Luego de cerrar el 2023 con una alarmante cifra de 520.085 personas migrantes que atravesaron la ruta irregular de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, la Defensoría del Pueblo ha advertido que esta tendencia en el presente año podría volverse a repetir de acuerdo a los más recientes reportes de Migración Colombia.Y es que durante los primeros 15 días de enero, por esta ruta ya transitaron 15.588 migrantes, cifra que podría ser mayor para cerrar el mes en comparación con la del mismo periodo del año anterior cuando fue de 24.634, según registros del Ministerio Público.El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, insistió en que se deben tomar medidas por parte de los gobiernos sobre todo para proteger a menores de edad, la principal población expuesta a fenómenos como el tráfico de migrantes, robos, extorsiones y violencia sexual incluso por parte de grupos armados que frecuentan la ruta."Hacemos un llamado a todos los países de la región y a todos los que enfrentan el fenómeno de la migración irregular protejan los derechos humanos de esta población que en la mayoría de los casos, no en vano, se ven en la obligación de abandonar sus territorios", destacó Camargo.En cuanto a las dinámicas migratorias durante 2024 Camargo ha señalado que ha variado un poco, pues hay aumento de personas provenientes de China cruzando la selva, 1427 personas del total, cuando en enero del año anterior la atravesaron solo 409 para un incremento del 249 %. Así las cosas se han convertido en la tercera nacionalidad más predominante en la zona luego de los venezolanos y haitianos.
Panamá y Colombia siguen en busca de un "punto en común" sobre cómo gestionar la crisis de migratoria y humanitaria que supone el paso por sus territorios de viajeros irregulares con destino a Norteamérica por la selva del Darién u otras rutas, ante la expectativa que la situación no se revertirá este año tras la cifra histórica de más de 520.000 de ellos en 2023.Así lo afirmó este viernes el ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, tras una reunión con el titular del Ministerio de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, celebrada en la ciudad de Panamá para analizar temas de seguridad y migración.Migrantes irregulares con nacionalidad de más de 60 países, aunque en su mayoría son venezolanos, cruzan varios países suramericanos antes de internarse en la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia y enlace entre Sur y Centroamérica por la que en 2023 pasaron más de 520.000 de estos viajeros, algo sin precedentes."Tenemos que buscar un punto en común, una reunión lo más próxima señor ministro, para ver cómo acordamos el tratar a este fenómeno, que en el 2024 vaticinamos no va a parar por los diferentes aspectos que ocurren en la región", dijo Pino teniendo a su lado a Velásquez, como lo mostró un vídeo repartido a los medios por el Ministerio de Seguridad.Según el ministro panameño, los Gobiernos de Panamá y Colombia están "conscientes" de que deben "buscar un punto en común" y "separar la parte humanitaria de la migración de lo que es el crimen organizado que se está aprovechando" de este fenómeno.Mientras que Colombia deja pasar sin prácticamente restricciones a los migrantes irregulares, Panamá aplica un flujo controlado a través de un programa humanitario que incluye tomar sus datos biométricos, ofrecerles servicios sanitarios y de alimentación y vigilar su tránsito directamente hasta la vecina Costa Rica.Velásquez habló por su parte de "la necesidad de fortalecer la contrainteligencia para lograr que autoridades públicas panameñas y colombianas, con la mayor transparencia, enfrenten los fenómenos criminales que nos afectan"."Tenemos ahora (...) la mención al tema de la migración irregular, las organizaciones criminales que se encuentran detrás de esta migración en el aprovechamiento de las necesidades" de estas personas, pero también existen "otros fenómenos como el del narcotráfico o la minería ilegal", dijo ministro colombiano en el vídeo difundido por las autoridades.Aseguró que los resultados de las acciones desarrolladas por cada país en la frontera común muestran "un incremento en cuanto a los resultados positivos", aunque destacó que "siempre" hay la "necesidad de una cooperación muy fuerte".Se requiere una cooperación "muy constante en términos también de mayores niveles de confianza, que son bastantes los que tenemos, pero que haya una identidad de tal naturaleza en este propósito común de la lucha contra la criminalidad que podamos presentar esos mejores resultados durante este año", agregó Velásquez.Le puede interesar
