“Se hace un llamado a los órganos de control e investigación para que adelanten los procedimientos pertinentes con la debida diligencia en el marco nacional e internacional de los derechos de las mujeres, respetando las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa”, dice el comunicado. (Vea además: Defensoría sería sancionada hasta con $2000 millones si existió acoso de Otálora). Fuentes cercanas confirmaron a Blu Radio que el defensor del Pueblo adelanta consultas con sus colaboradores más cercanos para definir su permanencia en el cargo tras las denuncias de acoso laboral y sexual hechas por su exsecretaria privada Astrid Helena Cristancho. Ante dichas denuncias, el defensor de Derechos Constitucionales, Luis Manuel Castro Novoa, presentó su renuncia, según él, por no compartir la posición del defensor Jorge Armando Otálora de permanecer en la dirección de la entidad pese a las acusaciones de presunto acoso laboral y sexual.
La muerte de la ingeniera Janeth Mylene Suárez Saavedra, 11 días después de sufrir graves quemaduras por una llamarada en el restaurante Hello Life, en Bucaramanga, dejó nuevos testimonios sobre la emergencia ocurrida el pasado 2 de octubre. Su esposo, José Luis Rodríguez, también resultó gravemente lesionado.Una mujer que se encontraba en el establecimiento relató cómo se desencadenó la tragedia mientras compartía un café con una amiga y se preparaba para realizar una videollamada de cumpleaños.Según su testimonio, una pareja ingresó al restaurante y se ubicó en una mesa justo detrás de donde ellas estaban sentadas. Cuando la testigo se disponía a tomar su café, escuchó los gritos de la mujer y, al levantarse para ver qué ocurría, observó que de la mesa salían llamas que alcanzaron el cabello y el cuerpo de Janeth Mylene.“En instantes, su cabello fue alcanzado por las llamas y lo siguiente fue tragedia para enloquecer”, describió la testigo al recordar los momentos de angustia que se vivieron en el lugar.La mujer aseguró que, en medio de la desesperación, el esposo de la víctima, otra persona y ella misma intentaron apagar el fuego que se extendía por el cuerpo de Janeth Mylene. La emergencia provocó gritos, llanto y confusión entre quienes se encontraban en el establecimiento.“Aún escucho los gritos de aquella mujer, su desconsuelo ante las heridas, el pánico que se apoderó de mí cuando por fin ya no había fuego”, relató.La testigo también manifestó su preocupación por el tiempo que, según su versión, tardó en llegar la ambulancia. Durante esos momentos, la mujer lesionada pedía que llamaran a uno de sus hijos y expresaba su temor de morir. Finalmente, su hijo llegó al lugar antes que los paramédicos.El relato da cuenta de la angustia de quienes intentaron auxiliar a la pareja mientras esperaban la llegada de los organismos de emergencia.A través de un comunicado divulgado el miércoles 14 de octubre, el restaurante Hello Life lamentó el fallecimiento de Janeth Mylene Suárez Saavedra y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.El establecimiento señaló que los hechos ocurridos el 2 de octubre en sus instalaciones son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, encargadas de esclarecer las circunstancias de la emergencia.También manifestó su disposición a entregar la información requerida y atender las solicitudes que se presenten durante el proceso.Hasta el momento, no se conocen conclusiones oficiales sobre las causas de la llamarada ni sobre eventuales responsabilidades. La investigación deberá establecer cómo se produjo el incidente y qué circunstancias rodearon la manipulación del recipiente con alcohol. La muerte de la ingeniera, ocurrida 11 días después de la emergencia, mantiene la atención sobre un caso en el que el testimonio de quienes presenciaron los hechos aporta detalles de los momentos vividos dentro del restaurante, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo sucedido.Los actos fúnebres de Janeth Mylene Suárez Saavedra se realizará este 16 de octubre en Bucaramanga.
