El expresidente Álvaro Uribe aseguró este viernes que su apoderado, el abogado Abelardo de la Espriella, uno de sus más cercanos juristas, presentó una querella por calumnia contra la excongresista Zulema Jatiin, quien entregó unas declaraciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en las que aseveró que el líder del Centro Democrático habría tenido noticias de vínculos de políticos con paramilitares y no habría hecho nada al respecto.Lo dicho por Jattin fue desmentido por el propio expresidente, que aseguró que nunca ha tenido vínculos con paramilitares.“Con la doctora Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además, menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, expresó el excongresista.El exmandatario durante los últimos días ha expresado que la excongresista está interesada en obtener beneficios de la jurisdicción transicional, con una declaración después de 20 años.Vea también
El expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, salió a defenderse en sus redes sociales de las declaraciones que entregó la exsenadora Zulema Jattin a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).En estas declaraciones, la excongresista aseveró que el líder del Centro Democrático habría tenido noticias de vínculos de políticos con paramilitares y no habría hecho nada al respecto.Además de rechazar los señalamientos, el expresidente Uribe dijo que denunciará a la excongresista ante la justicia: “Si la señora Zulema Jattin me preguntó si denunciaba una amenaza que habría recibido de los paramilitares, es propio de mi persona contestar 'denuncie con las pruebas', sin más. Si afirma 20 años después para beneficiarse en la JEP que era una 'amenaza velada', la denunciaré ante la justicia”.Este jueves se conocieron las declaraciones de la excongresista Zulema Jattin ante la JEP, en las que aceptó alianzas con el paramilitarismo con el objetivo de conseguir beneficios electorales hace 20 años, versión en la que mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros sectores políticos de la región.La decisión se tomó tras la revisión que hizo la JEP a los aportes a la verdad y su cumplimiento al régimen de condicionalidad, en el que la jurisdicción decidió dejarle el beneficio de libertad transitoria y condicionada a la excongresista, quien ratificó su sometimiento a dicho tribunal.Según Zulema, buscando beneficios electorales hubo una alianza con grupos al margen de la ley y a través del reconocido “Pacto de Sindicato” del año 2003, con el que se pretendía terminar con la hegemonía liberal de la época.Además, Jattin les comentó a los magistrados de la JEP que en 2004 estuvo presente en una finca de Alfredo Corena, en la que precisamente estaba Álvaro Uribe. Esa vez, entre políticos se señalaron de tener algún supuesto nexo con los 'paras', a lo que, según la excongresista, Uribe se quedó callado.Este caso está en el macrocaso 008, denominado “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.Vea también
La excongresista Zulema Jattin se sometió a la JEP después de haber sido acusada por la Corte Suprema por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pues fue acusada como autora del delito de concierto para delinquir agravado y enviada a prisión domiciliaria.Sin embargo, en un primer momento se le negó la libertad condicional ya que la JEP consideraba que su plan de aporte a la verdad, documento en el cual entrega información sobre los detalles que revelará en la justicia transicional, no era coherente y suficiente, por lo que se le exigió ajustarlo."Aunque la señora Jattin ha señalado a determinadas personas y aludido sus supuestos nexos con grupos paramilitares, no brindó información que aclarara la incidencia de aquellas en el conflicto armado no internacional (Cani) y su rol en la connivencia con dichas estructuras armadas y sus acciones violentas en la zona", se lee en la decisión de la JEP.Sin embargo, su defensa apeló la decisión al considerar que ella ha entregado detalles y nombres propios sobre las relaciones políticas de las AUC con diferentes personas en Córdoba. La sección de apelación hizo un análisis de sus aportes a la verdad y evidenció que se refirió a relaciones de diferentes políticos con paramilitares e, incluso, hizo referencia a reuniones que ella tuvo con las AUC.Asimismo, explicó ante la justicia transicional sobre rumores según los cuales algunos exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso tenían interés en que las mesas directivas en la Cámara de Representantes hubiera participación de congresistas que, presuntamente, tendrían relaciones con el paramilitarismo."Sobre la elección de mesas de directivas en Cámara de Representantes señaló que en 2002 había rumores de que Elonora Pineda, Jorge Luis Feris, Alfonso Campo tenían relación con paramilitares, quienes le manifestaron que Mancuso quería que la Presidencia la ocupara William Vélez del equipo de Mario Uribe, el cual tenía mayor cercanía al entonces presidente de la República. Señaló que a pesar de que esa incidencia ilícita es conocida por varios congresistas, nunca se ha dado una investigación al respecto", agregaron.En el mismo sentido entregó información sobre presuntas alianzas entre civiles, políticos y paramilitares con el fin de obtener recursos públicos. Algunos de esos recursos eran desviados desde el sector salud de diferentes alcaldías hacia las AUC, según narró Jattin, y dijo que Salvatore Mancuso en una ocasión habría llegado a una reunión en un helicóptero supuestamente con el conocimiento de la fuerza pública."La llevaron a una finca del fondo ganadero con el escolta de Carlos Castaño, ubicada al margen del río Sinú, retuvieron también al exsenador Juan Manuel López Cabrales y al exconcejal Luis Javier Salgado, narró que Salvatore Mancuso llegó en helicóptero para llevarlos a la vereda La Rula en Valencia y Paramillo, de esto señala la existencia de batallón militar y su responsabilidad por la circulación del helicóptero sin especificar nombres de integrantes de la fuerza pública".Sin embargo, aunque le conceden la libertad condicional le advierten que sus aportes a la verdad todavía deben ser más concretos, pues en algunos casos no ha sido lo suficientemente específica, por eso le piden más información sobre algunos hechos que aún no ha aclarado y son los que deberá responder si quiere mantener los beneficios de la justicia transicional.Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
Una operación de la Fuerza Pública permitió afectar un complejo minero dedicado a la extracción ilícita de oro en río Nechí, esto en jurisdicción de El Bagre. La información fue entregada por el presidente Abelardo De La Espriella que vinculó al Clan del Golfo con el accionar criminal.Según el mandatario, el procedimiento permitió la destrucción de tres dragones brasileños, dos excavadoras, cuatro dragas tipo buzo y 13 motores industriales.La información entregada por las autoridades deja en evidencia que en el punto intervenido se extraían aproximadamente 26,5 kilogramos de oro al mes, producción que tendría un valor cercano a 11.130 millones de pesos en el mercado informal.El presidente Abelardo De La Espriella insistió que la operación también permitió afectar las finanzas de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, señalada de cobrar una extorsión equivalente al 15 % de la producción obtenida en la zona.Las estimaciones indican que cada mes el Clan del Golfo podía cobrar hasta 1.669 millones de pesos, por lo que se calcula que las afectaciones en el Bajo Cauca antioqueño son de más de 6.000 millones de pesos.Hay que recordar que hace unos días se habían intervenido siete unidades productoras mineras en la vereda El Real de El Bagre, y en la vereda Tosnovan en Zaragoza, maquinaria con capacidad de producir 11.100 gramos de oro mensuales.Este volumen de mineral estaría avaluado en cerca de 5.000 millones de pesos y, presuntamente, los recursos obtenidos serían destinados al Clan del Golfo.
Los usuarios del sistema de salud en Santander radicaron 69.231 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y agosto de 2026, la cifra más alta para este mismo periodo en los últimos diez años, según un análisis realizado por expertos de la Universidad Manuela Beltrán con información de la Supersalud.El registro representa un aumento del 5,3% frente a 2025, cuando se habían contabilizado 65.728 reclamaciones. La diferencia es mucho más marcada al comparar con 2017, cuando se reportaron 17.275 casos durante los primeros ocho meses del año.En promedio, 285 reclamos fueron presentados cada día en Santander durante este periodo.Negación de medicamentos, principal motivoLa principal causa de las reclamaciones está relacionada con la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados, categoría que reúne 17.253 casos.Allí se incluyen dificultades para acceder a medicamentos, dispositivos médicos, soporte nutricional, pañales y otros elementos necesarios para la atención de los pacientes.El segundo motivo más frecuente fue la negación en la asignación de citas o consultas, con 13.731 casos. Le siguen la falta de oportunidad en citas y consultas, con 7.529 reclamos; las demoras en otros servicios de salud, con 5.751, y la negación de atención en otros servicios, con 5.419.Para Carolina Amado Calderón, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, estas barreras pueden tener consecuencias especialmente graves para pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños y mujeres gestantes.La especialista advirtió que las demoras en medicamentos, consultas, exámenes o procedimientos pueden provocar interrupciones de tratamientos, descompensaciones y diagnósticos tardíos.Nueva EPS concentra la mayor cantidad de reclamosPor EPS, Nueva EPS acumula 27.056 reclamos, seguida de Salud Total, con 14.924, y Sanitas, con 12.366. También aparecen Coosalud, con 6.521; Sura, con 3.528; Famisanar, con 3.062, y SaludMia, con 1.722.Sin embargo, el número absoluto de reclamaciones debe relacionarse con la cantidad de afiliados de cada entidad. Al analizar la tasa por cada 10.000 afiliados, Salud Total registra 521,51 reclamos, seguida de Sanitas, con 320,24; Famisanar, con 297,82; Nueva EPS, con 297,28; Sura, con 224,45; SaludMia, con 210,41, y Coosalud, con 188,45.Mayo fue el mes con más reclamacionesDe los ocho meses analizados, mayo fue el periodo con mayor número de reclamos, con 9.288 casos.Le siguieron marzo, con 8.787; julio, con 9.254; abril, con 9.236; febrero, con 8.545; junio, con 8.296; enero, con 7.969, y agosto, con 7.856.A nivel nacional, la Supersalud reportó 1.365.073 reclamos contra las EPS entre enero y agosto de 2026.Ante una barrera en la atención, la recomendación de la experta es iniciar la reclamación directamente ante la EPS. Si no se obtiene una solución, el usuario puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, presentar un derecho de petición o solicitar acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Cuando exista un riesgo inminente para la salud, también puede recurrir a una acción de tutela.
Antes de vestir el uniforme de la Policía y alcanzar el grado de teniente, Álvaro José Medina Peña, asesinado en el departamento del Cauca, pasó buena parte de su vida entre piscinas, entrenamientos y competencias. Desde niño se dedicó a la natación y llegó a representar a Santander en diferentes competencias regionales y nacionales.El uniformado, oriundo de Piedecuesta, hizo parte del club Neptuno Santander y de la Selección Santander de Natación, donde se destacó por sus resultados deportivos y consiguió medallas en competencias nacionales.Juan Sebastián Guerra Ruiz, quien fue su entrenador desde las categorías infantiles, recuerda a Medina Peña como un deportista disciplinado y comprometido con la natación, una actividad que, según cuenta, mantuvo durante buena parte de su vida.“Álvaro José Medina era un muchacho increíble, un gran nadador. Desde las categorías infantiles hizo parte del proceso conmigo como entrenador. Prácticamente nadó toda su vida”, recordó Guerra Ruiz.Su vínculo con el deporte continuó incluso después de ingresar a la Policía. Ya como integrante de la institución, siguió practicando natación y representó a la Policía en diferentes competencias nacionales.Para su entrenador, la historia deportiva de Álvaro José también estuvo marcada por el acompañamiento de su familia. Recuerda especialmente a su padre, quien lo llevaba a los entrenamientos en horas de la madrugada o durante la noche, demostrando el compromiso que tenían con el proceso deportivo del joven.“Era un deportista maravilloso. Tuvo medallas a nivel nacional y prácticamente siguió nadando como formación de vida, que era lo que siempre buscábamos hacer como entrenadores: que siguieran nadando toda la vida”, señaló.Con los años, Medina Peña cambió las piscinas por el servicio policial, pero mantuvo el deporte como parte de su vida. Para Guerra Ruiz, además de sus logros como nadador, será recordado por sus cualidades personales y por la familia que lo acompañó durante su formación.Álvaro José Medina Peña era el subcomandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca. El uniformado se desplazaba hacia El Bordo para apoyar actividades relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad cuando fue obligado a bajar del bus en el que viajaba. Posteriormente fue encontrado muerto.
Una emergencia se reportó en zona rural de Ituango, en donde Luis Andrés García y Yevinson Andrés Correa murieron y otra persona quedó herida, luego del colapso de uno de los muros de una caseta comunal de la vereda Pascuitá.De acuerdo con el reporte entregado por organismos de socorro, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando, de manera repentina, una de las paredes de la estructura se cayó sobre los presentes.La situación generó momentos de angustia entre los habitantes de la vereda, por lo que, tras el desplome la propia comunidad inició las labores para retirar los escombros y facilitar el rescate de las personas atrapadas.Según se conoció inicialmente, fueron tres las personas que quedaron bajo los restos de la estructura, dos de ellas fueron encontradas con vida y una murió en el lugar, debido al fuerte impacto sobre su humanidad.No obstante, minutos después del desplome uno de los heridos falleció mientras esperaba ser trasladado, debido a la distancia entre la vereda y el casco urbano del municipio. La tercera persona fue llevada al hospital local y, al parecer, sus lesiones no son de gravedad.Una de las posibles causas del accidente estaría relacionada con un plástico que había sido instalado para cubrir una parte de la estructura, mismo que habría acumulado agua debido a las lluvias, generando presión sobre el muro hasta provocar su caída.
Los conductores que transitan por el sur de Bogotá tendrán que ajustar nuevamente sus rutas debido a las novedades que se presentan en la ciudad por las obras del Metro. Ante ello, desde el Distrito se advirtió sobre el cierre total del puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68, que inicia este lunes 28 de septiembre. La medida, informada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), está relacionada con las obras que se llevan a cabo en este punto, específicamente con la construcción de la estación 7 de la primera línea del Metro.El cierre será necesario para desarrollar varios trabajos, entre ellos la instalación de la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación. Adicionalmente, se realizará el ensamble e izaje de las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central.Las labores incluyen además el montaje de vigas U y vigas cajón, trabajos que requieren maniobras de izaje y, por razones de seguridad, la ubicación de grúas de gran capacidad cerca del puente. El brazo de estas máquinas operará sobre el corredor vial.¿Por qué cerraron el puente de la Primera de Mayo?La Empresa Metro de Bogotá dio a conocer que el cierre busca continuar con las obras de la estación 7 del Metro, ubicada en la intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida 68.En este punto se adelantarán actividades relacionadas con la estructura de la estación y con los elementos que permitirán conectar sus diferentes espacios de acceso. Debido a las maniobras de izaje previstas, se requiere disponer del área cercana al puente para el funcionamiento de las grúas.La estación 7 hace parte del trazado de la primera línea del Metro y se encuentra en un sector por el que circulan vehículos que utilizan la avenida Primero de Mayo y la avenida 68.¿Qué desvíos pueden tomar los conductores?La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó un esquema de circulación para los vehículos que normalmente utilizan el puente sur y se desplazan por este sector.Los conductores que circulen en sentido occidente-oriente por la avenida Primero de Mayo podrán utilizar el contraflujo habilitado en el puente vehicular norte.La principal recomendación de las autoridades es prestar atención a las señalizaciones instaladas en el sector y seguir las indicaciones del personal encargado de las obras, especialmente durante las maniobras que impliquen el movimiento de estructuras y equipos de gran capacidad.El cierre se mantendrá mientras avanzan las actividades previstas para la construcción de la estación 7. En la información suministrada por la Empresa Metro de Bogotá no se especificó una fecha de finalización de esta restricción.
