Colombia amaneció este martes 10 de febrero de 2026 con una nueva señal de alerta en materia de corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción, presentado por Transparencia Internacional, mostró que el país volvió a caer en el ranking global, una tendencia que, según expertos, ya no es coyuntural sino estructural.En entrevista con Mañanas Blu, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, fue directo al describir el panorama: “Hay una tendencia grave de caída”. Colombia perdió dos puestos frente al año pasado y acumula un descenso de 12 posiciones desde 2023.Índice de corrupción en Colombia: una caída que no se detieneHernández explicó que el retroceso responde a múltiples factores evaluados por fuentes internacionales. “Las fuentes miran el alcance de la corrupción en el gobierno, en el Congreso, en la justicia”, señaló, y advirtió que esa mirada externa coincide con lo que se vive dentro del país.Según el directivo, los escándalos recientes no solo son más frecuentes, sino más complejos. “Cada vez generan mayor impacto y, lastimosamente, aún tienen una tarea muy grande por delante en términos de sanción”, afirmó. Para el experto, la percepción internacional refleja lo que sienten muchos ciudadanos en su vida diaria.Expectativas altas y resultados bajos en la lucha anticorrupciónUno de los puntos clave, dijo Hernández, fue el contraste entre las expectativas y los resultados. “Se generó una gran expectativa al inicio del gobierno y eso se marcó en el índice”, recordó. En 2023, Colombia alcanzó 40 puntos sobre 100, pero desde entonces la tendencia ha sido descendente: 39 puntos en 2024 y 37 en la medición actual.“El deterioro es muy preocupante. Hay acciones que no se han tomado y que necesitan mucha urgencia, liderazgo y capacidad para generar resultados”, subrayó.Corrupción global y debilidad de los controlesEl índice también muestra un deterioro a nivel mundial, especialmente en América Latina y África. Para Hernández, esto responde a la falta de liderazgo global y a la persistencia de flujos financieros ilícitos. “Los estándares internacionales están dejando de implementarse”, advirtió.En el plano interno, señaló que los órganos de control tienen un reto enorme. “La expectativa es grande, los resultados no son suficientes”, dijo, al insistir en que Colombia sigue reaccionando tarde, cuando los recursos ya se perdieron.Con 182 países evaluados, Colombia ocupa hoy el puesto 99, por debajo de la mitad del ranking. Un resultado que, más allá de la cifra, confirma una percepción que sigue pasando factura dentro y fuera del país.
La falta de independencia del poder judicial es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción en América Latina, donde todos los países, salvo tres, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia Internacional (TI).Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice.En el ranking global, Colombia se posiciona en el lugar 87 entre 180 países. A nivel mundial, el 83 % de los países enfrenta problemas serios de corrupción. En el contexto de las Américas, el promedio permanece en 43 por quinto año consecutivo. Países como Canadá, Uruguay y Estados Unidos lideran en transparencia, mientras que Venezuela, Nicaragua y Haití enfrentan los mayores desafíos.En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Hernández, director de Transparencia Internacional por Colombia, habló sobre las cifras, el puesto en el ranking internacional en el que está el país y algunas de las razones de los cambios que se han dado.De acuerdo con Hernández, se trata de una buena noticia, sin embargo, quedan varios puntos por mejorar, “en la primera línea de medición Colombia saca 40 sobre 100 puntos. Es mejor que el año pasado, de hecho, es mejor que los últimos cinco años porque en los últimos cinco años Colombia había sacado 39 puntos, es decir, está un puntico mejor, es decir, los países que tienen 100 puntos son muy transparentes, los países que tienen 0 puntos son muy corruptos, entonces Colombia está un puntito más arriba de ser muy transparente, si lo quiere ver así, o de ser menos corrupto”, explicó.Por otro lado, atribuyó dicha mejoría a la labor del periodismo y los medios de comunicación, de los cuales dijo, han hecho un contrapeso al poder.“Yo creo que hoy Colombia ha avanzado bastante en tener unos medios de comunicación, un periodismo de investigación que es muy activo, que hace un trabajo muy fuerte de contrapeso también en los últimos años ha venido avanzando a pesar de muchos retos que tenemos para el espacio cívico, la participación ciudadana, en una movilización cívica que demanda rendición de cuentas, que demanda transparencia, que demanda datos, información de la ciudadanía” aseguró.A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).En una franja media, aunque de todas formas por debajo del aprobado, se sitúan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28).Escuche aquí la entrevista completa:
Venezuela representa un "ejemplo de gran corrupción", afirmó este martes Transparencia Internacional (TI), en cuyo informe anual sobre 2023 este país aparece, por décimo año consecutivo, como el más corrupto de las Américas.Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público, con una escala desde cero (muy corrupto) hasta 100 (muy baja corrupción), Venezuela obtuvo 13 puntos, cinco menos respecto a 2018, con los que se ubica en el puesto más bajo de la lista de países americanos.Venezuela y Haití fueron percibidas como las naciones más corruptas de las Américas en 2014 y 2015, y a partir de 2016 el país petrolero ha superado al insular.TI señaló que en Venezuela "miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos y exacerbando la pobreza y la desigualdad".La organización indicó también que, en el país, los "grandes esquemas de corrupción van de la mano con la captura de los sistemas legislativo, regulatorio y judicial por parte de funcionarios de alto nivel para generar poder y evadir el castigo".En esta nación sudamericana, prosigue el escrito, el "pago de sobornos y la cooptación de jueces y fiscales en todos los niveles del sistema de justicia se ha convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por las redes delictivas para asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas, así como su impunidad"."Algunos jueces y fiscales venezolanos, además de formar parte de estas redes, también están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por su intervención, actuación u omisión en abusos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad", aseguró TI.El año pasado, en el mundo, Venezuela y Siria, también con 13 puntos, ocuparon, después de Somalia (11), las "posiciones inferiores en el índice", que clasifica a 180 naciones y territorios.Según el 'Corruptómetro' de la ONG Transparencia Venezuela, elaborado a partir de causas e investigaciones de organismos oficiales dentro y fuera del país, la corrupción ha comprometido, al menos, 64.601 millones de dólares.En marzo del año pasado, las autoridades pusieron en marcha una operación anticorrupción que se paralizó abruptamente dos meses después sin explicaciones por parte de la Fiscalía y el Gobierno, que mantuvieron silencio sobre aspectos clave del proceso, según dijeron expertos a EFE.El exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones, fue el pez más gordo que cayó en esta operación, pero desde entonces no se conoce su paradero ni el alcance de su responsabilidad en los hechos.
Transparencia por Colombia presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional, un movimiento global al que pertenece la organización colombiana.Este índice otorga puntajes del 0 al 100 a 180 países, en donde 100 indica una alta transparencia y 0 sugiere una alta corrupción. Cualquier calificación inferior a 50 señala problemas serios de corrupción.Colombia obtuvo una puntuación de 40, un punto más que en 2022. Aunque este cambio no implica una variación estadísticamente significativa, se puede evidenciar que el país sigue estando en niveles inferiores de los países con mayores problemas de transparencia del mundo, pues está por debajo del promedio mundial que es 43.En el ranking global, Colombia se posiciona en el lugar 87 entre 180 países. A nivel mundial, el 83 % de los países enfrenta problemas serios de corrupción. En el contexto de las Américas, el promedio permanece en 43 por quinto año consecutivo. Países como Canadá, Uruguay y Estados Unidos lideran en transparencia, mientras que Venezuela, Nicaragua y Haití enfrentan los mayores desafíos.“A pesar de la leve mejoría en el índice, el puntaje de Colombia sigue siendo insatisfactorio lo cual evidencia los graves problemas de corrupción que aún enfrenta el país y que menoscaban los derechos fundamentales de gran parte de sus habitantes. Por ello, es importante avanzar en la lucha contra la corrupción de forma sistémica y estructural”, indicó transparencia.Transparencia por Colombia destaca la importancia de la Estrategia Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento institucional y el acceso a la información pública. Además, resalta que abordar la corrupción requiere un enfoque amplio que considere su relación con otros delitos, la vulneración de los derechos humanos y la reparación de víctimas.El fortalecimiento de la justicia y los organismos de control, junto con la independencia judicial, son aspectos cruciales. La discusión del proyecto de ley de protección a denunciantes y el fortalecimiento de los canales de denuncia también se destacan como medidas esenciales. Transparencia por Colombia subraya la necesidad de un liderazgo ético desde el más alto nivel del Gobierno para lograr una mejora sostenida en el índice y enfatiza que avanzar en la lucha contra la corrupción es fundamental para el bienestar del país.
