En un informe que ha encendido las alarmas sobre la integridad del proceso democrático en Colombia, el Centro de Estudios sobre la Paz de la Universidad Externado de Colombia reveló la existencia de una “votación atípica” en 22 municipios del país. Durante la primera vuelta presidencial, se identificaron mesas donde un solo candidato obtuvo el 100% de los sufragios, un fenómeno que, según los expertos, exige una intervención inmediata del Estado para prevenir el constreñimiento electoral.Andrés González, director del centro y exministro de Justicia, explicó en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que el hallazgo se concentra principalmente en el andén del Pacífico, abarcando departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y el Valle del Cauca. "El hecho de partida lo constituye un conjunto de mesas de votación en las cuales el 100% de los votos que aparecen en algunas de las mesas son depositados por los sufragantes para un solo candidato", señaló el académico.Factores de riesgo y “gobernanza mafiosa”Para los investigadores del Externado, estos resultados no pueden leerse de forma aislada. La confluencia de factores como la ausencia de presencia institucional, la proliferación de economías ilícitas y, sobre todo, la dominación de grupos armados organizados crea un entorno propicio para la manipulación.González enfatizó que, en estas zonas, los grupos armados no solo actúan como actores violentos, sino que ejercen una "gobernanza mafiosa". "Hay lugares en los cuales los grupos armados determinan quién entra o quién sale del municipio, los carnetizan, ejercen regulaciones, piden normas, incluso resuelven casos de justicia. Es decir, hay una gobernanza mafiosa en la cual esos grupos sustituyen al Estado", advirtió el director.El informe destaca casos preocupantes en municipios como Alto Baudó, donde 22 mesas registraron resultados unánimes, así como situaciones similares en Bojayá (9 casos), Guapi (10 casos) y Timbiquí (11 casos). Incluso en Buenaventura se detectaron dos mesas donde más de 200 votos fueron dirigidos hacia una sola opción política, el Pacto Histórico.Hipótesis sobre la coacción electoralAnte la pregunta de si los grupos armados están obligando a los ciudadanos a votar por candidatos específicos, González fue cauteloso pero contundente al plantear las hipótesis. "Una es que los grupos armados están ejerciendo influencia en la voluntad electoral por la gobernanza y el control territorial que ejercen. En especial, subrayaría yo, es en los casos en que esos grupos ejercen un control hegemónico", explicó.No obstante, el académico también reconoció que, aunque menos probable en estas condiciones, no se puede descartar del todo una tendencia política histórica en ciertas regiones, la cual requiere un análisis cultural más profundo. Sin embargo, el riesgo de constreñimiento es la principal preocupación debido a la presencia activa de estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y diversas disidencias de las FARC, que operan en los territorios mencionados.Necesidad de intervención institucionalEl Centro de Paz del Externado hizo un llamado urgente a las autoridades electorales, especialmente a la Procuraduría General de la Nación, para que realicen investigaciones precisas y actúen con fines preventivos. González insiste en que no se trata de una tarea para el día de las elecciones, sino de una labor de seguimiento constante."Es muy importante la presencia de la Procuraduría, la presencia de la observación electoral tanto de organizaciones nacionales como internacionales, y algo muy importante: la articulación de la nación con los departamentos para prevenir", concluyó. La integridad de las elecciones futuras depende, según el experto, de la capacidad del Estado para recuperar el control territorial y garantizar que el voto sea un ejercicio libre y exento de presiones violentas.
El próximo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas, por lo cual muchos candidatos están haciendo campaña por medio de mítines, aparición en medios de comunicación y redes sociales, debates electorales, distribución de propaganda en las calles y espacios públicos, entre otros.Frente a esto, la Fiscalía General de la Nación desde ya está adelantando acciones para mitigar los delitos que se puedan presentar en las elecciones y la participación de la ciudadanía es clave. Por ello, indicó cuáles son las acciones catalogadas como delitos electorales que se deben denunciar.La resolución 0047 de febrero de 2026 define la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que ocurran en los comicios legislativos; esto quiere decir que la Fiscalía está habilitada para abordar los hechos delictivos que se registren antes, durante y después de las votaciones.Lo anterior se llevará a cabo por medio de puntos de recepción que el ente habilitará para recibir las denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde haya presencia física de la entidad.Actos que son catalogados como delitos electoralesEs importante recordar que el voto debe ser libre y hecho con responsabilidad. La Fiscalía explicó que los delitos electorales los cometen, en su gran mayoría, candidatos, ciudadanos y servidores públicos; debido a ello, estas son las acciones que pueden llevar a cometer hechos delictivos:El candidatoPresiona o engaña al votante.Manipula a los votantes en favor de un candidato.Financia campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos.Excede los límites en los gastos de su campaña.El ciudadanoImpide que las elecciones o el escrutinio se hagan.Traslada a votantes para escribir su cédula en una población distinta donde es su residencia.Suplantan sufragantes.Usa cédulas falsas para votar.No permite que los jurados de votación realicen su labor.Amenaza o constriñe a un candidato.El servidor públicoNo permite que una persona escriba su cédula en el lugar de su residencia electoral.Presiona o engaña a un votante.Es cómplice sobre votos fraudulentos o altera resultados electorales.Usa recursos públicos o bienes del Estado para proselitismo o apoyo a una campaña política.Entrega dinero a campañas políticas.
Si se pregunta a qué hora dan los resultados de las elecciones en Venezuela, la respuesta puede ser compleja. El proceso electoral de ese país no es como el que hace la Registraduría en Colombia. Sin un centro de información donde van saliendo los boletines con los escrutinios de las mesas de votación, en el vecino país es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de recibir los resultados, contarlos y emitir lo que llaman una tendencia irreversible. Resultados de las elecciones en Venezuela saldrán en la madrugada Venezuela tiene un sistema de votación automatizado. El CNE afirma que las máquinas de votación representan “una alternativa innovadora, segura y 100% auditable para la automatización de consultas electorales”.Los ciudadanos interesados en conocer los resultados de las elecciones en Venezuela pueden hacerlo a través de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero solo cuando emitan un primer boletín. Será el presidente del CNE, junto con los rectores, anunciará tentativamente los resultados en la noche o madrugada del día siguiente de las elecciones. El primer boletín se dará únicamente cuando haya una tendencia irreversible. Esto significa que cuando se anuncie al ganador, ya sea Nicolás Maduro o Edmundo González, es porque se ha confirmado su victoria.A partir de ese momento, se completarán los resultados y se publicarán en la página web del CNE. Mientras no se emita el primer boletín, no habrá ninguna publicación de resultados en el sitio web oficial. Vea aquí EN VIVO los resultados de la jornada electoral en VenezuelaUn equipo de Blu Radio viajó hasta Venezuela para entregar todos los detalles de la jornada electoral y de los resultados. La transmisión la puede seguir desde las 8 p.m.
La jornada electoral de los comicios mexicanos del domingo 2 de junio, tuvo que ampliarse ocho horas en Madrid debido a las aglomeraciones para votar presencialmente, con una participación final de 2.469 personas de unas 3.500 previstas.Según informó este lunes el Instituto Nacional Electoral (INE), 1.402 de los que votaron presencialmente en la embajada de México en la capital de España son residentes que estaban inscritos previamente, además de 1.067 que estaban de paso en el país.Antes de la votación, unos 2.000 mexicanos estaban registrados para ejercer presencialmente el derecho de sufragio en la embajada (único lugar habilitado en España), además de unos 1.500 adicionales no residentes.Sin embargo, la embajada solo disponía de siete módulos de votación cuando se necesitaban al menos 22.Al cierre del colegio en Madrid, a las 16.00 GMT del domingo, solo habían participado en las elecciones 1.400 personas, mientras que cientos aguardaban en torno a la embajada.En estas circunstancias, el Consejo General del INE decidió prolongar el horario de votación ocho horas más, hasta las 2 horas (00.00 GMT) de este lunes en Madrid, en coincidencia con el cierre de los centros de votación en México.Las largas colas llegaron a rodear parcialmente el centro de votación, ubicado en pleno corazón de Madrid, frente al Congreso de los Diputados.México celebró ayer las elecciones más grandes en la historia del país, pues más de 98 millones de votantes estaban convocados a renovar más de 20.000 cargos, incluida la Presidencia de la República, ganada por la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Delicada denuncia radicó la Registraduría Nacional ante la Fiscalía luego de que iniciaran dentro de la entidad una minuciosa verificación de las actas de instalación y registro general de votantes (Formularios E-11) de las 119.875 mesas de votación dispuestas para las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. En medio de esa revisión, detectaron una presunta irregularidad que involucra a 446 ciudadanos en distintas regiones del país. Estos ciudadanos, quienes también ejercieron como jurados de votación, habrían sufragado más de una vez durante el proceso electoral.Ante este hallazgo, la Registraduría le informó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación sobre los posibles hechos irregulares, con el propósito de que se inicien las investigaciones pertinentes.El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha manifestado que se adoptarán las medidas necesarias y se implementarán herramientas tecnológicas para prevenir la repetición de este tipo de acciones en futuros procesos electorales. Si bien se presume la buena fe de los ciudadanos que desempeñan funciones como jurados de votación, es deber de la Registraduría informar cualquier irregularidad a las autoridades competentes, conforme al artículo 67 de la Ley 906 de 2004.Es crucial destacar que durante las jornadas de capacitación dirigidas a los jurados de votación para las pasadas elecciones territoriales, la Registraduría Nacional comunicó de manera clara y reiterada que estos tenían el derecho de ejercer su voto únicamente en la mesa donde estaban prestando su servicio como jurados, y en una sola ocasión.Este hallazgo subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en los procesos electorales, así como de promover la transparencia y la integridad en el ejercicio del derecho al voto. La Registraduría aseguró que colaborará activamente con las autoridades competentes para esclarecer estos presuntos casos de irregularidades y garantizar la adecuada aplicación de la justicia.
Los iraníes votaron el viernes para renovar el Parlamento y la Asamblea de Expertos, en unas elecciones que se prevén marcadas por la baja participación y un refuerzo del poder de los conservadores.Como marca la tradición en la República Islámica, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, dio el pistoletazo de salida a los comicios al depositar su voto poco después de las 08H00 locales (04H30 GMT) en un colegio electoral en el centro de Teherán.Las urnas cerraron a medianoche (20H30 GMT) "debido a la gran participación de la nación", indicó el Ministerio del Interior.Más de 61 millones de personas de una población de 85 millones han sido llamados a elegir los 290 escaños del Parlamento y los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, un órgano clave encargado de designar al líder supremo.Son las primeras elecciones desde las masivas protestas desencadenadas por la muerte en custodia de la joven Mahsa Amini en 2022, arrestada por presuntamente incumplir el código de vestimenta que obliga a llevar el velo.También llegan en un momento de dificultades económicas por la elevada inflación y las sanciones estadounidenses contra Teherán, y en plenas tensiones geopolíticas por la guerra entre Israel y Hamás.La participación, el principal desafío de estos comicios, fue de "más de 40%", indicó la agencia Fars, celebrando "el fracaso del plan de boicot de las elecciones impulsado por enemigos extranjeros".En las últimas legislativas de 2020, en medio de la pandemia de covid-19, solo un 42,57% de electores votaron, la peor tasa de participación desde la Revolución Islámica de 1979.Obediencia y descontentoEn un colegio electoral del sur de Teherán, una maestra de 35 años, que se limitó a dar su apellido, Moradiani, indicó a AFP que había votado porque "el guía supremo dijo que participar era una obligación para todo el mundo, como rezar".En cambio, Hashem, un artista de 32 años de la región de Kuzestán, en el suroeste, comentó que "mucha gente no vota porque están descontentos con la situación política y económica", con "unos precios que aumentan cada día" a causa de la inflación, que roza el 50%."Imaginemos que voto, ¿de qué serviría? Los [representantes] electos no cumplen sus promesas", denunció Hanna, una estudiante de 21 años de Kurdistán, en el oeste del país.Para el poder iraní, la participación es una prueba de legitimidad en la escena internacional, marcada por fuertes tensiones regionales desencadenadas por la guerra en Gaza.El ayatolá Jamenei insistió en que "es importante mostrar al mundo que la nación está movilizada"."Los enemigos de Irán quieren ver si el pueblo está presente" pues, de no ser así, "amenazarán su seguridad de una forma u otra", advirtió.Por su parte, el ejército ideológico de la República Islámica señaló que una "fuerte participación" desalentaría los intentos de "injerencia extranjera".Candidatos inhabilitadosLos resultados de la votación se esperan el domingo o el lunes, pero difícilmente perturbarán la balanza de fuerzas en el Parlamento, donde conservadores y ultraconservadores disponen de más de 230 de los 290 escaños.Los candidatos deben ser aprobados por un consejo cuyos miembros son nombrados o autorizados por el líder supremo. En esta ocasión dieron luz verde a 15.200 aspirantes de los 49.000 que se postularon.Como en los últimos comicios de 2020, numerosos candidatos de formaciones centristas, reformistas y moderadas fueron descalificados en el proceso.La coalición Frente de las Reformas desistió de participar en unas "elecciones sin sentido, no competitivas e inútiles".El expresidente reformista Mohammad Jatami dijo el mes pasado que Irán estaba "muy lejos de unas elecciones libres y competitivas", según una cita del diario conservador Javan.Los conservadores mantendrán con toda probabilidad su firme control sobre la Asamblea de los Expertos, conformada únicamente por académicos islámicos varones.
El Gobierno nacional está planteando la posibilidad de implementar una estrategia en la que se considera ofrecer recompensas económicas a quienes denuncien la conducta delictiva de la compra de votos, con el fin de favorecer a ciertos candidatos y partidos políticos que se dedican a esta práctica.La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, presentó algunos reparos, aunque no se conoce a profundidad cómo sería el mecanismo de pago ni quién se encargaría de judicializarlo."Es una decisión que tendrá que tomar el gobierno nacional. Nosotros insistimos en la importancia de que forme parte de la cultura democrática de los ciudadanos, para que un ciudadano o ciudadana no tenga que esperar el pago de una recompensa para informar sobre la afectación a su posibilidad de votar de manera libre. Debe informar de inmediato a la URIEL o a la MOE cuando se presente esto", explicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.Faltando pocos días para las elecciones del 29 de octubre, la MOE ya ha recibido 230 denuncias de compra de votos, las cuales fueron presentadas a través de la aplicación "Pilas con el Voto". Posteriormente, estas denuncias fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación y se encuentran en proceso de investigación."La primera de estas barreras es precisamente el conocimiento o el acceso a las herramientas para poder informar sobre la compra de votos. Esto ocurre en ciudades que tienen menos información sobre cómo funciona un proceso electoral, y en segundo lugar está el miedo", expresó Barrios en una entrevista con Blu Radio.Este miércoles, el Gobierno nacional presentará la estrategia para combatir la compra de votos, en la que se explicará cómo funcionará la recompensa, los montos, las estrategias y el número de policías involucrados, entre otros detalles.Las reacciones desde el Congreso a la propuesta de pagar por denunciar a quienes compren votos son diversas:"Combatir la compra de votos debe ser una prioridad de todas las autoridades, pero con este tema Gustavo Petro nuevamente hace populismo. En campaña le decía a la gente que recibiera el dinero de quienes intentaban comprar sus votos, hoy dice que va a pagar por denunciar a quienes lo hacen. No tiene la capacidad legal ni la posibilidad de hacerlo. Además, en lugar de eso, debería responder por todos los escándalos, cuestionamientos y denuncias en torno a la financiación ilegal y compra de votos a su favor", explicó el senador Miguel Uribe."Me parece muy bien que se pague para encontrar a los delincuentes que compran votos, pero desafortunadamente este anuncio debería comenzar en la campaña del mismo presidente de la República, para que pague a quienes denuncien aportantes que contribuyeron fuera de las cuentas de campaña", indicó el senador Ciro Ramírez."El comprador de votos es igual de criminal que un secuestrador. La compra de votos es un delito, por lo que pagar una recompensa a quienes denuncien esta práctica es totalmente lícito", expresó el senador de Cambio Radical, David Luna.Vea también
Cuando resta prácticamente un mes para las elecciones regionales en Colombia se conocieron los resultados de la última encuesta Invamer, la cual mide la intención de voto a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.Hablando de la capital santandereana los resultados tuvieron una variación significativa respecto a los entregados el pasado 30 de agosto.Jaime Andrés Beltrán es el candidato con mayor apoyo hasta el momento y lidera la intención de voto con un 30,6 %. Pese a que sigue primero en la encuesta, Beltrán bajó 2 puntos porcentuales respecto a los resultados de hace un mes (32,7 %).“Estamos a un mes de devolverle la seguridad, la grandeza, el desarrollo y la autoridad a Bucaramanga. Vamos a trabajar cada segundo, minuto y hora hasta el 29 de octubre. Me siento muy agradecido con toda Bucaramanga. Esto no para”, escribió Jaime Andrés Beltrán a través de la red social X.La sorpresa de los resultados corrió por cuenta del candidato Horacio José Serpa, quien pasó del quinto al segundo lugar. El exsenador llegó a 15,9 % en la intención de voto, superando ampliamente el 6,5 % registrado hace un mes.“Estoy feliz, estoy contento, acaba de salir la encuesta de Invamer, subimos nueve puntos porcentuales, pasamos del quinto puesto al segundo. Vamos creciendo como locos y el puntero perdió dos puntos, le estamos recortando ventaja a la lata. Hay que seguir trabajando, darle en las calles, saludar gente como lo hemos venido haciendo. A todo nuestro equipo de trabajo mil gracias. Vamos a ganar el 29 de octubre”, expresó a través de un video Horacio José Serpa.El ‘top-5’ de los aspirantes con mayor intención de voto lo completan Fabián Oviedo (8,5 %), Carlos Felipe Parra (7,9 %) y Carlos Sotomonte (6,8 %).Resulta interesante observar que un 6,1 % de los encuestados optaría por el voto en blanco, lo que subraya la presencia de una proporción significativa de votantes que aún no han definido su preferencia por ningún candidato.En la ciudad de Bucaramanga, en donde quedan 14 candidatos, la intención de voto para la alcaldía, está de la siguiente manera:Jaime Andrés Beltrán: 30,6 %Horacio José Serpa: 15,9 %Fabián Oviedo: 8,5 %Carlos Felipe Parra: 7,9 %Carlos Sotomonte: 6,8 %Jaime Calderón: 6,7 %Consuelo Ordóñez: 4,0 %Ludwing Mantilla: 2,2 %Luis Roberto Ordóñez: 2,2 %José Velásquez: 1,6 %Jorge Figueroa: 1.5 %Giovanni Álvarez: 0,3 %Manuel Parada: 0,0 %Álvaro Torres: 0,0 %Voto en Blanco: 6,1 %Cabe resaltar que la encuesta Invamer mide la intención de voto a las alcaldías de las cinco ciudades más importantes de Colombia. Esta encuesta fue contratada por Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador.Esta es la ficha técnica de la encuesta de Invamer.Escuche el análisis de la encuesta aquí:
Dos vallas ubicadas estratégicamente y en las que se muestra a tres candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga han generado malestar entre las campañas políticas.En los carteles aparecen las fotos y los nombres de Fabián Oviedo, Luis Roberto Ordóñez y Jaime Andrés Beltrán. Pero lo que mayor malestar generó fue la frase que le pusieron a cada uno de los aspirantes a la alcaldía.A Fabián Oviedo le escribieron “El de Fredy Anaya”; a Luis Roberto Ordóñez “El distinto” y a Jaime Beltrán “El del Clan Aguilar”.Luis Roberto Ordóñez, quien es el que sale mejor librado de esto, le dijo a Blu Radio que él no es responsable de eso. “Hoy empezó la campaña negra y ese no es nuestro actuar. Nosotros hemos sido con todos los candidatos, y lo saben, muy bien. Yo he actuado en mi campaña muy bien transparente, limpios en este proceso y empezaron a salir unas vallas que están que diciendo vienen de mi campaña, me están acusando a mí, y no es así”.El candidato Luis Roberto Ordóñez dijo que quien se ideó eso es muy creativo, porque lo deja a él en una buena posición, pero reiteró “no somos nosotros. Vamos a sacar un comunicado desde nuestra campaña para aclarar el tema”.Las vallas fueron recogidas y el propio Luis Roberto Ordóñez dijo que pedirá que se investigue para conocer quién está detrás de esa mala práctica política. Los otros dos candidatos que aparecieron en los pendones aún no se han manifestado.
Mucho se ha hablado estos días sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y la constante del Pacto Histórico es que fue una campaña hecha con pocos recursos.Sin embargo, los vuelos chárter y las declaraciones de Armando Benedetti, son más las dudas que dejan sobre de dónde procedían los dineros.En entrevista con Mañanas Blu más, con Néstor Morales, el senador Alexander López dijo que siempre fue una campaña con muy poco presupuesto.Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Cristian Uscategui, testigo electoral de la campaña Petro Presidente, entregó reveladores detalles de cómo funcionaba el proceso en época electoral.Uscategui, lamentó en los micrófonos de Blu Radio, que “de verdad que se creyó en el cambio. (…) A uno le da vergüenza con los amigos y ahora con todos estos escándalos, ahora uno es objeto de burlas”, dijo.“A nosotros nos pagaron, nosotros actuamos de buena fe”, subrayó sobre el proceso electoral que se adelantó el año pasado.Sobre cómo funcionaba el proceso, explicó que “entonces había un coordinador aquí en Sotaquirá, había un coordinador Boyacá y obviamente pues había un grupo coordinador nacional. Nos reuníamos y para las jornadas electorales, entonces antes de esas jornadas se nos carnetizaba, obviamente se nos inscribía ante la Registraduría como testigos electorales, como todos los partidos tenían sus testigos electorales, pero además nosotros nos registramos en la plataforma del Pacto Histórico”, dijo.En ese sentido, destacó que se trataba de una estructura muy seria, la cual, según la Silla Vacía, contaba con unos 71.000 testigos electorales inscritos: “La estructura era muy grande, la estructura era muy fuerte. Entonces se iniciaba con capacitaciones para el manejo de una plataforma para el día de elecciones, enviar la información en tiempo real, se tomaban fotografías de los formatos que manejaban los jurados para que se fuera viendo la afluencia de votantes”.Hay que recordar que el nuevo presidente del Senado, señaló más temprano que la campaña fue limitada en recursos y que se basó en la organización de los partidos, el trabajo de los voluntarios y el apoyo de diferentes sectores de la sociedad. Insistió en que nunca se habló de maletines ni de grandes sumas de dinero.Afirmó que las acusaciones derivadas de los audios de Benedetti son graves y deben ser investigadas por las autoridades correspondientes. Destacó la importancia de la prontitud en las investigaciones para esclarecer la verdad y afirmó que el Gobierno no se esconderá ni negará los hechos.Escuche aquí la entrevista:
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.