Vivo agradecido de que, en mi infancia, mis padres me obligaran a hacer cosas que no quería hacer, aunque en aquel momento no entendía su importancia. Me obligaron a bañarme cuando prefería evitar el agua; me inculcaron una dieta equilibrada, aunque yo solo quería dulces y gaseosas; me obligaron a madrugar y asumir pequeñas responsabilidades en casa, cuando soñaba con levantarme a las 11 de la madrugada; y me hicieron asistir a la escuela pública, donde aprendí lecciones esenciales para la vida, incluso cuando yo prefería pasar el día jugando con una bola de trapo en las calles de mi barrio. Hoy, reconozco que estas "obligaciones" moldearon mi carácter y me permitieron ser la persona que soy.No se trataba de falta de amor. Mis padres me consintieron en abundancia, pero también entendieron que ciertas exigencias eran necesarias para mi bienestar y desarrollo. Por eso, me sorprende y preocupa escuchar declaraciones como las de la representante a la Cámara, Susana Boreal, quien sostiene que obligar a un niño a ir al colegio es una forma de violencia y adoctrinamiento. Me temo que detrás de este discurso subyace la creencia de que existe derecho a permanecer a la ignorancia.La psicología evolutiva nos enseña que la autonomía no es innata ni inmediata; es un proceso que se aprende y se construye. Los padres y tutores tienen el deber de guiar a los niños, tomando decisiones que ellos, por su edad y madurez, aún no pueden asumir por sí mismos. Es en este contexto donde la educación escolar se vuelve indispensable.Los principales argumentos que sustentan la necesidad de que los niños asistan al colegio son:1. El derecho a la educación: La educación es un derecho humano fundamental que permite desarrollar plenamente las capacidades de cada individuo y promueve la igualdad de oportunidades.2. El beneficio social de la educación: Una sociedad educada es más justa, equitativa y próspera. La escuela no solo forma individuos, sino que también fortalece el tejido social al promover valores comunes y la convivencia.3. El desarrollo integral del niño: La escuela no solo transmite conocimientos académicos; también fomenta habilidades sociales, emocionales y cognitivas esenciales para la vida en comunidad y el desarrollo personal.Que quede claro es inaceptable recurrir al maltrato físico o emocional para garantizar la asistencia escolar. Sin embargo, tampoco podemos dejar en manos de la voluntad infantil decisiones que tienen un impacto crucial en su futuro.
Una nueva polémica desató la representante Susana Gomez, también conocida como Susana Boreal, durante la sesión que se realizó este miércoles en la Comisión Sexta del Congreso de la República, dentro del marco de la discusión de un proyecto de ley sobre educación.“Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar a una persona a estar en un lugar donde muchas veces no quiere”, aseguró.La representante defendió su argumento asegurando que “garantizar que un niño vaya al colegio no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque el sistema educativo está mandado a recoger”.>>> Lea también: Causales de divorcio en Colombia: tras aprobación de Congreso, lista se actualizaDichas palabras han causado controversia en redes sociales debido a que esta no es la primera vez que Gómez dice frases que generan polémica. Además, hizo referencia a que lo que busca el sistema educativo del país es “adoctrinar” a los niños para luego someterlos a un sistema laboral “explotador”.“No podemos poner sanciones o recargar a los padres de familia por las fallas que el Estado tiene”, dijo la representante, quien señaló que el proyecto de ley contradice el artículo 68 de la Constitución, que habla acerca del derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Es por lo anterior que señaló que es normal que un niño no quiera ir a la escuela porque le hacen bullyng o porque simplemente “no aguanta las luces”.Por último, aseguró que la deserción escolar no se resuelve con una ley, sino que es un asunto de políticas públicas.
