La Universidad Nacional suspendió las actividades académicas, administrativas y los eventos presenciales en la sede de Bogotá para este viernes 30 de octubre, luego de los hechos de violencia y alteraciones de seguridad registrados durante la tarde del jueves.El cierre se adelantará precisamente para adelantar una revisión de las instalaciones afectadas antes de restablecer el ingreso al campus.Según la institución, durante la jornada se presentaron agresiones contra vigilantes y personal administrativo en distintos puntos de la universidad. También se reportó el ingreso no autorizado de menores de edad y personas externas que se negaron a identificarse, así como daños y vulneraciones en las rejas de la portería de la calle 26, avenida El Dorado.Otro de los hechos denunciados por la Universidad fue la agresión contra una misión médica alrededor de las 4:42 p. m. cuando varias personas no identificadas intimidaron a la tripulación de una ambulancia de la División de Salud e impidieron que atendiera a un paciente que había sido reportado como lesionado.“Este comportamiento no solo vulnera la integridad del personal de la tripulación, sino que no permitió la atención oportuna de un paciente reportado como lesionado. Recordamos que el personal de salud goza de especial protección (...) por lo que impedir su labor constituye una violación al derecho fundamental a la vida y a la salud de las personas”, indicaron en el comunicado.La Vicerrectoría también informó sobre una alta concentración de personas en el Jardín de Freud, que es un espacio al aire libre ubicado frente a la Facultad de Ciencias Humanas y en el edificio 205 de Sociología. Allí se estarían realizando actividades que no cumplieron las condiciones establecidas en el permiso otorgado por la Sede.“No es justificable el uso de las vías de hecho con el objeto de realizar actividades no autorizadas por las facultades o la Sede, como el ya conocido y problemático “Jueves de Freud”. El saltar las rejas, bloquear el cierre de las puertas, impedir el trabajo de los funcionarios y promover la agresión del personal, poniendo en riesgo su integridad, no son acciones dignas de esta Casa de Estudios”, agregaron.Como consecuencia de los incidentes, este viernes no se permitirán actividades presenciales ni eventos en las instalaciones de la Ciudad Universitaria. Las actividades académicas y administrativas deberán reprogramarse o desarrollarse de manera remota mediante herramientas tecnológicas. La Universidad explicó que la medida busca verificar el estado de las instalaciones afectadas y restablecer las condiciones de seguridad y funcionamiento del campus.
Una estrategia de tratamiento preventivo para todas las personas que viven con VIH, sin necesidad de realizar una prueba previa para detectar tuberculosis latente, podría evitar más de 66.000 casos de la enfermedad en Colombia durante 17 años. Así lo estimó una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que comparó tres alternativas de prevención y sus costos para el sistema de salud.El estudio fue desarrollado por el químico farmacéutico Nicolás Currea Carrillo, magíster en Epidemiología Clínica, quien utilizó un modelo matemático para proyectar la evolución de la infección y comparar los resultados de diferentes estrategias frente a la atención habitual.Según las estimaciones, la estrategia que contempla suministrar tratamiento preventivo a todas las personas con VIH evitaría más de 66.000 casos. Por su parte, la alternativa basada en la prueba de liberación de interferón gamma, conocida como IGRA, permitiría prevenir 30.772 casos, mientras que la prueba de tuberculina evitaría 14.187.La tuberculosis representa un riesgo para las personas que viven con VIH debido a que esta infección debilita el sistema inmunitario y aumenta la probabilidad de que una tuberculosis latente evolucione hacia una enfermedad activa. Esta última puede afectar principalmente los pulmones y causar síntomas como tos persistente, fiebre, cansancio y pérdida de peso.De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, Colombia registró 22.193 casos de tuberculosis en 2025, un aumento del 4,6 % frente al año anterior.La investigación también examinó los costos de las tres alternativas desde la perspectiva social, la del Ministerio de Salud y Protección Social y la de las entidades responsables de financiar la atención de los pacientes.En cuanto a las pruebas diagnósticas, la tuberculina tiene un costo estimado de entre 27.000 y 33.000 pesos. Sin embargo, puede arrojar resultados falsos negativos en personas con VIH, lo que dificulta identificar la