El anuncio del Gobierno nacional sobre la posibilidad de permitir el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades para atender situaciones extremas de orden público generó reacciones desde la Universidad Nacional.Diego Torres, representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, se refirió al debate durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, y señaló que es urgente actualizar los protocolos para responder ante hechos de violencia.Torres sostuvo que la Universidad Nacional y la Policía ya adelantan un trabajo conjunto para prevenir este tipo de situaciones. Según explicó, la coordinación entre ambas instituciones busca evitar que los hechos de violencia lleguen a afectar a la comunidad universitaria.“La Universidad Nacional y las fuerzas policiales trabajan de manera articulada para que este tipo de hechos no ocurran. Necesitamos protocolo, claro que sí, es urgente”, afirmó el representante del Consejo Superior Universitario.En medio de la discusión sobre el papel de la Fuerza Pública dentro de los campus, Torres también cuestionó la estigmatización de los estudiantes y aseguró que los hechos violentos no necesariamente tienen origen en la comunidad universitaria.“Estamos trabajando en coordinación de la Policía para que dejen de estigmatizar a nuestros alumnos, la violencia proviene de afuera de la Universidad Nacional”, manifestó durante la entrevista.Sobre el eventual ingreso de la Fuerza Pública a las instituciones de educación superior, el representante del Consejo Superior consideró que esta posibilidad debe quedar contemplada dentro de un protocolo que establezca con claridad las circunstancias en las que podría aplicarse.“Hay que trabajar de manera coordinada y claro que el protocolo tendrá que incluir que la fuerza pública entre en casos extremos”, sostuvo Torres, quien insistió en que es necesario formalizar las reglas existentes.Uno de los puntos centrales de la propuesta, según el representante universitario, debe ser establecer los límites de la autonomía universitaria frente a situaciones que comprometan la seguridad dentro de los campus.“Tenemos es que formalizar el protocolo y definir límites de la autonomía universitaria”, afirmó Torres, quien agregó que este principio habría sido “mal entendido y mal utilizado” en algunos casos.El representante del Consejo Superior también se refirió a la presencia de grupos irregulares en espacios universitarios y cuestionó el uso que algunas personas hacen de las instalaciones para actividades ajenas a la función académica.“Hay grupos irregulares, muchas veces sin intención política, pero sí de uso de espacios de la universidad para actividades que no son”, aseguró Torres, quien consideró que las autoridades universitarias permitieron situaciones que no debieron presentarse.En ese contexto, Torres lanzó una crítica al uso de la capucha durante hechos de violencia registrados en la Universidad Nacional y señaló que este elemento puede terminar siendo utilizado para ocultar o justificar determinadas actuaciones.“Se utiliza la capucha para justificar la violencia, la última persona lesionada gravemente en la Universidad Nacional fue un Policía”, afirmó el representante del Consejo Superior Universitario en Recap Blu.Las declaraciones se producen mientras continúa el debate sobre seguridad en las universidades, autonomía universitaria y el ingreso de la Fuerza Pública a los campus. El tema plantea la necesidad de definir protocolos que establezcan cuándo y bajo qué condiciones podría intervenir la Policía.Para Torres, la discusión no debería limitarse a determinar si la Fuerza Pública puede o no ingresar a una universidad, sino a establecer reglas precisas para actuar ante situaciones extremas sin desconocer la autonomía de las instituciones de educación superior.
La propuesta del presidente Abelardo De la Espriella, dada a conocer recientemente durante una alocución, busca establecer un marco de actuación para que la Policía Nacional intervenga dentro de las universidades cuando existan evidencias de flagrancia, violencia o preparación de actos vandálicos y terroristas. Ante este escenario, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, planteó reparos sobre la eficacia de estas medidas operativas directas dentro de los campus.Según explicó el directivo en diálogo con Mañanas Blu, los recintos universitarios cuentan con miles de personas a diario y el ingreso de vehículos o tanquetas de la fuerza pública no frena las acciones de los delincuentes, quienes —según indicó— se escudan en la comunidad estudiantil. Como alternativa, Peña propuso enfocar los esfuerzos en labores investigativas coordinadas con los organismos competentes.Autonomía universitaria y actuación ante delitosDurante la entrevista, el debate se centró en los límites entre la autonomía universitaria y la competencia del Estado para restablecer el orden público. El rector de la Universidad Nacional recordó que la autonomía consagrada en la Constitución no exime el cumplimiento de la ley, y detalló cómo se ha procedido en situaciones pasadas donde se han cometido delitos penales al interior de la institución.“En el caso de septiembre que usted menciona, la policía entró, la vicerrectora Carolina Jiménez los atendió en el edificio de Ciencias Humanas porque hubo un herido, o sea, una persona lastimada. En ese caso, la policía entra sin pedirle permiso a nadie porque hay un crimen.”Adicionalmente, el académico señaló que se han implementado medidas de control en los accesos de la sede en Bogotá mediante la exigencia de documentos de identificación a los visitantes, con el propósito de mitigar la filtración de personas ajenas a la comunidad académica que participan en disturbios.Por su parte, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo Vargas, se sumó a la discusión señalando que los hechos de violencia y los ataques con artefactos explosivos registrados en los alrededores de su institución suelen perpetrarse en vías públicas y zonas externas, y enfatizó que la comunidad universitaria es habitualmente víctima de dichos episodios. Murillo Vargas recalcó la necesidad de realizar investigaciones rigurosas y desvinculó a la dinámica institucional interna de los actos vandálicos ocurridos en el entorno.
El presidente Abelardo De La Espriella, anunció este domingo que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo y aseguró que la autonomía universitaria no está por encima del orden público."La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", afirmó el mandatario en una alocución transmitida en sus redes sociales.Asimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.La Policía, agregó, será la "primera autoridad operativa" para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas."No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", afirmó. De La Espriella aseguró que la medida busca proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió que quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades.El mandatario concluyó que las universidades deben ser espacios para "el conocimiento, las ideas y el debate" y no convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.
Uno de los puntos más complejos se presentó en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 33. Allí, las movilizaciones generaron afectaciones tanto en la calzada mixta como en la exclusiva, en sentido oriente-occidente.Según reportes de la comunidad universitaria, manifestantes encapuchados protagonizaron actos vandálicos y hechos violentos contra la Hemeroteca Nacional Universitaria, cuyas instalaciones tienen salida directa hacia la avenida Calle 26.Ante esta situación, el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CPRAE) de la Universidad Nacional emitió un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y ordenó el desalojo del campus a partir de las 6:00 de la tarde.“Ante la situación de riesgo que se presenta en la Calle 26 y en la Hemeroteca Nacional Universitaria, debido a disturbios y alteración del orden público, se da la orden de desalojo del campus a partir de las 6 de la tarde del día de hoy”, señaló el comunicado.Además, la universidad pidió a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad mantenerse alejados de las zonas de confrontación, especialmente de las porterías que tienen acceso por la Calle 26.Horas después, se levantó el cierre vial en la Calle 26 con carrera 33 y la movilidad comenzó a normalizarse en ambos sentidos de la avenida El Dorado. Sin embargo, las manifestaciones dejaron, hasta el momento, 116.746 usuarios afectados.Por otro lado, también se registraron manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena. Los participantes se movilizaron por sectores de Teusaquillo y, según reportes, algunos manifestantes encapuchados realizaron grafitis en fachadas y en buses de TransMilenio. La movilización tenía como destino la Embajada de Palestina.
El Gobierno Nacional oficializó nuevas designaciones para el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. A través del Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, fueron modificadas varias de las representaciones del presidente de la República ante los consejos superiores de instituciones de educación superior estatales.Entre los nombres que aparecen en el decreto está el del profesor Diego Alejandro Torres, quien vuelve al máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional, esta vez en una condición diferente a la que ocupó durante los últimos años: como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario.Torres había llegado al CSU como representante de los profesores de la Universidad Nacional y durante ese periodo tuvo una participación activa en las discusiones sobre el rumbo de la institución y en las decisiones relacionadas con la rectoría. Registros oficiales de la Universidad Nacional lo identificaban como representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario.Ahora, su regreso se produce con una nueva representación. El decreto establece su designación como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Con esta decisión, Torres vuelve a ocupar un asiento en el órgano encargado de las principales decisiones de gobierno de la institución, pero ya no en representación del cuerpo docente.El mismo decreto también designa al padre Rodolfo Andrés Londoño De La Espriella como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Es decir, el Gobierno establece dos nuevas designaciones para esa representación dentro del máximo órgano directivo de la institución.La decisión se conoce en un contexto de alta sensibilidad alrededor de la Universidad Nacional, luego de los fuertes debates que durante los últimos años han marcado al Consejo Superior Universitario, especialmente por las controversias relacionadas con la elección y situación de la rectoría.El decreto, firmado el 25 de agosto de 2026, señala que las nuevas designaciones hacen parte de un proceso mediante el cual se dan por terminadas algunas representaciones anteriores y se efectúan nuevas designaciones del presidente de la República ante los consejos superiores de distintas universidades públicas del país.
La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, dio a conocer un nuevo balance de las acciones implementadas tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 29 de julio en la Ciudad Universitaria, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro del campus y confirmó que continúa colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.A través del Comunicado No. 23, la institución informó que la investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, entidades con las que se ha establecido una colaboración permanente mediante la entrega de material probatorio y la instalación de una mesa de seguimiento para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.Como parte de las medidas adoptadas, la Universidad anunció el fortalecimiento de los protocolos de seguridad dentro de la Ciudad Universitaria, disposiciones que permanecerán vigentes durante el periodo intersemestral, inicialmente hasta el próximo 27 de agosto. Asimismo, indicó que se activaron las rutas de atención integral y acompañamiento psicosocial para las personas afectadas, tanto por los hechos del 29 de julio como por otros casos de amenazas y hostigamientos conocidos previamente.La institución señaló que, además del apoyo psicológico y jurídico brindado a las víctimas, se continúa acompañando la presentación de denuncias ante las autoridades competentes y se realiza seguimiento a los procesos que adelantan los organismos encargados de las investigaciones.En materia de articulación institucional, la Universidad informó que desde mayo ha adelantado gestiones con diferentes entidades externas para enfrentar la situación de convivencia que atraviesa la sede. Entre ellas se encuentra la Fiscalía General de la Nación, donde fueron radicadas denuncias relacionadas con hechos de violencia y con casos de hostigamiento a través de canales digitales como WhatsApp y otras redes sociales, reportados por representantes estudiantiles y profesorales.También se solicitaron medidas de protección a la Policía Metropolitana de Bogotá, incluyendo patrullajes en las zonas aledañas al campus y la activación de alertas en áreas especializadas. De igual forma, la Defensoría del Pueblo, tanto en su Regional Bogotá como en la Delegada para Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, fue requerida para acompañar la protección de los derechos humanos de la comunidad universitaria y atender los casos de ciberviolencia denunciados.La Universidad informó además que puso en conocimiento de la Secretaría Distrital de Gobierno y de la Alcaldía Local de Teusaquillo los panfletos con amenazas que han circulado desde junio contra integrantes de la comunidad universitaria. Paralelamente, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la evaluación del nivel de riesgo y la activación de los protocolos de protección para las personas amenazadas.En el ámbito digital, Unimedios adelantó una revisión de canales no oficiales y presentó reportes ante Meta Platforms Inc. por el uso indebido de la imagen institucional, solicitando el retiro inmediato del material publicado por administradores identificados.
