Vivo agradecido de que, en mi infancia, mis padres me obligaran a hacer cosas que no quería hacer, aunque en aquel momento no entendía su importancia. Me obligaron a bañarme cuando prefería evitar el agua; me inculcaron una dieta equilibrada, aunque yo solo quería dulces y gaseosas; me obligaron a madrugar y asumir pequeñas responsabilidades en casa, cuando soñaba con levantarme a las 11 de la madrugada; y me hicieron asistir a la escuela pública, donde aprendí lecciones esenciales para la vida, incluso cuando yo prefería pasar el día jugando con una bola de trapo en las calles de mi barrio. Hoy, reconozco que estas "obligaciones" moldearon mi carácter y me permitieron ser la persona que soy.No se trataba de falta de amor. Mis padres me consintieron en abundancia, pero también entendieron que ciertas exigencias eran necesarias para mi bienestar y desarrollo. Por eso, me sorprende y preocupa escuchar declaraciones como las de la representante a la Cámara, Susana Boreal, quien sostiene que obligar a un niño a ir al colegio es una forma de violencia y adoctrinamiento. Me temo que detrás de este discurso subyace la creencia de que existe derecho a permanecer a la ignorancia.La psicología evolutiva nos enseña que la autonomía no es innata ni inmediata; es un proceso que se aprende y se construye. Los padres y tutores tienen el deber de guiar a los niños, tomando decisiones que ellos, por su edad y madurez, aún no pueden asumir por sí mismos. Es en este contexto donde la educación escolar se vuelve indispensable.Los principales argumentos que sustentan la necesidad de que los niños asistan al colegio son:1. El derecho a la educación: La educación es un derecho humano fundamental que permite desarrollar plenamente las capacidades de cada individuo y promueve la igualdad de oportunidades.2. El beneficio social de la educación: Una sociedad educada es más justa, equitativa y próspera. La escuela no solo forma individuos, sino que también fortalece el tejido social al promover valores comunes y la convivencia.3. El desarrollo integral del niño: La escuela no solo transmite conocimientos académicos; también fomenta habilidades sociales, emocionales y cognitivas esenciales para la vida en comunidad y el desarrollo personal.Que quede claro es inaceptable recurrir al maltrato físico o emocional para garantizar la asistencia escolar. Sin embargo, tampoco podemos dejar en manos de la voluntad infantil decisiones que tienen un impacto crucial en su futuro.
Una nueva polémica desató la representante Susana Gomez, también conocida como Susana Boreal, durante la sesión que se realizó este miércoles en la Comisión Sexta del Congreso de la República, dentro del marco de la discusión de un proyecto de ley sobre educación.“Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar a una persona a estar en un lugar donde muchas veces no quiere”, aseguró.La representante defendió su argumento asegurando que “garantizar que un niño vaya al colegio no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque el sistema educativo está mandado a recoger”.>>> Lea también: Causales de divorcio en Colombia: tras aprobación de Congreso, lista se actualizaDichas palabras han causado controversia en redes sociales debido a que esta no es la primera vez que Gómez dice frases que generan polémica. Además, hizo referencia a que lo que busca el sistema educativo del país es “adoctrinar” a los niños para luego someterlos a un sistema laboral “explotador”.“No podemos poner sanciones o recargar a los padres de familia por las fallas que el Estado tiene”, dijo la representante, quien señaló que el proyecto de ley contradice el artículo 68 de la Constitución, que habla acerca del derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Es por lo anterior que señaló que es normal que un niño no quiera ir a la escuela porque le hacen bullyng o porque simplemente “no aguanta las luces”.Por último, aseguró que la deserción escolar no se resuelve con una ley, sino que es un asunto de políticas públicas.
