Un menor de 11 años de edad resultó gravemente herido después de ser atacado por un compañero de estudio al interior de una institución educativa de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.Este hecho se presentó en el colegio Teresa Calderón de Lasso, el menor de 11 años fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno de este municipio, donde es atendido en la herida que recibió en una de sus extremidades. "Uno de los menores fue dejado a disposición del grupo de Infancia y Adolescencia por este hecho de violencia que se registró", dijo el capitán Dietzen González, jefe del grupo Infancia y Adolescencia de la Policía en el Valle. "La Policía de Infancia realiza actividades al exterior de los colegios, contra la violencia escolar, abuso escolar y violencia intrafamiliar para evitar estos hechos", afirmó el capitán. Los padres de los menores se les aplicó el Código Nacional de Convivencia Ciudadana por ser los encargados de los menores. Escuche más de los podcast de BLU Radio:
Los integrantes de la agrupación Afro Legends siguen dando de qué hablar. Los tres jóvenes del Pacífico ahora sorprenden la escena musical con ‘Así Soy’, una canción que le canta a toda su cultura, la raza y el poder.Se trata de un sencillo que habla sobre la tez negra y toda la historia de resiliencia que hay detrás de ella y que hace sentir orgullo en todo el mundo.Este es el cuarto sencillo del nuevo trabajo musical de Afro Legends bajo el sello Discos Pacífico, producido por el reconocido productor Iván Benavides, el director artístico de Discos Pacífico y Llorona Records, Diego Gómez y el caleño Ángel Castro.La música de los artistas fue grabada en Groove Studios, Bogotá, y masterizado por Scott Banks quien ha trabajado con proyectos de la talla de Major Lazer.“Vinimos a decirle al mundo que los negros podemos ser grandes, poderosos; ser iconos, referentes. Que nacimos para grandes cosas, y que llevamos siempre a los ancestros con nosotros. Vinimos de la cuna del continente madre y nacimos para cosas grandes”, añadió Yulian.La música de estos tres jóvenes surge de una exploración y experimentación con sonidos como el Dancehall, el trap y los afrobeats, para lograr que el Pacífico se tome las calles y las pistas de baile.“El Dancehall calentura es una apuesta musical que está enraizada en el sabor del Pacífico Colombiano. Es la adaptación del dancehall del caribe insular a nuestro litoral”, explicó Diego Gómez, director de Discos Pacífico.Cabe recordar que Discos Pacífico es un laboratorio creativo para la creación, producción, promoción y circulación de la música del Pacífico colombiano, que cuenta con el apoyo del programa Territorios De Oportunidad.Su objetivo es presentar al mundo sonidos contundentes y propuestas innovadoras de la escena vibrante que se teje en el Pacífico sur.El video de la agrupación ya se encuentra en YouTube donde suma más de 8.000 reproducciones en pocos minutos.Vea el video completo aquí:
Un total de 250 policías de un grupo élite que llegó este año a Buenaventura para enfrentar a las bandas criminales estarían a punto de abandonar el puerto.Los uniformados están viviendo en precarias condiciones porque la alcaldía de Buenaventura no les ha garantizado ni la comida, ni el hospedaje. Así lo denunció el personero de Buenaventura, Edwin Patiño. El vocero del ministerio público detalló, además irregularidades en la alimentación de los uniformados. "Se hizo contrato con una entidad para la alimentación pero el fin de semana eran las 3:00 de la tarde y no les habían entregado el almuerzo", aseveró el funcionario. Patiño dijo, así mismo, que "el proveedor que no tenía más recursos y que estaba esperando que la administración distrital abonara dinero". El Personero dejó claro que la Alcaldía Distrital está en la obligación de atender los uniformados. "Nosotros emitimos una alerta donde hacemos un llamado a la administración distrital. Es una unidad de Policía de apoyo que viene a respaldar la seguridad en la ciudad, que no son oriundos del puerto", dijo.La denuncia se suma a la tensa situación en la que viven los habitantes del principal puerto del Pacífico colombiano producto de los enfrentamientos de estructuras dedicadas al microtráfico.