La Alcaldía de Medellín deberá indemnizar por más de 700 millones de pesos a la familia de la representante a la cámara Susana Boreal por el feminicidio de su hermana, Claudia Gómez.El juzgado administrativo del circuito de Medellín emitió un fallo en el que se le ordena a la alcaldía de Medellín pagar más de 700 millones de pesos como indemnización a la familia de Claudia Patricia Gómez, víctima de feminicidio en el 2017.La sentencia concluye que hubo negligencia por parte de las autoridades y grandes omisiones en entidades como la comisaría de familia que no actuó con celeridad ni brindó las garantías necesarias tras el llamado de ayuda de la víctima. Susana Boreal, representante a la cámara y hermana de Claudia Patricia Gómez, aseguró que no pueden seguir ocurriendo estos hechos por irresponsabilidad de las instituciones.“Una mezcla de dolor pero también de firmeza. Dolor porque la violencia feminicida nos arrebató a mi hermanita Claudia Patricia Gómez Castaño hace casi siete años y firmeza porque es mi deber como hermana, como ciudadana y como representante de este congreso traer a la luz una verdad que no puede seguir siendo ignorada", afirmó.Claudia Patricia Gómez había acudido en varias ocasiones a esta institución en busca de protección y garantías tras las amenazas que recibía de su ex pareja Andrés Felipe González, quien finalmente le quitó la vida, sin embargo, la respuesta de la institución no fue efectiva. La representante, afirmó que, aunque el fallo es un respiro para su familia, el dolor se queda con el sinsabor de que se pudo hacer algo para evitar la muerte de su hermana, además afirma que el esta decisión no solo reconoce la responsabilidad de las entidades, sino que también evidencia una falla sistemática en la protección de las mujeres en Colombia y reafirma la responsabilidad de la alcaldía."El juzgado primero administrativo de Medellín ha reconocido la responsabilidad del estado en la muerte de mi hermanita por las omisiones de las instituciones que se supone que debían protegerla y además reconoció el derecho a la reparación de quienes fuimos víctimas de esta violencia feminicida", dijo.La congresista criticó que aún ni ella, ni su familia, ni sus abogados han tenido ningún tipo de contacto o comunicación con la alcaldía de Medellín. Finalmente señaló que esa reparación debe ir acompañada de un verdadero compromiso con la implementación de garantías para proteger a las mujeres.
Ante la Corte Constitucional, la representante a la Cámara por Antioquia Susana Boreal presentó una petición para iniciar un incidente de desacato con el busca dejar sin efecto el decreto 0044 de 2024 con el cual la Alcaldía de Medellín prohibió el consumo de sustancias psicoactivas en ciertos lugares de la ciudad.Esta fue una de las primeras decisiones que Federico Gutiérrez anunció tras el inicio de su segundo periodo como alcalde y ha argumentado que la medida busca proteger sobre todo a niños, niñas y adolescentes del consumo a temprana edad."Cuidar a nuestros niños, niñas y jóvenes en parques escuelas y escenarios deportivos esa es la prioridad y le pediremos por supuesto una acción muy clara también a la policía en ese sentido", expresó el mandatario.A través de un comunicado la congresista expuso que las alcaldías no están facultadas para expedir este decreto, responsabilidad que recae, según Boreal, en corporaciones como los concejos y asambleas.Por otra parte, la representante cuestionó algunos detalles del decreto explicando que si bien es posible prohibir el consumo en ciertos lugares de la ciudad tal cual lo establece la disposición, esta no debe ser permanente pues no todo el tiempo en esos espacios se encuentra la población que busca protegerse por lo que se estarían vulnerando otros derechos de los consumidores como al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la igualdad.Sobre el final de su pronunciamiento Boreal aseguró que el decreto no aborda el consumo de estas sustancias como un asunto de salud pública con el fin de prevenirlo ni tampoco fomenta prácticas conscientes y responsables al respecto.Pese a estos y otros cuestionamientos que desde diferentes sectores se han hecho a esta prohibición, por lo menos otros cinco municipios antioqueños, la mayoría en el oriente, han adoptado la medida.