El alcalde de Necoclí, Guillermo Cardona, habló en Mañanas Blu sobre la delicada situación que se vive en ese municipio de Antioquia, ubicado en el golfo de Urabá, por la llegada masiva de migrantes. La falta de coordinación y la ausencia de apoyo gubernamental han llevado a Necoclí a una situación caótica que afecta no solo a los habitantes locales, sino también a los propios migrantes.Y es que Necoclí se ha convertido en uno de los puntos de partida para la migración por el golfo de Urabá, específicamente hacia el tapón del Darién. El alcalde Guillermo Cardona señaló que la realidad en su municipio es caótica, con una descoordinación total que afecta tanto a la población local como a los migrantes.En ese sentido, agregó que desconoce si el Clan del Golfo o algún otro grupo ilegal está relacionado con la situación migratoria. Además, insistió en la falta de coordinación estatal para abordar este tema de manera más efectivo.“La verdad es que es un tema complicado. No tengo información clara sobre si el Clan del Golfo tiene control sobre la cadena migratoria en el golfo de Urabá. En Necoclí vivimos el fenómeno migratorio, pero no tengo constancia de que estos grupos ilegales tengan dominio sobre este tema”, señaló.En cuanto a la llegada masiva de migrantes, el alcalde describió la situación como caótica y “deshumanizante”, pues los migrantes no cuentan con albergues para pasar los días que permanecen en el municipio. Asimismo, destacó que la gran mayoría de estas personas son venezolanos.“La mayoría son venezolanos, seguidos por ecuatorianos y haitianos. En cuanto a la explotación, hemos observado casos de explotación infantil y sexual, especialmente entre la población venezolana. (…) Los migrantes están en las playas, en carpas, y la situación es deshumanizante”, añadió.
Dos meses después de que su papá la separó de su madre y su abuela en el Darién, Melanny Castro ya se encuentra en el seno de su hogar en Turbo. Recordemos que la menor de siete años fue traída por su progenitor a Medellín el 20 de octubre del 2023, con el pretexto de sacarle el pasaporte y comprarle ropa.Lo que no sabían su mamá y su abuela es que el hombre en realidad pretendía llevársela para los Estados Unidos, cruzando la peligrosa selva del Darién.Así lo relataron los familiares de la menor de quienes solo volvieron a tener noticias el 5 de noviembre cuando recibieron una llamada de las autoridades de Costa Rica en la que les informaban que Melanny había sido rescatada por Migración de ese país, luego de que su papá la abandonó en la selva.Fue así como luego de varias gestiones por parte de la familia, el diputado Camilo Calle y los medios de comunicación, una comisión del ICBF viajó a Costa Rica para recuperar a la menor quien en las últimas horas se reencontró con su familia.El diputado agregó que "el encuentro de Melanny con su abuela fue el mejor regalo de Navidad para muchos funcionarios y servidores públicos y por supuesto, para su familia. Ella es la protagonista en todo este drama que hoy tiene, por fortuna, un final feliz".Una historia con un final feliz que el diputado y su familia esperan que no se vuelva a repetir con ningún otro menor.Le podría interesar:
Un total de 2.875.743 venezolanos viven actualmente en Colombia, según un balance de migración Colombia, que celebró este lunes la emisión de más de medio millón de Permisos por Protección Temporal (PPT) para estos migrantes.Con los permisos, Migración Colombia cumple con sus objetivos de integración de los venezolanos en el país, siendo así "el principal receptor" de población venezolana, como expresó el director de la entidad, Carlos García en una rueda de prensa."Colombia es una llave a presión donde entran flujos de toda centroamérica", dijo antes de confirmar que para 2024 pretenden regularizar a las "cerca de 300.000 personas venezolanas" que siguen viviendo en el país de manera irregular.En total, se autorizaron y están en proceso 2.306.810 de PPT, los cuales, según Migración, permiten "la regularización del estatus migratorio de ciudadanos venezolanos en Colombia".Este documento les abre el acceso a derechos como la salud, educación o empleo.De esos dos millones de permisos temporales, 1.890.185 ya fueron entregados y 416.625 están en proceso de autorización.García confesó que durante este 2023 se vieron "sobrepasados" en su "capacidad de responder a esos flujos regulares e irregulares", pero afirmó que se encuentran "listos" para abordar los retos que 2024 les presenta.En el Día Internacional del Migrante, la entidad responsable de ejercer el control