraciones en los registros de asistencia.
Los conductores que busquen acceder al descuento en el pago de multas de tránsito mediante los cursos para infractores tendrán que cumplir un nuevo requisito a partir del 3 de agosto de 2026, según dio a conocer la Superintendencia de Transporte.La entidad ordenó la entrada en operación de un sistema de control que verificará la identidad de los asistentes mediante herramientas biométricas para reducir los casos de fraude y suplantación.La medida quedó establecida en la resolución 8863 del 16 de julio de 2026 y hace parte de la implementación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma que deberán utilizar los Centros Integrales de Atención (CIA) y, posteriormente, los Organismos de Tránsito (OT) que ofrecen los cursos para obtener descuentos en comparendos.¿Cuál es el nuevo requisito para obtener el descuento en las multas?El principal cambio consiste en que los conductores ya no solo deberán asistir al curso correspondiente, sino que también tendrán que acreditar su identidad mediante controles biométricos implementados por el SICOV.De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, el sistema validará la identidad de los usuarios utilizando:Reconocimiento facial.Verificación de identidad con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Cotejo dactilar (huella) en los procesos establecidos para los prestadores del servicio.La información obtenida será comparada con los datos que posteriormente reporten los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).Según explicó la entidad, el propósito es garantizar que las personas que reciben el beneficio por realizar el curso sean realmente los infractores y evitar que terceros suplanten identidades para obtener descuentos de manera irregular.¿Desde cuándo comenzará a aplicarse?La implementación será gradual.Los primeros en utilizar obligatoriamente el Sistema de Control y Vigilancia serán los Centros Integrales de Atención (CIA), que deberán comenzar a operar con esta infraestructura desde el 3 de agosto de 2026.En el caso de los Organismos de Tránsito (OT) que también ofrecen estos cursos, la obligación entrará en vigencia desde el 16 de septiembre de 2026.La Superintendencia señaló que realizará visitas de inspección y verificará permanentemente el funcionamiento del sistema para comprobar que las validaciones biométricas se estén efectuando correctamente.¿Por qué el Gobierno implementará este nuevo sistema?La decisión responde a las facultades otorgadas por las leyes 2283 y 2294 de 2023, que ordenan fortalecer los mecanismos de control en los cursos dirigidos a infractores de tránsito.Según la Superintendencia de Transporte, durante los últimos años se han detectado intentos de fraude relacionados con estos procesos, motivo por el cual el SICOV buscará impedir manipulaciones de información y suplantaciones de identidad.El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, explicó que el objetivo es que este beneficio se otorgue con transparencia y que quienes accedan a los descuentos realmente cumplan con los requisitos establecidos por la ley.¿Qué controles realizará la Supertransporte?La entidad indicó que ejercerá labores de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores del servicio.Entre las acciones previstas se encuentran:Verificar la implementación del Sistema de Control y Vigilancia.Comparar la información biométrica con los registros reportados al RUNT.Realizar visitas de inspección a los Centros Integrales de Atención y Organismos de Tránsito.Revisar los registros administrados por los operadores homologados del sistema.
La Superintendencia de Transporte sancionó con más de 4.215 millones de pesos a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. -Precoltur- luego de concluir una investigación del accidente de tránsito ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en la vía entre Remedios y Zaragoza, donde murieron 17 personas y otras 20 resultaron heridas.La tragedia involucró a un bus de servicio especial que transportaba a estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión a la Costa Caribe. El vehículo se salió de la carretera y cayó a un precipicio en el sector conocido como El Chispero.De acuerdo con la Superintendencia, se detectaron múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros. Entre los hallazgos figuran la falta de sistemas de comunicación entre la empresa y sus conductores, la ausencia de una estructura tecnológica y administrativa adecuada para el control de las operaciones y otras. "Evidenció múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros. Conductores sin afiliación completa al sistema de seguridad social, programas de capacitación incompletos, irregularidades en los contratos de vinculación de los vehículos, todo esto quebrantando el principio de seguridad del transporte", explicó el superintendente delegado de Tránsito, Alberto Daza.La entidad señaló que estas fallas constituyen incumplimientos a las obligaciones legales que deben cumplir las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte especial, motivo por el cual se impuso la sanción económica.Esta decisión se suma a las medidas adoptadas en diciembre de 2025, cuando la Superintendencia ordenó la suspensión preventiva por seis meses de Precoltur y abrió investigaciones contra la compañía y el Centro de Diagnóstico Automotor que certificó la revisión técnico-mecánica del bus accidentado.