Sigue la tensión en Buenaventura que despertó este lunes en medio de patrullajes de la fuerza pública y los operativos para combatir a las bandas criminales. No obstante, los gremios económicos reclaman más oportunidades para fortalecer el empleo.Fuentes consultadas por BLU Radio coinciden que el problema histórico de los gobiernos que han tenido que enfrentar la violencia y la pobreza en Buenaventura, es que ven al Distrito como el puerto que mueve más del 60% de la mercancía del país, olvidando a su gente y sus necesidades.Uno de los renglones abandonados es el empleo, dijo Angelica Mayolo, presidenta de la Cámara de Comercio del Puerto quien reveló una cifra preocupante:Mientras tanto, Alexander López, senador del Polo Democrático afirmó que "así traigan a Supermán en persona", el problema de orden público va a continuar. Por eso pide redireccionar la inversión social y atacar la rutas del narcotráfico.“Así le metan 100.000 policías a Buenaventura, el problema de seguridad se mantiene sino generamos grandes inversiones en lo social”, dijo López. "Pueden traer a Supermán para capturar a los jefes de las bandas criminales pero a los tres días habrán nuevos cabecillas”, añadió.Poner en marcha los acuerdos construidos producto del paro cívico del 2017 es una opción viable, porque la ruta está construida, insistieron los consultados.Por su lado, la violencia no cesa, miembros del CTI de la Fiscalía investigan el hallazgo de los cuerpos de una pareja sepultados en una fosa ocupada en zona rural de Buenaventura.
En redes sociales se ha hecho viral el numeral #SOSBuenaventura en la que habitantes del puerto sobre el Pacífico buscan llamar la atención del Gobierno Nacional.Piden que haya mayor intervención en temas de seguridad ya que en los últimos días se han presentado enfrentamientos entre grupos armados criminales que generan zozobra en la población civil.El más reciente caso se vive en el barrio Juan 23 de la comuna 7, donde el pasado miércoles, 4 de febrero, hubo una balacera con detonación de artefactos explosivos.Los habitantes de este sector prefirieron tomar sus cosas y salir de las casas buscando refugio. Son más de 30 familias las que se han desplazado.Congresistas, líderes sociales, religiosos, artistas, influenciadores de redes sociales, periodistas y demás miembros de la sociedad se han sumado a esta campaña.Aquí algunas de las reacciones:
La lista de irregularidades que la Contraloría encontró en la Universidad del Pacífico está encabezada por compras con tarjetas de crédito que no tienen soportes y entregas de viáticos por viajes que no han sido legalizados.Lea también: Cayeron cinco presuntos integrantes de las Guerrillas Unidas del Pacífico La auditoría financiera a la entidad culminó con hallazgos fiscales por 2.324 millones de pesos.La cifra incluye también pagos que tuvo que realizar la universidad por no hacer sus declaraciones de impuestos a tiempo y por retrasarse con los aportes a seguridad social de sus empleados.Por otro lado, la Contraloría criticó el manejo de algunos contratos sobre los que no encontró evidencias de su ejecución.A las anteriores irregularidades se suma que, a mayo de 2019, los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018, se encontraron sin la aprobación del Consejo Superior y que la Universidad no ha adoptado un Manual de Políticas Contables, en virtud del nuevo marco normativo.
El caso está relacionado “con el ofrecimiento de varios programas académicos, tales como Ingeniería de sistemas, Odontología, Administración de empresas y Medicina, pese a que estos habían sido cancelados o no renovados desde 2012 por el Ministerio de Educación”, señaló el fiscal general encargado, Jorge Perdomo. Los llamados a imputación son Martín Eduardo Alvear Orozco, Xiani Piedad Ocampo Sequeda, Jorge Eliécer Paternina Monterrosa, Ana Rosalba Galvis Galvis, Jaime Villamizar Lamus y Luis Fernando Sánchez Tovar. Igualmente, se imputará a Elías José Villalba González, rector de la Universidad indígena Unicjao, así como a sus directivos, Carmen Elena García Guzmán, Luz Elena López Noriega y Anyel Milenis Morenco, por múltiples delitos, debido a que ofrecieron e impartieron carreras sin contar con las autorizaciones del ministerio. La Fiscalía también adelanta investigaciones contra instituciones como la Universidad de Cundinamarca, la Universidad del Pacífico y la Universidad IDEAS.