infección latente. La prueba IGRA, por su parte, puede costar hasta 350.000 pesos por paciente y presenta un mejor desempeño diagnóstico en esta población, según el estudio.Los resultados económicos mostraron que las tres estrategias podrían generar beneficios superiores a sus costos desde la perspectiva social y la de las aseguradoras de salud. No obstante, ninguna resultó favorable frente a la atención habitual cuando se analizaron exclusivamente los recursos del Ministerio de Salud.El investigador explicó que, para realizar las proyecciones, se tuvieron en cuenta los costos de las pruebas, los tratamientos preventivos, la atención de la tuberculosis activa y las consecuencias económicas y sociales de la enfermedad.Uno de los aspectos identificados fue la diferencia en el uso de las pruebas en el país. Según una estimación de Currea, aproximadamente el 90 % de las pruebas para detectar tuberculosis latente corresponde a la tuberculina, mientras que el 10 % restante utiliza IGRA, con mayor presencia en el sector privado.“El paciente con VIH que además tiene tuberculosis puede enfrentar mortalidad y una pérdida importante de calidad de vida. Por eso, la prevención en esta población es fundamental, si tiene las condiciones que lo hacen prioritario, debería poder acceder a las pruebas y al tratamiento preventivo”, indica el magíster.Ante este panorama, el investigador propone ampliar progresivamente el uso de IGRA, sin dejar de utilizar la tuberculina en las regiones donde no exista la infraestructura necesaria para procesar muestras de sangre.La implementación de IGRA requiere laboratorios con capacidad para analizar las muestras, equipos, materiales y personal capacitado. Por ello, la propuesta plantea avanzar de acuerdo con los recursos disponibles en cada territorio y facilitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento preventivo para las personas que viven con VIH.
Kevin Arriguí fue víctima de un grave ataque ocurrido la noche del miércoles 29 de julio dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional. Según la información entregada, los responsables serían presuntos integrantes de un sindicato de la institución. Tras los hechos, las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los implicados.De acuerdo con el último informe de la Fiscalía, comunicado a Arriguí, una de las personas identificadas en el proceso investigativo presuntamente pertenecería a las disidencias de las Farc.“Por lo anterior, y con base en los recientes avances arrojados en la investigación, en donde ya se tiene como presunto autor de las amenazas, al parecer, un miembro de las disidencias de las Farc y ante la gravedad de los hechos, se solicita de manera respetuosa que, en el ámbito de sus competencias, se adelante con carácter urgente el estudio de nivel de riesgo y/o se refuerce el esquema”, señaló la Fiscalía.Este medio contactó a Kevin Arriguí, quien confirmó la información comunicada por la Fiscalía. Sin embargo, denunció que actualmente solo cuenta con una persona en su esquema de seguridad y que, pese al ataque y los avances de la investigación, todavía no ha recibido los resultados del estudio de riesgo.“Día viernes, la Fiscalía me comunicó que una de las personas identificadas pertenecía a las disidencias de las FARC. Entonces, tengo que ser claro: no sé si esto tenga que ver con las personas que nos pegaron las puñaladas esa noche, pero lo cierto es que ya la Fiscalía nos advirtió que presuntamente una de las personas identificadas pertenece a las disidencias de las FARC”, afirmó Arriguí.El representante estudiantil también denunció que las amenazas continúan tanto contra él como contra personas de su círculo cercano. Según explicó, varios integrantes de su equipo de representación y otros compañeros han sido víctimas de intimidaciones y agresiones físicas.“Algunos miembros que pertenecen a nuestro equipo de la representación, algunos compañeros, les han comenzado a hacer grafitis en algunas paredes de la universidad, amenazas inclusive de muerte. A otros compañeros los han agredido físicamente y a mi persona también le han hecho algunos grafitis en las paredes amenazándome”, concluyó.Ante la persistencia de las amenazas y los avances de la investigación, Kevin Arriguí pidió que se adelante el estudio de riesgo para determinar las medidas de protección necesarias y evaluar un posible refuerzo de su esquema de seguridad.El estudiante insistió en la necesidad de que se tomen medidas frente a la situación de riesgo que enfrenta, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los presuntos responsables del ataque.