El Ministerio de Transporte confirmó que millones de fotomultas impuestas en Colombia entre 2018 y 2024 deberán ser revocadas por irregularidades detectadas en la operación de cámaras de tránsito en 37 organismos del país.La ministra de Transporte, Mafe Rojas, explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la decisión cobija comparendos impuestos mediante sistemas automáticos de detección que operaron sin cumplir requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa colombiana.Según indicó la funcionaria, la revisión adelantada por la Superintendencia de Transporte encontró que varias autoridades comenzaron a imponer sanciones antes de contar con los permisos requeridos o utilizaron certificaciones expedidas a terceros.“Se caen 7 millones y medio de comparendos porque no cumplieron los requisitos de la ley”, aseguró la ministra durante la entrevista.Listado de ciudades y fechas de fotomultas que quedarían sin validezEl Ministerio de Transporte indicó que las sanciones se revocarán dependiendo de la ciudad y del periodo en que operaron las cámaras bajo investigación:Secretaría de Movilidad de Medellín: del 10 de diciembre de 2018 al 28 de abril de 2020.División de Tránsito y Transporte de La Dorada: del 10 de diciembre de 2018 al 3 de septiembre de 2019.Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio: del 10 de diciembre de 2018 al 20 de octubre de 2019.Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali: del 10 de diciembre de 2018 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá: del 12 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2020.Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla: del 27 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2019.Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal: del 18 de diciembre de 2018 al 24 de julio de 2019.Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario: del 14 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2019.Secretaría de Movilidad de Itagüí: del 1 de febrero de 2019 al 5 de julio de 2020.Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta: del 1 de febrero de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena: del 1 de febrero de 2019 al 29 de agosto de 2019.Secretaría de Movilidad de Bello: del 27 de febrero de 2019 al 16 de febrero de 2020.Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa: del 27 de febrero de 2019 al 15 de septiembre de 2019.Instituto de Tránsito del Atlántico: del 27 de febrero de 2019 al 12 de agosto de 2019.Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia: del 27 de febrero de 2019 al 25 de noviembre de 2019.Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona: del 27 de febrero de 2019 al 19 de diciembre de 2019.Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco: del 26 de marzo de 2019 al 28 de noviembre de 2019.Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad: del 26 de marzo de 2019 al 9 de diciembre de 2019.Secretaría de Tránsito y Transporte de San José de Cúcuta: del 26 de marzo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca: del 30 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Organismo de Tránsito Municipal de Palermo: del 29 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN): del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios: del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago: del 24 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Yotoco: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga: del 8 de agosto de 2019 al 26 de mayo de 2021.Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja: del 20 de septiembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta: del 15 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán: del 20 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica: del 28 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería: del 13 de diciembre de 2019 al 12 de diciembre de 2024.Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica: del 14 de enero de 2020 al 13 de enero de 2025.Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira: del 22 de mayo de 2020 al 21 de mayo de 2025.Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao: del 21 de julio de 2020 al 20 de julio de 2025.Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca: del 12 de febrero de 2021 al 11 de febrero de 2026.Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá: del 16 de diciembre de 2020 al 15 de diciembre de 2025.¿Por qué se tumbarán millones de fotomultas?De acuerdo con el Ministerio de Transporte, las irregularidades están relacionadas con el llamado concepto de desempeño o de uso de la tecnología, expedido por el Instituto Nacional de Metrología.Ese documento certifica que las cámaras de fotodetección cumplen condiciones técnicas para operar legalmente.La ministra explicó que algunos organismos de tránsito instalaron y pusieron a funcionar cámaras antes de obtener esa autorización. “Muchos arrancaron a cobrar sin haber hecho el trámite correspondiente”, afirmó.La investigación revisó permisos solicitados por 37 organismos de tránsito entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024.¿Qué pasa con quienes no han pagado la fotomulta?La ministra aseguró que las personas que tengan comparendos dentro de los periodos investigados no tendrán que hacer trámites para solicitar la revocatoria.Según explicó, las secretarías de tránsito deberán eliminar automáticamente las multas de sus plataformas.“Si está en esos periodos y en esa ciudad, no tenga ya ese comparendo que fue puesto de manera irregular”, señaló. El beneficio cobijaría más de 5,8 millones de comparendos que todavía no han sido pagados.¿Qué deben hacer quienes ya pagaron?En el caso de ciudadanos que ya cancelaron la multa, el proceso sí requerirá una solicitud ante la secretaría de tránsito correspondiente.La ministra indicó que las entidades deberán habilitar mecanismos virtuales para que los usuarios pidan la devolución del dinero mediante ventanillas digitales o correos electrónicos.El Gobierno calcula que más de 1,5 millones de comparendos ya fueron pagados, por un valor superior a un billón de pesos.