Organizaciones de derechos humanos en Antioquia exigen a los grupos armados ilegales, así como se comprometieron con el Gobierno, que también cesen las hostilidades contra la población civil, luego de conocerse actividades de adoctrinamiento por disidencias de las Farc en escuelas rurales del norte del departamento.Estas organizaciones, como Fundación Sumapaz, consideran que el cese al fuego ha sido violado en varias ocasiones en el departamento y solo se ha sido tenido en cuenta para las no agresiones entre la fuerza pública y los ilegales.Pero lo más preocupante es que los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc no han frenado las acciones contra las comunidades civiles como los casos de secuestros, homicidios, amenazas y controles territoriales en áreas rurales, como hicieron disidentes armados del frente 36 de las Farc que repartieron kits escolares, bailando con niños y haciendo actividades de recreación en escuelas rurales e incluso en plazas públicas.Según Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, si estos grupos ilegales quieren mostrar una real voluntad de paz, deben comprometerse a cesar las hostilidades contra la población civil que siguen siendo víctimas de sus acciones armadas."De parte de estas estructuras que, si quieren mostrar su verdadera voluntad de diálogo con el Gobierno nacional, de manera unilateral, deberían haber declarado ese cese de hostilidades en contra de la población civil", manifestó el defensor de derechos humanos.Estas flagrantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al cese al fuego han sido documentadas con videos y fotografías que el Gobierno de Antioquia ha denunciado oficialmente en los ministerios de Defensa y del Interior.Le puede interesar: 'El Camerino'
A la polémica que ha suscitado el peaje 'Papiros' frente a la crisis en materia de movilidad y económica que genera entre los habitantes del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, se ha sumado la voz de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, y diputado del departamento del Atlántico, quien aseguró a través de su cuenta de Twitter: "Habitantes de Puerto Colombia, Atlántico, exigen al Gobierno Nacional el desmonte del Peaje 'Papiros' que va en contra de la calidad de vida de los porteños", detalla el mensaje.Así mismo, Petro acompañó su solicitud con una petición directa a su padre, Gustavo Petro, manifestándole: "Me sumo a ese llamado y solicito al presidente @petrogustavo y al @MinTransporteCo @MinistroReyes el desmonte inmediato" ad portas de la gran convocatoria de movilización que se desarrollará a partir de las 3:00 p.m. a la altura de la caseta de recaudo, en Puerto Colombia, Atlántico.La molestia se generó luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) brindara soluciones para mejorar el tráfico de vehículos, a través del levantamiento de talanqueras y el aumento de personal para cobrar en las filas, lo que fue considerado por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, como "pañitos de agua tibia".Son $2.400 pesos los que a diario deben pagar los habitantes del municipio de Puerto Colombia, quienes se ven obligados a tomar la Vía al Mar, misma en la que se encuentra el peaje, dadas las afectaciones que persisten en la antigua vía, a la altura de la 51B, por la ola invernal del último trimestre del 2022.La diputada Lourdes López alegó que la ANI se ha burlado de la necesidad de un pueblo que a diario se levanta para buscar su sustento económico, cuyo ingreso se estaría yendo en el pago de este peaje que lleva más de 27 años instalado a tan solo ocho kilómetros de otra caseta de recaudo. "Es un atraco a mano armada porque le están robando posibilidades a este municipio en materia de turismo, movilidad y desarrollo económico, exigimos el desmonte inmediato".Por su parte, el diputado Federico Ucrós manifestó que "no solo preocupa la incidencia de afectaciones monetarias y el represamiento de vehículos por largos periodos de tiempo sino que, además, preocupan los temas de orden público que desata el peaje ‘Papiros’, por la convocatoria de protestas y manifestaciones sobre la vía".Le puede interesar: 'El Camerino'