La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de cargos contra la representante a la Cámara, Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, y su asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo, Christian David Guzmán. La medida surge a raíz del presunto trato irrespetuoso que la congresista y su pareja sentimental habrían dispensado a varios miembros de su equipo.La Sala Disciplinaria de Instrucción, encargada del caso, señaló que existen indicios de que la congresista y su asesor podrían haber incurrido en conductas que causaron ofensas y perjuicios a los miembros de su grupo de trabajo. Entre las denuncias se incluyen descalificaciones laborales, ignorancia de labores, minimización de roles y solicitudes de préstamos de dinero y bienes que, al parecer, no fueron devueltos.La entidad también destacó que podría configurarse la vulneración de los presupuestos mínimos de conducta exigibles a la dignidad del cargo ostentado por la representante y su asesor. Esto se habría llevado a cabo mediante un aparente uso de lenguaje manipulador y de menosprecio hacia el trabajo y opiniones de los colaboradores. Las denuncias recibidas abarcan el periodo comprendido entre agosto de 2022 y enero de 2023, presentadas por personas que estuvieron vinculadas al mismo.Con su presunto comportamiento, Boreal y Guzmán Romero podrían haber infringido el principio de moralidad, calificando provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de dolor. Cabe destacar que contra esta decisión no procede recurso alguno.Este caso resalta la importancia de mantener estándares éticos y de respeto en el ejercicio de cargos públicos, así como la responsabilidad que recae sobre los representantes electos y sus equipos en la salvaguarda de la dignidad de quienes colaboran en sus labores legislativas.Le podría interesar:
Los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, junto con los congresistas del Partido Comunes y la circunscripción indígena, anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que este organismo internacional adopte medidas cautelares que protejan los derechos políticos de los congresistas de esta coalición debido a que, según ellos, hay un claro hostigamiento de la Procuraduría General de la Nación en su contra.“La evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencia en que en forma obstinada se arroga, por sí y ante sí, competencia para desvincular funcionarios de elección popular a pesar de los precedentes prohibitivos de la CIDH y el contenido de la Sentencia C-030 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. Como es sabido, estas instituciones señalan indubitablemente, que la Procuraduría, por ser un órgano netamente administrativo, carece de funciones jurisdiccionales para separar de sus cargos a los funcionarios de elección popular”, señaló el comunicado.Los congresistas también critican la investigaciones que adelanta el ente de control disciplinario en contra de congresistas del Pacto Histórico como Wilson Arias, Alexander Lopez, Maria Jose Pizarro y Susana Boreal; así como la sanción que profirió en contra del senador Alex Flores en recientes días.“Tenemos información de procesos que se están adelantando de manera inédita e irregular por parte de la Procuraduría. Nos hemos abocado a hacer esta alerta nacional e internacional por lo que es un claro hostigamiento por parte de la Procuraduría”, señaló el presidente de la cámara de representantes David Racero.Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro respaldó el llamado del Pacto Histórico y los invitó a que la defensa de sus derechos políticos se haga también a través de las calles.“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política. Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia. El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país", dijo.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
El ciudadano José Miguel Quintana generó una gran controversia en el Congreso de la República, luego de la polémica declaración de la congresista Susana Boreal, quien confesó que es consumidora habitual de marihuana.“Yo vengo a representar a los marihuaneros porque soy marihuanero hace 22 años. Fumo bareta todos los días y nunca he tenido que robar a nadie. Hemos sido víctimas del atropello por el crimen de querer fumar unos baretos en paz”, dijo Quintana.En diálogo con Blu Radio, Quintana dijo que lleva 22 años consumiendo marihuana y sobre su afirmación “los marihuaneros haremos las leyes en Colombia”, explicó que la dijo en el contexto de la discusión de la regularización de la marihuana de uso adulto.“Me refería en ese contexto. Recortaron ese pedazo y lo hicieron ver como si los marihuaneros íbamos a hacer todas las leyes. Los marihuaneros estamos haciendo nuestras leyes, para garantizar un producto de calidad, que aporte a los consumidores”, puntualizó.Quintana agregó que se provee de marihuana del “mercado negro”, pero también comentó que ya tiene sus propios cultivos.