Las intensas lluvias han provocado inundaciones en decenas de barrios, daños materiales y afectaciones al transporte. En medio de esta emergencia, un adolescente de 14 años murió tras recibir una descarga eléctrica al pisar descalzo un charco de agua acumulada en un parque.El hecho ocurrió en Estambul, Turquía, específicamente en el parque Çukurbostan, ubicado en el distrito de Fatih. El menor, identificado con las iniciales M. I., habría entrado en contacto con una corriente eléctrica al caminar descalzo sobre el agua estancada que dejaron las precipitaciones torrenciales registradas desde el martes.Tras el accidente, el adolescente fue trasladado inconsciente a un hospital, donde el personal médico intentó reanimarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, el joven falleció.Investigan el origen de la descarga eléctricaLas autoridades turcas adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer qué provocó la descarga eléctrica que acabó con la vida del menor.El caso ha generado preocupación en medio de las difíciles condiciones meteorológicas que enfrenta la ciudad, donde las inundaciones han afectado diferentes sectores y han obligado a las autoridades a activar medidas de emergencia.Las precipitaciones registradas durante esta semana han provocado inundaciones en decenas de barrios de Estambul, con consecuencias para la movilidad y daños materiales. La acumulación de agua en distintos puntos también representa un riesgo para los ciudadanos, especialmente cuando puede ocultar peligros que no son visibles a simple vista.Ante este panorama, las autoridades advirtieron que las lluvias continuarían durante la noche, por lo que se mantiene la alerta frente a la posibilidad de nuevas afectaciones.La muerte del adolescente ocurrió en medio de esta emergencia climática, que mantiene a la ciudad pendiente de la evolución del tiempo y de las medidas necesarias para reducir los riesgos para la población.
En diálogo con Mañanas Blu, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores. Tarazona sostuvo que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, como Paloma Valencia, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.En ese sentido, durante la entrevista, leyó los chats que existen entorno a las advertencias que se hicieron antes sobre el atentado que le perpetuarían a Miguel Uribe, en la misma lectura de los chat nombra directamente a Marcos Calarcá. Según Tarazona, la información fue entregada oportunamente a la Fiscalía General de la Nación con fotografías, nombres propios y la debida cadena de custodia, sin que hasta el momento la entidad haya abierto una línea de investigación formal sobre este señalamiento.El texto del mensaje que vincula al CongresoDurante la conversación, Tarazona leyó de manera textual el chat transmitido desde el departamento del Caquetá, el cual le fue remitido como una alerta temprana antes de que se perpetrara el magnicidio: "Ese m*** de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados Comandos para ir a hacer el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos. Yo le creo 100%. Por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible. Me dice que la orden salió del Senado. La fuente está metido allá adentro, el cual se comunica conmigo cuando él me dice que está y que sabe que va a pasar. Por eso le digo a usted, para que tengan cuidado y para que extremen sus medidas de seguridad".Posteriormente, tras consumarse el ataque contra Uribe Turbay, la misma fuente remitió un segundo mensaje cuestionando el esquema de protección del político: "¿Dónde p** estaba el esquema de Miguel? Se los dije que lo iban a matar".Tarazona hizo énfasis en que la pista entregada a los investigadores no se trata de una información infundada ni anónima: "Aquí no hay anónimos, en toda la cadena no hay anónimos. Todo tiene nombre y apellido y foto".Tensa reunión con la Fiscalía y reclamos por falta de avancesLa viuda de Uribe Turbay detalló el reciente y tenso encuentro que sostuvo con la Fiscal General de la Nación, en el que expresó su frustración por la falta de resultados concretos a más de un año del crimen. Uno de los puntos centrales de su reclamo fue la ausencia de una imputación formal contra Augusto Rodríguez por las fallas operativas en la seguridad de su esposo. Sobre este intercambio con la jefa del organismo de control, Tarazona relató: "Llevamos un año tratando de entender por qué no se ha hecho la imputación formal a Augusto Rodríguez, teniendo nosotros sobre la mesa toda la cadena de errores que cometió y de negligencia que hubo frente a la seguridad de Miguel. Y la respuesta de ella es: procesalmente no había cómo imputar a Augusto". Pistas en el Caquetá, dinero desde Venezuela e interrogatorios sin respuestaTarazona argumentó que existen coincidencias objetivas entre la advertencia previa recibida en abril y los hallazgos recaudados en el expediente. Entre ellas, destacó la confirmación de que la financiación del crimen procedía de Venezuela en moneda nacional: "Hay una tremenda coincidencia entre la fecha en la que se hace la advertencia, el hecho de que la plata haya salido de Venezuela y cómo efectivamente ya dentro del curso del proceso se estableció que la plata sí vino de Venezuela". Si bien las indagaciones señalan a la Segunda Marquetalia como ejecutora material, Tarazona reiteró que los determinadores intelectuales están en otra instancia y criticó que la Fiscalía aún no haya interrogado al informante clave identificado en el Caquetá. Además, denunció el silencio sobre las declaraciones de alias 'Araña' (Comandos de Frontera) y alias 'Águila' (mano derecha de Sarco Aldinever), dos capturados que rindieron interrogatorio antes de ser extraditados a Estados Unidos. "Alias Araña es detenido y le hacen un interrogatorio para determinar la planeación, la financiación, la estructura que se dio frente al magnicidio de Miguel y la Fiscalía aún no nos ha dicho qué pasó en este interrogatorio... La segunda persona que también rinde un interrogatorio es alias Águila... debió dar información y estamos a la espera de que la Fiscalía nos informe qué arrojó estos dos interrogatorios". Finalmente, María Claudia Tarazona expresó que mantendrá su exigencia de justicia para evitar que sus hijos tengan que asumir el costo emocional y la búsqueda de respuestas durante décadas, como ha ocurrido históricamente con los familiares de otros líderes asesinados en el país. Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Barichara, Santander, Milton Edilson Chaparro Jiménez, por presuntas irregularidades en el suministro de agua para consumo humano durante 2024, cuando el municipio afrontaba problemas de desabastecimiento.Según informó el Ministerio Público, la investigación busca establecer si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente denominada La Chorrera, ubicada en el predio Lote 4 de la vereda Santa Helena, de propiedad de un particular, después de que se declarara la calamidad pública por la falta de agua potable en el municipio.La Procuraduría también indaga si, para ese momento, sobre la fuente hídrica existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que habría sido desconocida al permitir el uso del recurso.Otro de los aspectos que busca esclarecer el organismo de control es si la extracción de agua se autorizó sin contar con la concesión, el permiso o la autorización ambiental exigida por la autoridad competente.Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del alcalde como grave, a título de culpa grave.La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario con el que se busca determinar si el mandatario incurrió en alguna irregularidad en el manejo del recurso hídrico.
Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali y hermano del fallecido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para formalizar su disposición de colaborar con el Estado en la identificación y recuperación de bienes que estarían relacionados con estructuras patrimoniales irregulares del extinto grupo criminal.En el documento, Herrera explicó que su intención es aportar información sobre activos, sociedades y estructuras económicas que han sido objeto de investigaciones durante décadas. La primera etapa de la colaboración, según lo expuesto en la comunicación, comprende información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y otros países.“La finalidad de esta autorización es permitir que la Presidencia de la República tenga conocimiento institucional de esta decisión y pueda, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañar las iniciativas estatales que correspondan respecto de la recuperación, destinación social y eventual utilización de los bienes que lleguen legítimamente a favor del Estado”, señaló Herrera en la carta.El exintegrante del Cartel de Cali manifestó que su decisión busca contribuir a los esfuerzos institucionales relacionados con la recuperación de activos y la superación de las consecuencias asociadas a la violencia. En ese sentido, afirmó: “Esta determinación corresponde a mi voluntad de contribuir, en este momento histórico del país, a un proceso de reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.En otro apartado, Herrera sostuvo que pretende que los bienes relacionados con esas estructuras patrimoniales queden bajo conocimiento y control de las autoridades competentes. “El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, expresó.La carta también expone su intención de contribuir al esclarecimiento de la historia de los activos vinculados al denominado ‘Clan Herrera’. “Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, afirmó.La comunicación dirigida al presidente se suma a la declaración que Ramiro Herrera presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en la que formalizó su voluntad de entregar información para avanzar en los procesos de extinción de dominio. En ese documento, aseguró que comparecía para adelantar una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”.Herrera precisó que la información comprende bienes en Colombia y en el exterior, documentación histórica y original, sociedades, inversiones y personas naturales y jurídicas. También señaló que su intención es que los datos puedan ser contrastados con los expedientes y registros disponibles.“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación, confrontándola con los expedientes, registros públicos y privados, documentos originales y demás elementos materiales probatorios legalmente disponibles”, indicó.La colaboración anunciada se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros al servicio de ‘Pacho Herrera’. Las medidas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.De acuerdo con la investigación, durante años se habrían utilizado personas y empresas de diferentes sectores económicos para ocultar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.La carta de Ramiro Herrera plantea una colaboración que abarca información sobre bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el propio exintegrante del Cartel de Cali dejó claro que la decisión sobre cada activo corresponde a las autoridades: “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo y si existe fundamento para adelantar o culminar procesos de extinción de dominio”.