La Alcaldía de Medellín deberá indemnizar por más de 700 millones de pesos a la familia de la representante a la cámara Susana Boreal por el feminicidio de su hermana, Claudia Gómez.El juzgado administrativo del circuito de Medellín emitió un fallo en el que se le ordena a la alcaldía de Medellín pagar más de 700 millones de pesos como indemnización a la familia de Claudia Patricia Gómez, víctima de feminicidio en el 2017.La sentencia concluye que hubo negligencia por parte de las autoridades y grandes omisiones en entidades como la comisaría de familia que no actuó con celeridad ni brindó las garantías necesarias tras el llamado de ayuda de la víctima. Susana Boreal, representante a la cámara y hermana de Claudia Patricia Gómez, aseguró que no pueden seguir ocurriendo estos hechos por irresponsabilidad de las instituciones.“Una mezcla de dolor pero también de firmeza. Dolor porque la violencia feminicida nos arrebató a mi hermanita Claudia Patricia Gómez Castaño hace casi siete años y firmeza porque es mi deber como hermana, como ciudadana y como representante de este congreso traer a la luz una verdad que no puede seguir siendo ignorada", afirmó.Claudia Patricia Gómez había acudido en varias ocasiones a esta institución en busca de protección y garantías tras las amenazas que recibía de su ex pareja Andrés Felipe González, quien finalmente le quitó la vida, sin embargo, la respuesta de la institución no fue efectiva. La representante, afirmó que, aunque el fallo es un respiro para su familia, el dolor se queda con el sinsabor de que se pudo hacer algo para evitar la muerte de su hermana, además afirma que el esta decisión no solo reconoce la responsabilidad de las entidades, sino que también evidencia una falla sistemática en la protección de las mujeres en Colombia y reafirma la responsabilidad de la alcaldía."El juzgado primero administrativo de Medellín ha reconocido la responsabilidad del estado en la muerte de mi hermanita por las omisiones de las instituciones que se supone que debían protegerla y además reconoció el derecho a la reparación de quienes fuimos víctimas de esta violencia feminicida", dijo.La congresista criticó que aún ni ella, ni su familia, ni sus abogados han tenido ningún tipo de contacto o comunicación con la alcaldía de Medellín. Finalmente señaló que esa reparación debe ir acompañada de un verdadero compromiso con la implementación de garantías para proteger a las mujeres.
Ante la Corte Constitucional, la representante a la Cámara por Antioquia Susana Boreal presentó una petición para iniciar un incidente de desacato con el busca dejar sin efecto el decreto 0044 de 2024 con el cual la Alcaldía de Medellín prohibió el consumo de sustancias psicoactivas en ciertos lugares de la ciudad.Esta fue una de las primeras decisiones que Federico Gutiérrez anunció tras el inicio de su segundo periodo como alcalde y ha argumentado que la medida busca proteger sobre todo a niños, niñas y adolescentes del consumo a temprana edad."Cuidar a nuestros niños, niñas y jóvenes en parques escuelas y escenarios deportivos esa es la prioridad y le pediremos por supuesto una acción muy clara también a la policía en ese sentido", expresó el mandatario.A través de un comunicado la congresista expuso que las alcaldías no están facultadas para expedir este decreto, responsabilidad que recae, según Boreal, en corporaciones como los concejos y asambleas.Por otra parte, la representante cuestionó algunos detalles del decreto explicando que si bien es posible prohibir el consumo en ciertos lugares de la ciudad tal cual lo establece la disposición, esta no debe ser permanente pues no todo el tiempo en esos espacios se encuentra la población que busca protegerse por lo que se estarían vulnerando otros derechos de los consumidores como al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la igualdad.Sobre el final de su pronunciamiento Boreal aseguró que el decreto no aborda el consumo de estas sustancias como un asunto de salud pública con el fin de prevenirlo ni tampoco fomenta prácticas conscientes y responsables al respecto.Pese a estos y otros cuestionamientos que desde diferentes sectores se han hecho a esta prohibición, por lo menos otros cinco municipios antioqueños, la mayoría en el oriente, han adoptado la medida.