Más de 5.8 millones de fotomultas en Colombia deberán quedar sin validez tras una investigación del Gobierno nacional contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como SAST.La actuación fue anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que advirtieron posibles incumplimientos técnicos y legales en el funcionamiento de cámaras de fotodetección utilizadas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, entre otras.Según las autoridades, la investigación involucra más de 7,5 millones de comparendos impuestos mediante estos sistemas tecnológicos.¿Cuántos comparendos se revocarán?El Ministerio de Transporte aseguró que 5.832.906 comparendos que todavía no han sido pagados deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes.La medida beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos en el país.Además, la investigación reveló que 1.582.398 fotomultas ya fueron pagadas por conductores colombianos, lo que representó recaudos superiores a $1,05 billones.Frente a este escenario, las autoridades señalaron que los organismos investigados podrían verse obligados a devolver esos recursos a los ciudadanos afectados.¿Qué ciudades tienen más fotomultas bajo investigación?Entre las ciudades con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación aparecen:Cali: 2,7 millones de comparendos.Medellín: más de 717.000 comparendos.Bogotá: cerca de 294.000 comparendos.Barranquilla: más de 131.000 comparendos.La investigación también involucra organismos de tránsito de municipios como Soledad, Montería, Sincelejo, Valledupar, Sabaneta, Villavicencio y Villa del Rosario.¿Por qué investigan millones de fotomultas en Colombia?De acuerdo con el Gobierno nacional, las irregularidades detectadas estarían relacionadas con el incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.Uno de los principales problemas encontrados fue la ausencia del denominado “concepto de desempeño” expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento considerado obligatorio para garantizar la confiabilidad y legalidad de las cámaras de fotodetección.Durante la investigación, la Superintendencia identificó tres situaciones principales:12 organismos de tránsito habrían comenzado operaciones sin contar con concepto de desempeño.7 entidades operaron con conceptos expedidos a terceros.18 organismos obtuvieron dichos conceptos después de iniciar la operación de los sistemas.Las autoridades consideran que estas situaciones podrían comprometer la legalidad de millones de comparendos emitidos en los últimos años.Gobierno advierte posibles sanciones billonariasEl Gobierno aseguró que las sanciones contra los organismos investigados podrían superar los $2,1 billones, debido a que la ley contempla multas equivalentes al doble de los recursos recaudados de manera presuntamente irregular.La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que la actuación busca proteger el debido proceso y evitar que las fotomultas se conviertan en mecanismos de recaudo fuera de la ley.Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aseguró que las medidas no buscan ir en contra de la seguridad vial, sino garantizar que los sistemas tecnológicos funcionen bajo los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la normativa colombiana.El Gobierno indicó que continuará adelantando actuaciones administrativas para verificar el cumplimiento de las normas por parte de los organismos de tránsito y de los sistemas de fotodetección en todo el país.
