En un informe que ha encendido las alarmas sobre la integridad del proceso democrático en Colombia, el Centro de Estudios sobre la Paz de la Universidad Externado de Colombia reveló la existencia de una “votación atípica” en 22 municipios del país. Durante la primera vuelta presidencial, se identificaron mesas donde un solo candidato obtuvo el 100% de los sufragios, un fenómeno que, según los expertos, exige una intervención inmediata del Estado para prevenir el constreñimiento electoral.Andrés González, director del centro y exministro de Justicia, explicó en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que el hallazgo se concentra principalmente en el andén del Pacífico, abarcando departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y el Valle del Cauca. "El hecho de partida lo constituye un conjunto de mesas de votación en las cuales el 100% de los votos que aparecen en algunas de las mesas son depositados por los sufragantes para un solo candidato", señaló el académico.Factores de riesgo y “gobernanza mafiosa”Para los investigadores del Externado, estos resultados no pueden leerse de forma aislada. La confluencia de factores como la ausencia de presencia institucional, la proliferación de economías ilícitas y, sobre todo, la dominación de grupos armados organizados crea un entorno propicio para la manipulación.González enfatizó que, en estas zonas, los grupos armados no solo actúan como actores violentos, sino que ejercen una "gobernanza mafiosa". "Hay lugares en los cuales los grupos armados determinan quién entra o quién sale del municipio, los carnetizan, ejercen regulaciones, piden normas, incluso resuelven casos de justicia. Es decir, hay una gobernanza mafiosa en la cual esos grupos sustituyen al Estado", advirtió el director.El informe destaca casos preocupantes en municipios como Alto Baudó, donde 22 mesas registraron resultados unánimes, así como situaciones similares en Bojayá (9 casos), Guapi (10 casos) y Timbiquí (11 casos). Incluso en Buenaventura se detectaron dos mesas donde más de 200 votos fueron dirigidos hacia una sola opción política, el Pacto Histórico.Hipótesis sobre la coacción electoralAnte la pregunta de si los grupos armados están obligando a los ciudadanos a votar por candidatos específicos, González fue cauteloso pero contundente al plantear las hipótesis. "Una es que los grupos armados están ejerciendo influencia en la voluntad electoral por la gobernanza y el control territorial que ejercen. En especial, subrayaría yo, es en los casos en que esos grupos ejercen un control hegemónico", explicó.No obstante, el académico también reconoció que, aunque menos probable en estas condiciones, no se puede descartar del todo una tendencia política histórica en ciertas regiones, la cual requiere un análisis cultural más profundo. Sin embargo, el riesgo de constreñimiento es la principal preocupación debido a la presencia activa de estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y diversas disidencias de las FARC, que operan en los territorios mencionados.Necesidad de intervención institucionalEl Centro de Paz del Externado hizo un llamado urgente a las autoridades electorales, especialmente a la Procuraduría General de la Nación, para que realicen investigaciones precisas y actúen con fines preventivos. González insiste en que no se trata de una tarea para el día de las elecciones, sino de una labor de seguimiento constante."Es muy importante la presencia de la Procuraduría, la presencia de la observación electoral tanto de organizaciones nacionales como internacionales, y algo muy importante: la articulación de la nación con los departamentos para prevenir", concluyó. La integridad de las elecciones futuras depende, según el experto, de la capacidad del Estado para recuperar el control territorial y garantizar que el voto sea un ejercicio libre y exento de presiones violentas.
El próximo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas, por lo cual muchos candidatos están haciendo campaña por medio de mítines, aparición en medios de comunicación y redes sociales, debates electorales, distribución de propaganda en las calles y espacios públicos, entre otros.Frente a esto, la Fiscalía General de la Nación desde ya está adelantando acciones para mitigar los delitos que se puedan presentar en las elecciones y la participación de la ciudadanía es clave. Por ello, indicó cuáles son las acciones catalogadas como delitos electorales que se deben denunciar.La resolución 0047 de febrero de 2026 define la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que ocurran en los comicios legislativos; esto quiere decir que la Fiscalía está habilitada para abordar los hechos delictivos que se registren antes, durante y después de las votaciones.Lo anterior se llevará a cabo por medio de puntos de recepción que el ente habilitará para recibir las denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde haya presencia física de la entidad.Actos que son catalogados como delitos electoralesEs importante recordar que el voto debe ser libre y hecho con responsabilidad. La Fiscalía explicó que los delitos electorales los cometen, en su gran mayoría, candidatos, ciudadanos y servidores públicos; debido a ello, estas son las acciones que pueden llevar a cometer hechos delictivos:El candidatoPresiona o engaña al votante.Manipula a los votantes en favor de un candidato.Financia campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos.Excede los límites en los gastos de su campaña.El ciudadanoImpide que las elecciones o el escrutinio se hagan.Traslada a votantes para escribir su cédula en una población distinta donde es su residencia.Suplantan sufragantes.Usa cédulas falsas para votar.No permite que los jurados de votación realicen su labor.Amenaza o constriñe a un candidato.El servidor públicoNo permite que una persona escriba su cédula en el lugar de su residencia electoral.Presiona o engaña a un votante.Es cómplice sobre votos fraudulentos o altera resultados electorales.Usa recursos públicos o bienes del Estado para proselitismo o apoyo a una campaña política.Entrega dinero a campañas políticas.
Si se pregunta a qué hora dan los resultados de las elecciones en Venezuela, la respuesta puede ser compleja. El proceso electoral de ese país no es como el que hace la Registraduría en Colombia. Sin un centro de información donde van saliendo los boletines con los escrutinios de las mesas de votación, en el vecino país es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de recibir los resultados, contarlos y emitir lo que llaman una tendencia irreversible. Resultados de las elecciones en Venezuela saldrán en la madrugada Venezuela tiene un sistema de votación automatizado. El CNE afirma que las máquinas de votación representan “una alternativa innovadora, segura y 100% auditable para la automatización de consultas electorales”.Los ciudadanos interesados en conocer los resultados de las elecciones en Venezuela pueden hacerlo a través de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero solo cuando emitan un primer boletín. Será el presidente del CNE, junto con los rectores, anunciará tentativamente los resultados en la noche o madrugada del día siguiente de las elecciones. El primer boletín se dará únicamente cuando haya una tendencia irreversible. Esto significa que cuando se anuncie al ganador, ya sea Nicolás Maduro o Edmundo González, es porque se ha confirmado su victoria.A partir de ese momento, se completarán los resultados y se publicarán en la página web del CNE. Mientras no se emita el primer boletín, no habrá ninguna publicación de resultados en el sitio web oficial. Vea aquí EN VIVO los resultados de la jornada electoral en VenezuelaUn equipo de Blu Radio viajó hasta Venezuela para entregar todos los detalles de la jornada electoral y de los resultados. La transmisión la puede seguir desde las 8 p.m.
La jornada electoral de los comicios mexicanos del domingo 2 de junio, tuvo que ampliarse ocho horas en Madrid debido a las aglomeraciones para votar presencialmente, con una participación final de 2.469 personas de unas 3.500 previstas.Según informó este lunes el Instituto Nacional Electoral (INE), 1.402 de los que votaron presencialmente en la embajada de México en la capital de España son residentes que estaban inscritos previamente, además de 1.067 que estaban de paso en el país.Antes de la votación, unos 2.000 mexicanos estaban registrados para ejercer presencialmente el derecho de sufragio en la embajada (único lugar habilitado en España), además de unos 1.500 adicionales no residentes.Sin embargo, la embajada solo disponía de siete módulos de votación cuando se necesitaban al menos 22.Al cierre del colegio en Madrid, a las 16.00 GMT del domingo, solo habían participado en las elecciones 1.400 personas, mientras que cientos aguardaban en torno a la embajada.En estas circunstancias, el Consejo General del INE decidió prolongar el horario de votación ocho horas más, hasta las 2 horas (00.00 GMT) de este lunes en Madrid, en coincidencia con el cierre de los centros de votación en México.Las largas colas llegaron a rodear parcialmente el centro de votación, ubicado en pleno corazón de Madrid, frente al Congreso de los Diputados.México celebró ayer las elecciones más grandes en la historia del país, pues más de 98 millones de votantes estaban convocados a renovar más de 20.000 cargos, incluida la Presidencia de la República, ganada por la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Delicada denuncia radicó la Registraduría Nacional ante la Fiscalía luego de que iniciaran dentro de la entidad una minuciosa verificación de las actas de instalación y registro general de votantes (Formularios E-11) de las 119.875 mesas de votación dispuestas para las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. En medio de esa revisión, detectaron una presunta irregularidad que involucra a 446 ciudadanos en distintas regiones del país. Estos ciudadanos, quienes también ejercieron como jurados de votación, habrían sufragado más de una vez durante el proceso electoral.Ante este hallazgo, la Registraduría le informó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación sobre los posibles hechos irregulares, con el propósito de que se inicien las investigaciones pertinentes.El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha manifestado que se adoptarán las medidas necesarias y se implementarán herramientas tecnológicas para prevenir la repetición de este tipo de acciones en futuros procesos electorales. Si bien se presume la buena fe de los ciudadanos que desempeñan funciones como jurados de votación, es deber de la Registraduría informar cualquier irregularidad a las autoridades competentes, conforme al artículo 67 de la Ley 906 de 2004.Es crucial destacar que durante las jornadas de capacitación dirigidas a los jurados de votación para las pasadas elecciones territoriales, la Registraduría Nacional comunicó de manera clara y reiterada que estos tenían el derecho de ejercer su voto únicamente en la mesa donde estaban prestando su servicio como jurados, y en una sola ocasión.Este hallazgo subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en los procesos electorales, así como de promover la transparencia y la integridad en el ejercicio del derecho al voto. La Registraduría aseguró que colaborará activamente con las autoridades competentes para esclarecer estos presuntos casos de irregularidades y garantizar la adecuada aplicación de la justicia.
Los iraníes votaron el viernes para renovar el Parlamento y la Asamblea de Expertos, en unas elecciones que se prevén marcadas por la baja participación y un refuerzo del poder de los conservadores.Como marca la tradición en la República Islámica, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, dio el pistoletazo de salida a los comicios al depositar su voto poco después de las 08H00 locales (04H30 GMT) en un colegio electoral en el centro de Teherán.Las urnas cerraron a medianoche (20H30 GMT) "debido a la gran participación de la nación", indicó el Ministerio del Interior.Más de 61 millones de personas de una población de 85 millones han sido llamados a elegir los 290 escaños del Parlamento y los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, un órgano clave encargado de designar al líder supremo.Son las primeras elecciones desde las masivas protestas desencadenadas por la muerte en custodia de la joven Mahsa Amini en 2022, arrestada por presuntamente incumplir el código de vestimenta que obliga a llevar el velo.También llegan en un momento de dificultades económicas por la elevada inflación y las sanciones estadounidenses contra Teherán, y en plenas tensiones geopolíticas por la guerra entre Israel y Hamás.La participación, el principal desafío de estos comicios, fue de "más de 40%", indicó la agencia Fars, celebrando "el fracaso del plan de boicot de las elecciones impulsado por enemigos extranjeros".En las últimas legislativas de 2020, en medio de la pandemia de covid-19, solo un 42,57% de electores votaron, la peor tasa de participación desde la Revolución Islámica de 1979.Obediencia y descontentoEn un colegio electoral del sur de Teherán, una maestra de 35 años, que se limitó a dar su apellido, Moradiani, indicó a AFP que había votado porque "el guía supremo dijo que participar era una obligación para todo el mundo, como rezar".En cambio, Hashem, un artista de 32 años de la región de Kuzestán, en el suroeste, comentó que "mucha gente no vota porque están descontentos con la situación política y económica", con "unos precios que aumentan cada día" a causa de la inflación, que roza el 50%."Imaginemos que voto, ¿de qué serviría? Los [representantes] electos no cumplen sus promesas", denunció Hanna, una estudiante de 21 años de Kurdistán, en el oeste del país.Para el poder iraní, la participación es una prueba de legitimidad en la escena internacional, marcada por fuertes tensiones regionales desencadenadas por la guerra en Gaza.El ayatolá Jamenei insistió en que "es importante mostrar al mundo que la nación está movilizada"."Los enemigos de Irán quieren ver si el pueblo está presente" pues, de no ser así, "amenazarán su seguridad de una forma u otra", advirtió.Por su parte, el ejército ideológico de la República Islámica señaló que una "fuerte participación" desalentaría los intentos de "injerencia extranjera".Candidatos inhabilitadosLos resultados de la votación se esperan el domingo o el lunes, pero difícilmente perturbarán la balanza de fuerzas en el Parlamento, donde conservadores y ultraconservadores disponen de más de 230 de los 290 escaños.Los candidatos deben ser aprobados por un consejo cuyos miembros son nombrados o autorizados por el líder supremo. En esta ocasión dieron luz verde a 15.200 aspirantes de los 49.000 que se postularon.Como en los últimos comicios de 2020, numerosos candidatos de formaciones centristas, reformistas y moderadas fueron descalificados en el proceso.La coalición Frente de las Reformas desistió de participar en unas "elecciones sin sentido, no competitivas e inútiles".El expresidente reformista Mohammad Jatami dijo el mes pasado que Irán estaba "muy lejos de unas elecciones libres y competitivas", según una cita del diario conservador Javan.Los conservadores mantendrán con toda probabilidad su firme control sobre la Asamblea de los Expertos, conformada únicamente por académicos islámicos varones.
El Gobierno nacional está planteando la posibilidad de implementar una estrategia en la que se considera ofrecer recompensas económicas a quienes denuncien la conducta delictiva de la compra de votos, con el fin de favorecer a ciertos candidatos y partidos políticos que se dedican a esta práctica.La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, presentó algunos reparos, aunque no se conoce a profundidad cómo sería el mecanismo de pago ni quién se encargaría de judicializarlo."Es una decisión que tendrá que tomar el gobierno nacional. Nosotros insistimos en la importancia de que forme parte de la cultura democrática de los ciudadanos, para que un ciudadano o ciudadana no tenga que esperar el pago de una recompensa para informar sobre la afectación a su posibilidad de votar de manera libre. Debe informar de inmediato a la URIEL o a la MOE cuando se presente esto", explicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.Faltando pocos días para las elecciones del 29 de octubre, la MOE ya ha recibido 230 denuncias de compra de votos, las cuales fueron presentadas a través de la aplicación "Pilas con el Voto". Posteriormente, estas denuncias fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación y se encuentran en proceso de investigación."La primera de estas barreras es precisamente el conocimiento o el acceso a las herramientas para poder informar sobre la compra de votos. Esto ocurre en ciudades que tienen menos información sobre cómo funciona un proceso electoral, y en segundo lugar está el miedo", expresó Barrios en una entrevista con Blu Radio.Este miércoles, el Gobierno nacional presentará la estrategia para combatir la compra de votos, en la que se explicará cómo funcionará la recompensa, los montos, las estrategias y el número de policías involucrados, entre otros detalles.Las reacciones desde el Congreso a la propuesta de pagar por denunciar a quienes compren votos son diversas:"Combatir la compra de votos debe ser una prioridad de todas las autoridades, pero con este tema Gustavo Petro nuevamente hace populismo. En campaña le decía a la gente que recibiera el dinero de quienes intentaban comprar sus votos, hoy dice que va a pagar por denunciar a quienes lo hacen. No tiene la capacidad legal ni la posibilidad de hacerlo. Además, en lugar de eso, debería responder por todos los escándalos, cuestionamientos y denuncias en torno a la financiación ilegal y compra de votos a su favor", explicó el senador Miguel Uribe."Me parece muy bien que se pague para encontrar a los delincuentes que compran votos, pero desafortunadamente este anuncio debería comenzar en la campaña del mismo presidente de la República, para que pague a quienes denuncien aportantes que contribuyeron fuera de las cuentas de campaña", indicó el senador Ciro Ramírez."El comprador de votos es igual de criminal que un secuestrador. La compra de votos es un delito, por lo que pagar una recompensa a quienes denuncien esta práctica es totalmente lícito", expresó el senador de Cambio Radical, David Luna.Vea también
Cuando resta prácticamente un mes para las elecciones regionales en Colombia se conocieron los resultados de la última encuesta Invamer, la cual mide la intención de voto a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.Hablando de la capital santandereana los resultados tuvieron una variación significativa respecto a los entregados el pasado 30 de agosto.Jaime Andrés Beltrán es el candidato con mayor apoyo hasta el momento y lidera la intención de voto con un 30,6 %. Pese a que sigue primero en la encuesta, Beltrán bajó 2 puntos porcentuales respecto a los resultados de hace un mes (32,7 %).“Estamos a un mes de devolverle la seguridad, la grandeza, el desarrollo y la autoridad a Bucaramanga. Vamos a trabajar cada segundo, minuto y hora hasta el 29 de octubre. Me siento muy agradecido con toda Bucaramanga. Esto no para”, escribió Jaime Andrés Beltrán a través de la red social X.La sorpresa de los resultados corrió por cuenta del candidato Horacio José Serpa, quien pasó del quinto al segundo lugar. El exsenador llegó a 15,9 % en la intención de voto, superando ampliamente el 6,5 % registrado hace un mes.“Estoy feliz, estoy contento, acaba de salir la encuesta de Invamer, subimos nueve puntos porcentuales, pasamos del quinto puesto al segundo. Vamos creciendo como locos y el puntero perdió dos puntos, le estamos recortando ventaja a la lata. Hay que seguir trabajando, darle en las calles, saludar gente como lo hemos venido haciendo. A todo nuestro equipo de trabajo mil gracias. Vamos a ganar el 29 de octubre”, expresó a través de un video Horacio José Serpa.El ‘top-5’ de los aspirantes con mayor intención de voto lo completan Fabián Oviedo (8,5 %), Carlos Felipe Parra (7,9 %) y Carlos Sotomonte (6,8 %).Resulta interesante observar que un 6,1 % de los encuestados optaría por el voto en blanco, lo que subraya la presencia de una proporción significativa de votantes que aún no han definido su preferencia por ningún candidato.En la ciudad de Bucaramanga, en donde quedan 14 candidatos, la intención de voto para la alcaldía, está de la siguiente manera:Jaime Andrés Beltrán: 30,6 %Horacio José Serpa: 15,9 %Fabián Oviedo: 8,5 %Carlos Felipe Parra: 7,9 %Carlos Sotomonte: 6,8 %Jaime Calderón: 6,7 %Consuelo Ordóñez: 4,0 %Ludwing Mantilla: 2,2 %Luis Roberto Ordóñez: 2,2 %José Velásquez: 1,6 %Jorge Figueroa: 1.5 %Giovanni Álvarez: 0,3 %Manuel Parada: 0,0 %Álvaro Torres: 0,0 %Voto en Blanco: 6,1 %Cabe resaltar que la encuesta Invamer mide la intención de voto a las alcaldías de las cinco ciudades más importantes de Colombia. Esta encuesta fue contratada por Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador.Esta es la ficha técnica de la encuesta de Invamer.Escuche el análisis de la encuesta aquí:
Dos vallas ubicadas estratégicamente y en las que se muestra a tres candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga han generado malestar entre las campañas políticas.En los carteles aparecen las fotos y los nombres de Fabián Oviedo, Luis Roberto Ordóñez y Jaime Andrés Beltrán. Pero lo que mayor malestar generó fue la frase que le pusieron a cada uno de los aspirantes a la alcaldía.A Fabián Oviedo le escribieron “El de Fredy Anaya”; a Luis Roberto Ordóñez “El distinto” y a Jaime Beltrán “El del Clan Aguilar”.Luis Roberto Ordóñez, quien es el que sale mejor librado de esto, le dijo a Blu Radio que él no es responsable de eso. “Hoy empezó la campaña negra y ese no es nuestro actuar. Nosotros hemos sido con todos los candidatos, y lo saben, muy bien. Yo he actuado en mi campaña muy bien transparente, limpios en este proceso y empezaron a salir unas vallas que están que diciendo vienen de mi campaña, me están acusando a mí, y no es así”.El candidato Luis Roberto Ordóñez dijo que quien se ideó eso es muy creativo, porque lo deja a él en una buena posición, pero reiteró “no somos nosotros. Vamos a sacar un comunicado desde nuestra campaña para aclarar el tema”.Las vallas fueron recogidas y el propio Luis Roberto Ordóñez dijo que pedirá que se investigue para conocer quién está detrás de esa mala práctica política. Los otros dos candidatos que aparecieron en los pendones aún no se han manifestado.
Mucho se ha hablado estos días sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y la constante del Pacto Histórico es que fue una campaña hecha con pocos recursos.Sin embargo, los vuelos chárter y las declaraciones de Armando Benedetti, son más las dudas que dejan sobre de dónde procedían los dineros.En entrevista con Mañanas Blu más, con Néstor Morales, el senador Alexander López dijo que siempre fue una campaña con muy poco presupuesto.Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Cristian Uscategui, testigo electoral de la campaña Petro Presidente, entregó reveladores detalles de cómo funcionaba el proceso en época electoral.Uscategui, lamentó en los micrófonos de Blu Radio, que “de verdad que se creyó en el cambio. (…) A uno le da vergüenza con los amigos y ahora con todos estos escándalos, ahora uno es objeto de burlas”, dijo.“A nosotros nos pagaron, nosotros actuamos de buena fe”, subrayó sobre el proceso electoral que se adelantó el año pasado.Sobre cómo funcionaba el proceso, explicó que “entonces había un coordinador aquí en Sotaquirá, había un coordinador Boyacá y obviamente pues había un grupo coordinador nacional. Nos reuníamos y para las jornadas electorales, entonces antes de esas jornadas se nos carnetizaba, obviamente se nos inscribía ante la Registraduría como testigos electorales, como todos los partidos tenían sus testigos electorales, pero además nosotros nos registramos en la plataforma del Pacto Histórico”, dijo.En ese sentido, destacó que se trataba de una estructura muy seria, la cual, según la Silla Vacía, contaba con unos 71.000 testigos electorales inscritos: “La estructura era muy grande, la estructura era muy fuerte. Entonces se iniciaba con capacitaciones para el manejo de una plataforma para el día de elecciones, enviar la información en tiempo real, se tomaban fotografías de los formatos que manejaban los jurados para que se fuera viendo la afluencia de votantes”.Hay que recordar que el nuevo presidente del Senado, señaló más temprano que la campaña fue limitada en recursos y que se basó en la organización de los partidos, el trabajo de los voluntarios y el apoyo de diferentes sectores de la sociedad. Insistió en que nunca se habló de maletines ni de grandes sumas de dinero.Afirmó que las acusaciones derivadas de los audios de Benedetti son graves y deben ser investigadas por las autoridades correspondientes. Destacó la importancia de la prontitud en las investigaciones para esclarecer la verdad y afirmó que el Gobierno no se esconderá ni negará los hechos.Escuche aquí la entrevista:
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.