El anuncio del Gobierno nacional sobre la posibilidad de permitir el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades para atender situaciones extremas de orden público generó reacciones desde la Universidad Nacional.Diego Torres, representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, se refirió al debate durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, y señaló que es urgente actualizar los protocolos para responder ante hechos de violencia.Torres sostuvo que la Universidad Nacional y la Policía ya adelantan un trabajo conjunto para prevenir este tipo de situaciones. Según explicó, la coordinación entre ambas instituciones busca evitar que los hechos de violencia lleguen a afectar a la comunidad universitaria.“La Universidad Nacional y las fuerzas policiales trabajan de manera articulada para que este tipo de hechos no ocurran. Necesitamos protocolo, claro que sí, es urgente”, afirmó el representante del Consejo Superior Universitario.En medio de la discusión sobre el papel de la Fuerza Pública dentro de los campus, Torres también cuestionó la estigmatización de los estudiantes y aseguró que los hechos violentos no necesariamente tienen origen en la comunidad universitaria.“Estamos trabajando en coordinación de la Policía para que dejen de estigmatizar a nuestros alumnos, la violencia proviene de afuera de la Universidad Nacional”, manifestó durante la entrevista.Sobre el eventual ingreso de la Fuerza Pública a las instituciones de educación superior, el representante del Consejo Superior consideró que esta posibilidad debe quedar contemplada dentro de un protocolo que establezca con claridad las circunstancias en las que podría aplicarse.“Hay que trabajar de manera coordinada y claro que el protocolo tendrá que incluir que la fuerza pública entre en casos extremos”, sostuvo Torres, quien insistió en que es necesario formalizar las reglas existentes.Uno de los puntos centrales de la propuesta, según el representante universitario, debe ser establecer los límites de la autonomía universitaria frente a situaciones que comprometan la seguridad dentro de los campus.“Tenemos es que formalizar el protocolo y definir límites de la autonomía universitaria”, afirmó Torres, quien agregó que este principio habría sido “mal entendido y mal utilizado” en algunos casos.El representante del Consejo Superior también se refirió a la presencia de grupos irregulares en espacios universitarios y cuestionó el uso que algunas personas hacen de las instalaciones para actividades ajenas a la función académica.“Hay grupos irregulares, muchas veces sin intención política, pero sí de uso de espacios de la universidad para actividades que no son”, aseguró Torres, quien consideró que las autoridades universitarias permitieron situaciones que no debieron presentarse.En ese contexto, Torres lanzó una crítica al uso de la capucha durante hechos de violencia registrados en la Universidad Nacional y señaló que este elemento puede terminar siendo utilizado para ocultar o justificar determinadas actuaciones.“Se utiliza la capucha para justificar la violencia, la última persona lesionada gravemente en la Universidad Nacional fue un Policía”, afirmó el representante del Consejo Superior Universitario en Recap Blu.Las declaraciones se producen mientras continúa el debate sobre seguridad en las universidades, autonomía universitaria y el ingreso de la Fuerza Pública a los campus. El tema plantea la necesidad de definir protocolos que establezcan cuándo y bajo qué condiciones podría intervenir la Policía.Para Torres, la discusión no debería limitarse a determinar si la Fuerza Pública puede o no ingresar a una universidad, sino a establecer reglas precisas para actuar ante situaciones extremas sin desconocer la autonomía de las instituciones de educación superior.
La propuesta del presidente Abelardo De la Espriella, dada a conocer recientemente durante una alocución, busca establecer un marco de actuación para que la Policía Nacional intervenga dentro de las universidades cuando existan evidencias de flagrancia, violencia o preparación de actos vandálicos y terroristas. Ante este escenario, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, planteó reparos sobre la eficacia de estas medidas operativas directas dentro de los campus.Según explicó el directivo en diálogo con Mañanas Blu, los recintos universitarios cuentan con miles de personas a diario y el ingreso de vehículos o tanquetas de la fuerza pública no frena las acciones de los delincuentes, quienes —según indicó— se escudan en la comunidad estudiantil. Como alternativa, Peña propuso enfocar los esfuerzos en labores investigativas coordinadas con los organismos competentes.Autonomía universitaria y actuación ante delitosDurante la entrevista, el debate se centró en los límites entre la autonomía universitaria y la competencia del Estado para restablecer el orden público. El rector de la Universidad Nacional recordó que la autonomía consagrada en la Constitución no exime el cumplimiento de la ley, y detalló cómo se ha procedido en situaciones pasadas donde se han cometido delitos penales al interior de la institución.“En el caso de septiembre que usted menciona, la policía entró, la vicerrectora Carolina Jiménez los atendió en el edificio de Ciencias Humanas porque hubo un herido, o sea, una persona lastimada. En ese caso, la policía entra sin pedirle permiso a nadie porque hay un crimen.”Adicionalmente, el académico señaló que se han implementado medidas de control en los accesos de la sede en Bogotá mediante la exigencia de documentos de identificación a los visitantes, con el propósito de mitigar la filtración de personas ajenas a la comunidad académica que participan en disturbios.Por su parte, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo Vargas, se sumó a la discusión señalando que los hechos de violencia y los ataques con artefactos explosivos registrados en los alrededores de su institución suelen perpetrarse en vías públicas y zonas externas, y enfatizó que la comunidad universitaria es habitualmente víctima de dichos episodios. Murillo Vargas recalcó la necesidad de realizar investigaciones rigurosas y desvinculó a la dinámica institucional interna de los actos vandálicos ocurridos en el entorno.