“Mi exigencia es un tema de salud pública. La gente no debería ir a un mercado negro y consumir un producto de mala calidad”, añadió tras decir que, tal como sucede con la leche, si uno no puede tener una vaca, pues sí puede proveerse de leche de buena calidad.En ese sentido, Quintana manifestó que la marihuana debe ser obligatoriamente un producto de la canasta familiar y lo defendió en los siguientes términos: “La marihuana es un producto fundamental dentro de la canasta familiar de los consumidores. Un producto de la canasta familiar es un producto que es necesario para mejorar la calidad de su vida”.A quienes sostienen que la marihuana puede ser la puerta de entrada para otras drogas como la cocaína, Quintana, quien dice ser creador de contenido para las redes sociales, dijo que esa es una afirmación irresponsable.“No podemos generalizar. No hay argumentos científicos que demuestren que la marihuana sea la puerta de entrada para otras drogas. Sin embargo, tampoco puedo generalizar que en ningún caso lo sea. Hay que analizar cada caso. Hay organismos que no reciben bien la marihuana, pero esos casos no deberían ser tratados de manera particular y no generalizarlos para no promover un estigma”, aseveró.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu
En su podcast 'El Zuletazo', el periodista Felipe Zuleta, habló sobre la polémica creada por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, quien en medio de un debate admitió consumir marihuana todos los días: “Me encanta, no me da miedo decirlo”.Aunque el escritor no criticó el tema del consumo, rechazó la serie de denuncias que ha recibido la congresista por supuestos malos tratos a sus compañeros en campaña, falta de pagos y un contrato millonario con su novio: "No me parece ético que tengan en la UTL a su novio, que no tiene requisitos profesionales, con un sueldo de $9'800.000, ¿por qué los colombianos tenemos que pagar al novio de Susana Boreal".Zuleta remató indicando que: "Susana Boreal es valiente para decir que es marihuanera y cobarde para explicar un maltrato laboral".Escuche esta y otras frases en 'El Zuletazo' del día:
Desestigmatizar la marihuana, ese fue el llamado que hizo la representante por Antioquia Susana Gómez, en el marco de una audiencia sobre regulación de cannabis donde afirmó que ella consume marihuana todos los días. Sus declaraciones causaron todo tipo de reacciones y generó polémica en redes sociales.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el representante a la Cámara Daniel Carvalho mencionó que Susana Boreal, como es conocida, tiene todo “el derecho a tener sus hábitos de consumo”.“En el caso del cannabis, se considera que hasta un 70 u 80 % de los consumos no son problemáticos, me parece más importante entrar en eso y dejar el tabú”, comentó.En ese sentido, dijo que el consumo responsable de sustancias legales o ilegales consiste en estar “consciente de cuáles son los contextos para hacerlo”.Estudios sobre el consumo de marihuanaPor su parte, el médico toxicólogo clínico Andrés Felipe García, quien trabaja en la clínica las Américas y en la Fundación la Luz, habló sobre los estudios relacionados al consumo de marihuana y los efectos que tiene en las personas.“Las personas que consumen marihuana frecuentemente también generan una tolerancia y una dosis, que para una persona podría ser muy elevada, no los afecta de la misma manera”, explicó.“Consumo agudo”“Es obvio que una persona que ha consumido marihuana en la parte aguda no va a responder igual. Hay estudios que muestran que aumentan los choques de carros, los accidentes, las caídas, etc”, añadió.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes investigará la conducta de la Representante a la Cámara, Susana Boreal, quien en medio de la discusión de un proyecto que despenaliza el uso del cannabis en la comisión primera, admitió que fuma marihuana todos los días.El representante a la Cámara, Juan Espinel ,en comunicación enviada al Presidente Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara, Andrés Guillermo Montes expresó su preocupación por las declaraciones de la congresista y solicitó “la iniciación de una acción ética y disciplinaria”.Espinel señala que, “como miembro de la Comisión Legal de ´Ética y el Estatuto del Congresista, considero que se puede estar incurriendo en la conducta sancionable establecida en el numeral d) del artículo 9 de la Ley 1828 de 2017, la cual establece lo siguiente: Asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.Recuerda que según el artículo 3° del Código de Ética y Estatuto del Congresista reza: “se aplicará a Senadores de la República y Representantes a la Cámara que en ejercicio de su función transgredan los preceptos éticos y disciplinarios previstos en este Código, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Rama Jurisdiccional del poder público en materia penal o contencioso administrativa”Consideró además que la conducta adoptada por la Representante Susana Boreal “no está a la altura de la dignidad que ostenta y transgrede los principios éticos y disciplinarios que rigen a las personas que ocupan cargos públicos y de elección popular”.“Comedidamente solicito a la Mesa Directiva iniciar una acción ética y disciplinaria de oficio con el fin de que el Instructor Ponente designado esclarezca si la Representante a la Cámara Susana Gómez está infringiendo el Estatuto del Congresista y si es necesario aplicar alguna sanción en este caso”, puntualiza la carta del representante Espinel.Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.