La Superintendencia de Transporte anunció una serie de cambios tecnológicos y controles adicionales para reforzar la vigilancia sobre los trámites relacionados con licencias de conducción, cursos viales y servicios de tránsito en Colombia.Las nuevas medidas quedaron establecidas en las resoluciones 2877, 2878 y 2879 de 2026, con las que la entidad actualizó el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), plataforma utilizada para supervisar la operación de distintos organismos vinculados al sector tránsito.El objetivo, según explicó la SuperTransporte, es fortalecer los mecanismos de validación y cerrar espacios a posibles fraudes en certificaciones, asistencia a cursos y procesos asociados a la obtención de licencias de conducción.¿Qué cambia para sacar la licencia de conducción?Uno de los cambios principales será la implementación obligatoria de reconocimiento facial en diferentes etapas de los procesos.La entidad explicó que esta tecnología permitirá verificar que los usuarios realmente estén presentes durante las capacitaciones o trámites realizados ante los organismos autorizados.Además, el sistema realizará validaciones antes, durante y después de cada servicio.Según informó la SuperTransporte, los controles aplicarán sobre procesos adelantados en:Centros de Enseñanza Automovilística (CEA).Centros Integrales de Atención (CIA).Organismos de Tránsito.Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC).¿Qué controles implementará la SuperTransporte?La actualización del SICOV también incluirá herramientas de analítica de datos y monitoreo permanente para detectar posibles irregularidades.Entre las medidas anunciadas aparecen:Reconocimiento facial obligatorio para usuarios e instructores.Validaciones continuas durante cursos y capacitaciones.Sistemas para identificar comportamientos sospechosos.Mayor supervisión sobre el personal vinculado a los centros.Interoperabilidad tecnológica entre operadores.Según la entidad, estas medidas buscan mejorar la trazabilidad de la información y fortalecer la vigilancia sobre los servicios relacionados con tránsito y movilidad.El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, aseguró que la actualización pretende combatir prácticas irregulares dentro de los procesos asociados a licencias y normas de tránsito.“El objetivo es evitar irregularidades, detectar posibles fraudes y garantizar que los servicios de tránsito se presten con transparencia y legalidad”, afirmó el funcionario.La entidad explicó que el sistema también permitirá mejorar los mecanismos de control frente a inconsistencias en registros y certificaciones.¿Cuándo empezarán a regir los nuevos controles?La SuperTransporte estableció distintos plazos para que las entidades implementen las nuevas exigencias tecnológicas.Los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito tendrán tres meses para adaptar sus plataformas y procedimientos.En el caso de los demás organismos supervisados, el plazo será de seis meses.Durante ese tiempo deberán realizar ajustes tecnológicos y adecuaciones relacionadas con validación biométrica y sistemas de control.La actualización del sistema se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades por fortalecer la vigilancia sobre trámites de tránsito y combatir prácticas ilegales relacionadas con certificaciones o asistencia irregular a cursos obligatorios.
La Procuraduría formuló cargos contra Hermes José Castro Estrada, superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Transporte, por presuntamente solicitar dinero a contratistas a cambio de otorgar o mantener sus contratos con la entidad.De acuerdo con la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, el funcionario habría pedido a varios contratistas entregar sumas de dinero de manera periódica, ya fuera en efectivo o mediante consignaciones bancarias. Además, también se le señala de presuntamente exigir el pago de gastos en restaurantes y bares en la ciudad de Cartagena.Según el ente de control, este comportamiento se habría extendido durante varios años y, presuntamente, generaba consecuencias para quienes decidían no continuar con esos pagos. La Procuraduría indicó que, de comprobarse, estas conductas podrían representar una extralimitación en las funciones del cargo.Por estos hechos, el organismo calificó de manera provisional la falta como gravísima y señaló que habría sido cometida a título de dolo.