El presidente Abelardo De La Espriella, anunció este domingo que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo y aseguró que la autonomía universitaria no está por encima del orden público."La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", afirmó el mandatario en una alocución transmitida en sus redes sociales.Asimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.La Policía, agregó, será la "primera autoridad operativa" para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas."No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", afirmó. De La Espriella aseguró que la medida busca proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió que quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades.El mandatario concluyó que las universidades deben ser espacios para "el conocimiento, las ideas y el debate" y no convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.
Uno de los puntos más complejos se presentó en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 33. Allí, las movilizaciones generaron afectaciones tanto en la calzada mixta como en la exclusiva, en sentido oriente-occidente.Según reportes de la comunidad universitaria, manifestantes encapuchados protagonizaron actos vandálicos y hechos violentos contra la Hemeroteca Nacional Universitaria, cuyas instalaciones tienen salida directa hacia la avenida Calle 26.Ante esta situación, el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CPRAE) de la Universidad Nacional emitió un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y ordenó el desalojo del campus a partir de las 6:00 de la tarde.“Ante la situación de riesgo que se presenta en la Calle 26 y en la Hemeroteca Nacional Universitaria, debido a disturbios y alteración del orden público, se da la orden de desalojo del campus a partir de las 6 de la tarde del día de hoy”, señaló el comunicado.Además, la universidad pidió a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad mantenerse alejados de las zonas de confrontación, especialmente de las porterías que tienen acceso por la Calle 26.Horas después, se levantó el cierre vial en la Calle 26 con carrera 33 y la movilidad comenzó a normalizarse en ambos sentidos de la avenida El Dorado. Sin embargo, las manifestaciones dejaron, hasta el momento, 116.746 usuarios afectados.Por otro lado, también se registraron manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena. Los participantes se movilizaron por sectores de Teusaquillo y, según reportes, algunos manifestantes encapuchados realizaron grafitis en fachadas y en buses de TransMilenio. La movilización tenía como destino la Embajada de Palestina.
El Gobierno Nacional oficializó nuevas designaciones para el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. A través del Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, fueron modificadas varias de las representaciones del presidente de la República ante los consejos superiores de instituciones de educación superior estatales.Entre los nombres que aparecen en el decreto está el del profesor Diego Alejandro Torres, quien vuelve al máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional, esta vez en una condición diferente a la que ocupó durante los últimos años: como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario.Torres había llegado al CSU como representante de los profesores de la Universidad Nacional y durante ese periodo tuvo una participación activa en las discusiones sobre el rumbo de la institución y en las decisiones relacionadas con la rectoría. Registros oficiales de la Universidad Nacional lo identificaban como representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario.Ahora, su regreso se produce con una nueva representación. El decreto establece su designación como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Con esta decisión, Torres vuelve a ocupar un asiento en el órgano encargado de las principales decisiones de gobierno de la institución, pero ya no en representación del cuerpo docente.El mismo decreto también designa al padre Rodolfo Andrés Londoño De La Espriella como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Es decir, el Gobierno establece dos nuevas designaciones para esa representación dentro del máximo órgano directivo de la institución.La decisión se conoce en un contexto de alta sensibilidad alrededor de la Universidad Nacional, luego de los fuertes debates que durante los últimos años han marcado al Consejo Superior Universitario, especialmente por las controversias relacionadas con la elección y situación de la rectoría.El decreto, firmado el 25 de agosto de 2026, señala que las nuevas designaciones hacen parte de un proceso mediante el cual se dan por terminadas algunas representaciones anteriores y se efectúan nuevas designaciones del presidente de la República ante los consejos superiores de distintas universidades públicas del país.