El debate que hay detrás del Metro de Bogotá ha generado preocupación de que el proyecto viva un retroceso, esto después de la petición del presidente Gustavo Petro y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para que el Distrito analice la opción de mandar las líneas de forma subterránea.En diálogo con Sala de Prensa Blu, Fernando Rey, docente y experto en movilidad, explicó que en el 2012, la Alcaldía de Bogotá había llevado a cabo la licitación de un proyecto de metro en la ciudad con 45 tomos llamados ‘Diseño conceptual de la red de transporte masivo metro y diseño operacional, dimensionamiento legal y financiero’, que, en 2015, fueron borrados al decir que era imposible y tres años después nuevamente se tuvieron que reiniciar los estudios en la ciudad, los cuales son los que se están realizando hoy.“La primera conclusión es que cuando se toma la determinación de hacer el cambio a viaducto, que, es un nuevo proyecto, es que no había estudios para ese tipo de metro”, puntualizó.Rey aseguró que el llevar a cabo un nuevo estudio para el metro de Bogotá es complejo hablar de cifras porque no hay un valor, pero, desde 2018 y 2022, es claro que el costro del metro ha subido; la idea, según él, es que elevado es más barato porque supuestamente no abre huecos, pero eso realmente es relativo.“La cosa se volvió si túnel o elevado, pero nadie nos dice cuál es la ventaja del uno o del otro (…) Yo voy a la historia con el estudio que tuvieron varias alternativas, pero concluyeron en cuatro líneas que fueron importantes: la primera una superficie de 5 kilómetros y 300 metros; en túnel 19 kilómetros y en trinchera cubierta semi enterrada 2.600 metros que son 27,5 kilómetros que fue la seleccionado por diversas razones. Cuando se entregan los productos, se entregan tres alternativas de trazado dejaban ver que efectivamente el estudio del 2012 tenía un trazado similar que recorría el borde del trazado en la forma de insertar el sistema”, añadió Rey.Por último, Fernando Rey crítico a quiénes dicen que Bogotá no tiene capacidad de túnel, cuando hay más de 60 kilómetros en los suelos de la capital.
La procuradora Margarita Cabello está pidiendo que se revelen los análisis mencionados por algunos funcionarios que indican que las modificaciones planteadas a las obras de construcción del metro de Bogotá no afectarían el contrato firmado.A raíz de los cambios propuestos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro al metro de Bogotá, para que un tramo de la obra que pasa por la avenida Caracas sea construido de manera subterránea y no elevada, la procuradora Margarita Cabello alertó sobre los riesgos que puede causar dichos cambios sin la planeación necesaria.Aunque esta semana desde el Ejecutivo le señalaron a la jefe del Ministerio Público que sí se podría llevar a cabo esta modificación, Cabello pidió que se den a conocer los análisis mencionados para no afectar el contrato firmado.“Escuchamos que hay otros estudios de algunos abogados que dicen que todas estas preocupaciones de la Procuraduría quedarían superadas. No hemos mirado esa documentación. De pronto si la miramos o si la muestran podemos hacer un análisis para determinar si efectivamente es más beneficioso para la ciudad un metro subterráneo. Pero lo que vemos ahora es que había preocupaciones en la alteración de un contrato ya firmado”, explicó la procuradora.La procuradora sostuvo que lo visto hasta este instante genera preocupaciones por la modificación de un contrato que ya fue firmado por las partes y, por esa razón, se deben revisar los conceptos y documentos mencionados."Miraremos los conceptos y documentaciones completas para ver si lo que se dice es cierto o no. Lo que es cierto hoy es que ya hay una firma, ya hay un contratista, ya hay un contratante, ya se iniciaron las obras. Esos contratos están con unos objetos específicos, con una planeación especifica, con unos lineamientos específicos y no sabemos cómo van a meterle cambios sin que se afecten las reglas contractuales de valides y de cumplimiento contractual", afirmó Cabello.Le puede interesar:
El Gobierno de Perú declaró este domingo el estado de emergencia en los sureños departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas.A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional e se incluye Arequipa. Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, "con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas".Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 4.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 69 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía y una veintena más murieron por hechos relacionados con las movilizaciones.La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.Le puede interesar:
