El desalojo forzoso de más de 80 exguerrilleros de las Farc y sus familias del Espacio Territorial de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá, por amenazas de las disidencias de alias 'Calarcá', es uno de los episodios más graves que comprometen la política de paz total del presidente Gustavo Petro.
El trasfondo de esta crisis humanitaria es la confrontación armada entre dos grupos residuales de las antiguas Farc y que hoy en teoría están en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional: por un lado, las disidencias que se separaron de alias 'Iván Mordisco', quienes amenazaron a los exguerrilleros que han cumplido el acuerdo de paz, acusándolos de colaborar con la Segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es 'Iván Márquez', que esta semana iniciaron negociaciones de paz en Caracas.
Incluso, los exguerrilleros que se convirtieron en ejemplo de reincorporación a la sociedad con un exitoso club de rafting que se practicaba en el río Pato, tuvieron que irse y abandonar su emprendimiento, tras haber quedado “en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas”.
Ante esta crisis, las voces de reclamo al Gobierno no se hicieron esperar: el máximo jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño, le dijo al presidente Gustavo Petro que “debe garantizar la vida e integridad de esta comunidad de paz” y le advirtió que “la historia juzgará si su política de Paz Total cultivó o socavó el sueño de una paz completa”.
El expresidente Juan Manuel Santos lamentó lo que está sucediendo en Miravalle y advirtió que “el Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio y proteger la vida de los firmantes”.
Hasta ahora el único pronunciamiento del gobierno sobre el desplazamiento de Miravalle, lo ha hecho el ministro de Defensa Iván Velásquez, quien a través de sus redes sociales reconoció que “este es un hecho de suma gravedad”, advirtió que “todas las disidencias tienen que comprometerse a respetar a los firmantes de paz” e hizo un llamado al Gobierno al que pertenece señalando que “está obligado a cumplir y a hacer cumplir esos acuerdos”, aunque no dijo cuáles serán las medidas en ese sentido.
De manera sorpresiva, hasta el momento no hay pronunciamientos por parte del presidente Gustavo Petro ni de su Comisionado de Paz, Otty Patiño frente a la crisis humanitaria de Miravalle, ni tampoco se sabe si han tomado alguna decisión para revertir la situación.
Este doloroso episodio muestra el “despelote” de la paz total del presidente Gustavo Petro, sumado a la falta de control y método de las negociaciones con grupos armados que se burlan permanentemente del Ejecutivo y principalmente, de todos los colombianos.
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