Durante la presentación del segundo informe de cara a las elecciones del 29 de octubre, desde Transparencia Colombia indicaron que, a menos de tres semanas de concluir las campañas políticas, de las candidaturas registradas en Cuentas Claras solo 4.14% (5.297) han cumplido con el reporte de ingresos y gastos. Este es un porcentaje muy bajo para los 128.208 candidatos inscritos en las elecciones territoriales de 2023.Según el análisis hecho por Transparencia Colombia, en total se han reportado más de $83.000 millones de pesos como ingresos para financiar las campañas territoriales. De esta cifra, el 90% se ha originado en fuentes privadas siendo principal los recursos propios de candidatos y de sus familiares con un 58%. En segundo lugar, las contribuciones de particulares representan el 32%.“En cuanto a los gastos reportados estos ascienden a los $49.477.073.308, de los cuales el 55% se está destinando para propaganda electoral. Una mirada más detallada al financiamiento en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Risaralda, Santander y Valle del Cauca con sus respectivas ciudades capitales muestra que a la fecha hay un porcentaje mucho más alto en cumplimiento de los reportes y gastos”, explicó Sandra Martínez, directora de Sistema Político de Transparencia por Colombia.Además, la funcionaria de Transparencia Colombia agregó: “58% de los candidatos a gobernaciones y 44% de los candidatos a las alcaldías en efecto están cumpliendo con el registro de ingresos y gastos a través de cuentas claras”.Desde Transparencia ven con preocupación que el porcentaje de cumplimiento con la obligación de reporte en Cuentas Claras sea tan bajo. Si bien ha habido demoras en el cargue masivo de los candidatos en el aplicativo Cuentas Claras y en la generación de las claves de acceso, a la fecha estas falencias se han subsanado casi en la totalidad.Le puede interesar:
Una gran polémica se ha presentado en Bucaramanga tras una grave denuncia por posibles irregularidades en millonaria de licitación para contratar el servicio de vigilancia privada en la Dirección de Tránsito.Veedores ciudadanos prendieron las alertas sobre las presuntas irregularidades en una licitación por casi $1.000 millones, porque pueden existir "amarres".El experto en temas de contratación, Rodrigo Fernández, fue el primero en advertir las irregularidades en el pliego de condiciones en la cuestionada licitación."Ordenan que los requisitos deben ser proporcionales, ese principio brilla por su ausencia en el prepliego publicado. Excluir, sutilmente, las empresas de vigilancia que no tienen sede principal en Bucaramanga es absurdo", afirmó el ingeniero Fernández.Luego el actual asesor en temas de contratación y transparencia de la Alcaldía de Bucaramanga, Adrián González, afirmó en su cuenta de Twitter que la Alcaldía de Bucaramanga "celebra los espacios de debate y control social sobre todos los procesos administrativos y contractuales (...) No le tememos a eso".Posteriormente manifiesta el funcionario que el criterio de solicitar a los proponente armas "no pretende describir las armas que requiere la entidad, sino medir la capacidad logística y operativa de la empresa de vigilancia. Entre más armas, mayor estructura y más organizada será la empresa de vigilancia, lo que por supuesto merece un mayor puntaje".Adrián González, además, señaló que están desde la admnistración "corrigiendo las falencias encontradas en este proceso contractual liderado y avalado por mi antecesora María Juliana Acebedo, que limitaron la participación"."Me siento decepcionada por lo que está pasando en la Alcaldía donde trabaje durante tres años. También sorprende y preocupa que la administración ha querido minimizar este hecho lanzando acusaciones que carecen de fundamento jurídico. Esa es una nueva estrategia de la Alcaldía para ocultar los errores que se está cometiendo en temas de transparencia contractual", afirmó a Blu Radio, María Juliana Acebedo.“No entiendo como en está licitación la Dirección de Tránsito que tiene 13 puestos de vigilancia, dos donde se deben tener armas, están solicitando a los proponentes para su calificación 211 armas, 10 de largo alcance y el resto de corto alcance, eso es limitar proponentes”, denunció Acebedo.Varios cambios se han presentado durante 2023 en diferencias dependencias de la Alcaldía de Bucaramanga. Para analistas esta situación en la administración de Juan Carlos Cárdenas, es una estrategia ‘política’ para las elecciones de octubre.