La Superintendencia de Transporte advirtió sobre fallas reiteradas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) tras el vencimiento del plazo para implementar los lineamientos de la circular 024 de 2026, relacionados con el fortalecimiento de los controles en la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.Según informó la entidad, luego de analizar los planes de mejora aplicados entre 2023 y el primer semestre de 2025 a 166 CDA, se identificaron conductas irregulares que siguen presentándose de manera recurrente durante las inspecciones vehiculares.El superintendente, Alfredo Enrique Piñeres Olave, señaló que las instrucciones emitidas “no crean obligaciones nuevas”, sino que buscan corregir incumplimientos dentro del marco normativo vigente. ¿Cuáles son los 9 errores más recurrentes en los CDA?De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, estas son las principales fallas detectadas en los procesos de revisión:No realizar la quema del PIN: el sistema exige este paso antes de iniciar cualquier inspección para garantizar la trazabilidad del proceso.Evidencias fílmicas incompletas: se han identificado fallas en la grabación continua y verificable de todas las etapas de la revisión.Inspecciones sensoriales sin ubicación definida: algunos CDA no establecen un punto fijo para esta fase del proceso.Fallas en la detección de placas: no siempre se registra correctamente el ingreso y salida del vehículo, lo que afecta la identificación.Errores en el Formato Uniforme de Resultados (FUR): inconsistencias en el reporte de datos y falta de registro de novedades.Problemas de iluminación: incumplimiento en los niveles mínimos requeridos en las áreas de inspección.Información desactualizada del personal: registros incompletos o desactualizados de inspectores y directores técnicos.Cambios operativos sin notificación: modificaciones en infraestructura o procesos sin informar previamente al sistema SICOV.Falta de concentración del personal: realización de tareas ajenas durante la inspección, afectando el proceso.Estas conductas fueron identificadas a partir de la información recolectada por los operadores homologados del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), que registran evidencias de cada inspección realizada en el país.¿Qué exige la Superintendencia de Transporte a los CDA?La circular 024 de 2026 establece lineamientos obligatorios para garantizar la correcta ejecución de la revisión tecnomecánica. Entre los puntos centrales se incluyen controles tecnológicos, operativos y procedimentales que deben aplicar los CDA.La Superintendencia de Transporte indicó que el objetivo es asegurar la trazabilidad, integridad y transparencia de cada inspección, así como evitar inconsistencias en los resultados.Además, se exige que los CDA mantengan comunicación constante con los operadores del SICOV, especialmente frente a cambios en infraestructura, procesos o personal técnico autorizado.¿Qué sanciones enfrentan los CDA que incumplan?Tras el vencimiento del plazo establecido, la entidad advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en actuaciones administrativas.Entre las medidas contempladas se encuentran sanciones que pueden incluir el cierre preventivo de los centros hasta por seis meses, dependiendo de la gravedad de las faltas detectadas.La Superintendencia de Transporte informó que continuará realizando seguimiento al cumplimiento de estas instrucciones a través del SICOV, con el fin de verificar la correcta aplicación de los procedimientos en todo el país.
A través de una circular, el Ministerio de Transporte ordenó intensificar los controles al transporte público -incluyendo taxis- y la verificación de documentos de los vehículos que circulan en las vías del país.La medida está dirigida a las autoridades de tránsito municipales, distritales y departamentales, así como a la Superintendencia de Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y busca fortalecer la vigilancia sobre la prestación del servicio público de transporte terrestre y garantizar mayores condiciones de seguridad para los usuarios.Esta circular llega en respuesta a los recientes casos de “paseos millonarios” ocurridos en Bogotá y en otras ciudades principales. Según el ministerio, estos hechos reflejan la necesidad de reforzar los controles a los vehículos que prestan servicio de transporte y mejorar la trazabilidad del servicio que reciben los ciudadanos.Entre las instrucciones está la de aumentar la verificación de documentos. Las autoridades deberán comprobar que conductores y vehículos cuenten con los requisitos exigidos por la normatividad vigente, entre ellos la licencia de conducción válida, la tarjeta de operación cuando aplique, la tarjeta de control y los documentos que acrediten la vinculación del vehículo a una empresa de transporte autorizada.De igual manera, se intensificará la revisión de documentos obligatorios para la circulación, como el SOAT y la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Estos controles buscan garantizar que los vehículos que operan en las vías del país cumplan con las condiciones mínimas de seguridad vial y operen dentro del marco legal.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que con esta circular buscan aumentar la protección a los usuarios del sistema y promover entornos de movilidad más seguros.“Si no se hacen controles esto se nos vuelve un desorden, cada quien termina haciendo lo que se le antoja y se da espacio para que criminales como estos que hemos visto en las últimas semanas se aprovechen de la situación, así que las entidades de tránsito de cada municipio en Colombia deben actuar”, añadió la funcionaria.Finalmente, la Superintendencia de Transporte continuará adelantando labores de inspección, vigilancia y control sobre las empresas del sector. Con estas acciones, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema de transporte público más seguro, legal y confiable, en el que tanto operadores como conductores cumplan estrictamente con las normas que regulan la actividad.