La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de cargos contra la representante a la Cámara, Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, y su asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo, Christian David Guzmán. La medida surge a raíz del presunto trato irrespetuoso que la congresista y su pareja sentimental habrían dispensado a varios miembros de su equipo.La Sala Disciplinaria de Instrucción, encargada del caso, señaló que existen indicios de que la congresista y su asesor podrían haber incurrido en conductas que causaron ofensas y perjuicios a los miembros de su grupo de trabajo. Entre las denuncias se incluyen descalificaciones laborales, ignorancia de labores, minimización de roles y solicitudes de préstamos de dinero y bienes que, al parecer, no fueron devueltos.La entidad también destacó que podría configurarse la vulneración de los presupuestos mínimos de conducta exigibles a la dignidad del cargo ostentado por la representante y su asesor. Esto se habría llevado a cabo mediante un aparente uso de lenguaje manipulador y de menosprecio hacia el trabajo y opiniones de los colaboradores. Las denuncias recibidas abarcan el periodo comprendido entre agosto de 2022 y enero de 2023, presentadas por personas que estuvieron vinculadas al mismo.Con su presunto comportamiento, Boreal y Guzmán Romero podrían haber infringido el principio de moralidad, calificando provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de dolor. Cabe destacar que contra esta decisión no procede recurso alguno.Este caso resalta la importancia de mantener estándares éticos y de respeto en el ejercicio de cargos públicos, así como la responsabilidad que recae sobre los representantes electos y sus equipos en la salvaguarda de la dignidad de quienes colaboran en sus labores legislativas.Le podría interesar:
Los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, junto con los congresistas del Partido Comunes y la circunscripción indígena, anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que este organismo internacional adopte medidas cautelares que protejan los derechos políticos de los congresistas de esta coalición debido a que, según ellos, hay un claro hostigamiento de la Procuraduría General de la Nación en su contra.“La evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencia en que en forma obstinada se arroga, por sí y ante sí, competencia para desvincular funcionarios de elección popular a pesar de los precedentes prohibitivos de la CIDH y el contenido de la Sentencia C-030 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. Como es sabido, estas instituciones señalan indubitablemente, que la Procuraduría, por ser un órgano netamente administrativo, carece de funciones jurisdiccionales para separar de sus cargos a los funcionarios de elección popular”, señaló el comunicado.Los congresistas también critican la investigaciones que adelanta el ente de control disciplinario en contra de congresistas del Pacto Histórico como Wilson Arias, Alexander Lopez, Maria Jose Pizarro y Susana Boreal; así como la sanción que profirió en contra del senador Alex Flores en recientes días.“Tenemos información de procesos que se están adelantando de manera inédita e irregular por parte de la Procuraduría. Nos hemos abocado a hacer esta alerta nacional e internacional por lo que es un claro hostigamiento por parte de la Procuraduría”, señaló el presidente de la cámara de representantes David Racero.Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro respaldó el llamado del Pacto Histórico y los invitó a que la defensa de sus derechos políticos se haga también a través de las calles.“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política. Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia. El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país", dijo.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
El ciudadano José Miguel Quintana generó una gran controversia en el Congreso de la República, luego de la polémica declaración de la congresista Susana Boreal, quien confesó que es consumidora habitual de marihuana.“Yo vengo a representar a los marihuaneros porque soy marihuanero hace 22 años. Fumo bareta todos los días y nunca he tenido que robar a nadie. Hemos sido víctimas del atropello por el crimen de querer fumar unos baretos en paz”, dijo Quintana.En diálogo con Blu Radio, Quintana dijo que lleva 22 años consumiendo marihuana y sobre su afirmación “los marihuaneros haremos las leyes en Colombia”, explicó que la dijo en el contexto de la discusión de la regularización de la marihuana de uso adulto.“Me refería en ese contexto. Recortaron ese pedazo y lo hicieron ver como si los marihuaneros íbamos a hacer todas las leyes. Los marihuaneros estamos haciendo nuestras leyes, para garantizar un producto de calidad, que aporte a los consumidores”, puntualizó.Quintana agregó que se provee de marihuana del “mercado negro”, pero también comentó que ya tiene sus propios cultivos.“Mi exigencia es un tema de salud pública. La gente no debería ir a un mercado negro y consumir un producto de mala calidad”, añadió tras decir que, tal como sucede con la leche, si uno no puede tener una vaca, pues sí puede proveerse de leche de buena calidad.En ese sentido, Quintana manifestó que la marihuana debe ser obligatoriamente un producto de la canasta familiar y lo defendió en los siguientes términos: “La marihuana es un producto fundamental dentro de la canasta familiar de los consumidores. Un producto de la canasta familiar es un producto que es necesario para mejorar la calidad de su vida”.A quienes sostienen que la marihuana puede ser la puerta de entrada para otras drogas como la cocaína, Quintana, quien dice ser creador de contenido para las redes sociales, dijo que esa es una afirmación irresponsable.“No podemos generalizar. No hay argumentos científicos que demuestren que la marihuana sea la puerta de entrada para otras drogas. Sin embargo, tampoco puedo generalizar que en ningún caso lo sea. Hay que analizar cada caso. Hay organismos que no reciben bien la marihuana, pero esos casos no deberían ser tratados de manera particular y no generalizarlos para no promover un estigma”, aseveró.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu
En su podcast 'El Zuletazo', el periodista Felipe Zuleta, habló sobre la polémica creada por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, quien en medio de un debate admitió consumir marihuana todos los días: “Me encanta, no me da miedo decirlo”.Aunque el escritor no criticó el tema del consumo, rechazó la serie de denuncias que ha recibido la congresista por supuestos malos tratos a sus compañeros en campaña, falta de pagos y un contrato millonario con su novio: "No me parece ético que tengan en la UTL a su novio, que no tiene requisitos profesionales, con un sueldo de $9'800.000, ¿por qué los colombianos tenemos que pagar al novio de Susana Boreal".Zuleta remató indicando que: "Susana Boreal es valiente para decir que es marihuanera y cobarde para explicar un maltrato laboral".Escuche esta y otras frases en 'El Zuletazo' del día:
Desestigmatizar la marihuana, ese fue el llamado que hizo la representante por Antioquia Susana Gómez, en el marco de una audiencia sobre regulación de cannabis donde afirmó que ella consume marihuana todos los días. Sus declaraciones causaron todo tipo de reacciones y generó polémica en redes sociales.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el representante a la Cámara Daniel Carvalho mencionó que Susana Boreal, como es conocida, tiene todo “el derecho a tener sus hábitos de consumo”.“En el caso del cannabis, se considera que hasta un 70 u 80 % de los consumos no son problemáticos, me parece más importante entrar en eso y dejar el tabú”, comentó.En ese sentido, dijo que el consumo responsable de sustancias legales o ilegales consiste en estar “consciente de cuáles son los contextos para hacerlo”.Estudios sobre el consumo de marihuanaPor su parte, el médico toxicólogo clínico Andrés Felipe García, quien trabaja en la clínica las Américas y en la Fundación la Luz, habló sobre los estudios relacionados al consumo de marihuana y los efectos que tiene en las personas.“Las personas que consumen marihuana frecuentemente también generan una tolerancia y una dosis, que para una persona podría ser muy elevada, no los afecta de la misma manera”, explicó.“Consumo agudo”“Es obvio que una persona que ha consumido marihuana en la parte aguda no va a responder igual. Hay estudios que muestran que aumentan los choques de carros, los accidentes, las caídas, etc”, añadió.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes investigará la conducta de la Representante a la Cámara, Susana Boreal, quien en medio de la discusión de un proyecto que despenaliza el uso del cannabis en la comisión primera, admitió que fuma marihuana todos los días.El representante a la Cámara, Juan Espinel ,en comunicación enviada al Presidente Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara, Andrés Guillermo Montes expresó su preocupación por las declaraciones de la congresista y solicitó “la iniciación de una acción ética y disciplinaria”.Espinel señala que, “como miembro de la Comisión Legal de ´Ética y el Estatuto del Congresista, considero que se puede estar incurriendo en la conducta sancionable establecida en el numeral d) del artículo 9 de la Ley 1828 de 2017, la cual establece lo siguiente: Asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.Recuerda que según el artículo 3° del Código de Ética y Estatuto del Congresista reza: “se aplicará a Senadores de la República y Representantes a la Cámara que en ejercicio de su función transgredan los preceptos éticos y disciplinarios previstos en este Código, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Rama Jurisdiccional del poder público en materia penal o contencioso administrativa”Consideró además que la conducta adoptada por la Representante Susana Boreal “no está a la altura de la dignidad que ostenta y transgrede los principios éticos y disciplinarios que rigen a las personas que ocupan cargos públicos y de elección popular”.