La controversia por los recientes hechos de violencia registrados en la Universidad Nacional continúa escalando. Recientemente, surgieron nuevas denuncias contra integrantes del sindicato Sintraunal, luego de que el vocero de la organización, Juan Carlos Arango, publicara un video en el que anunció que, una vez finalice el periodo de vacaciones académicas, se realizarán movilizaciones dentro de la institución.En el video, Arango señala que el propósito es “tomarse” la universidad y hace referencia a que la Junta Nacional del sindicato buscaría que diferentes subdirectivas envíen buses para participar en esa jornada. Sus declaraciones han generado preocupación entre algunos miembros de la comunidad educativa, quienes consideran que este anuncio se produce en un momento de alta tensión al interior del campus.El pronunciamiento ocurre mientras continúan las reacciones por los videos que circularon en redes sociales y que, según las denuncias conocidas, muestran al presidente de Sintraunal, Diego Flórez, participando en la agresión contra tres estudiantes, un hecho que ha sido señalado por las víctimas como un intento de homicidio y que actualmente es objeto de investigación por las autoridades competentes.A este panorama se suma una denuncia presentada recientemente por un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Los docentes aseguran haber sido víctimas de amenazas y testigos de hostigamientos presuntamente cometidos por un directivo de Sintraunal. Según manifestaron, la situación fue puesta en conocimiento de las directivas de la universidad, pero afirman que hasta el momento no han recibido una respuesta institucional que consideran efectiva.Además, Kevin Arrigui, representante estudiantil y una de las víctimas de las recientes agresiones, ha señalado públicamente a Diego Flórez como el presunto responsable de esos hechos. También lo relacionó con la toma del edificio Uriel Gutiérrez en años anteriores y con otros episodios de violencia que, según su denuncia, se habrían registrado al interior de la Universidad Nacional.
La Universidad Nacional de Colombia (Unal), emitió un nuevo pronunciamiento, esta vez mediante un comunicado firmado por el rector Leopoldo Múnera Ruiz, respecto a las amenazas dirigidas al profesor Diego Torres, docente de la institución.Según el comunicado, desde septiembre de 2024 se han adoptado medidas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), y se destinaron recursos presupuestales para la implementación de acciones orientadas a la protección del docente. La Universidad también informó que el caso fue nuevamente presentado ante la UNP, con el fin de que esta entidad realice un nuevo análisis y actúe conforme a sus competencias.De igual forma, desde la Facultad de Ciencias y la Rectoría se ofreció acompañamiento psicosocial para atender posibles afectaciones derivadas de la situación.En relación con el tema de los grafitis en la sede Bogotá, el rector Múnera señaló que el 22 de octubre de 2024 se remitió una comunicación de trece páginas, en respuesta a una solicitud del representante profesoral, en la que se expone un análisis jurisprudencial sobre el derecho a la libertad de expresión en el contexto universitario, particularmente frente a funcionarios públicos. Este análisis fue uno de los temas en los que se pronunció el profesor Diego Torres.“El borrado de los grafitis representa una carta blanca para que las amenazas contra miembros de la comunidad académica continúen. Este es el legado de esta administración. Cada día que se permita que los derechos fundamentales sean vulnerados con una lectura parcial de la libertad de expresión, es una mancha en la reputación de la Universidad Nacional de Colombia”, señaló Torres en una declaración pública.Por último, la Universidad Nacional afirmó que, en respeto a la autonomía de las autoridades disciplinarias y en el marco del Estado de derecho, la Rectoría no se pronunciará sobre las declaraciones realizadas por el representante profesoral en relación con la apertura de procesos disciplinarios.