migratorio a ciudadanos nacionales y extranjeros en el territorio, presentó también actualizaciones en el caso de la región del Darién.Este año, la entidad instaló un puesto de verificación en Necoclí, situado en la subregión de Urabá, en el departamento de Antioquia (noroeste), para "garantizar la presencia de oficiales colombianos" por la selva del Darién, "algo que hasta este Gobierno no existía", dijo García.Colombia no cuenta con registros de cuántas personas salen hacia el Darién, pero según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de 500.000 migrantes han cruzado la selva, representando un récord histórico que deja atrás los 248.000 migrantes registrados en 2022 y los 133.000 de 2021.Además, desde la entidad colombiana alertan del aumento de niños, niñas y adolescentes no acompañados en la ruta, que según su director, se contabiliza "alrededor de un 30 % del total"."El fenómeno migratorio no puede desaparecer, nació con la humanidad", afirmó García añadiendo que su objetivo para el próximo año es "regularizar el conjunto de la población extranjera que lleva viviendo en colombia durante años de manera irregular".Le puede interesar:
Una de las incoherencias presentes entre el discurso que tenemos como sociedad y los acontecimientos es la situación de los niños y niñas en nuestro continente. Se dice que hay que protegerlos, cuidarlos y brindarles las mejores condiciones, pero, en la realidad, las situaciones de pobreza, de falta de educación, desnutrición, etc., no sostienen las palabras.Por ejemplo, según la estimación de Unicef en América Latina y el Caribe (ALC), siete de cada diez niños y niñas en tránsito en las principales rutas migratorias tienen menos de 11 años. Piensen en las dificultades de desnutrición, de enfermedades infecciosas, de situaciones de abusos y, claro, de separaciones familiares.Imagino que ustedes han escuchado o leído las noticias de niños pequeños que mueren en el camino o que se quedan solos por la muerte de sus padres. Esa es la tragedia de la migración ilegal. Tengamos presente que este año por el Darién han pasado más de 501.297 migrantes, lo que es una cifra récord ya que el año pasado fueron 248.000 y en el 2021 alrededor de 133.000.Unicef, que está siempre atento a la niñez, calcula que para el año entrante habrá “16,4 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe que necesitarán apoyo humanitario a causa de las crisis actuales, entre las que se incluyen los flujos migratorios y el desplazamiento interno, la violencia y las necesidades humanitarias relacionadas con los desastres”.Definitivamente no se puede ser indiferente ante esta situación. Cuando veo esos datos siento que estamos fracasando como humanidad. Las respuestas tienen que ser siempre en dos dimensiones: la estructural, que exige transformaciones sociales, y la inmediata, que es ayudar a esos niños y niñas de familias migrantes. Como decía el alcalde Jaime Pumarejo ayer: “Nadie cruza el Tapón del Darién porque quiere cruzarlo, lo cruza porque sabe que lo que deja atrás es más peligroso que esa selva que se puede tragar a su familia o a sus hijos”.
El pasado 18 de octubre, 42 personas; de las cuales 35 son venezolanos, y dos chinos, llegaron a San Andrés, pagaron entre 1,200 y 5.000 dólares cada uno, a una red de migrantes para que en lancha los llevaran en una travesía desde san Andrés hasta Nicaragua, después a Guatemala, luego México y finalmente Estados Unidos, para cumplir el sueño americano.Libia Pieruzzini, mamá de Leomarly Morón Pieruzzini, habló con Blu Radio y contó que su hija de 27 años está embarazada y viajó con su esposo, su hija de 7 años y un primo, y que ellos llegaron a san Andrés el 18 de octubre pero según le contaron a Libia, Los tuvieron tres días entre la selva y una pensión donde los tenían hospedados, porque estaba la guardia costera rondando por la zona y no podían zarpar. La madre de la joven contó que durante esos tres días su hija le manifestó que estaba muy asustada, que los tenían en unas condiciones precarias y que la niña de 7 años había tenido una crisis nerviosa.El 21 de octubre, según cuenta Libia, su hija la llamó a las 7:36 de la noche para despedirse. “Mamá estoy muy asustada, pero ya vamos a subirnos a la lancha, te llamo cuando llegue a Nicaragua”, le dijo. Ya han pasado 44 días desde esa última llamada y ella no ha vuelto a saber nada de su hija, su nieta, yerno y sobrino. Toda la embarcación está desaparecida. A San Andrés llegó Blu Radio con una comisión de la procuraduría, para conocer de primera mano, los testimonios de los familiares de esas personas, quienes