“Comedidamente solicito a la Mesa Directiva iniciar una acción ética y disciplinaria de oficio con el fin de que el Instructor Ponente designado esclarezca si la Representante a la Cámara Susana Gómez está infringiendo el Estatuto del Congresista y si es necesario aplicar alguna sanción en este caso”, puntualiza la carta del representante Espinel.Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 10 de julio de 2026:José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, habló sobre el manifiesto del centro político en el que se envía un mensaje al presidente Gustavo Petro y a Abelardo De La Espriella.Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la junta de la Nueva EPS, se refirió sobre las acusaciones del presidente Gustavo Petro por deudas de la entidad.Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS, abordó sobre los estados financieros de la entidad.El embajador Yoed Magen, líder de la delegación de ayuda de Israel a Venezuela, se pronunció sobre el plan de reconstrucción en el país tras los terremotos.Escuche el programa completo aquí:
En un gesto que trasciende las tensiones políticas de la última década, una delegación de expertos ingenieros y especialistas en evaluación estructural de Israel se encuentra desplegada en La Guaira, Venezuela. Liderada por el embajador Yoed Magen, la misión busca proporcionar asesoría técnica crucial tras la tragedia que ha afectado gravemente la infraestructura de la zona. Evaluación estructural y el sistema de "semáforo" Uno de los pilares del trabajo israelí es la inspección de edificaciones para determinar su seguridad. El embajador Magen explicó que utilizan una metodología técnica, similar a la venezolana, para clasificar el estado de los inmuebles. Según detalló: "Edificios en rojo son aquellos que hay que demoler, que son peligrosos y no se pueden habitar. Los de amarillo se necesita rehabilitarlos... y el color verde son aquellos que se pueden devolver a los residentes".El impacto emocional de este trabajo ya se siente en las comunidades locales. Magen relató que hace pocos días, cuando un equipo de ingenieros aprobó la habitabilidad de un edificio, "los residentes que estaban afuera empezaron a aplaudir".El objetivo principal es reducir los riesgos para la población y permitir que las familias regresen a sus hogares lo antes posible.Gestión de escombros y reconstrucción sostenible La experiencia de Israel en situaciones de emergencia, derivada de conflictos bélicos, ha sido puesta al servicio de Venezuela. La delegación propone un plan nacional de rehabilitación que incluye una metodología avanzada para el manejo de residuos. "Es toda una metodología que lamentablemente en Israel tenemos mucha experiencia porque hemos sido objetos de ataques con misiles", señaló el diplomático.El plan contempla no solo la remoción de escombros, sino su clasificación y traslado a un parque ecológico para su reutilización. "Se puede reutilizar en la reconstrucción. Es un plan ambicioso", afirmó Magen, subrayando que actualmente trabajan "mano a mano" con las autoridades venezolanas y el Ministerio de Obras Públicas para ejecutar estas recomendaciones.Solidaridad por encima de la diplomacia A pesar de que Israel y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el año 2009, la ayuda humanitaria ha sido priorizada por el gobierno israelí. El embajador enfatizó que la ausencia de vínculos formales "no fue un impedimento" para ofrecer apoyo inmediato tras conocerse la magnitud de la tragedia.Escuche aquí la entrevista:
La Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Hacienda firmaron una prórroga de cinco meses del acuerdo que permite hoy la administración del Fondo de Estabilización del Precios para los cafeteros.El fondo busca apoyar a los cafeteros colombianos durante las épocas de bajos precios internacionales del café y generar ahorros durante las bonanzasLa prórroga es consecuencia de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de dejar en manos del siguiente gobierno el futuro del Fondo Nacional del Café, cuya administración también se extendió por 5 meses. El Fondo del Café administra un aporte parafiscal de 6 centavos de dólar por libra y los destina a actividades como la asistencia técnica a los cafeteros, la garantía de compra del café y por su puesto la gestión de la marca Juan Valdez que es propiedad de los cafeteros."Es un mensaje de estabilidad, confianza y visión de largo plazo para los productores, los mercados y nuestros aliados alrededor del mundo. Sobre esa base seguiremos trabajando para hacer del sistema cafetero colombiano un sector cada vez más productivo, innovador, sostenible y próspero", señaló el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Germán Bahamón.Colombia produce cerca de 13 millones de sacos de café al año y unas 549.000 familias viven de este cultivo en el país.