Con presencia especial de la Superintendencia de Transporte están en estos momentos la Terminal Metropolitana de Barranquilla, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, peajes y sus vías principales dado el inicio de los carnavales, en los que se espera una movilización de más de 37.000 viajeros.Serán 12 regionales de esta entidad distribuidos estratégicamente en los principales nodos de movilidad, donde además habrá atención para facilitar los despachos de al menos 3.300 vehículos vía terrestre.El Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, señaló que, “en temporadas altas y coyunturas especiales, en las que se presenta un alto flujo de viajeros hacia una región específica, intensificamos nuestra presencia en las infraestructuras de transporte para acompañar a los empresarios y proteger los derechos de los usuarios y usuarias. Desde el precarnaval hemos concentrado esfuerzos para que nuestros regionales atiendan los requerimientos que se presenten en el Atlántico”.“Asimismo, se adelantarán operativos en articulación con las autoridades de tránsito, mediante la revisión de los vehículos que prestan el servicio público de transporte desde la Terminal Metropolitana de Transporte Terrestre, vehículos que transitan por las vías y peajes de la región”, agregan desde un comunicado en Supertransporte.Dice la Supertransporte que el año anterior se logró impactar a más de 500 viajeros y atender las necesidades de cientos de usuarios en el aeropuerto, donde usualmente se presentan quejas por demoras, reembolsos, cancelación de vuelos, entre otros motivos.“En cuanto al transporte terrestre se encuentran, daño a equipaje, incumplimiento de los itinerarios, atención al usuario, reembolsos, y la negación a prestar el servicio. En transporte de carga se destacan las quejas por afectaciones en entregas de encomiendas y mercancías”, reportó la autoridades acerca de los reclamos usuales de pasajeros.Así también, la Policía ubicó unidades bilingües en sitios turísticos, zonas hoteleras, el Gran Malecón y demás puntos de interés para garantizar una experiencia carnavalera segura y positiva en los visitantes.El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “Nuestra prioridad es proteger la vida, acompañar a propios y turistas y prevenir cualquier situación que afecte la tranquilidad durante estas festividades”.Asimismo, agregó: “Invitamos a todos los barranquilleros y visitantes a vivir el Carnaval con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y reportar cualquier situación sospechosa. La seguridad es una tarea de todos, y la información ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna”.
La situación en el departamento de Risaralda es sumamente crítica tras el reciente movimiento telúrico. El gobernador del departamento, Juan Diego Patiño, calificó las horas posteriores al sismo como un escenario devastador que afecta no solo a la capital, Pereira, sino a la totalidad de los 14 municipios de la región, con especial gravedad en el municipio vecino de Dosquebradas. Las afectaciones incluyen colapsos residenciales, daños severos en sedes institucionales y una saturación sin precedentes de la red hospitalaria.Devastación sin distinción de estratos y colapso institucionalA diferencia de otras emergencias, los daños estructurales se registraron de manera generalizada en toda la escala socioeconómica, debido a la antigüedad de las construcciones y a los nulos refuerzos aplicados tras el histórico terremoto de 1999.Al respecto, el gobernador Patiño detalló el impacto en las zonas residenciales: "Todo todos los estratos socioeconómicos, le quiero decir, incluso el estrato 6 de Pereira, que hablamos de los barrios Álamos, Pinares, tuvo colapso de estructuras completas y los barrios también populares". El mandatario también describió la destrucción de fachadas y viviendas enteras en sectores populares como la comuna Cuba y Perla del Sur.La magnitud del sismo no dio tregua a las sedes de gobierno, obligando a la evacuación inmediata de los funcionarios públicos. El mandatario relató que "infraestructuras como la gobernación de Risaralda, en este momento se encuentra eh impedido el el acceso a la gente. Nosotros tenemos que desde el primer día tuvimos que sacar a toda la gente y estamos atendiendo la administración departamental en entidades descentralizadas".Asimismo, la infraestructura de la Alcaldía de Pereira sufrió daños estructurales significativos.Alerta roja en la red hospitalaria y parálisis de serviciosLa emergencia sanitaria es uno de los frentes más complejos. El municipio de Dos Quebradas, habitado por más de 200,000 personas, reporta ya más de ocho fallecidos, cientos de heridos atendidos en el Hospital Santa Mónica y la pérdida total de servicios esenciales como gas, agua y electricidad en gran parte del territorio durante las primeras 24 horas. Para evitar un colapso inminente de la capacidad médica regional, la administración departamental ha tenido que tomar medidas de choque: "Hemos tenido en el municipio de Pereira que evacuar dos infraestructuras hospitalarias privadas... Estamos con alerta roja hospitalaria atendiendo solamente... urgencias vitales en los hospitales públicos y privados de todo el departamento de Risaralda".A raíz de esto, todos los procedimientos médicos programados han sido suspendidos temporalmente.Búsqueda implacable de sobrevivientesA pesar de las dificultades operativas y las réplicas, la prioridad absoluta sigue concentrada en rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Equipos especializados de rescate de los cuerpos de bomberos de Bogotá, Envigado y otras regiones se han movilizado hacia el departamento. "En este momento hay un despliegue de más de 400 hombres y mujeres que están rescatando vidas todavía", destacó Patiño, compartiendo un mensaje de esperanza tras el rescate con vida de Daniela Largo, una joven de 32 años extraída de los escombros en Pereira al finalizar la jornada previa.