los buscan desesperados. Entre los 42 desaparecidos hay un bebé de tan solo 3 meses de nacido, mujeres embarazadas y niños. De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, esta red de tráfico de migrantes es tan grande y poderosa que delinque en todo el país. De hecho, la fiscalía ya tiene identificado al cabecilla, un hombre que vive en La Guajira, pero cuyos tentáculos están por todo Colombia. Este medio conoció que a través de agencias de viajes que prometen supuestos paquetes de lujo o paquetes VIP, estafan a los migrantes quitándoles una millonada para luego someterlos a condiciones inhumanas con la promesa de llevarlos a Estados Unidos, diciéndoles que esta ruta es más segura que la del Tapón del Darién. Son pocos los que cuentan con la suerte de llegar a suelo norteamericano. Los coyotes reciben a los migrantes en el aeropuerto de San Andrés, los hospedan en pensiones mientras la guardia costera se aleja de la zona desde donde van a salir las lanchas, y una vez listos para salir, emprenden la huida en embarcaciones rústicas y en condiciones deplorables. Los coyotes montan a 42 personas en lanchas que solo tienen capacidad máxima para 30, por eso los accidentes, naufragios y demás riesgos a los que se someten quienes deciden emprender el viaje. Está red de migrantes está permeada por miembros de las la Armada Nacional y Migración Colombia, esto quedó evidenciado tras un mega operativo de la Armada, la Fiscalía y Migración Colombia en el que fueron capturadas 24 personas, entre los que hay 5 integrantes de la Armada que al parecer le suministraban información a esta organización criminal sobre las operaciones de la institución para que llevaran a cabo los viajes sin obstáculos. A todo esto se suma la advertencia que hacen desde la oficina de control, circulación y residencia, OCCRE. De acuerdo con Sara Arboleda, asesora jurídica de la entidad, a San Andrés están llegando ciudadanos ecuatorianos que intentan ingresar a San Andrés con cédulas colombianas falsas para llegar a EE. UU. de manera ilegal. Los familiares de los jóvenes que iban en la última lancha que desapareció con el sueño de llegar a Estados Unidos, dicen que su hipótesis es que no se trató de un naufragio sino que de un secuestro, y que están siendo extorsionados para poder volver a ver a sus seres queridos. Yolmedi Gómez es la cuñada de una joven de 32 años quien viajó con su bebé de 3 meses de nacido y otro hijito de 13 años, ella cuenta que meses antes su hermano, el papá de estos niños, hizo la travesía por el Tapón del Darién, y que fue tan traumática e inhumana la experiencia por esa ruta, que decidió enviar a su familia por la vía marítima desde San Andrés para garantizar su seguridad, pero llevan desaparecidos más de 40 días. Los familiares de estas 42 personas encontraron a un ángel de la guarda, se llama Gustavo Azocar, un abogado que sin ninguna pretensión y sin cobrarles un peso, decidió asesorarlos jurídicamente, y ha sido quien ha puesto a estos venezolanos en contacto con las autoridades colombianas y logró llevarlos desde Venezuela hasta Bogotá y luego, con acompañamiento de la Procuraduría a la isla de San Andrés para buscar respuestas sobre el paradero de sus familiares. Lo más curioso de todo es que los celulares de algunos de ellos siguen marcando ubicación en San Andrés, como si nunca hubieran salido de la isla, aunque apareció una foto de los pasaportes de varios de ellos que supuestamente fue tomada en Costa Rica. Lo cierto es que todas estas hipótesis están siendo investigadas, las personas capturadas y las autoridades dicen que se trata de un naufragio, pero los familiares insisten en que es un secuestro pues no se han encontrado vestigios de la embarcación o de sus pertenencias y que desde entonces los llaman para extorsionarlos. Los familiares de los migrantes extraviados también denuncian que existen perfiles en Tik Tok a través de los cuales están vendiendo estos “paquetes VIP” para viajar desde San Andrés hasta Estados Unidos, una de las familias desaparecidas compró el paquete que ofrecían desde esta página. Está ruta de San Andrés es otra que se suma a la ya conocida ruta para llegar de manera ilegal a Estados Unidos que es el tapón del Darién donde Más de 500.000 migrantes cruzaron esa peligrosa selva, y de esas 500 mil personas, 320.465 son venezolanos, seguido de los ecuatorianos con 54.757 migrantes. Según las autoridades colombianas y panameñas, más de mil personas diariamente salen por el tapón del Darién buscando el sueño americano. Está nueva cifra récord deja atrás los 248.000 de 2022 y los 133.000 de 2021.
Más de 500.000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién en su camino hacia Norteamérica en lo que va de 2023, un récord histórico de individuos que atravesaron esta frontera natural entre Panamá y Colombia, la mayoría de ellos venezolanos, informaron este miércoles a EFE fuentes oficiales.De los 501.297 migrantes que han cruzado en lo que va de año el conocido como tapón del Darién, la nacionalidad venezolana es "la de mayor ingreso con 320.465 (...) seguido de la ecuatoriana con 54.757 migrantes", revelaron las autoridades panameñas.Con aproximadamente una media de más de mil llegadas diarias, esta nueva cifra récord deja atrás los 248.000 de 2022 y los 133.000 de 2021.Una cifra histórica a pesar de los numerosos obstáculos a los que deben hacer frente los migrantes al atravesar la selva, como el peligro de ataques de animales salvajes, la mordedura de serpientes, las crecidas de los ríos por las lluvias torrenciales o los robos y violaciones.El jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, Olivier Dubois, explicó este miércoles a varios medios internacionales, entre ellos EFE, que esta situación demanda "una respuesta de asistencia humanitaria inmediata", así como una reacción coordinada entre los países de origen, tránsito y destino junto con los organismos humanitarios.Dubois alertó que detrás de este "número bruto" de ingreso de migrantes, hay que poner atención en que muchos de ellos son "niñas, niños y adolescentes que llegan deshidratados tras días sin probar alimentos, enfermos, con necesidad de atención física y de salud mental, pero también con necesidades de protección específicas especialmente si fueron víctimas de violencia sexual, de extorsión, secuestros" y otros delitos."Debemos recordar que detrás de cada cifra hay individuos con historias propias, personas que decidieron emigrar por distintas razones, entre ellas la violencia, y cada una debe ser tratada con dignidad", afirmó en la capital panameña el jefe regional del CICR.En la segunda semana de noviembre, ya las autoridades panameñas habían situado en más de 468.000 los migrantes que habían llegado al país este año a través del Darién, que comunica el sur del continente con Centroamérica.En el Gobierno acusan a los países del sur de América, especialmente a la vecina Colombia, de dar la espalda al problema migratorio, en cuya gestión el país centroamericano ha invertido cerca de 70 millones de dólares en los últimos años, de acuerdo con datos oficiales.Panamá registra a los migrantes a su llegada a las poblaciones indígenas a la salida de la selva o en los centros de recepción migratoria donde les dan cobijo, alimento y atención sanitaria, para luego coordinar la salida en autobuses hasta Costa Rica, un desplazamiento que se deben costear ellos mismos.Desde hace años Panamá aplica esta operación de flujo controlado, que consiste en acoger a los migrantes irregulares en unas estaciones instaladas tanto en la frontera sur (Darién) como en la norte, en Los Planes de Gualaca, cerca de Costa Rica.En estas estaciones las autoridades de Panamá los embarcan en autobuses que los mismos viajeros deben sufragar y que, hasta ahora, los dejaban en la frontera de Paso Canoas. Sin embargo en octubre Panamá y Costa Rica activaron un "corredor humanitario" para el traslado directo de migrantes hasta territorio costarricense.Le puede interesar
La Defensoría del Pueblo reveló que hasta el mes de octubre de este 2023 al menos 458.228 personas han cruzado la frontera colombo-panameña, incluidos menores de edad y adultos mayores. La selva del Darién se convirtió en tránsito obligado de migrantes.En el caso de los migrantes colombianos las principales razones por las que salen del país son: la búsqueda de oportunidades laborales, la reunificación familiar y por la violencia y la inseguridad que es causada por el conflicto y la delincuencia organizada.“Entre los ciudadanos que más han migrado este año por el Tapón están los venezolanos (294.598), les siguen los ecuatorianos (51.129), haitianos (41.489) y chinos (18.501). En el sexto lugar, los chilenos, luego están los afganos, peruanos, brasileros e indios. Y la lista continúa. Los informes dan cuenta de personas de al menos otras 25 naciones; por mencionar algunas, provienen de Camerún, Vietnam, Somalia, Cuba, República Dominicana, Eritrea y Siria”, señaló la Defensoría del Pueblo.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Alarmante aumento de violencia sexual contra los migrantes que cruzan por el Tapón del Darién. Según la organización Médicos sin Fronteras, en los últimos meses se dio un súbito aumento en este tipo de casos. Se dio a conocer que cada tres horas estaría ocurriendo un evento de violencia sexual.Médicos sin Fronteras es una organización médico-humanitaria que hace presencia en el Tapón del Darién atendiendo a los migrantes que cruzan a diario por la frontera entre Colombia y Panamá. En el último mes reportaron un alarmante aumento en los casos de violencia sexual, señalando que, sí bien la cifra ya era alta, el aumento fue repentino.Entre enero y octubre de este año, han atendido a 397 migrantes supervivientes de violencia sexual en la selva del Darién, y solo en octubre recibieron 107 casos, de los cuales resaltan una semana en que se atendieron 59 casos, lo que significa que, durante esa semana, un evento de violencia sexual estaba ocurriendo cada tres horas.La realidad de las adversidades de este cruce pone en evidencia la falta de control por organizaciones nacionales e internacionales y el crudo relato de una de las víctimas ayuda a dimensionar lo que deben afrontar los migrantes.“Estamos cruzando la selva buscando un mejor futuro, no para que nos acaben la vida. No te acaba la vida una culebra, te acaban la vida los hombres que están adentro, que violan y matan” relató una de las víctimas atendida por Médicos sin Fronteras.Es una problemática que afecta a todos los migrantes. Un 95 % de los atendidos por violencia sexual son mujeres, el otro 5 % son menores edad y los hombres que intentan hacer algo son golpeados o incluso asesinados.Le puede interesar este contenido:
Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 25 de abril, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:La representante Catherine Juvinao habló sobre la financiación para el fútbol femenino.Jorge Emilio Osorio, presidente y cofundador de Vaxthera, habló sobre la producción de vacunas en Colombia y expresó la importancia de que se recupere la soberanía nacional en este ámbito.Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido, habló sobre la quinta edición del Colombia Investment Roadshow en Londres.Escuche el programa completo en el siguiente enlace:
Fue asesinado un dragoneante del Inpec en la vía Panamericana, en el km 7 entre Popayán y Cali. Hombres armados atacaron a disparos el vehículo oficial conducido por el funcionario identificado como Juan Carlos Semanate, quien estaba vinculado a la cárcel de mediana seguridad de Bolívar, Cauca.Según Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, los hechos se registraron a tempranas horas de este jueves, cuando el funcionario realizaba un recorrido, que inició con el traslado de un interno desde Bolívar a Popayán, de ahí, se dirigía a Cali para realizar a su vehículo una revisión mecánica. Lea también: Inpec declarará emergencia carcelaria por ataques sicariales contra funcionarios"Es una queja recurrente en contra de este director (de la cárcel de Bolívar) debido a que envía las remisiones a las cinco de la mañana, donde la hora no permite todavía la visibilidad, obviamente eso fue una negligencia administrativa por parte del director, hoy nos encontramos con la pérdida de este compañero", señaló el presidente del sindicato del Inpec.Este crimen se convierte en el quinto ataque de los últimos días en contra de los trabajadores penitenciarios de país, por lo que elevan el llamado, no solo al Inpec y el ministerio de Justicia, sino a diferentes entidades para proteger las vidas de estos funcionarios.
La crisis de agua en Bogotá ha levantado un sinfín de opiniones y acusaciones entre factores climáticos y decisiones administrativas. Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, destacó que la emergencia no es solo el resultado de una falta de planeación, sino también de un fenómeno de El Niño fuera de lo normal.Asimismo, se habló sobre el proyecto de Chingaza II, una propuesta para expandir la capacidad de abastecimiento de agua a Bogotá. Sin embargo, esta iniciativa enfrentó obstáculos significativos debido a preocupaciones ambientales, especialmente la preservación de los páramos, ecosistemas vitales para el ciclo hídrico de la región.Precisamente, Ballesteros subrayó la importancia de considerar otras alternativas antes de proceder con Chingaza II. Entre estas, mejora de la gestión de las cuencas existentes y la incorporación de tecnologías para el aprovechamiento de aguas lluvias y reúso de aguas residuales.En ese sentido, contrario a la percepción de que el racionamiento de agua se debe exclusivamente a la falta de planeación o ejecución de obras necesarias, Ballesteros apuntó a una conjunción de factores, donde el fenómeno de El Niño ha jugado un rol crítico. Según indicó, los registros históricos muestran que los embalses de la región no estaban excepcionalmente bajos al inicio de la temporada; sin embargo, un Niño de intensidad inusual exacerbó la situación al reducir drásticamente las precipitaciones esperadas.“Lo que sucede es que el fenómeno de El Niño que tuvimos fue de una intensidad, como lo señalaban ustedes en los medios, por fuera de todo registro histórico. Tuvimos temperaturas que no habíamos visto nunca en la cuenca, una disminución de precipitaciones que tampoco la habíamos visto nunca”, agregó.
Las manifestaciones públicas de apoyo por parte de varios congresistas antioqueños a la ‘vaca’ impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, que busca recaudar hasta un billón de pesos para terminar los proyectos 4G en el departamento, no se estarían viendo materializadas en la entrega de dinero para la iniciativa por parte de estas personas.Así lo evidenció la reciente respuesta a la demanda de pérdida de investidura por parte de la defensa de los senadores Andrés Guerra, Esteban Quintero y el representante Jhon Jairo Berrío, quien aseguró que no existen elementos probatorios que demuestren la existencia de algún “aporte voluntario que provenga de sus peculios”.La respuesta ha generado dudas en varios sectores, especialmente en el abogado Carlos Mario Patiño, demandante de estos aportes argumentando que se convierten en contratos con una entidad pública, en este caso la Gobernación de Antioquia.Según Patiño, si es cierto lo que argumenta la defensa de estos congresistas, que de las publicaciones en redes sociales de los políticos donde hay pantallazos de transacciones bancarias no se desprende que efectivamente hubieran donado porque los productos que allí figuran no son suyos o porque no tienen ninguno con el banco que está recaudando esto dineros, entonces le estarían mintiendo a sus electores."Ellos mismos publicaron en sus redes sociales comprobantes de transferencias que entonces no correspondían a la realidad. Si eso es cierto le mienten a sus votantes, estaban promoviendo una vaca y ni siquiera ellos aportaron", declaró Patiño.Para el demandante este tipo de argumentos reflejan una intención de dilatar el proceso y una contradicción evidente entre las muestras públicas de respaldo a la iniciativa, pero al mismo tiempo la falta de entrega de sus propios recursos para que esta siga adelante."Sería muy grave de cualquier forma por la moralidad pública. Por decencia pública estos señores tendrían que decirle a la población si efectivamente donó. Que tengan las consideraciones que quieran, pero me parece una contradicción tremenda que digan que no donaron o que no hay pruebas", indicó.“Vaca para vías 4G irá hasta julio o agosto”: gobernador de Antioquia, ¿alcanzará la meta?El abogado Patiño indicó que ya solicitó ante el Consejo de Estado como práctica de pruebas que esta alta corte pida a la Gobernación de Antioquia los certificados de donación de estas personas, al tiempo que insiste por vías legales en la entrega del listado de otros funcionarios públicos del departamento y el país que hayan aportado a la vaca y que puedan estar implicados en esta misma irregularidad.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se reunió en la sede de la Cancillería en el centro de Bogotá con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en un encuentro en el que llegó a la firma de un acuerdo marco de acompañamiento con la CPI para nutrir el sistema judicial colombiano y viceversa. El fiscal Khan resaltó la historia que tiene Colombia para contarle al mundo tras el acuerdo de paz de 2016, y destacó el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz en la reparación a las víctimas del conflicto en nuestro país."Venimos a aprender de la JEP y de las diferentes instituciones y así mismo compartimos nuestras habilidades técnicas. El ejemplo de Colombia, el trabajo de la JEP, si bien permanecen algunos retos, debe ser reconocido", dijo el fiscal de la Corte Internacional. El Gobierno tuvo representación del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien dio a conocer que para la justicia colombiana es de gran impacto el convenio marco firmado con la CPI. Además, recordó que en Colombia la Corte Penal Internacional no ha tenido que intervenir por violaciones de derechos humanos graves, por lo que el caso de Colombia es un caso de éxito ante la justicia internacional.Por su parte, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo destacó el compromiso de Colombia con los valores del Estatuto de Roma y el nivel de cooperación del Gobierno con ese organismo.La visita del fiscal Khan ocurre después de su paso por Venezuela, donde reiteró que la investigación por crímenes de lesa humanidad en ese país continúa en La Haya.