"Los altos niveles de corrupción en América Latina y la ausencia de medidas para combatirla favorecen a las redes criminales y agudizan la violencia en una región con fuertes tasas de homicidio", advirtió Transparencia Internacional en su informe difundido este martes 31 de enero.Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, lo que indica que el país sigue enfrentando graves problemas en materia de corrupción. Su posición en el ranking bajó, al pasar del puesto 87 al 91 entre los 180 países evaluados.Según Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, “esta situación reitera que los distintos tipos de corrupción que se analizan a través del IPC no han sido contrarrestados lo suficiente: soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y captura del estado, entre otros”.Para Transparencia Internacional, la estrategia que plantee el Gobierno de Gustavo Petro y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo podría ser una oportunidad para lograr cambios, “junto con medidas para prevenir la corrupción en la consolidación de la paz y el respeto de los derechos humanos”.“Transparencia por Colombia reitera la invitación al Gobierno Nacional y al Congreso a articular un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual contribuiría decididamente a las tres prioridades en materia de justicia social, justicia ambiental y paz total”, concluyó Hernández.En su informe, Transparencia Internacional resalta cómo este entramado entre criminalidad e intereses políticos representa un peligro para el medioambiente: "Las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación".Indica que los homicidios de defensores medioambientales quedan además impunes debido a la infiltración de esas redes en los sistemas de justicia, critica. En 2021, 138 activistas fueron asesinados en Colombia, 42 en México y 27 en Brasil.Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87) repiten como países menos corruptos del mundo, según este informe, y Somalia (12), Siria (13) y Sudán del Sur (12) registran los índices de percepción de la corrupción más elevados.Los datos globales revelan un estancamiento de la lucha contra la corrupción y ponen de manifiesto la relación que existe entre este flagelo y la violencia. "La corrupción y el conflicto se retroalimentan y amenazan la paz duradera", destaca el informe. El fenómeno es especialmente visible en América Latina.Los países con puntuaciones más bajas suelen estar en guerra o sufrir estallidos de violencia. Es el caso de Venezuela (14), Haití (17), Nicaragua (19) y Honduras (23), que tienen las peores notas de América Latina.Uruguay (74) y Chile (67), en cambio, son los mejor calificados de la región, seguidos de Costa Rica (54), aunque este alcanzó su puntuación más baja por recientes casos de corrupción y denuncias de un supuesto financiamiento ilícito de la campaña electoral del actual presidente Rodrigo Cháves.El resto de los países de América Latina tiene puntuaciones inferiores a 50, como Cuba (45), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador, República Dominicana (33), Bolivia, México (31) y Paraguay (28).
Por medio de un documento, la Procuraduría le remitió a la Registraduría una serie de recomendaciones para tener en cuenta luego de las votaciones al Congreso. El tema es la falta de jurados y mesas de votación que aún no están listas para las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo.La Procuraduría hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que tenga en cuenta el alcance de la firma auditora internacional JAHV MACGREGOR S.A.S., y para que la nueva firma auditora tenga un objeto totalmente distinto y no presentes errores en el conteo de los votos y en el proceso de escrutinio.La carta del Ministerio Público es una recomendación dirigida a la Registraduría para que tenga presente las observaciones en la auditoria internacional que se está adelantando.En un primer punto de la carta, la Procuraduría enfatizó que su actuación es preventiva y no hay coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de las entidades electorales en el presente proceso de contratación.También aclaró el ente de control no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de control y en ese sentido:"Desde la órbita de las funciones preventivas, está Delegada no coadministra resultados, ni cogestiona con la administración para conducir sus decisiones. De modo, que la Procuraduría no tiene la competencia funcional de realizar pronunciamientos conceptuales, ni avalar situaciones jurídicas administrativas, en respeto por la autonomía administrativa que la Constitución Politica, la ley y los reglamentos les otorga a la Registraduria Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, quienes asumen sus propias responsabilidades por las actuaciones administrativas dentro de un orden jurídico, en cumplimiento de sus deberes y sujetos a la Ley Disciplinaria", se mencionó en el documento.Además señaló que, una vez adelantadas las mesas de trabajo los días 11 y 19 de mayo de este año y obtenidas las respuestas enviadas el sábado 21 de mayo a las 11:00 p.m. le hizo el llamado a la Registraduría con las recomendaciones.“Exhorta a las entidades de la organización electoral a que en los documentos precontractuales y contractuales de la auditoria internacional a contratar tengan en cuenta que el alcance y objeto de la auditoria internacional difiera sustancialmente con la auditoria contratada con JAHV MACGREGOR S.A.S. mediante el contrato de prestación de servicios profesionales No 088 de 2021, y de igual manera, que la tipología contractual empleada para ejecutar la auditoria internacional y la selección del contratista, así como los tiempos de ejecución del contrato, se ajusten a las necesidades reales del contrato a desarrollar”, finalizó la Procuraduría.