En medio de la compleja situación que viven miles de personas en varias regiones del país tras el fuerte terremoto, los paisas han dicho presentes con donaciones monetarias y físicas que ayudarán a miles de familias que hoy lo necesitan más que nunca.Uno de los anuncios más recientes es un concierto solidario que se hará en La Macarena y en donde el valor de la boleta, que la podrá adquirir en la página web de la Corporación Presentes, irá a los más necesitados en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.Entre los artistas invitados están Luis Alfonso, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Kapo, Andy Rivera, Pasabordo, Heberth Vargas y muchos más. Además, harán presencia diferentes influencers como Westcol o Pelicanger, entre otros.Pero hablando de ayudas, una de las opciones que más facilidades le da a las personas es a través de la Corporación Presentes en donde se pueden hacer transferencias usadas para ayudar a los más afectados.“Nuevamente hago ese llamado a la solidaridad. Gracias a todas las personas que se han activado alrededor de la campaña Colombia se levanta. Nuestra plataforma de donaciones individuales ya superó las 5000 donaciones de personas naturales. Esto es un número récord en nuestra historia además de 60 campañas de solidaridad. Sobre las cifras hasta este momento la directora Ana Cristina Moreno.Hay que mencionar que en Medellín hay decenas de puestos de recolección dispuestos en diferentes partes de la ciudad como lo son las bibliotecas públicas en donde llegan alimentos y kits de aseo para enviar a Quibdó, Pereira, Manizales o Cali.El director de Cáritas Arquidiocesana de Medellín, Edwin Ruiz, le pidió a la ciudadanía ponerse la mano en el corazón para poder recoger las ayudas humanitarias que terminarán beneficiando a miles de personas necesitadas.
En la noche de este martes 11 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1171 de 2026, declarando oficialmente la Situación de Desastre de Carácter Nacional tras el potente sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.La medida busca activar un régimen especial para atender la emergencia que, según informes técnicos, ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones locales y departamentales.“En este momento, aquí, en la sede de la UNGRD en Bogotá, estoy firmando el decreto a través del cual se declara el desastre de carácter nacional. Me encuentro acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia y el señor ministro de Hacienda. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, dijo el presidente De La Espriella en un video publicado en sus redes sociales.Con este decreto, el Gobierno podrá adoptar diferentes medidas entre las que está la redistribución de partidas presupuestales, adoptar un plan de acción, canalizar recursos mediante la subcuenta SISMO 2026, realizar contratación directa para la rehabilitación y reconstrucción, habilitar medidas de protección a usuarios del sistema financiero, permitiendo alivios en créditos y suspensión de procesos ejecutivos para los damnificados registrados, entre otros.
El padre Napoleón García, conocido afectuosamente como el padre “Napo”, compartió en Mañanas Blu un balance de las primeras 48 horas tras el terremoto que sacudió al Chocó. "Fue un momento estremecedor y de esas circunstancias únicas que tal vez solo se presentan en una ocasión”, destacó el religioso en Blu radio.Víctimas y destrucción materialEl párroco confirmó que, hasta el momento, se reportan 14 víctimas mortales en el departamento: 11 en Quibdó y tres en el municipio de Unión Panamericana. No obstante, advirtió que la cifra podría aumentar.Le puede interesar: Sobreocupación supera el 245% tras temblor: agente Hospital San Francisco de Asis en Quibdó"Se espera que haya todavía de pronto una media docena de cuerpos entre los restos y escombros que no se han terminado de mover”, afirmó García. Sobre los daños estructurales, el párroco señaló que el colapso más grave fue un edificio de cuatro pisos en el barrio Medrano, el cual presentaba una “construcción muy deficiente"."Fue un lugar al que le fueron añadiendo pisos y habitaciones, no resistió”, relató. El sacerdote fue enfático en que gran parte del problema radica en que “la vivienda popular no sigue normas técnicas"."La hacen albañiles, maestros de obras, sin suficiente formación técnica”, lo que provocó que decenas de casas en barrios humildes se desplomaran totalmente.Una crisis silenciosa: La salud mentalMás allá de los escombros, al padre García le preocupa la “gran afectación mental y psicológica” de los sobrevivientes. Según su relato, el nerviosismo persiste debido a las réplicas: "Una gran cantidad todavía en los barrios populares no entran a dormir en sus casas, duermen afuera, porque temen lo peor”, dijo.El vicario lamentó la falta de preparación para atender este trauma:"Tal vez no existen, en primer lugar en nuestra gente, en Chocó y en Colombia en general, mucha tradición de atención profesional para la salud mental”, dijo. Ayudas y coordinaciónActualmente, la atención se centraliza a través del Puesto de Mando Unificado y la Pastoral Social. El párroco confirmó que los heridos graves han sido trasladados a Medellín y que se están recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, colchonetas e insumos médicos. Asimismo, mencionó que esperan los recursos anunciados por el Vaticano: “estoy seguro de que la Conferencia Episcopal enviará algunos de sus recursos a Chocó”.Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad nacional, destacando que lo que la gente necesita con más prontitud para recuperar sus hogares son materiales de construcción.Escuche la entrevista:
El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela en contra el Acuducto Metropolitano de Bucaramanga y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por el incremento de las tarifas del servicio de acueducto que comenzará a reflejarse en los recibos de los usuarios en los próximos meses.La acción judicial cuestiona la legalidad y proporcionalidad del aumento y sostiene que el ajuste podría afectar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y el acceso a un servicio esencial como el agua potable.Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el incremento del componente de consumo, que, de acuerdo con la información presentada en la tutela, alcanza cerca del 37 %, mientras que el aumento promedio proyectado en la factura sería del 25,2 %. El proceso también cuestiona que los usuarios terminen asumiendo costos que, según el accionante, estarían relacionados con gastos administrativos y de funcionamiento de la empresa.La tutela además señala que el aumento podría resultar desproporcionado frente a los ingresos de los hogares y advierte sobre una eventual afectación al mínimo vital, particularmente en familias con menores ingresos.¿Por qué aumentará el agua en Bucaramanga?El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha explicado que el incremento no corresponde a una decisión unilateral de la empresa ni de la administración local, sino a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA mediante la Resolución 1032 de 2026.El gerente del Acueducto, Juan Carlos Suárez, ha señalado que la nueva metodología busca reconocer inversiones realizadas por la empresa que, bajo el esquema tarifario anterior, no habían sido remuneradas completamente a través de las tarifas. Según la información entregada por la entidad, el Acueducto invirtió cerca de 380.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 110.000 millones habían sido cubiertos mediante tarifa.La empresa proyecta que el nuevo marco tarifario genere un incremento promedio de 25,2 %. Sin embargo, el aumento será aplicado de manera gradual entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para evitar que el impacto llegue de una sola vez a los hogares.Según el Acueducto, mientras el cargo fijo tendrá una reducción del 22,6 %, el componente asociado al consumo tendrá un incremento del 37 %. Al combinar ambos factores se obtiene el aumento promedio proyectado en la factura.Ahora será el juez quien deberá analizar los argumentos presentados en la tutela y determinar si existe una vulneración de derechos fundamentales con la aplicación del nuevo esquema tarifario. La admisión de la acción no significa que el incremento haya sido suspendido ni que el juez haya determinado que sea ilegal.Por ahora, los usuarios deberán esperar el avance del proceso judicial mientras el nuevo esquema tarifario continúa con su aplicación gradual, salvo que dentro del trámite de la tutela se adopte alguna medida que modifique o suspenda su implementación.