La Fiscalía General de la Nación reprogramó la diligencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación relacionada con las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio de Jesús María Valle. La audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 24 de julio, se realizará ahora los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 2026.La reprogramación se conoce en medio de varios pronunciamientos alrededor del proceso judicial que enfrenta el exmandatario. La defensa del expresidente Uribe ha sostenido que hay solicitudes probatorias que, según afirma, aún no han sido practicadas, por lo que considera que avanzar con la diligencia de indagatoria sin esos elementos afectaría las garantías procesales.Al debate también se sumó un grupo de 38 juristas, que expresó públicamente su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía dentro de la investigación que involucra al expresidente Uribe.En un comunicado, los abogados hicieron un llamado para que las actuaciones judiciales se desarrollen con pleno respeto por las garantías constitucionales y procesales. En ese pronunciamiento solicitaron que el proceso avance con estricto respeto por “el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas”.A este escenario se suma la decisión anunciada por el padre y el hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de no comparecer nuevamente a rendir declaración ante la Fiscalía dentro de esta investigación.La determinación fue comunicada mediante un escrito firmado por su abogado, Sergio Clavijo, quien explicó que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda ya habían declarado anteriormente dentro del proceso seguido contra el expresidente Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.En el comunicado, el defensor señaló “Mis representados comparecieron oportunamente ante la administración de justicia y rindieron de forma veraz su testimonio en el proceso penal adelantado ante el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, nuevamente han sido citados para rendir declaración en el marco de las actuaciones que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.El abogado agregó que, tras evaluar lo ocurrido durante su anterior comparecencia, ambos decidieron “de manera libre, consciente, voluntaria e informada, no comparecer a rendir nueva declaración”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los miembros de la fuerza pública a respetar la línea de mando y acatar las órdenes del Gobierno nacional hasta el último día del actual mandato presidencial. "Quiero ser muy enfático en esto, recuerden quién es la línea de mando que está hasta el 6 de agosto. Ellos son nuestros comandantes, y las órdenes que ellos emitan son las que se cumplen", afirmó.Las declaraciones se dieron en medio de la rendición de cuentas de la cartera, donde también reiteró el compromiso de la fuerza pública con el respeto al orden constitucional y con garantizar una transición de Gobierno segura, tranquila y en completa normalidad para todos los colombianos.Sánchez aseguró, además, que el sector Defensa respetará las decisiones de las autoridades electorales y acompañará el proceso de cambio de gobierno. "El presidente actual es el presidente de todos los colombianos hasta el día 6 de agosto de 2026, y a partir de allá será un nuevo presidente", señaló.El ministro concluyó que la fuerza pública responde a las instituciones y no a personas en particular, por lo que aseguró que se debe mantener el mismo compromiso con el presidente electo que asumirá el cargo tras la posesión del próximo 7 de agosto.