Sigue la encrucijada por la rectoría de la Universidad Nacional desde que el pasado jueves, 6 de junio, en una atropellada sesión extraordinaria, el Consejo Superior Universitario (CSU) designara a Leopoldo Múnera como rector.El profesor Múnera fue designado con cinco votos a favor mientras que tres integrantes del CSU, entre ellos Ignacio Mantilla, representante de los exrectores, se ausentaron de la sesión alegando irregularidades.El viernes, tan solo 24 horas después de su designación, Múnera se posesionó como rector en un acto encabezado por el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez.Este lunes, 10 de junio, se conoció una carta de 10 exrectores de la Nacional a la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunciado que se abstienen de hacer parte del CSU hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la rectoría de la institución.“Nos permitimos informarle que a partir de la fecha y hasta cuando se conozca el pronunciamiento de fondo por parte del Consejo de Estado sobre las recientes designaciones de rector, nos abstenemos de formar parte del Consejo Superior Universitario”, indican en la carta.Alegan que hay intereses políticos en la designación de Múnera y que su elección transgredió la autonomía universitaria.“Consideramos que la forma como se designó al profesor Leopoldo Múnera Ruiz es contraria a la institucionalidad debida. Así mismo, creemos que la manera como recientemente se ha conformado el Consejo Superior Universitario es inocultablemente política, dejando a un lado el enfoque académico que un cuerpo colegiado de estas características debe garantizar. En nuestro concepto se ha transgredido el principio constitucional de la autonomía universitaria, que permite que las universidades se consoliden como faros intelectuales de nuestro país, alejadas de intereses no académicos y presiones políticas de cualquier índole”, dijeron.El Consejo de Estado tiene en sus manos definir si la designación de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, el pasado 21 de marzo, fue irregular, así como la expedición del acta de la sesión del CSU. La demanda fue instaurada por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Erick Velasco. Los firmantes de la carta son:Diego López ArangoFernando Sánchez TorresMoisés Wasserman LernnerOsmar Correal CabralMarco Palacios RozoIgnacio Mantilla PradaEduardo Brieva BustilloRicardo Mosquera MesaDolly Montoya CastañoDarío Valencia Restrepo.
Pese a la tutela, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional designó a Leopoldo Múnera como rector, tras dejar sin efecto el nombramiento de José Ismael Peña del pasado 21 de marzo. Tres consejeros se retiraron de la sesión al considerar que se estaba cometiendo una irregularidad.En el CSU se formaron dos bandos y la balanza se inclinó por la postura del Gobierno 5 votos a 3. En un lado está Verónica Botero, representante del Consejo Académico y en el otro Laura Quevedo, quien fue elegida recientemente como la representante de los estudiantes. En diálogo con Mañanas Blu, Botero entregó detalles de su postura sobre la elección. "Yo soy una delegada del Consejo académico ante el Consejo Superior. Mi rol en el control superior tiene que ver con tener esa mirada desde las lecturas. La universidad realmente es una universidad de facultades, es tener esa mirada desde las facultades, en las decisiones que se toman en el control superior universitario. Porque nosotros tenemos como un sistema de tres niveles. A nivel nacional, el nivel de facultad con bastante independencia. Las comunidades somos bastante autónomas para tomar decisiones", explicó. De acuerdo con Botero, por el momento no se atreven a lanzar un pronóstico del futuro de la universidad y las decisiones del nuevo rector. "No puedo especular lo que va a pasar en este momento con el rector que tenemos. Me sorprendió mucho el mensaje que dio el profesor Leopoldo Múnera hablando de la constituyente universitaria", reflexionó. Sobre el nuevo rector dijo, “me preocupa mucho que no tenemos claridad de qué es lo que quiere hacer". Leopoldo MúneraEn una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU), en la que participaron cinco de sus ocho miembros, Múnera fue designado como rector y reemplazará a Peña Reyes, cuya elección fue anulada antes por "irregularidades"."Felicitaciones a Leopoldo, un gran intelectual colombiano", escribió en la red social X el presidente de Colombia, Gustavo Petro.Múnera, de 66 años, es un abogado con maestrías en Filosofía del Derecho y Desarrollo, y cuenta con un doctorado en Ciencia Política.Escuche aquí la entrevista:
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.