La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, dio a conocer un nuevo balance de las acciones implementadas tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 29 de julio en la Ciudad Universitaria, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro del campus y confirmó que continúa colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.A través del Comunicado No. 23, la institución informó que la investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, entidades con las que se ha establecido una colaboración permanente mediante la entrega de material probatorio y la instalación de una mesa de seguimiento para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.Como parte de las medidas adoptadas, la Universidad anunció el fortalecimiento de los protocolos de seguridad dentro de la Ciudad Universitaria, disposiciones que permanecerán vigentes durante el periodo intersemestral, inicialmente hasta el próximo 27 de agosto. Asimismo, indicó que se activaron las rutas de atención integral y acompañamiento psicosocial para las personas afectadas, tanto por los hechos del 29 de julio como por otros casos de amenazas y hostigamientos conocidos previamente.La institución señaló que, además del apoyo psicológico y jurídico brindado a las víctimas, se continúa acompañando la presentación de denuncias ante las autoridades competentes y se realiza seguimiento a los procesos que adelantan los organismos encargados de las investigaciones.En materia de articulación institucional, la Universidad informó que desde mayo ha adelantado gestiones con diferentes entidades externas para enfrentar la situación de convivencia que atraviesa la sede. Entre ellas se encuentra la Fiscalía General de la Nación, donde fueron radicadas denuncias relacionadas con hechos de violencia y con casos de hostigamiento a través de canales digitales como WhatsApp y otras redes sociales, reportados por representantes estudiantiles y profesorales.También se solicitaron medidas de protección a la Policía Metropolitana de Bogotá, incluyendo patrullajes en las zonas aledañas al campus y la activación de alertas en áreas especializadas. De igual forma, la Defensoría del Pueblo, tanto en su Regional Bogotá como en la Delegada para Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, fue requerida para acompañar la protección de los derechos humanos de la comunidad universitaria y atender los casos de ciberviolencia denunciados.La Universidad informó además que puso en conocimiento de la Secretaría Distrital de Gobierno y de la Alcaldía Local de Teusaquillo los panfletos con amenazas que han circulado desde junio contra integrantes de la comunidad universitaria. Paralelamente, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la evaluación del nivel de riesgo y la activación de los protocolos de protección para las personas amenazadas.En el ámbito digital, Unimedios adelantó una revisión de canales no oficiales y presentó reportes ante Meta Platforms Inc. por el uso indebido de la imagen institucional, solicitando el retiro inmediato del material publicado por administradores identificados.
La controversia por los recientes hechos de violencia registrados en la Universidad Nacional continúa escalando. Recientemente, surgieron nuevas denuncias contra integrantes del sindicato Sintraunal, luego de que el vocero de la organización, Juan Carlos Arango, publicara un video en el que anunció que, una vez finalice el periodo de vacaciones académicas, se realizarán movilizaciones dentro de la institución.En el video, Arango señala que el propósito es “tomarse” la universidad y hace referencia a que la Junta Nacional del sindicato buscaría que diferentes subdirectivas envíen buses para participar en esa jornada. Sus declaraciones han generado preocupación entre algunos miembros de la comunidad educativa, quienes consideran que este anuncio se produce en un momento de alta tensión al interior del campus.El pronunciamiento ocurre mientras continúan las reacciones por los videos que circularon en redes sociales y que, según las denuncias conocidas, muestran al presidente de Sintraunal, Diego Flórez, participando en la agresión contra tres estudiantes, un hecho que ha sido señalado por las víctimas como un intento de homicidio y que actualmente es objeto de investigación por las autoridades competentes.A este panorama se suma una denuncia presentada recientemente por un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Los docentes aseguran haber sido víctimas de amenazas y testigos de hostigamientos presuntamente cometidos por un directivo de Sintraunal. Según manifestaron, la situación fue puesta en conocimiento de las directivas de la universidad, pero afirman que hasta el momento no han recibido una respuesta institucional que consideran efectiva.Además, Kevin Arrigui, representante estudiantil y una de las víctimas de las recientes agresiones, ha señalado públicamente a Diego Flórez como el presunto responsable de esos hechos. También lo relacionó con la toma del edificio Uriel Gutiérrez en años anteriores y con otros episodios de violencia que, según su denuncia, se habrían registrado al interior de la Universidad Nacional.
Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.La compañía agradece el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes ha trabajado de manera coordinada en las verificaciones y medidas de protección correspondientes. La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad.Caracol Televisión expresa su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados.Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso.Caracol Televisión reafirma su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.Caracol Televisión
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.