Luis Guillermo Pérez, magistrado del CNE, habló en Mañanas BLU acerca de la solicitud de auditoría internacional a los sistemas informáticos utilizados en las elecciones de coaliciones y al Congreso del pasado 13 de marzo."Estamos hablando de cara a las garantías que requiere las elecciones del 29 de mayo. La voz de tranquilidad que debo dar a la ciudadanía es que sus votos han sido respetados en los escrutinios y estamos en un proceso de consolidación en su totalidad de los resultados”, declaró el magistrado.“Durante más de dos horas no funcionó el software de InfoVotantes, los errores que se han planteado también en relación el software del preconteo y la información que se registró, más el hecho de que no existe realmente una auditoría sobre los softwares de escrutinios ni los de la Unión Temporal ni el software que nos ha de entregar la empresa española Indra. Esto nos llevó a tomar esa decisión por unanimidad”, agregó.De acuerdo con el CNE, las labores de auditoría se enfocarán en la revisión de todo el sistema informático, incluido el código fuente, la seguridad de estos y los procesos. La revisión evaluará el grado de eficiencia, efectividad, los controles, la administración de los riesgos, examen crítico y sistemático de todo el software.
Según el informe de seguimiento a las elecciones legislativas 2022, elaborado por Transparencia por Colombia, en conjunto con otras entidades, de los 2.832 candidatos inscritos para las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo, solamente un 28% de los aspirantes está registrando ingresos y el 26% gastos de campaña. Sobre el informe, la directora programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, Sandra Martínez, habló con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire. "Solo el 28% de los candidatos inscritos estaban cumpliendo con esta obligación registrando ingresos. El 26 % de los candidatos reportando gastos. Esperábamos que a menos de dos semanas esta fuera una rendición mucho más alta que la que estamos observando", indicó Martínez.De acuerdo con la vocera de Transparencia por Colombia, en este momento la única sanción posible, ante la falta de información, es que los ciudadanos voten informados y prefieran a los candidatos que sí han cumplido con la obligación. "Es importante saber cómo se están financiando, si se reportaron los ingresos, saber qué tan juicosos están siendo con esto", sostuvo.
Una nueva polémica se desató en Barrancabermeja tras conocerse que más de 130 mil comparendos impuestos mediante cámaras de fotodetección podrían quedar sin efecto debido a presuntas irregularidades en la autorización y funcionamiento de estos sistemas.La denuncia fue reiterada por el senador Gustavo Moreno, quien aseguró que durante años advirtió sobre posibles fallas en la implementación de las fotomultas y cuestionó que estos mecanismos terminaran convirtiéndose en herramientas de recaudo económico más que en estrategias de seguridad vial.“Hoy queda demostrado que nuestros debates y denuncias tenían fundamento”, afirmó el congresista, luego de que el Ministerio de Transporte ordenara tumbar más de 5,8 millones de fotomultas en distintas ciudades del país por posibles irregularidades en los sistemas tecnológicos de detección.Según explicó el senador, en Barrancabermeja las cámaras habrían operado sin contar con las autorizaciones requeridas, situación que pondría en duda la legalidad de miles de comparendos impuestos a conductores. "Están cobrando más de $170 mil millones en comparendos. Incluso han embargado cuentas bancarias a los conductores", dijo el senador Moreno. Las cámaras de fotomultas comenzaron a funcionar en Barrancabermeja el 12 de agosto de 2024. La decisión se conoce en medio de una investigación adelantada por la Superintendencia de Transporte por presuntas irregularidades en varios sistemas de fotodetección instalados en el país.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la actuación del Gobierno marca un precedente histórico en defensa de los derechos de los ciudadanos y del debido proceso.“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias”, señaló la ministra.De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, los organismos investigados habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ese total, 1.582.398 multas ya fueron pagadas por ciudadanos colombianos, generando recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.El caso ha generado preocupación entre conductores y usuarios de las vías, especialmente en Santander, donde desde hace años existían cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de algunos sistemas de fotodetección.La controversia también reabre el debate nacional sobre el verdadero propósito de las fotomultas, pues sectores políticos y ciudadanos insisten en que estas herramientas deben enfocarse en prevenir accidentes y salvar vidas, y no convertirse en mecanismos de recaudo masivo.
Mientras comienzan a definirse las prioridades que marcarán la agenda del próximo gobierno, expertos y organizaciones hacen un llamado para que la salud mental de madres, padres y cuidadores de niñas y niños sea asumida como una apuesta urgente de política pública. La petición la lidera Semillas de Apego, un programa de la Universidad de los Andes que durante más de diez años ha trabajado con familias afectadas por el conflicto armado, el desplazamiento y la migración.Actualmente, Colombia cuenta con un marco normativo que reconoce este problema, pero expertos insisten en que el reto del próximo gobierno será garantizar su implementación efectiva. Entre las medidas están la Ley 2460 de Salud Mental, la Ley 2503, que establece la Cátedra de Educación Socioemocional desde el preescolar, y la Política Nacional de Cuidado (CONPES 4143), todas con acciones orientadas a fortalecer el bienestar emocional y el papel de quienes cuidan.Desde Semillas de Apego advierten que la evidencia científica muestra que experiencias como la violencia, el desarraigo o la migración deterioran la salud mental de los cuidadores y afectan la calidad del vínculo con niñas y niños. Esto puede desencadenar lo que se conoce como ‘estrés tóxico’ en la primera infancia, una condición que compromete el desarrollo cerebral, la salud física y mental y, en general, las bases del desarrollo humano.Bajo el lema “es indispensable estar bien para cuidar bien”, Semillas de Apego acompaña a madres, padres y cuidadores de niñas y niños entre los 0 y 5 años mediante 15 sesiones grupales lideradas por facilitadoras comunitarias. Actualmente, el programa está presente en siete departamentos y 12 municipios, y ha impactado a más de 9.000 cuidadores y, de manera indirecta, a más de 11.000 niñas y niños.Como evidencia de sus resultados, una evaluación de impacto realizada en Tumaco, uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado, mostró reducciones significativas en síntomas de ansiedad y depresión entre los cuidadores, así como mejoras en la salud mental y el comportamiento de niñas y niños.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la persistencia de la violencia contra líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz en distintas regiones del país.Según cifras de la entidad, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 54 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.De acuerdo con el reporte, enero cerró con 13 casos, febrero con 14, marzo con 7 y abril con 20 asesinatos, convirtiéndose este último en el mes más violento del periodo analizado. Del total de víctimas, 45 correspondían a hombres y 9 a mujeres.La Defensoría señaló además que desde enero de 2016 hasta marzo de 2026 se tiene registro de 1.719 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.Por departamentos, Cauca aparece como el territorio con mayor número de casos reportados en lo corrido del año, con 13 asesinatos. Le siguen Antioquia con 9 y Arauca con 6. También se registraron homicidios en Nariño y Valle del Cauca, con 3 casos cada uno; Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Putumayo y Santander, con dos casos respectivamente; así como en Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima, con un caso cada uno.En cuanto a los firmantes de paz, la entidad reportó tres asesinatos durante los primeros cuatro meses del año. Los casos se concentraron en Cauca, Huila y Caquetá. Según el informe, dos de los homicidios ocurrieron en febrero y uno en marzo.La Defensoría también advirtió sobre el impacto de las masacres en el país. Entre enero y abril de 2026 se documentaron 49 masacres con un total de 203 víctimas. Enero y abril fueron los meses con más hechos registrados, con 13 casos cada uno; marzo reportó 14 masacres y febrero nueve.Antioquia encabezó las cifras territoriales con seis masacres reportadas, seguido por Cauca y Valle del Cauca con cinco casos cada uno. Norte de Santander registró también cinco masacres, mientras que Atlántico y Nariño reportaron cuatro respectivamente. Otros departamentos afectados fueron La Guajira, Huila, Santander, Tolima, Córdoba, Magdalena, Meta, Putumayo, Risaralda, Guaviare, Caldas y Bogotá.“La labor de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos es vital para la democracia y el tejido social”, señaló la Defensoría, que además insistió en que “no estigmatizar y proteger la vida de las personas que defienden derechos es una responsabilidad colectiva”.
El chance Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.Resultado del Dorado Mañana hoy, miércoles 20 de mayo de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Plan de premios: cuánto paga el Dorado MañanaUno de los mayores atractivos de este chance es su sistema de pagos, que permite obtener premios incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostadoEste esquema amplía las posibilidades de ganar y ha incrementado el interés entre los jugadores. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota, una opción adicional que aumenta las combinaciones dentro del sorteo.Horarios del sorteoEl Dorado Mañana se juega en horarios establecidos que facilitan la consulta de resultados el mismo día:Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.Domingos y festivos: no hay sorteoGracias a esta programación, los apostadores pueden revisar rápidamente si su número resultó favorecido.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaLos ganadores deben acercarse a puntos autorizados para reclamar el premio. En el caso de montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:Ser mayor de edadPresentar el tiquete original en buen estadoEntregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadaníaCumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y garantizar un proceso de pago seguro y ágil.Con un atractivo plan de premios, horarios claros y facilidad de acceso, el Dorado Mañana se mantiene como una de las alternativas más populares entre los juegos de chance en Colombia.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica advirtió sobre el peligro de las clínicas estéticas ilegales en el país, tras el asesinato de Yulixa Toloza, quien desapareció luego de un procedimiento clandestino en Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado en Apulo, Cundinamarca.En entrevista con Mañanas Blu, la presidenta de la asociación, Damaris Romero, explicó que los ciudadanos deben usar el Registro de Prestadores de Salud (REPS) en internet para verificar si un establecimiento está habilitado. Las Secretarías de Salud solo inspeccionan los centros registrados en sus bases de datos.¿Cómo saber si un cirujano plástico es legal en el ReTHUS?Para comprobar la idoneidad del profesional, los usuarios deben consultar el Registro de Talento Humano en Salud (ReTHUS) o la base de datos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Romero aclaró que la medicina estética solo faculta para aplicar inyectables como bótox, mientras que las intervenciones invasivas requieren cirujanos plásticos titulados en salas de cirugía autorizadas.El caso de Toloza, de 52 años, evidenció el riesgo de estos centros clandestinos. Tras someterse a una lipólisis láser en el establecimiento Beauty Láser —en el sur de Bogotá—, la víctima presentó dificultades respiratorias y desorientación. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la mujer fue sacada inconsciente del lugar y posteriormente asesinada.¿Cuáles son los riesgos y precios de una liposucción segura?Una liposucción formal y segura en Colombia tiene un costo que parte de los 10 millones de pesos, dependiendo de la tecnología utilizada. Romero enfatizó que este valor cubre los costos de una clínica habilitada, insumos y anestesiólogo.“Sacarle 10 litros de grasa a un paciente y el paciente se vaya, lo primero que podría estar haciendo es un shock anémico... Las lipo son de 3 a 5 litros como máximo”, agregóLa especialista puntualizó que la liposucción no sirve para bajar de peso, sino para moldear el cuerpo. Extraer cantidades superiores a los 5 litros permitidos por las pólizas médicas duplica el peligro de muerte por embolias o complicaciones cardiovasculares, riesgos que se incrementan con la edad del paciente.Escuche la entrevista completa aquí: